Torres-Dulce sale fortalecido tras reafirmar su independencia

Torres-Dulce sale fortalecido tras reafirmar su independencia.

Es MUY saludable para la democracia que la Junta de Fiscales de Sala diera ayer un contundente respaldo al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para presentar una querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración del «proceso participativo» del 9-N. Fue apoyado de forma prácticamente unánime por los miembros de ese órgano y por los cuatro delitos que proponía: desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a las funciones de la Justicia. Sólo el fiscal de Seguridad Vial votó en contra y por razones procesales.
Para Torres-Dulce no era imprescindible ese aval porque las decisiones de la Junta de Fiscales no son vinculantes. Podía haber seguido en solitario con su intención, repetidamente manifestada, de presentar esa querella contra los representantes de la Generalitat. Pero no cabe duda de que la posición mostrada ayer por los generales de la Fiscalía en apoyo de su superior jerárquico es un toque de atención al Gobierno, a las fuerzas políticas y a los fiscales de Cataluña. No hay que olvidar que esa Junta es el máximo órgano asesor del fiscal general en materia doctrinal y técnica en lo que se refiere a la interpretación y la aplicación de la ley.
Este cierre de filas en torno a Torres-Dulce es positivo para la salud democrática porque demuestra la independencia del Ministerio Público, en este caso frente a presiones políticas. Baste recordar que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, anunció el 10 de noviembre -sólo un día después de la pseudoconsulta ilegal- que la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra Mas estaba «prácticamente ultimada», y que se formalizaría esa misma mañana. Por el otro lado, el PSOE se había mostrado contrario a la presentación de la querella y ayer el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, la calificó de «error» porque «va a hacer que crezca el problema de la convivencia en Cataluña». Hernando fue más allá y afirmó que una acción legal de ese tipo «echará más leña al fuego» del desafío catalán. Por su parte, el Gobierno, que en su recurso al Constitucional contra la consulta pretendió, sin conseguirlo, que éste especificara las consecuencias penales de celebrar el 9-N, apremió a la Fiscalía a querellarse para intentar resarcir su imagen después de que Mas consiguiera sacar las urnas a la calle. La respuesta de Torres-Dulce fue concluyente: «Los tiempos de la Fiscalía y de la Justicia no son políticos ni mediáticos».
A estas presiones se unió el inexplicable cambio de criterio del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y del teniente fiscal. En menos de una semana pasaron de apoyar las acciones legales contra los responsables de la Generalitat por la convocatoria de la consulta a rechazarlas. Consideraron que era «discutible» la existencia de una orden del Constitucional que prohibiera la consulta y afirmaron que la providencia de suspensión no se dirigía a «un destinatario concreto». Como informamos hoy, esta interpretación de los argumentos del Constitucional ha causado indignación entre los magistrados de este tribunal. Para politizar más la cuestión, Romero de Tejada justificó su negativa a la querella aludiendo a la «repercusión pública» que tendría entre los catalanes una acción penal contra Mas.
EL MUNDO ha defendido que es necesario distinguir el itinerario político de la respuesta judicial a la hora de afrontar el desafío separatista de la Generalitat. La vertiente política pasa por la apertura de una negociación para reformar la Constitución con el fin de asegurar el futuro de Cataluña dentro de España. Esta iniciativa compete al Gobierno, aunque no se muestre partidario de ello. En cambio, la Fiscalía es la encargada de emprender acciones penales si considera que desde la Generalitat se ha vulnerado la legalidad. El fiscal general está actuando con total pulcritud y hay que celebrar que no se haya plegado a ningún tipo de presión. La autonomía del Ministerio Fiscal es indispensable en un sistema democrático. El Estado de Derecho y Torres-Dulce han salido fortalecidos en este difícil envite.

http://www.elmundo.es/opinion/2014/1...70f8b4573.html