La AN busca trabajo allende nuestras fronteras

No podemos tirar de lo que tenemos en casa, pero como somos más papistas que el Papa, en vez de que la Corte Penal Internacional de La Haya haga su trabajo, que para eso está, nosotros tenemos que ir por delante del burro porque subidos en él va a ser que no.

La Audiencia Nacional ordena el arresto del expresidente chino Jiang Zemin por el genocidio en el Tíbet

(EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la busca y captura del expresidente chino Jiang Zemin y de otros cuatro antiguos dirigentes del país asiático para que ingresen en prisión incondicional y sin fianza por presuntos delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en el Tíbet.
El magistrado tiene constancia de que todos ellos se encuentran en paradero desconocido y ordena librar la orden internacional de detención de Jiang, junto con la del ex primer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tíbet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación Familiar Peng Pelyun por su presunta participación en el genocidio perpetrado en el Tíbet.
En el auto, hecho público este lunes, Moreno reproduce la orden de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que rechazó el incidente de nulidad planteado por la Fiscalía contra las órdenes de busca y captura al entender que existen "indicios de participación en los hechos" de los cinco altos cargos habida cuenta de la "responsabilidad militar y política" que ostentaban.
En el caso de Jiang Zemin, los querellantes recalcan que ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 recoge la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tibet, Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa, que atribuía a Jiang la presidencia del Foro de Trabajo sobre el Tíbet en el que se acordó aplicar la "Campaña Golpes Duros" y la represión contra ese pueblo para acabar con el movimiento de oposición pacífica encabezado por sus religiosos.
Desde 1989 a 2004, Jiang actuó con el claro propósito de "diluir y convertir en minoría" al pueblo tibetano y de colonizarlo con una nueva cultura socialista y, desde su responsabilidad, tuvo constancia de las protestas en el Tíbet, que culminaron con la masacre de Tiananmen en junio de 1989.
En esas fechas, fue nombrado secretario general del Partido Comunista Chino y, durante su mandato (1993-2003), se sometió "de forma generalizada" a torturas, ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias, según los querellantes.
Acusaciones contra otros mandatarios

El juez refleja en otros cuatro autos las acusaciones que pesan contra el resto de imputados. Así indica que el exministro de Planificación Familiar Peng Pelyubn colaboró, según los querellantes, en la práctica de infanticidios de recién nacidos, abortos forzados y esterilizaciones forzosas.
En cuanto al ex primer ministro Li Peng especifica que colaboró en el genocidio desde su cargo y aprobó decretos de Ley Marcial. Apoyó, además, un control de nacimientos entre la población tibetana para "reducir la población como grupo étnico y religioso".
Sobre Chen Kuiyan, los autos indican que durante su mandato como secretario del Partido Comunista Chino aumentaron las desapariciones después de que practicara cambios en la política penitenciaria.
Moreno reproduce también las acusaciones contra Qiao Shi, jefe de la Seguridad China y responsable de la Policía Armada Popular, que defendió en público en varias ocasiones "una política de represión sin piedad hacia todos los rebeldes".
Los cinco exmandatarios chinos están imputados por el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano y la comisión de crímenes de guerra.
Tras la ocupación del territorio en 1950 más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90 por ciento de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas, denunciaban las organizaciones querellantes, que recogían los abortos, las esterilizaciones forzadas y los infanticidios.

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