Estafadores, prevaricadores, un hostelero acusado de contaminación acústica y María Salmerón, entre los indultados en los últimos dos años
La Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha informado este jueves ante la Comisión del Congreso de los indultos concedidos y denegados por el Gobierno, ya que está obligado a hacerlo para cumplir con el mandato legal introducido en la reforma del Código Penal de 2015, que obliga a informar semestralmente de estas decisiones.
Sin embargo, el Ejecutivo no había cumplido con ese mandato legal porque, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, esa reforma entró en vigor el 1 de julio de 2015 y cuando se cumplía el primer semestre, en diciembre de ese año, las Cortes Generales estaban disueltas tras las elecciones generales del 20 de diciembre. En 2016 tampoco lo pudo hacer porque el Gobierno estuvo en funciones hasta noviembre, periodo durante el cual, según un informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno debía limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos" sin someterse al control del Congreso.
Roldán ha destacado la reducción progresiva de los indultos concedidos, al pasar de una media anual de 400 en la última década a los 27 del pasado año. Así, fueron 521 en 2007, 405 en 2008, 423 en 2009 y 501 en 2012. A partir de 2013 hubo una drástica reducción. Ese año fueron 109; en 2014, 72 y en 2015, 73.
El Gobierno concedió 27 indultos en 2016 -13 de ellos por Semana Santa-, de un total de 3.774 solicitudes, y 20 hasta julio de 2017, de 1.943 peticiones. La mayoría de ellos corresponden a personas que han cometido delitos de estafa, prevaricación continuada, contra la salud pública, delito de lesiones o robo con intimidación y violencia.
Una reforma pendiente
En estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley del PSOE para modificar la Ley del Indulto, que data de 1870. El texto se tomó en consideración el pasado 14 de febrero, pero desde entonces quedó varado en la Comisión de Justicia porque acumula ya más de cinco meses de prórrogas en el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas.
El objetivo de la iniciativa es prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y delitos de violencia de género. Aunque se tramitó con el voto afirmativo de todos los grupos, la mayoría cuestionó que se limitase a la prohibición a esos delitos y no a otros como los de terrorismo, crimen organizado, pederastia, prostitución o trata de personas, entre otros, por lo que avanzaron que aprovecharán su tramitación para ampliar las excepciones.
La iniciativa, auspiciada por el PSOE, también exige que el BOE justifique mejor las razones por las concede el indulto, más allá de la fórmula empleada hasta ahora de "justicia y equidad".
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/...d2f8b463e.html
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