Rajoy ofrece devolver días y la paga extraordinaria a los funcionarios antes de las e

El Gobierno quiere demostrar que el ciclo ha cambiado, que la economía, como aseguró Rajoy, ha "doblado por fin el Cabo de Hornos", y que gracias a su gestión, sus reformas y su política de austeridad ahora es posible empezar a trasladar los efectos del crecimiento a los sectores que más han padecido la crisis. El colectivo de la función pública, en primer lugar.
Desde Moncloa se ha hecho llegar, todavía sin papeles, a los representantes de los trabajadores la posibilidad de devolución del 75% de la paga extra que les fue suprimida en 2012, la recuperación de los días para asuntos propios que se les arrebataron, una mayor flexibilidad en la oferta de empleo público e incluso, si hay margen presupuestario, un aumento salarial que podría acercarse al 1%.

Este será, según las fuentes consultadas, uno de los pilares de la nueva estrategia de acercamiento a los ciudadanos de los populares: el margen que permita la menor factura en indemnizaciones por desempleo y el oxígeno que proporcione la mayor recaudación fiscal se distribuirá de manera que los colectivos más perjudicados noten en sus bolsillos un primer alivio.
Las ideas para poner esta nueva filosofía en práctica se están pergeñando entre Moncloa, Hacienda y Administraciones Públicas. Todavía no hay papeles precisos sobre la mesa pero sí se ha trasladado ya a los sindicatos de funcionarios -CSIF, CCOO y UGT- la "voluntad" del Gobierno de hacer primero un "guiño claro" y después acometer una negociación a plazo que debería concluir con la recuperación de todos los derechos perdidos.
La semana pasada hubo un primer encuentro entre representantes de la Dirección General de la Función Pública con los tres sindicatos. En ese encuentro se lanzaron las primeras ideas que pasarían, según explican fuentes sindicales, por una devolución del 75% de la paga extraordinaria que se les suprimió en 2012 -y de la que sólo han recuperado por el momento el 25%- , lo que supondría una factura total de aproximadamente 600 millones de euros (algunas fuentes la elevan hasta los 700 millones).
A ello puede añadirse la aprobación de un margen más flexible en la oferta de empleo público. En la actualidad la tasa de reposición es del 30%, lo que implica que de cada diez puestos descubiertos por jubilación sólo se reocupan tres. E incluso se baraja la devolución de parte de los días para asuntos propios, o moscosos, como se denominan en la función pública, suprimidos para ahorrar durante la crisis.
La tercera medida que se ha llegado a lanzar, sin propuestas plasmadas negro sobre blanco, hace referencia a una subida salarial. Pequeña en principio. Las fuentes consultadas afirman que se tomaría como referencia, aunque si llegar a ello, el límite del 1,5% de subida pactada entre sindicatos y empresarios. Lo más probable, indican, es que en caso de hacerse realidad esta idea el incremento salarial se sitúe en el entorno o por debajo del 1%.
Los compromisos con Bruselas

El Gobierno mantiene por el momento que cualquier medida de alivio debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los parámetros de contención del gasto y reducción del déficit comprometidos con Bruselas. Es una manera de advertir que las alegrías presupuestarias no serán en ningún caso excesivas.
En medios sindicales afirman que un paquete de este tipo debería ser negociado con los representantes de los trabajadores, sin embargo añaden también que, dadas las circunstancias políticas actuales y la premura del Gobierno por congraciarse con la ciudadanía, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo lance públicamente alguno de estos compromisos de manera inminente. De hecho, no descartan que pueda producirse un anuncio en este sentido este mismo viernes coincidiendo con la aprobación del techo de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Los sindicatos consideran que estas propuestas, siendo positivas, no son sino un "primer gesto" que debería completarse con una negociación minuciosa para concluir en la recuperación plena de derechos perdidos por parte del funcionariado.
El CSIF, por ejemplo, el sindicato que ha pasado a ser en las últimas elecciones el más representativo, reclama la devolución completa de la paga extra suprimida en 2012 y apuesta por un incremento salarial muy superior al 1%. De acuerdo con sus cálculos, los funcionarios han perdido en los últimos seis años entre un 20 y un 30% de poder adquisitivo. Recuerdan en este sentido que sufrieron un recorte de sueldos del 5% de media, a ello se sumó la posterior congelación salarial, la supresión de la paga extraordinaria y la reducción de los moscosos.
Igualmente advierten que debe ponerse fin a la tasa de reposición y reclaman la puesta en marcha de un proceso de análisis de plantillas y de un plan de recursos humanos a fin de calcular con exactitud cuáles son las necesidades de personales para cumplir con el trabajo de manera eficaz. Aseguran que "al Gobierno le queda poco tiempo para reconciliarse con los funcionarios". "El divorcio hasta ahora ha sido total", añaden.http://www.elmundo.es/espana/2015/06...0068b4593.html