La residencia que ardió en Zaragoza carecía de licencia de actividad

Licencias denegadas, un expediente sancionador y hasta varios dictámenes negativos de la inspección por las condiciones "higiénico-sanitarias" del centro. Todo eso consta en el historial de la residencia de ancianos privada Santa Fe de Zaragoza, que ardió durante la madrugada del pasado domingo y que dejó ocho muertos. Un incendio que investigan, de forma paralela, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para aclarar la situación legal del centro. Tras las primeras pesquisas, el Consistorio ya ha sentenciado que se le había denegado la licencia de actividad en 1998.
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La administración local y autonómica, según han explicado este lunes, recaban en estos días toda una batería de informes, que ya ha ofrecido los primeros resultados. "Han estado realizando una actividad alegal", ha recalcado primero la concejala de Derechos Sociales del Consistorio de Zaragoza, Luisa Broto (Zaragoza en Común).
La edil, que acaba de asumir el cargo tras la salida del PP del Gobierno municipal, ha explicado cómo los gestores del centro pidieron a finales de 1997 una licencia de obra y de apertura. "Entonces, solicitaron los permisos para transformar este chalé en una residencia", han añadido fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento. Estas han detallado cómo en 1998, apenas unos meses después, se le denegaron ambas porque el suelo donde se ubica el inmueble tiene carácter de no urbanizable y porque, además, no contaba con los 10.000 metros cuadrados requeridos por la normativa para poder acoger a ancianos.
Detalles del incendio

• Comienzo. El fuego comienza, sobre la medianoche del domingo, al arder el colchón de una habitación vacía ubicada en la primera de las tres plantas de la residencia.
• Fallecidos. En el edificio vivían 19 ancianos. Ocho de ellos, de entre 74 y 92 años, fallecieron. Los otros 11, así como la cuidadora, resultaron heridos.
• Autopsias. Las autoridades, a la espera de los resultados definitivos de las autopsias, barajan como causa de la muerte la "inhalación de humo", según han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Pese a ello, la residencia funcionó durante casi dos décadas. Y, en ese tiempo, la Consejería de Bienestar Social la inspeccionó en, al menos, dos ocasiones: en 2006 y 2011. "La instalación abrió en julio de 1997 con un informe provisional favorable del Gobierno regional, que se le retiró en 2012 por no subsanar deficiencias de mantenimiento y de tipo higiénico-sanitario, así como por incumplir los plazos concedidos para repararlos", ha insistido después la nueva responsable del área, María Victoria Broto (PSOE), que también acaba de asumir el cargo en sustitución del PP.
En 2014, tras continuar sin cambios la situación, el propio Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (PP) le abrió al centro un expediente sancionador. Aunque permaneció abierta. El entonces consejero responsable del área, Ricardo Oliván, no ha querido hacer declaraciones al respecto.
Una de las internas, sospechosa

Mientras avanzan las investigaciones de la Administración, la Guardia Civil continúa con la suya. Para explicar la causa del incendio, los agentes barajan como principal hipótesis que lo provocase una residente del centro. Fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón apuntan en esa dirección tras situar el origen de las llamas en un dormitorio de la primera planta del edificio que se encontraba vacío. El instituto armado trabaja ahora en averiguar si el fuego fue intencionado. "Estuvieron toda la mañana sobre el terreno, recogiendo pruebas", han señalado estas fuentes.
La sospechosa, de 62 años y que resultó herida por el fuego, fue trasladada el domingo al hospital Royo Villanova de Zaragoza, donde los médicos le dieron de alta ese mismo día "por los problemas derivados del incendio". Entonces, según ha apuntado este lunes el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, la mujer fue trasladada a otro hospital de la ciudad para quedar bajo "observación psiquiátrica" por una enfermedad anterior, sobre la que no quiso desvelar más detalles amparándose en la ley de protección de datos.

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