Fianza de 54.000 euros al hombre que estrelló su coche en la sede del PP

Daniel Pérez Berlanga, el hombre que el pasado 19 de diciembre estrelló un Citroen Xantia cargado con dos bombonas de butano y sacos de abono industrial contra la puerta de entrada de la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, será juzgado por un delito de incendio en grado de tentativa. La titular del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha dictado su procesamiento y le he exigido que deposite una fianza de 54.600 euros, para cubrir los daños que causó con su acción, con la que pretendía "atentar contra todos los políticos".
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 19 de diciembre. A las 6.50, Daniel Pérez Berlanga, de 37 años y sin antecedentes penales, enfiló con su vehículo la calle Génova a gran velocidad desde la plaza de Colón. A la altura del número 13, donde se encuentra la sede nacional del PP, el hombre estrelló el vehículo violentamente contra la puerta, y llegando a entrar en el vestíbulo del edificio, donde se quedó parado. El supuesto atacante fue reducido por los policías que custodiaban la sede del partido.
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En el maletero del vehículo, los agentes hallaron un artefacto incendiario de fabricación casera, formado por dos bombonas de butano. Según el auto de procesamiento, este artefacto disponía de un "sistema de activación viable" y de "correcto funcionamiento". De haberse activado, asegura la juez, "podría haber creado una atmósfera incendiaria, susceptible de iniciarse con cualquier fuego producido en el vehículo".
Además, en el maletero se hallaron sustancias tales como urea -que a temperaturas elevadas desprende gases tóxicos y ácido cianúrico-, gasolina y elementos que podrían ser usados como metralla.
Los daños sufridos por el vestíbulo de la sede de Génova 13 ascendieron a 33.154 euros en la estructura del inmueble y 7.870 euros en el mobiliario del edificio.
Pérez Berlanga, natural de Bronchales (Teruel, 460 habitantes), ingresó en prisión ese mismo día. La juez ha acordado que siga en la cárcel para asegurar su presencia en el juicio, para el que todavía no se ha fijado fecha.
El acusado estaba en tratamiento por esquizofrenia y consumo de drogas, y llevaba varios días planeando el atentado contra la sede popular. Era su manera de vengarse de la clase política, a quien considera responsable de su situación laboral, según fuentes cercanas a la investigación. Llevaba en paro desde mayo, cuando se quedó en la calle tras un ERE en Utisa, la empresa de aglomerados de madera para la que trabajaba en la localidad vecina de Cella. Ese mismo mes se presentó a las oposiciones para conseguir una plaza de vigilante en el coto de setas que el Ayuntamiento de Bronchales planeaba inaugurar en otoño. Quedó en quinto lugar y no logró el trabajo.
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