Los 'errores' de la Justicia frente a ETA

Un libro descubre las 'negligencias' que han dejado más de 300 asesinatos sin resolver

Sumarios cerrados en un día, expurgados, pruebas desechadas... también en los años 90

Pamplona, 1 de mayo de 1980, tres de la madrugada. Dos amigos, José Oyaga Marañón -49 años y tres hijos- y Jesús Vidaurre Olleta -34 años y cuatro críos-, terminan sus copas y deciden irse casa. No llegan. Tres personas se les acercan y dos les disparan en la nuca. Mueren en el acto. ETA dice que esa «eliminación física» forma parte de su campaña moral contra el «mundillo de la droga». Unos años después, miembros del comando Iruña Artapalo confiesan su autoría y explican el atentado con pelos y señales. Pero esas diligencias jamás se incorporan al sumario. El caso no llega a la Audiencia Nacional y un juzgado de Pamplona, sin competencia para ello, lo cierra. El doble crimen prescribe.

Es una cuenta del rosario de «negligencias», «errores» y actitudes de «desidia» que pueblan las 382 páginas de Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver (Ikusager, 2014), una investigación desgarradora en la que el ex periodista de EL MUNDO Juanfer F. Calderín pone el dedo en una llaga muy poco conocida. «Más de 300 personas fueron asesinadas por fantasmas debido en gran medida a una impensable red de graves errores del Estado de derecho», subraya, «y no a la pericia criminal de los terroristas». En ocasiones la Justicia puso empeño en resolver los atentados, aunque no lo logró. Otras veces, «la Administración no actuó como debía» -despachó los crímenes rápido, incluso «en apenas 24 horas»-. En otras ha reinado la impunidad «por la mala coordinación existente entre la Justicia y las Fuerzas de Seguridad»: asesinatos con indicios, pruebas, detenidos y hasta confesiones en manos de la Guardia Civil que jamás llegaron a la Audiencia Nacional.

El estudio arrancó hace dos años con un enfoque concreto: intentar averiguar más de los asesinatos irresueltos que la treintena de disidentes embarcados en la vía Nanclares podría ayudar a esclarecer. Con el impulso de la asociación de víctimas Covite, Calderín empezó a tirar del hilo del informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sobre atentados sin condena: 314 en democracia y otros 66 en dictadura. Se sumergió en sumarios judiciales, los cruzó con cientos de documentos policiales, habló con decenas de víctimas. Se encontró con que las «sorpresas» no eran anecdóticas. Cotejó sus datos con «jueces, fiscales, destacados miembros del estamento policial...». Unos y otros intuían que en los 70 y 80 «habían podido producirse errores» por el ingente trabajo que suponía afrontar la frenética barbarie de ETA. Lo que no imaginaban», matiza, era que esos «descuidos» llegaban hasta los años 90.

Un ejemplo: Miguel Paredes García y Elena Moreno Jiménez, un joven matrimonio al que el 6 de abril de 1990 un desconocido asesinó a tiros en el centro de San Sebastián. ETA les acusó de ser toxicómanos; así lo recogió la prensa. Sólo ahora se sabe que la autopsia descartó cualquier rastro de estupefacientes. También que la Audiencia Nacional cerró el caso menos de seis meses después y nunca volvió a reabrirlo, a pesar de que la pistola que sirvió para matarlos fue la misma que ETA utilizó contra el policía nacional José Ángel Álvarez mientras paseaba por el Casco Viejo de San Sebastián, un atentado por el que fueron condenados los etarras Francisco Javier Balerdi Ibarguren y Jesús María López González. La coincidencia del arma figura en un informe policial, en balde. El caso prescribió.

También son llamativos los expurgos. El libro documenta hasta siete sumarios destruidos por ser considerados inútiles. El del periodista José María Portell, asesinado en 1978, fue eliminado en 2008; ni siquiera por la Audiencia Nacional, sino por un juzgado de Bilbao.

Algunas dudas son más recientes. El autor transcribe la entrevista que mantuvieron en prisión Consuelo Ordóñez y Valentín Lasarte en la cual el miembro de la vía Nanclares le confiesa que «había más gente» que los etarras ya condenados vigilando a su hermano Gregorio, el dirigente popular asesinado en 1995. Ordóñez pidió la grabación a Instituciones Penitenciarias: le dijeron que estaba «borrada»; luego le reconocieron que no lo estaba, pero que era «secreta». El juez Santiago Pedraz ha reclamado ahora la grabación después de que la familia haya logrado la reapertura del caso.

El libro, que se presenta en Madrid el día 19, está prologado por Maite Pagazaurtundúa. Lo cierra el catedrático de Derecho Internacional Carlos Fernández de Casadevante: en su opinión, los tribunales europeos deberían juzgar a España por su «responsabilidad» en todos estos crímenes sin resolver.





http://www.elmundo.es/espana/2015/02...6198b4581.html



Desde luego que viendo muchas cosas de las que se ven aqui, no me extraña que halla pasado todo lo que se dice, mucho busca medallas para que al final todo se pierda