¿Sorprendidos?....Yo no.
Fátima Báñez gratificará a sus cargos de confianza por los recortes en la paga de Navidad
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El personal de confianza de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se verá compensado por la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad utilizando el concepto de gratificaciones que siempre ha servido a los Gobiernos de turno para pagar favores y lealtades inútiles para los servicios públicos.
Así lo confirman los principales sindicatos que indican que con las nóminas de este mes de agosto, altos cargos, personal de confianza, directores, subdirectores generales y resto de asesores de la ministra Báñez, tienen asegurada la compensación de una parte de la paga extra de Navidad. En estos días, este personal cobrará hasta 1.500 Euros en concepto de gratificaciones. En diciembre se repetirá la jugada y con ello se producirá el milagro- no debemos olvidar el apego de esta ministra por buscar la intervención divina en cuestiones terrenales-, y el consuelo para una cierta élite del Ministerio de Empleo, que verán compensada la decisión del Gobierno de arramplar con la paga extraordinaria de Navidad de las empleadas y empleados públicos.
Se utiliza el concepto de gratificaciones, concepto presente en el presupuesto de todos los ministerios y aunque la ley dice que retribuye los servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral, lo cierto es que se ha utilizado sistemáticamente, de manera discrecional y arbitraria por el poder político de turno, para comprar voluntades y pagar fidelidades. Las organizaciones sindicales han denunciado reiteradamente este tipo de decisiones, también hoy, en un contexto como el actual, donde se "ajusta" el gasto mediante el recorte de los salarios del personal público.
Para Comisiones Obreras, "Este hecho es un ejemplo más de la hipocresía de la actual responsable de este Ministerio y de la clase política gobernante que recorta derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en general, pero que asegura fórmulas de privilegio para los de su "casta". El sindicato afirma que actuaciones de este tipo empobrecen a la población eliminando servicios públicos y haciendo desaparecer derechos de ciudadanos y ciudadanas, mientras mantiene bolsas de gastos injustificables y, en muchos casos, ocultas.
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