Los policías que el 3 de noviembre de 2011 denunciaron en el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez la presunta existencia de una red corrupta con conexiones en el Ministerio del Interior que operaba a través de la empresa de inteligencia Interligare S.L. pidieron a la jueza la detención de Gabriel Fuentes, excomisario general de Información, y de Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid. Así lo han asegurado a este diario dos fuentes policiales, una de ellas el propio Fuentes, que fue vicepresidente de la compañía durante 2009. Su compañero fue consejero ese mismo año.
La solicitud de la orden de detención figuraba en la diligencia informe entregada en el mencionado juzgado, firmada por dos funcionarios a las órdenes del inspector jefe Jaime Barrado, responsable de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que investiga casos de corrupción. Según la denuncia, Interligare habría conseguido contratos de Interior gracias a la connivencia entre los comisarios Fuentes y Rancaño con el también comisario Luis Luengo, director de Infraestructuras de Interior, cuyos hijos trabajaban en la compañía.

Puedes leer el artículo completo haciendo clic aquí.