La oposición recurre 12 puntos de la 'ley mordaza' al considerar que violan la Consti

El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria y Compromís-Equo ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, en el que han participado varios colectivos,universidades y asociaciones de derechos humanos.
Representantes de PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y Compromís-Equo han acudido a la sede del TC para registrar el recurso, que han suscrito también Coalición Canaria y Geroa Bai, pero que no han firmado de momento ni CiU ni PNV, si bien ambos grupos parlamentarios también se oponen a la norma, que entrará en vigor el 1 de julio.
Aseguran que este recurso responde al objetivo de "frenar los recortes del PP" y la voluntad del Gobierno de evitar las protestas sociales.
Democracia no es sólo votar, sino también que los ciudadanos tengan derechos y libertadesTras registrar el recurso, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha explicado que el recurso está respaldado también por numerosas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos y ha resaltado que la ley conculca derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Hernando ha asegurado que el PP tiene "miedo" y, por ello, ha impulsado esta la ley con el objetivo de "frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones de los ciudadanos" en contra de los recortes de derechos y libertades.
A 72 horas de un proceso electoral, ha concluido el portavoz socialista, hay que recordar que la democracia "no es solo votar, sino también que los ciudadanos tengan derechos y libertades, que se pueden proteger votando dentro de 72 horas pero también viniendo a instituciones como el Tribunal Constitucional para defender derechos".
Por su parte, Caridad García, diputada de la Izquierda Plural, también ha opinado que el Gobierno de Mariano Rajoy conculca con esta la ley artículos de la Constitución que el PP "dice defender" y que "no cumple".
Desde UPyD, Andrés Herzog ha opinado que la ley "pone la guinda" a una legislatura "negra" del PP, en la que "a la infinidad de recortes sociales se han unido recortes en derechos fundamentales".
Joan Baldoví, de Compromís, también ha tildado la ley de innecesaria e "inútil", que "no mejora la calidad democrática, sino que la empeora" y que "está dirigida para que la gente no pueda expresarse".
Limita el derecho de la información

Uno de los puntos de discrepancia es la limitación del derecho de información, al contemplar como falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Considera el recurso que la ley permite también la "incautación y secuestro" del material informativo lo que, a su juicio, vulnera de plano las previsiones constitucionales sobre el secuestro de información o de publicaciones, reservadas a la decisión judicial.
En el texto, también se tacha de inconstitucional la posibilidad del registro corporal externo y superficial que, incluso, puede consistir en el desnudo total o parcial.
El texto del recurso, también discrepa de las llamadas "devoluciones en caliente", al entender que se establece un sistema de devolución de los extranjeros que entran ilegalmente en España absolutamente "arbitrario" y que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en la Constitución.
Los recurrentes alegan que esta devolución impide a los inmigrantes detenidos en frontera ejercer su derecho de defensa y el acceso a los tribunales para defender su permanencia en el país.
Infracciones en las manifestaciones

El derecho de manifestación y de reunión ocupa un espacio preferente en el texto del recurso ante el Constitucional.
Alegan los partidos recurrentes que la ley contempla como infracciones pese a que no exista afectación a personas o bienes, o que puedan ser sancionadas personas que simplemente han participado en una concentración que no ha sido previamente comunicada.
Para los partidos suponen una restricción al ejercicio del derecho de reunión "injustificada y desproporcionada"Multas que se repiten también en las manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, o las alteraciones menores del tráfico.
Infracciones que para los partidos suponen una restricción al ejercicio del derecho de reunión "injustificada y desproporcionada".
La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, superó su último trámite parlamentario el 23 de marzo en el Congreso con el aval de los votos del PP y toda la oposición en contra que ya advirtió durante su último debate que la derogaría si cambiaba el Gobierno.
Sucesora de la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta" de 1992, la nueva norma prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.
Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos
Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).

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