El 60% de desahucios en Madrid es en viviendas públicas vendidas a fondos

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fondos de inversión. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración.
El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, al que ha tenido acceso EL PAÍS, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.
Hacienda analiza la promesa de Ahora Madrid de “poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda, y para garantizar una alternativa habitacional a sus habitantes”. Para ello, propone crear una oficina de intermediación hipotecaria de enlace con los juzgados.
Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, “no ostenta posibilidad alguna de actuación”, remarca el informe. Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle”, explicó hace dos semanas.
4.795 pisos públicos vendidos en 2013

Ivima. El Gobierno regional, entonces en manos de Ignacio González (PP), cerró en 2013 la venta de 2.935 pisos del Ivima al fondo Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora por 201 millones de euros. El pasado mes de diciembre, un juez vio “indicios objetivos de enriquecimiento”, e imputó a la gerente del Ivima, Ana Gomendio.
EMVS. El Ayuntamiento, gobernado entonces por Ana Botella (PP), vendió 1.860 pisos de alquiler social en 2013 al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones.
Ahora Madrid. Carmena ha prometido “frenar la venta de vivienda pública”. El Ministerio de Hacienda señala que “no es necesario” porque “ya no hay ningún proceso de enajenación” en marcha.


Hacienda contabiliza los desahucios y desalojos entre febrero y junio. En cuanto a los primeros, indica que 50 se produjeron en pisos vendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión; otros cinco fueron en pisos vendidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a otro fondo; y 10 más afectaron también a viviendas de la EMVS y el Ivima. En total, 65 de 111. Desahucios ejecutados por bancos hubo 17 (el 15%), y otros 29 fueron iniciados por impago a propietarios particulares. A esas cifras se suman 73 desalojos de viviendas okupadas.
Hacienda señala además que los distritos madrileños con mayor número de desahucios son Villa de Vallecas, Carabanchel y Latina, y eso es así “por la concentración de viviendas públicas a fondos de inversión” en esas áreas.
De los 184 desahucios o desalojos reseñados por Hacienda, sólo en un 17% se aportó otra vivienda a los afectados. El informe añade esta reflexión: “Es preocupante el dato de las ocupaciones ilegales e impagos de particulares, con personas sin apenas medios económicos, lo que hace muy difícil la derivación a los recursos existentes”.
El Ayuntamiento cuenta en la actualidad con sólo 418 pisos públicos para cubrir estas emergencias; 347 están asignados ya (se benefician de ellos 1.060 personas), y el resto están en obras.
Ahora Madrid ha prometido imponer tasas para penalizar la acumulación de viviendas con fines especulativos por parte de bancos, fondos e inmobiliarias.
Hacienda critica la medida con el argumento de que “bajaría el precio de los alquileres” en la ciudad, y abarataría el coste de adquirir una vivienda. Eso “perjudicaría a las familias y ciudadanos que tienen pisos en propiedad”, añade. Y, paradójicamente, aventura además que “una fuerte caída de precios propiciaría la llegada de fondos buitre”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/...34_343813.html