Un agente de los Mossos d’Esquadra, Marcel G., afronta una petición de dos años de cárcel por pedir (y conseguir) que le fuera retirada una multa de tráfico. El agente que le perdonó la sanción —Manuel C., un subinspector de la policía local de Gavà— también se sentará en el banquillo por los mismos hechos y también está acusado do de prevaricación y tráfico de influencias. El mando se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo público.

A las 7 horas del 13 de enero de 2015, Manuel C. patrullaba las calles de Gavà cuando vio un Seat Alhambra estacionado. Pero aquél era día de mercado semanal en el municipio y los vehículos no podían aparcar en esa zona. De modo que el subinspector ordenó a la grúa que retirara el coche y lo llevara al depósito municipal.

Un día después, Marcel G. se presentó en la comisaría de la policía local de Gavà. “Tras identificarse como mosso d’esquadra”, recoge el fiscal en su escrito de acusación, “solicitó hablar con el superior al mando”. El jefe, ese día, resultó ser Manuel C. El mosso logró convencerle para que anulara la denuncia. Ambos policías “se apartaron de las más elementales normas del derecho administrativo”, sigue el fiscal, ya que eran conscientes de que el subinspector “carecía de ningún tipo de competencia en el asunto”.

El subinspector no solo anuló la denuncia, sino que dio la orden verbal al resto del personal de que se entregase el Seat Alhambra, de inmediato, al agente de los Mossos sin siquiera pagar las tasas por el traslado de la grúa (159 euros). Además de la pena de los dos años de prisión, el mosso afronta una petición de inhabilitación de seis años y el pago de una multa de 200 euros.


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