Un error de la Junta permitió a Magtel eludir tres millones de multa

Un error de la Junta de Andalucía permitió a una empresa del grupo Magtel eludir una multa de tres millones de euros por incumplir la Ley del Sector Eléctrico. El grupo cordobés Magtel está detrás de Minorbis, el consorcio adjudicatario del concurso de la mina de Aznalcóllar, y además está siendo investigado por presunto tráfico de influencias en la concesión de «numerosas ayudas y subvenciones» por parte de la Junta de Andalucía.
El 13 de junio de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la resolución del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía imponiendo una multa de tres millones de euros a La Castilleja Energía SL. La multa fue el colofón al expediente sancionador 935 del año 2009 por una infracción de carácter grave.

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En el año 2009, el socio único de La Castilleja Energía SL, que también fue su fundador en septiembre de 2007, era Magtel Energías Renovables SL y su consejo de administración estaba presidido por Mario López Magdaleno, presidente de Magtel. La sociedad se creó para la construcción de una planta fotovoltaica de 9,8 megavatios en el término cordobés de La Carlota, al pie de la carretera A-4.
EL MUNDO solicitó la semana pasada a la Junta de Andalucía los detalles de la sanción impuesta a La Castilleja Energía SL y del expediente y, pese a insistir, no ha recibido respuesta. Por tanto, se desconoce el nombre del consejero que firmó la sanción, ya que en 2009 el departamento de Innovación, Ciencia y Empresa lo ocuparon Francisco Vallejo, hasta la salida de Manuel Chaves, y Martín Soler, con la llegada a la Presidencia de José Antonio Griñán en abril.
Defecto de forma

La Castilleja Energía SL pudo eludir la multa millonaria porque la resolución incurría en un defecto sorprendente: el consejero no era el competente para imponer una multa de tal cuantía sino el Consejo de Gobierno de la Junta. Cuando se dictó sentencia, la sociedad había sido transferida a una empresa madrileña -según las fuentes, un fondo de inversión- y los hermanos López Magdaleno habían desaparecido de su consejo de administración.
La Junta de Andalucía sancionó a la filial de Magtel por una infracción grave al vulnerar la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, por «la realización de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley o la construcción, ampliación, explotación, modificación, transmisión o cierre de instalaciones administrativa o el incumplimiento de las prescripciones y condiciones de las mismas», pero sin poner en riesgo la garantía del suministro eléctrico ni crear peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
La ley permite sancionar dichas infracciones con multas de 600.001 a seis millones de euros, imponiendo tres millones a La Castilleja Energía. La normativa andaluza otorga al consejero responsable de Industria -en este caso de Innovación, Ciencia y Empresa- la facultad de imponer sanciones por infracciones graves en materia energética, pero sólo hasta 601.012,10 euros. En los casos de infracciones muy graves en materia energética o multas superiores a esa cantidad y hasta 3.005.060,52 euros, la competencia es del Consejo de Gobierno. Por ello, según el TSJA, «en el presente supuesto observamos que el titular de la Consejería competente (...) ha superado el límite competencial anterior de manera notoria» acordado por lo tanto la anulación de la sanción impuesta.
«En tiempo récord»

La Junta de Andalucía devolvió el dinero al fondo de inversión propietario de La Castilleja Energía y éste, a su vez, transfirió el dinero a un juzgado de Madrid donde la sociedad Renovalia había demandado a Magtel reclamándole dos millones de euros. La empresa Emerita Resources, aspirante en el concurso de la mina de Aznalcóllar, amplió su denuncia al entender que la Junta devolvió el dinero «en un tiempo récord» en contra, aseguraba, de lo habitual.
El grupo Magtel es uno de los componentes del consorcio Minorbis, que ha logrado la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, uno de los mayores concursos de la Junta de Andalucía, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. Su titular, Patricia Fernández, ha abierto también diligencias por presunto tráfico de influencias al disponer de «cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta».
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han señalado que la sentencia del TSJA que anuló la sanción no entró en el fondo de la cuestión, esto es, en determinar si, efectivamente, Magtel cometió la infracción que le atribuía la Junta de Andalucía. Al existir un defecto de forma tan evidente, como la firma de la multa por una persona que no era competente para ello, no fue necesario estudiar lo otro para dejar la multa sin efecto. Estas mismas fuentes han señalado que la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que hay un elevado porcentaje de casos en los que las sanciones impuestas por la Administración son posteriormente anuladas en la vía contenciosa.

http://www.elmundo.es/andalucia/2015...2358b456e.html