A las 14:00 horas del 18 de marzo de 1993, ETA asesinaba en San Sebastián al cabo primero de la Guardia Civil EMILIO CASTILLO LÓPEZ DE LA FRANCA, y hería gravemente a su compañero Victoriano Álvarez Álvarez de 22 años.
 
Los terroristas que efectuaron los disparos habían esperado durante más de 20 minutos, sentados en un jardín, a que llegara el coche en el que viajaban los agentes. El atentado se produjo cuando los agentes, que viajaban en el vehículo de Emilio Castillo, esperaban junto a un semáforo en rojo en la avenida de Ategorrieta. Habían terminado su servicio en el Puerto de Pasajes y se dirigían, vestidos de paisanos, al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, donde residían.
 
En ese momento, dos pistoleros de ETA se acercaron hasta el automóvil y realizaron, al menos, seis disparos. El vehículo, con el motor en marcha, se desplazó sin control unos metros hasta que un vecino se introdujo en él y lo paró. Los agentes no tuvieron tiempo de defenderse. Los asesinos huyeron a pie por una calle paralela a la avenida de Ategorrieta, que tiene un solo sentido para los automóviles.
 
Emilio murió poco después de llegar a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Victoriano Álvarez resultó gravemente herido en el abdomen y ambas piernas. Tardó en curarse 1.081 días, pero quedó incapacitado de forma permanente para desempeñar su profesión.
 
Al día siguiente, a las doce de la mañana, se celebró el funeral por el alma de Emilio en el Gobierno Civil de San Sebastián, donde había sido instalada la capilla ardiente la tarde del día anterior. No se hizo en la parroquia de la Sagrada Familia, donde se celebraban habitualmente las misas fúnebres por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque el párroco, Bartolomé Auzmendi, se negó a celebrarlo cuando se le pidió que lo oficiase sólo en español.
 
Este atentado se producía unas horas después del comienzo en París del juicio contra el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito.
 
Por este atentado fueron condenados los miembros del grupo Araba de ETA Agustín Almaraz Larrañaga, alias Patxi, y José Ignacio Alonso Rubio, alias Iñaki, en 1999, y Sergio Polo Escobes en el año 2000.
 
 Emilio Castillo López de la Franca, de 31 años, era de Ciudad Real. Estaba casado con Julia Aparicio y era padre de una niña de dos años. Él y su compañero Victoriano Álvarez, natural de Benbibre (León), llevaban año y medio en Guipúzcoa, asignados al Servicio Fiscal del puerto de Pasajes.
 
Para la viuda, los años que siguieron fueron "muy jodidos", como contó en septiembre de 2009 a soitu.es, con una depresión y constantes mareos que le hacían pasarse el día de la cama al sofá. "Yo no salí de este pozo hasta que un día oí decir a mi hija que yo no la quería porque no la cuidaba. Entonces decidí tirar para adelante".

A las 16:45 horas del día 19 de marzo de 1988, la banda terrorista ETA asesinaba en Durango (Vizcaya) al Guardia Civil PEDRO BALLESTEROS RODRÍGUEZ, primera víctima mortal de ese año. También resultó herida leve su esposa, María del Carmen López.
 
El atentado se produjo cuando el turismo en el que viajaba el agente junto a su esposa, paró en una señal de stop situada en la Plaza Gurruchaga de Durango. En ese momento dos individuos abrieron fuego a corta distancia contra Pedro, que murió prácticamente en el acto. Uno de los terroristas disparó contra el guardia civil por la ventanilla del conductor, mientras el otro lo hacía por la del copiloto. El agente recibió al menos ocho impactos de bala y murió prácticamente en el acto. Su esposa resultó alcanzada por una bala en el codo izquierdo y fue trasladada al Hospital de Galdácano donde fue intervenida quirúrgicamente de la herida. Los dos terroristas huyeron a pie por las calles próximas al lugar del atentado en presencia de numerosos testigos.
 
En el lugar de los hechos se recogieron nueve casquillos y dos balas del calibre nueve milímetros parabellum, marca SF, de los años 1975, 1977 y 1979, munición bastante antigua, según comentaron especialistas de la Guardia Civil.
 
Pedro Ballesteros y su esposa regresaban de casa de los padres de esta última de celebrar el Día del Padre. El crimen fue presenciado por varios niños que participaban en una fiesta infantil en el colegio de los Jesuitas, situado enfrente del lugar donde fue tiroteado el guardia civil, según indicaron testigos presenciales. El matrimonio residía en la casa cuartel de la Guardia Civil en Durango y hacia allí se dirigían cuando fueron víctimas del atentado, a unos 1.500 metros del cuartel. Fue la primera víctima mortal del terrorismo etarra desde que el 12 de enero de 1988 se firmase el Pacto de Ajuria Enea, ratificado por prácticamente todos los partidos políticos.
 
El presidente del Gobierno, Felipe González, fue inmediatamente avisado del atentado mientras se entrevistaba en el coto de Doñana (Huelva) con el presidente francés, François Mitterrand. El vicesecretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), Juan Manuel Eguiagaray, manifestó a Radio Nacional, tras tener noticia del atentado, que era "la confirmación de que la esperanza que muchos habíamos concebido es una esperanza que aún tiene que aguardar hasta que se convierta en realidad". Mientras, el secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, declaró que "cuando se asesina tan despiadadamente, frente a ellos no cabe otra postura que el acoso incansable hasta detener al último etarra en libertad y en posesión de una pistola". Por su parte, el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, señaló que "la ilusión se ha terminado y en este momento creo que la gente pasa ya de Argel".
 
Por sentencia de la Audiencia Nacional de 1991 fueron condenados los etarras del grupo Araba Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionobarrenechea Betanzos como autores del asesinato de Pedro. Ambos murieron en septiembre de 1989 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Quedaron absueltos, por no poderse probar suficientemente su participación en los hechos, Juan Carlos Arruti Azpitarte, Esteban Nicolás Barreña Eguindazu, Esteban Martín Barreña Oceja y Begoña Arroyo Pérez de Nanclares.
 
 Pedro Ballesteros Rodríguez, de 24 años, era natural de Madrid. Estaba casado con María del Carmen López, de 20 años y nacida en Durango. El matrimonio tenía una hija de un año y medio que no viajaba en el coche en el momento del atentado ya que se había quedado con sus abuelos maternos. Pedro había ingresado en la Guardia Civil en el año 1983 y en noviembre de ese mismo año fue destinado al País Vasco, donde contrajo matrimonio con María del Carmen López.



El 19 de marzo de 1992, un coche-bomba acabaro con la vida del artificiero de la Guardia Civil ENRIQUE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ en la localidad barcelonesa de Llissá de Munt.
 
Poco antes de las diez de la noche del 18 de marzo se recibió una llamada en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad costera de Mongat (Barcelona) avisando, en nombre de ETA, del abandono de un Opel Kadett lleno de explosivos entre Llissá de Munt y Granollers. Indicaron también que el propietario del vehículo estaba encerrado en el maletero de otro coche al lado del coche-bomba. Posteriormente se sabría que el autor de la llamada era el etarra Fernando Díez Torres, que iba acompañado por José Luis Urrusolo Sistiaga. Ambos estaban integrados en el grupo Ekaitz de ETA.
 
Varios guardias civiles acudieron al lugar indicado. Cuando Enrique, Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), se disponía a reconocerlo, la bomba hizo explosión. El automóvil estaba cargado con unos 15 kilos de amosal y la deflagración afectó a viviendas situadas en una radio de 60 metros. A Enrique Martínez Hernández la explosión lo alcanzó de lleno resultando mortalmente herido. Trasladado al Hospital General de Granollers, ingresó cadáver poco después de la medianoche del 19 de marzo.
 
En un chalé de Llissá de Munt, localidad de unos 5.000 habitantes situada a unos 35 kilómetros de Barcelona, había sido desarticulado el 30 de mayo de 1991 (un día después de la masacre de la casa cuartel de Vic en la que murieron nueve personas de forma directa, cinco de ellas niños, y una más durante el rescate y evacuación de los heridos) el grupo Barcelona de ETA. En el intercambio que se produjo entre miembros de la Guardia Civil y etarras resultaron muertos sus dos cabecillas: Juan Carlos Monteagudo Povo y Juan Félix Erezuma Uriarte. Además, se detuvo al también miembro de la banda terrorista Juan José Zubieta Zubeldia. En el chalé ocupado por los terroristas, situado en la urbanización Can Salgot en las afueras del pueblo, fueron localizados 100 kilos de amonal, explosivo plástico, temporizadores, subfusiles, fusiles de asalto Cetme y revólveres.
 
Fernando Díez Torres y José Luis Urrusolo Sistiaga fueron condenados en 2007 por sentencia de la Audiencia Nacional por el asesinato de Enrique. Las Fuerzas de Seguridad del Estado atribuyen a Idoia Martínez García su participación en el atentado.
 
 Enrique Martínez Hernández era natural de Linares (Jaén). Tenía 30 años, estaba casado y era padre de una niña de dos años. Estaba destinado como TEDAX en Manresa (Barcelona). Fue enterrado en Collserola, en el municipio de Cerdañola del Vallés, después de un multitudinario funeral.

A las 13:20 horas del 27 de marzo de 1987, el Guardia Civil ANTONIO GONZÁLEZ HERRERA resultaba muerto, y otras 18 personas, cuatro agentes y catorce viandantes que pasaban por ahí, sufrieron heridas de diversa consideración, por la explosión de un coche-bomba colocado por ETA en una de las entradas del puerto de Barcelona. La furgoneta, aparcada a sólo tres metros de una garita compartida por la Guardia Civil y la policía portuaria, contenía 45 kilos de amonal y numerosos recipientes con metralla. Fue activada por control remoto desde un lugar cercano al que se encontraba estacionada. Antonio González Herrera resultó alcanzado de lleno por la metralla, que le afectó al cerebro y le provocó pérdida de masa encefálica. Falleció mientras era sometido a una intervención de urgencia.
 
Los civiles heridos en el atentado fueron: Francisca López García; Antonio Arévalo Arévalo, de 23 años; Antonio Crespo López, de 39; Daniel Sansaloni López, de 19; Isabelle Le Goss, de nacionalidad francesa; Vicente Hernando Domínguez, de 58; Enrique Alis Pallarés, de 25; Pedro Heras Guílez, de 25; Juan Pages Bisbert, de 24; Santiago Zuloaga, de 73; Maitena Ariza Arruza; Juan Atencia, de 58 años; el norteamericano Grant Dijion; y el capitán en situación de reserva activa Vicente Hernando Mínguez, de Sartaguda (Navarra), 59 años, que también pasaba por ahí en el momento de la explosión. Estas personas presentaban heridas y contusiones de carácter leve.
 
Los guardias civiles heridos fueron Luis Lobato Ledesma, malagueño de Ronda, 28 años; Francisco Javier Laparra Pérez, de Zaragoza, de 41; José Estrada Rayero, valenciano de 44; y Juan José Álvarez Pardo, de Linares (Jaén), de 30.
 
Los heridos fueron dados de alta el mismo día del atentado, a excepción del guardia civil Luis Lobato Ledesma, que sufrió heridas de pronóstico reservado y permaneció ingresado en el Hospital del Mar durante varias semanas.
 
Los efectos de la deflagración fueron amortiguados parcialmente por un camión trailer articulado que circulaba justo al lado del coche bomba cuando se produjo la explosión. Aún así, causó múltiples daños materiales a vehículos estacionados en el lugar. Cuatro turismos quedaron totalmente calcinados y otros quince, estacionados en el recinto portuario, sufrieron desperfectos. Además, estallaron todos los cristales de las viviendas y establecimientos de la calle de Sota Muralla, frente al muelle España. La onda expansiva arrancó parte de la reja de separación entre el muelle y la calle, y la caseta de control de aduanas, donde se encontraban los guardias civiles, sufrió también graves desperfectos, ya que el coche bomba había sido aparcado junto a ella.
 
La zona donde estalló la furgoneta-bomba es un lugar muy transitado, ya que en ella confluyen el paseo de Colón -prolongación natural del Cinturón del Litoral- y los accesos al barrio de la Barceloneta y a la avenida de Icaria. Además, por la zona circulan los vehículos que deben entrar y salir de los muelles del puerto, y los que transitan entre las zonas industriales de la Zona Franca y el Poble Nou.
 
Era el cuarto atentado con coche-bomba que se producía en los últimos ocho meses en Barcelona. Inmediatamente después de la explosión se establecieron numerosos controles en las salidas de la ciudad que provocaron un gran colapso circulatorio.
 
Los funerales por Antonio González se celebraron al día siguiente, 28 de marzo, en el Gobierno Civil de Barcelona con asistencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, y del director de la Guardia Civil, Luis Roldán.
 
Por este atentado fueron condenados en 1991 Domingo Troitiño Arranz y Josefa Mercedes Ernaga Esnoz, que fue quien aparcó la furgoneta el día antes del atentado. Las penas fueron de 30 años por la muerte de Antonio y 20 años por cada uno de los cinco delitos de asesinato en grado de frustración. Diez años después, en 2001, fue condenado por el mismo atentado, y a las mismas penas que los anteriores, Rafael Caride Simón. Según la sentencia, Caride fue el que, desde un lugar próximo, accionó el telemando que provocó el estallido de la furgoneta.
 
 Antonio González Herrera era de Ciudad Real y tenía 27 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1981, siguiendo los pasos de su padre, también agente de la Benemérita. Fue destinado a Barcelona en agosto de 1986, siete meses antes del atentado. Anteriormente, sirvió durante cinco años en los GAR (Grupo de Acción Rural) en Logroño y el País Vasco. Estaba casado desde hacía tres meses con María Nieves Bajo.

En torno a las seis de la tarde del 3 de abril de 1974, el cabo primero de la Guardia Civil GREGORIO POSADA ZURRÓN conducía su coche por la calle Juan XXII de Azpeitia (Guipúzcoa). La calzada estaba en obras, lo que le obligaba a circular lentamente. Dos terroristas se pusieron delante del vehículo y le dispararon a quemarropa con dos ametralladoras de fabricación extranjera, tipo Marieta.
 
Gregorio, alcanzado de lleno, perdió el control del vehículo, que acabó chocando contra la puerta de un local. Fue trasladado al Hospital Militar de San Sebastián donde murió dos horas después. Uno de los disparos le dio en la cabeza por lo que no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Los dos terroristas huyeron en una moto Vespa que había sido robada previamente en Azpeitia.
 
Por este asesinato fueron condenados José Antonio Garmendia Artola, alias El Tupa, y Ángel Otaegui Echevarría, alias Caraquemada y Azpeiti. Este último fue el que dio información detallada sobre Gregorio Posada a José Antonio Garmendia y un tercer etarra, Francisco Javier Aya Zulaica, El Trepa, para llevar a cabo el atentado. Con esa información, Garmendia y Aya Zulaica llegaron desde Francia en un fueraborda diez días antes del atentado. Un cuarto etarra, Félix Eguía Inchaurraga, colaboró en la huida de los autores materiales y les escondió hasta que consiguieron cruzar la frontera con Francia.
 
Juzgados por un Consejo de Guerra el 28 de agosto de 1975 en Burgos, Garmendia y Otaegui fueron condenados a muerte. A Garmendia, condenado como autor material, se le conmutó la pena por 30 años de prisión. El motivo: las heridas que sufrió en la cabeza en el momento de su detención, que le dejaron secuelas físicas y mentales tras estar tres meses en coma. Se vio beneficiado por la amnistía de 1977, que le fue concedida en mayo de ese año.
 
Otaegui Echevarría, condenado como colaborador, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Fue uno de los cinco últimos fusilados por el régimen de Franco, junto al etarra Juan Paredes Manot, alias Txiki, y tres miembros del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz).
 
Gregorio Posada Zurrón tenía 33 años. Nacido en Villaferrueña (Zamora), estaba casado y tenía dos hijas, una de 6 años y otra de 4. Era el jefe del Grupo de Información que tenía la Guardia Civil en Azpeitia. Podría haberse trasladado a Logroño, pero decidió continuar en la localidad guipuzcoana. El padre de Gregorio también perteneció a la Guardia Civil, aunque ya estaba retirado.
 
Gregorio fue la primera víctima mortal de las 19 del año 1974, entre ellas la primera masacre de civiles provocada por una bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid, atentado en el que murieron 13 personas. Todas ellas eran civiles, salvo el policía Félix Ayuso Pinel, que arrastró durante dos años y cuatro meses graves secuelas, falleciendo finalmente el 11 de enero de 1977. Ese año, además, la banda asesina amplió el abanico de objetivos, declarando como tales a todos los miembros de los Cuerpos de Seguridad.

El 4 de abril de 1990, en torno a las cuatro de la tarde, es tiroteado en Pasajes (Guipúzcoa) el Guardia Civil BENJAMÍN QUINTANO CARRERO cuando regresaba a su domicilio. Varios disparos, efectuados a corta distancia por dos miembros del grupo Donosti de ETA, le causaron la muerte prácticamente en el acto.
 
El atentado tuvo lugar en la calle Blas de Lezo, a menos de cincuenta  metros del domicilio de la víctima, donde la Policía recogió seis casquillos de bala, cuatro FN y dos SF del calibre 9 milímetros parabellum. Benjamín fue alcanzado por cinco de los seis disparos realizados. Su hijo mayor, que había oído los disparos desde su casa, bajó rápidamente para auxiliarlo. El dueño de un bar próximo relató a El País (05/04/1990) que oyó los disparos y se acercó. En ese momento vio a "un hombre en el suelo y un chico [su hijo] que le agarraba las manos y lloraba".
 
El guardia civil, que estaba adscrito al puerto de Pasajes, falleció poco antes de que llegase el equipo de rescate de la Cruz Roja. Había sido alcanzado en la cabeza y varias partes del cuerpo.
 
Benjamín Quintano Carrero, de 48 años, era natural de Torregamones (Zamora). Estaba viudo desde hacía cuatro años. Su asesinato dejó huérfanos de padre y madre a cuatro hijos: tres niñas y un joven, el mayor, de 22 años. Estaba destinado en Pasajes, aunque ese día regresaba del cuartel de Intxaurrondo tras realizar un servicio especial. Vivía en Guipúzcoa desde 1970 pero su entierro fue en Torregamones, donde también estaba enterrada su esposa.



El 4 de abril de 1994 la banda terrorista asesinó en Bilbao al guardia civil FERNANDO JIMÉNEZ PASCUAL. Hacía dos meses que ETA no cometía ningún atentado mortal. El último había sido el asesinato del coronel de Infantería del Ejército de Tierra Leopoldo García Campos en Barcelona el 7 de febrero de 1994.
 
Fernando había acudido ese día a su trabajo con el vehículo de su padre. Tras regresar a su domicilio, aparcó el coche y se dispuso a montar en el suyo, esperando a que bajara su familia. Vio un objeto sospechoso debajo del asiento y lo cogió, momento en que se produjo la explosión. El techo y el morro del vehículo, arrancados de cuajo, fueron proyectados a veinte metros de distancia. Entre los hierros retorcidos del habitáculo, destrozado por la explosión, quedó el cadáver del guardia civil. La explosión causó heridas graves a Silvia González Chaves, a la que la onda expansiva provocó un traumatismo craneofacial.
 
Su esposa, que oyó la explosión desde el domicilio familiar, bajó alarmada a la calle y encontró el cuerpo de Fernando ya sin vida. Un hermano de Fernando, que acudió al lugar del atentado, tuvo que ser ingresado en un centro sanitario después de sufrir un desvanecimiento al conocer la identidad del fallecido.
 
Fuentes de la lucha antiterrorista indicaron tras el atentado que, en fechas recientes, se había recomendado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) destacados en el País Vasco que extremasen las medidas de seguridad durante la Semana Santa, en previsión de posibles atentados de ETA. Esta tesis se vio reforzada hacía una semana, cuando el etarra José María Igerategi Gilisagasti, alias Ijitu, moría destrozado en pleno centro de Vitoria al estallar, por causas desconocidas, los treinta kilos de explosivo que transportaba en una bolsa.
 
El funeral por el alma del guardia civil asesinado se celebró al día siguiente, martes 5 de abril, en la parroquia de San José, ubicada a escasos metros del Gobierno Civil, donde la víctima prestaba sus servicios. Estuvo presidido por el ministro de Interior, Antoni Asunción.
 
Por el asesinato del agente fueron condenados en 1997 como autores materiales Carlos Emilio Cristóbal Martínez, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. También fue condenado en la misma sentencia Andoni Ugalde Zubiri, en concepto de cómplice. Un año más tarde, en 1998, fue condenada María Teresa Pedrosa Barrenechea, también como autora del atentado. Todos ellos formaban parte del grupo Vizcaya de ETA. Presuntamente también participó otro miembro de este grupo etarra, Salvador Gaztelumendi Gil, alias Andoni, que pese a tener causa abierta en al Audiencia Nacional por este atentado, no pudo ser juzgado al fallecer en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bilbao en septiembre de 1997.
 
Fernando Jiménez Pascual había nacido en Baracaldo y el 23 de abril habría cumplido 30 años. Estaba casado y tenía una hija de 6 años. Ingresó en el Cuerpo el 2 de febrero de 1990. El agente asesinado pertenecía al Servicio de Custodia del Gobierno Civil de Vizcaya, con la categoría de guardia segundo. En los últimos meses su labor consistía en controlar la identidad de los visitantes de la institución gubernamental. Sus restos mortales fueron trasladados a Salamanca, donde recibieron sepultura, por expreso deseo de su viuda, Elena, natural de la localidad salmantina de Mieza.

En la madrugada del 6 de abril de 1980 tres individuos ametrallaron a FRANCISCO PASCUAL ANDREU, Guardia Civil, y a FLORENTINO LOPETEGUI BARJACOBA, pescador, mientras tomaban una copa en el Bar Biotza de Orio (Guipúzcoa). Uno de los terroristas disparó una ráfaga de metralleta, mientras otro hizo fuego con una pistola. Florentino y Francisco resultaron muertos en el acto.
 
Florentino se encontraba con unos amigos y se acercó a Francisco para interesarse por la marcha de una solicitud de licencia para una embarcación de su padre. Un compañero de Francisco Pascual, también guardia civil, acababa de irse porque tenía que incorporarse a su puesto de trabajo.
 
Los tres etarras huyeron en un automóvil Seat 124 con matrícula de Madrid. En el lugar del atentado se recogieron trece casquillos del calibre nueve milímetros parabellum y otro del calibre 7,65 marca Gebelo.
 
El atentado fue reivindicado el 10 de abril por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y, al parecer, iba dirigido contra los dos guardias civiles. Los etarras no debieron darse cuenta de que uno de ellos se había marchado y le confundieron con Florentino Lopetegui. Sin embargo, los terroristas no asumieron su error en el comunicado de reivindicación, acusando a Florentino de ser un colaborador de la Guardia Civil para justificar su asesinato. La corporación municipal de Orio, en un pleno celebrado el 27 de junio, desmintió que Florentino fuese un "chivato". Lo mismo hicieron los padres de la víctima, calificando de "pura farsa" el comunicado de reivindicación de los asesinos de su hijo.
 
Francisco Pascual Andreu era de Ceuta, tenía 24 años y estaba soltero. Su cadáver fue trasladado desde el aeropuerto de Fuenterrabía a su ciudad natal donde unas cuatro mil personas asistieron al día siguiente al entierro. En la casa-cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil se ofreció una misa corpore insepulto. Presidió la ceremonia el capitán general de la II Región Militar, Pedro Merry Gordon, y asistieron el general jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, Rafael Girón Lozano, y las primeras autoridades civiles y militares de Ceuta. Igualmente, asistieron los padres, hermanos y la novia de Francisco. En el momento de ser sacado el cadáver del guardia civil a la puerta del cuartel fueron lanzados varios vivas a la Guardia Civil. Francisco Pascual había conseguido recientemente su traslado a Ceuta, su ciudad natal.

El domingo 11 de abril de 1976, a las 11:00 horas, el Guardia Civil MIGUEL GORDO GARCÍA murió electrocutado en Baracaldo (Vizcaya) al retirar una ikurriña colocada en un cable de alta tensión en la calle León, frente al edificio de Telefónica.
 
Durante ese fin de semana ETA había incrementado su actividad de colocación de ikurriñas trampa. En algunos casos llevaban explosivos simulados y muchas veces las adosaban a cables de alta tensión. En otras ocasiones, las ikurriñas eran bombas trampa o se utilizaban como forma de tender una emboscada a los miembros de las fuerzas de seguridad. En aquel entonces, el despliegue de ikurriñas no estaba permitido.
 
Este modus operandi de la banda terrorista ya había provocado el asesinato de miembros de la Guardia Civil. El 5 de octubre de 1975 los guardias civiles Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín Lozano y Juan Moreno Chamorro fueron asesinados tras retirar una ikurriña en el Santuario de Aránzazu (Guipúzcoa) que fue utilizada por ETA como señuelo para tenderles una emboscada.
 
Tres meses después, el 17 de enero de 1976, el guardia civil Manuel Vergara Jiménez era asesinado al retirar una bandera que llevaba adosada a su mástil una carga explosiva. Su cuerpo salió despedido a casi veinte metros de distancia.
 
Con la muerte de Miguel Gordo, en menos de seis meses habían sido asesinados cinco guardias civiles en similares circunstancias. Pocos días después, el 3 de mayo de 1976, el mismo procedimiento se utilizó en el asesinato del también guardia civil Antonio de Frutos Sualdea.
 
Miguel Gordo, técnico en desactivación de explosivos, había intervenido en varias ocasiones en la retirada de ikurriñas y se había encargado de quitar todas las banderas con explosivo de Vizcaya a lo largo de la última semana. La mañana del 11 de abril se había recibido una llamada telefónica en el cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo avisando de la colocación de la bandera en la calle León de la localidad.
 
Un grupo de especialistas acudió al lugar donde estaba colocada la bandera para retirarla. Miguel se subió a una plataforma de teléfonos, que fue elevada hasta la altura de los cables, y procedió a cortar con unos alicates la argolla metálica que sujetaba la ikurriña a los cables. En ese momento sufrió la descarga eléctrica que le provocó la muerte. Fue trasladado rápidamente al Hospital de Cruces, donde ingresó cadáver. De ahí, el cadáver del agente fue llevado al cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en cuya biblioteca se instaló, a las seis de la tarde del domingo, la capilla ardiente.
 
Un día después de la muerte de Miguel, otra bandera, firmada por ETA, fue colocada en la Parte Vieja de San Sebastián. Estaba unida por cables a dos paquetes, uno de los cuales contenía un potente explosivo.
 
Miguel Gordo García había nacido el 23 de abril de 1935 en Villabrán de Cea (Palencia), por lo que tenía 41 años cuando falleció. Llevaba 17 años en la Guardia Civil, siendo su primer destino Ochandiano (Vizcaya). Estaba casado y era padre de un niño de 6 años. Fue enterrado en Riesgo de la Vega (León), de donde era su viuda.

¿pero de que os estrañais? ¿acaso pensais que esto va a cambiar? pues ya os anticipo que No y que para mas inri, tendremos que saludar como lendakari o su puta madre la o Otegui: eso el que quiera saludarle,porque a mi nadie me va a obligar a saludar a un complice de asesinos de mis compañeros. Y si mi GOBIERNO O MIS GENERALES estiman oportuno corregirme pues adelante, pero  mis cojones no saludan a un TERORISTA.

A las ocho y media de la mañana del 12 de abril de 1989, ETA asesinaba en el barrio de Las Arenas de Guecho (Vizcaya) al sargento de la Guardia Civil JOSÉ CALVO DE LA HOZ. Un hombre y una mujer dispararon contra el agente cuando se encontraba en el interior de su vehículo y aguardaba su turno para atravesar la ría de Bilbao en el transbordador que une Las Arenas con Portugalete. Pretendía llegar a la oficina del Servicio Fiscal del puerto de Santurce, donde estaba destinado.
 
Los terroristas huyeron en un Renault 11, robado con anterioridad a punta de pistola. Una patrulla de la Ertzaintza localizó al propietario atado a un árbol con unas esposas de marca francesa en un pinar en la localidad de Lejona (Vizcaya). Su automóvil apareció abandonado en Deusto (Bilbao). En el lugar del crimen se recogieron tres casquillos marca SF, fabricados en 1977, de calibre 9 milímetros parabellum.
 
El sargento, que recibió el impacto de cuatro balas, fue trasladado al Hopital de Cruces y falleció pasadas las nueve y media de la mañana. La capilla ardiente quedó instalada en el Gobierno Civil de Vizcaya a las 16:00 horas de esa misma tarde. A las seis y media acudieron la esposa del fallecido y sus dos hijos mayores. También acudió el vicelehendakari y secretario general del PSE-PSOE, Ramón Jáuregui.
 
José Calvo de la Hoz era la primera víctima mortal de las 18 del año 1989. Además, fue el primer asesinato de la banda tras finalizar la tregua del 8 de enero de 1989 anunciada por ETA para facilitar los contactos con el Gobierno en Argel. El 6 de abril la banda dio por acabado el alto el fuego y declaró que abría "todos los frentes de lucha". Seis días después asesinó a José.
 
El asesinato del sargento de la Guardia Civil provocó duras condenas entre la clase política. Entre ellas, las de Jesús Eguiguren, por entonces presidente del Parlamento vasco, que señaló que "con asesinatos de por medio, no hay nada de qué hablar con ETA". En la misma línea se expresó Juan Mari Bandrés, presidente de Euskadiko Ezkerra, muy contundente al manifestar que "hasta hoy los miembros del Gobierno no se han dado cuenta de la realidad de que ETA es una banda de asesinos". También fue muy sonado el enfrentamiento de Felipe González con el eurodiputado de Herri Batasuna Txema Montero. El presidente del Gobierno, que visitaba el Parlamento Europeo para hacer balance de la Presidencia española, acusó a Montero de ser "amigo de los asesinos" y añadió: "la diferencia entre ese señor que me ha interpelado y yo mismo es que, cuando yo salgo por esa puerta, puedo tener el temor a que uno de sus amigos me asesine, mientras que él irá tranquilamente a cenar, porque los demás respetamos el derecho a la vida".
 
Por el asesinato de Calvo de la Hoz sólo fue condenada en 2002 Carmen Guisasola Solozábal, alias Lourdes, a tres años de prisión por un delito de encubrimiento. La etarra fue la encargada de guardar las armas con las que se asesinó al sargento, armas que conservaba cuando fue arrestada en noviembre de 1990 en Francia. Expulsada de la banda en 1998, por adherirse a un manifiesto en el que se abogaba por un acuerdo entre nacionalistas y se alababa la tregua del IRA, fue extraditada a España en 2001 para ser juzgada por siete causas, entre ellas cuatro asesinatos, aunque la Justicia española había solicitado su extradición por quince.
 
José Calvo de la Hoz, de 51 años, había nacido en Joarilla de las Matas (León), y residía en Vizcaya desde 1981, cuando fue destinado al Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Santurce. Al llegar a Bilbao ascendió a sargento. Estaba casado y tenía tres hijos con edades comprendidas entre los nueve y los veinte años.

El dia 14 de abril de 1981,  tres etarras asesinaban a tiros en la localidad vizcaína de Basauri a Luis Cadarso San Juan, teniente coronel retirado de la Guardia Civil.

En torno a las once de la mañana, el teniente coronel retirado había salido de su domicilio, situado en la Plaza de España. Se dirigió andando hacia una peluquería situada en la calle Nagusia, que hacía también las veces de despacho de quinielas. Un empleado del establecimiento, del que era cliente la víctima, le comentó que habían matado a un teniente retirado del Ejército en San Sebastián. "Así es la vida: un día les toca a unos y cualquier día nos puede tocar a otros", comentó Luis Cadarso, mientras rellenaba un boleto de ocho apuestas.
 
Minutos después se dirigió por la calle Nagusia a un quiosco situado en el cruce de la citada calle con la de Autonomía. A escasos metros del mismo se le acercaron dos hombres y una mujer que le dispararon a bocajarro cuatro tiros de pistola, alcanzándole dos de ellos en el corazón y en la sien. Murió en el acto.
 
El quiosquero, Juan Bautista Olgado, relató al detalle el asesinato. "Momentos antes del atentado vi como tres jóvenes trataban de sustraer por la fuerza un Mercedes de color negro que estaba estacionado casi enfrente del quiosco, en la acera de la calle Autonomía que da a la parroquia. Como el conductor se resistía a abandonar el coche, le sacaron a la fuerza y, para intimidarle, le hicieron un disparo en un pie (posteriores testimonios confirmaron que le rozó el borde de goma del zapato sin herirle). Estaban tan nerviosos que no lograban meter las marchas y dejaron el Mercedes cruzado en la calle. Pensé que el disparo era de fogueo. Cuando se me estaba empezando a pasar el susto, segundos después, oí en la parte derecha del quiosco, en la pared que quedaba fuera de mi vista, cuatro detonaciones muy seguidas que sonaron como cohetes. Me quedé paralizado". En el lugar del atentado se encontraron varios casquillos de 9 milímetros parabellum.
 
Este testimonio coincidía con el de otros transeúntes que afirmaron que, tras cometer el atentado, los tres terroristas se dirigieron hacia la derecha, por la calle Nagusia, en dirección al Ayuntamiento. Trataron de apoderarse de un Renault 6 de color blanco que, conducido por un mecánico, pasaba por el lugar, pero desecharon la idea al comprobar que el indicador de la gasolina marcaba reserva. Unos metros más adelante lograron su objetivo, al apoderarse de un Seat 131, de color marrón, con el que se dieron a la fuga.
 
Como dato simbólico cabe señalar que en la pared del quiosco, situada junto a la acera donde cayó mortalmente herido Luis Cadarso San Juan, podían verse varias tiras de papel correspondientes a la campaña lanzada por Euskadiko Ezkerra, con el lema "Dad una oportunidad a la paz".
 
En 2005, veinticuatro años después del asesinato de Luis Cadarso, fueron condenados como autores materiales los miembros del grupo Vizcaya de ETA Sebastián Echaniz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelumendi a 28 años de reclusión mayor cada uno. El cuarto participante en el atentado, Juan María Otegui Elizegui, alias Txato, murió en un atendado de los GAL en el sur de Francia en agosto de 1985.
 
Luis Cadarso San Juan había nacido en Vitoria en 1917, por lo que tenía 64 años en el momento en que fue asesinado. Había abandonado el servicio activo en 1975, tras ocupar durante varios años el cargo de segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Vizcaya, en el cuartel de La Salve de Bilbao. Retirado con el empleo de teniente coronel honorario de la Guardia Civil, vivía desde hacía años en Basauri. Hacía una vida normal, sin ningún tipo de medida preventiva ni de protección. A los amigos que le aconsejaban que anduviera con cuidado les decía: "Yo nunca he hecho daño a nadie, y por eso no temo que atenten contra mi vida". Estaba casado y tenía tres hijos.

En torno a las 20:15 horas del 16 de abril de 1980 los guardias civiles LUIS MARTOS GARCÍA y JOSÉ TORRALBA LÓPEZ, adscritos al Puesto de Especialistas Fiscales de Irún, fueron ametrallados por dos terroristas mientras tramitaban los papeles de un camión con matrícula extranjera que iba a cruzar la frontera. Se encontraban en el interior de la cabina del puesto de la Aduana de Irún, cercana a la puerta 2 del paso del Puente de Santiago, que une la localidad española con la francesa de Hendaya.
 
Al parecer, Luis y José se encontraban de espaldas, por lo que no pudieron observar la presencia de los dos terroristas, que dispararon varias ráfagas de ametralladora contra la caseta. El camionero se lanzó al suelo y, gracias a ese gesto, resultó ileso.
 
En la explanada de camiones del Puente de Santiago se recogieron treinta y ocho casquillos de bala 9 milímetros parabellum, marca FN. Tras cometer el atentado, los dos pistoleros de la banda se dieron a la fuga a pie y, posteriormente, huyeron en un coche Simca 1200 que les esperaba en un lugar cercano.
 
Inmediatamente los guardias civiles fueron asistidos por los propios funcionarios de fronteras, que les trasladaron urgentemente a la Cruz Roja de Irún, donde únicamente se pudo certificar su muerte.
 
Los cadáveres de los dos guardias civiles fueron trasladados al Hospital Militar de San Sebastián, donde se instaló la capilla ardiente. Al día siguiente, a las doce del mediodía, se celebraron los funerales en la capilla del hospital sin que se produjeran incidentes. Siguieron la ceremonia unas doscientas personas, la mayoría miembros de la Guardia Civil, el Ejército y la Policía.
 
El asesinato de Luis y José provocó un paro de la mayor parte de los agentes de aduanas y de los funcionarios de la Administración en la frontera de Irún. El Ayuntamiento de Irún condenó el atentado con los votos a favor de PNV y PSOE, y las abstenciones de Euskadiko Ezkerra y tres independientes. Los representantes de Herri Batasuna abandonaron la sesión alegando no haber recibido el orden del día con la debida antelación.
 
A día de hoy, no se sabe nada de quiénes asesinaron a Luis y José.

 
Luis Martos García de 29 años, era de Córdoba, ciudad en la que fue enterrado. Estaba casado y tenía un hijo de siete años.
 
 
 
José Torralba López de 23 años había nacido en Armilla (Granada) y estaba soltero.  Aunque pertenecía a la reserva de la Guardia Civil de Logroño, llevaba sólo cinco días prestando servicio en el puesto fronterizo de Irún. Sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio de Santa Cruz de Tenerife, donde vivía su familia. Hijo de guardia civil, como señaló su madre Concepción López "su vida se movió entre tricornios desde que tuvo uso de razón". De hecho, una parte importante de su corta vida transcurrió en el cuartel de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, donde habían destinado a su padre Rafael. En abril de 2008 el Ayuntamiento de Armilla homenajeó al agente dedicándole una plaza con su nombre como símbolo de rechazo al terrorismo.

¿¿Que es lo que esta pasando???, ¿¿¿pero esto que es?? todos esos compañeros asesinados, sus familias destrozadas, los asesinos en la calle o nisiquiera han pisado la carcel, esto que país es??? se estan riendo de nosotros, lo siento pero esque me estoy calentando leyendo esto, vaya vergüenza.

NUNCA Y DIGO NUNCA SE OLVIDARA NI SE PERDONARA

En torno a las tres de la madrugada del 17 de abril de 1979 un camionero encontró herido en el kilómetro 43 de la carretera de Irún al guardia civil JUAN BAUTISTA GARCÍA. El conductor del camión vio una mano al borde de la carretera, por lo que detuvo el vehículo y se bajó.
 
Con una herida en el pecho, y todavía consciente, le pidió al camionero que le llevara a la clínica de San Cosme y San Damián. El conductor del camión detuvo a un turismo que pasaba en ese momento, en el que viajaba un estudiante de Medicina que taponó la herida del guardia civil. Pero a pesar de los esfuerzos, Juan falleció durante el traslado al centro hospitalario. Un impacto en el pecho, a la altura del esternón con salida por el costado derecho, fue la causa de su muerte.
 
Junto al cuerpo de la víctima se encontró su pistola reglamentaria con la que había efectuado cinco disparos, posiblemente como forma de llamar la atención sobre su situación. Su automóvil se encontraba aparcado a unos doscientos metros del lugar en el que fue encontrado el agente malherido.
 
Hacía poco más de un mes, el 10 de marzo, que Juan Bautista García estuvo a punto de morir consecuencia de una bomba-lapa colocada en los bajos de su coche que fue desactivada por los TEDAX. Aquella vez tuvo más suerte y salvó la vida.
 
Juan Bautista García tenía 24 años y era de Las Palmas de Gran Canaria. Hijo de un brigada retirado de la Guardia Civil, estaba destinado en la Agrupación de Tráfico con destino en Tolosa. Tenía pensado casarse en poco tiempo con su novia, que vivía en Leiza (Navarra) de donde volvía cuando fue asesinado. Con ella había estado hasta las 2:30 de la madrugada. Tras dejarla en su domicilio, emprendió regreso al cuartel en el que vivía, cuando sufrió el atentado que le costó la vida y del que no hubo testigos. Según declaró su hermano, Juan estaba esperando un inmediato traslado a Canarias, donde residía su familia. Su muerte fue muy sentida en el municipio gran canario de Schamann, donde era conocido por su carácter "extrovertido, bueno y campechano". Aficionado a las motos, Juan era lo que popularmente se conoce como "un manitas". Le metía mano a todo electrodoméstico que sus vecinos le llevaban para que echara un vistazo. Sus hermanos, Antonio, Rafael y María Esther, residentes en Gran Canaria, le siguen recordando con extraordinario cariño y pese al paso del tiempo les cuesta asumir aquella tragedia repentina. Todavía hoy siguen sin creerse del todo que su hermano haya sido asesinado.

El 21 de abril de 1984 la banda terrorista ETA asesina en Bilbao al guardia civil ANTONIO VELASCO BENITO. Formaba parte del retén que aquel sábado prestaba servicio de vigilancia en la Audiencia Territorial de Bilbao, y se encontraba en una de las puertas del edificio, en pleno centro de la ciudad. Eran aproximadamente las 17:30 horas y, en ese momento, Antonio era el único agente que se encontraba en el exterior del edificio.
 
Fue tiroteado con armas automáticas desde un coche en marcha en el que iban tres terroristas, dos hombres y una mujer. Antonio fue alcanzado en la cabeza y en una pierna. Trasladado al Hospital Civil de Basurto, murió una hora después.
 
Los etarras ocupaban un vehículo Renault 14 blanco, robado previamente a punta de pistola. Sin llegar a detener el mismo, dispararon al menos seis disparos contra Antonio. En el lugar de los hechos se encontraron dos casquillos del calibre nueve milímetros parabellum marca FN. Los terroristas se dieron a la fuga en el mismo vehículo desde el que habían disparado, en dirección al casco antiguo de la ciudad.
 
El coche fue localizado poco después cerca del lugar del atentado. Artificieros de la Policía Nacional registraron el automóvil con sumas precauciones, en previsión de que en su interior hubiera sido colocada una bomba-trampa similar a la que, el 13 de abril, asesinó a Tomás Palacín Pellejero y Juan José Visiedo Calero en Pamplona.
 
Antonio Velasco Benito, de 39 años, era de Pedrosilla del Ralo (Salamanca). Estaba casado y era padre de un niño de siete años. Fue enterrado en su localidad natal, en un acto presidido por el ministro del Interior.

desgraciadamente el GAL la lio y cuando el lobo metio a tantos en la pabera se les dio la anistia, sino mas de algunos de estos hijos de puta no estarian donde estan y no solo por los partidos politicos porque cualquier partido sea del color que sea nada mas que quieren llenarse los bolsillos, lo que deberia el gobierno dar carta blanca a las FCSE para que cuando fueran a detener a estos personajes se los quitaran del medio y no viviendo como reyes en las carceles.-