La juez investiga una facturación irregular derivada del 'caso ITV'

Los tentáculos del 'caso ITV' se expanden más allá del procedimiento judicial abierto. El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la facturación que la sociedad Triacom, propiedad del productor Oriol Carbó, hizo a la Corporación Catalana de MItjans Audiovisuals en 2008 y 2009 por las contrataciones de programas, principalmente El Gran Dictat. La juez también ha pedido documentación sobre cobros hechos por Sandra Buenvarón, esposa del ex secretario de comunicación y estrategia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí, y por Anna Vidal, esposa del ex diputado de CiU Oriol Pujol, respecto a otras sociedades de Carbó, así como de las diversas empresas de la productora entre sí.
La Fiscalía Anticorrupción había reclamado al juzgado que abriese una pieza separada para investigar si en esta facturación se había cometido los presuntos delitos de falsedad documental, malversación y prevaricación. Por eso instó al juzgado a pedir documentación al productor, a Vidal y a Buenvarón sobre los trabajos realizados así como a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals para que explique los contratos con Triacom, según explicaron fuentes judiciales. Pese a esto, el juzgado se ha limitado a abrir una investigación y a reclamar documentación a las sociedades del productor antes de seguir con más diligencias.
Para realizar estas peticiones al juzgado, el fiscal Fernando Maldonado ha tenido en cuenta el informe de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria que durante la investigación del patrimonio de Oriol Pujol y Anna Vidal, dentro del caso ITV encontraron que esta última, a través de una empresa, facturó 105.560 euros en 2008 y 2009 de dos sociedades del productor televisivo Oriol Carbó, que fue gerente de Catalunya Ràdio y de TV3 hasta el año 2000. Los agentes investigaron entonces estas sociedades del productor y pidieron que se justificase los trabajos realizados por Vidal, relacionados con estudios de viabilidad de proyectos urbanísticos en La Cerdanya y en Sant Cugat, pero no quedaron contentos con la documentación aportada ni con las explicaciones que les hicieron. Por eso, tomaron declaración a la «única trabajadora común a estas dos sociedades durante los años de referencia», Sandra Buenvarón, que respondió «con respuestas poco concretas e incongruentes», como indica el informe. Además, detallan que esta trabajadora percibió 91.910 euros en honorarios entre 2008 y 2009. Fuentes del entorno de Buenvarón explicaron que facturó por el trabajo que hacía como abogada, igual que con otras empresas. Además recordaron que en la época en que la productora de Carbó recibió la contratación del programa gobernaba el tripartito y su esposo, David Madí era un cargo de CDC, que estaba en la oposición.
Tras analizar la documentación los investigadores concluyen que existen «claros indicios de una presunta falsificación documental que ampara relaciones comerciales inexistentes» en estos trabajos, añaden que tienen similitud con la forma de actuar de Vidal en el caso ITV y destacan que podría amparar «el cobro de comisiones ilegales mediante la interposición de sociedades». En este sentido, el informe detalla que «parte del capital obtenido con las adjudicaciones públicas pasa a sociedades patrimoniales con gran flujo monetario» para que pasen desapercibidas y de ahí, a sociedades de «testaferros» que las distribuyen en facturación sin justificar mediante sociedades «que realmente no desarrollan ninguna actividad», como el caso de Vidal o, directamente, como el dinero que cobró la esposa de Madí. También se indica que los honorarios de las dos mujeres «coinciden en el tiempo y en su cuantía», unos 91.000 euros entre 2008 y 2009, y que las sociedades de Carbó que les pagaron recibían el dinero de Triacom Audiovisual, que en esa época percibe «la mayor parte de los ingresos» de TV3 por el programa El Gran Dictat.
Los agentes citaron a Vidal, Buenvarón y Carbó el 26 de noviembre de 2014 para interrogarles como imputados policiales sobre esos pagos sospechosos, pero los tres se acogieron a su derecho a no declarar y no entregaron la información requerida sobre sus relaciones comerciales. Ahora, el juzgado insta a las sociedades de Carbó a aportar documentación sobre contratos, facturas y copia de los trabajos realizados por la esposa de Madí en 2008 y 2009 y justificación de los cobros recibidos por parte de estas empresas respecto de Triacom, así como «las operaciones comerciales, económicas financieras o de otra naturaleza» que esta productora tuvo con la CCMA en esos años, junto con contratos, facturas y presupuestos. Tras analizar la documentación el juzgado deberá decidir si se practican más diligencias.http://www.elmundo.es/cataluna/2015/...e5b8b4589.html