El encarecimiento de La Peineta bloquea la mudanza del Atlético

El traslado del Atlético de Madrid al estadio de La Peineta se enfrenta a un nuevo obstáculo político y económico. La operación, que debía salirle al club a coste cero, amenazó hace unas semanas con encarecerse en casi 40 millones de euros por un desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad sobre las cargas urbanísticas. El club, que no está dispuesto a abonar esa cantidad, prefirió paralizar la operación a la espera de un nuevo gobierno. Pero la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de mayo puede complicar aún más su futuro e incluso desembocar en el pago de una indemnización millonaria.
El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), presentó el proyecto para convertir La Peineta en estadio olímpico en julio de 2004. Para asegurarse de que la instalación tuviera uso después de los Juegos, Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el Atlético para que abandonara el Vicente Calderón y se mudara al nuevo estadio construido en una parcela municipal del distrito de San Blas. La fecha prevista para el traslado era 2012, aunque fue retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la crisis económica, hasta fijarse en la temporada 2017-2018.
Dos recursos amenazan la operación del Vicente Calderón

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en abril el plan urbanístico aprobado en 2009 por el Ayuntamiento para que el Atlético construyera 2.000 pisos en la parcela que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón. Pero en esa sentencia, los magistrados no sólo tumbaron el plan de 2009, sino que avanzaron una argumentación que afectaría también negativamente al nuevo plan aprobado por el Ayuntamiento en 2014 para sustituir al anterior. Ese nuevo plan ya ha sido recurrido tanto por la asociación Señales de Humo como por Ecologistas en Acción.
El plan de 2009 fue anulado por el tribunal por incumplir la ley regional del suelo: el proyecto preveía la construcción de torres de 17 pisos, cuando la norma aprobada por Esperanza Aguirre (PP) en 2007 limita a cuatro alturas las nuevas edificaciones en la región.
El nuevo plan de 2014, ahora vigente pero a expensas del dictamen judicial, también incluye edificios que superan ese límite (en concreto, dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22). El Gobierno regional cambió la ley del suelo en abril de 2013 para desbloquear la operación junto al río Manzanares (y otras, como la ampliación hacia el norte del paseo de la Castellana).
Pero en su sentencia de abril, los magistrados consideran que el ámbito del Calderón sigue afectado por la limitación de cuatro alturas pese a ese cambio.
El plan actual sigue pues en vigor, pero previsiblemente podría ser anulado también por el tribunal cuando examine los dos recursos ya interpuestos.


Aquel convenio obligaba al Atlético a comprar o alquilar el suelo donde se iba a levantar La Peineta —el antiguo estadio que había ya construido se valoró en cero euros por su “importante estado de deterioro”, y se acordó su derribo—. La parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados, fue tasada en 41,2 millones de euros. El club debía además construir el nuevo campo, con 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) y valorado en 195 millones.
Para sufragar todos esos gastos, el club firmó un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contrata (FCC) y Mahou (dueña de un terreno junto al Calderón) para construir 2.000 pisos en la parcela del estadio. Pero FCC advirtió el pasado 4 de noviembre de que no le salían las cuentas: la caída del precio de la vivienda impedía costear su parte de la operación con la venta de esos pisos.
Meses antes, en febrero de 2014, el Atlético se había dirigido por su parte al Ayuntamiento para negociar sobre La Peineta.
El convenio acordó entregar al club la parcela municipal de San Blas en régimen de concesión hasta abril de 2017 para efectuar las obras. Una vez finalizadas, el Atlético podría comprar la parcela y convertirse así en propietario de su estadio. El precio estipulado en el convenio ascendía a 41,2 millones de euros, pero recientemente se actualizó mediante una tasación hasta los 44,5 millones.
A esa cantidad habría que descontarle, en cualquier caso, 4,4 millones por la instalación de una base permanente de los servicios de emergencia municipales en la parcela; y otros 6,2 millones abonados ya al Ayuntamiento por el club mediante la entrega de 126.395 entradas para partidos de fútbol entre 2009 y 2014 (una fórmula prevista en el convenio).
Cuatro obstáculos para el cambio de campo

El elevado precio del suelo El Atlético deberá pagar hasta 78 millones por la parcela de La Peineta, casi el doble del precio acordado con el Ayuntamiento.
La negociación con FCC La Peineta debía sufragarse con la venta de 2.000 pisos junto al río Manzanares, pero a FCC no le salen las cuentas.
La amenaza judicial Ecologistas en Acción y Señales de Humo han interpuesto recursos contra el plan para construir pisos en el Calderón.
El cambio de gobierno La futura alcaldesa, Manuela Carmena, se opone a la enajenación de suelo público, y podría vetar la venta de la parcela.


En total, el precio se quedaba así en 33,9 millones de euros.
Pero para realizar la venta era necesario además cambiar el planeamiento urbanístico; la parcela en cuestión estaba calificada como de uso público deportivo, y por tanto no podía ser enajenada. La modificación urbanística planeada por el Ayuntamiento la convertiría en suelo deportivo de uso privado, pudiendo ser adquirida así por el Atlético. Pero a la hora de aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del ámbito de La Peineta, el Ayuntamiento se encontró con que el Gobierno regional discrepaba sobre las cargas urbanísticas que debía abonar el club.
Según los cálculos de la Comunidad, el precio se elevaba a 78 millones, casi el doble de lo acordado con el Ayuntamiento. El Atlético decidió entonces paralizar la operación urbanística y dejarla en manos de los nuevos gobiernos municipal y regional salidos de las urnas en mayo.
En manos de Carmena
El problema al que se enfrenta ahora es que la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, que será investida alcaldesa el día 13 con el anunciado apoyo del PSOE, está en contra de la enajenación de suelo público, lo que impediría la venta de la parcela fuera cuál fuera el precio.
El convenio firmado en 2017 prevé dos alternativas en caso de que el Atlético no pueda hacerse en propiedad con la parcela. La primera es mudarse a La Peineta en régimen de alquiler: el estadio sería municipal, y el equipo pagaría un canon anual de 1,6 millones durante los próximos 75 años. Esta opción ha sido descartada de plano por el club, según fuentes conocedoras de la negociación.
La otra opción prevista en el convenio es que el Atlético se quede en el Calderón y sea indemnizado por el Ayuntamiento por la construcción del estadio con una cantidad que superaría los 200 millones. El club apuesta por hacerse con la propiedad del estadio, pero en caso de una negociación politica complicada con el nuevo gobierno municipal siempre tendría este argumento de su lado. La fecha límite para resolver este entuerto: finales de 2016.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/...79_830072.html