La juez imputa al ex alcalde de Sant Adrià por favorecer a un empresario

Las sospechas se ciernen sobre el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y a su anterior alcalde, Jesús Canga, que estuvo al frente del Consistorio durante 17 años. El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha abierto una investigación por los presuntos delitos de estafa y prevaricación y ha citado como imputados el próximo octubre a Canga, al empresario Emilio Fernández y a la secretaria general del Consell Comarcal del Barcelonès Marta Gibert, además del legal representante de la empresa Gimesport. También ha pedido que comparezcan en el juzgado los responsables jurídicos del Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs y del Consell Comarcal como posibles responsables civiles subsidiarios.
El juzgado investiga una querella interpuesta por la sociedad San Adria Beach 2012, representada por el letrado Damián Téllez de Peralta, contra los imputados en las que detalla cómo aprovechando el decreto de Sequía de la Generalitat de 2008, el alcalde presuntamente cambió el destino de las piscinas situadas en la zona de Marina Besòs del municipio para que se abriese una discoteca y carpas en verano. La querella indica que estos terrenos pertenecen al Consell Comarcal del Barcelonès pero que el Consistorio autorizó a Gimesport, propiedad de Emilio Fernández, a explotar los locales de ocio. El escrito admitido por el juzgado destaca que Canga conocía «en todo momento la actuación de su amigo» el empresario. y que es consciente de que «se subcontrate el objeto de la concesión ampliado sin base jurídica alguna y sin dar cuenta al Consell Comarcal». La querella destaca que por esta concesión el empresario recibió unos 190.000 euros en 2009 por facilitar a terceros la explotación de la zona de ocio.
«Siendo el Consell Comarcal del Barcelonès propietario de gran parte de los terrenos en donde se ubica la discoteca y las carpas que se incluyen excepcionalmente en la concesión» este organismo «no saca provecho alguno de la concesión». La querella destaca que el Ayuntamiento cobra una parte en concepto de tributo y «todos los beneficios de los alquileres de la concesión van a parar al bolsillo del amigo del alcalde». Además, los querellantes creen que Canga presuntamente pudo cobrar dinero «en metálico» y que el empresario entregó «en buenas condiciones» en 2011 dos viviendas de Protección Oficial a hijos del ex alcalde de una promoción que había realizado en la localidad.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/...9148b4578.html

La querella destaca que a finales de 2009 Gimesport establece un nuevo contrato de arrendamiento con la sociedad Marina Entertainment, dirigida por Carlos Díez y David Baena. Estos empresarios tuvieron una conversación con Canga en la que supuestamente les ocultó que el Consell «tuviera alguna competencia sobre los terrenos objeto de la concesión». Además, se indica que debían pagar a Fernández unos 178.800 euros por «unos conceptos absolutamente incomprensibles» que incluían el canon municipal. Marina Entertainment invirtió 1,5 millones de euros para reformar las instalaciones que estaban deterioradas.
A mediados de 2012 se crea la sociedad San Adria Beach 2012 con varios empresarios para «facilitar los subcontratos de la concesión» que el empresario imputado iba a seguir obteniendo hasta 2017. La querella destaca que el ex alcalde, que entonces también era presidente del Consell, junto con Fernández, presuntamente, pidieron dinero a miembros de esta sociedad para seguir explotando los locales de la zona de ocio. Por aquella época salió en los medios de comunicación que el empresario Martí Ferrer estaba interesado en crear un espacio lúdico nocturno en la zona. En 2013 el Ayuntamiento comunicó que se cesaba en la actividad porque no la explotaba Gimesport «sino un tercero» por lo que Marina Entertainment reclamó por el dinero invertido. Gimesport pidió al Consell una indemnización por una presunta adjudicación de la concesión a una sociedad de Ferrer y que San Adrià Beach recibiría su parte. Se acordaron 346.443 euros aunque en la querella se indica que este precio no era «justo», como supuestamente afirmó la secretaria municipal de la institución. En el juzgado hay una grabación de la imputada que en una conversación telefónica presuntamente recomienda negociar un «pago en B» con el nuevo concesionario.