El fiscal rechaza investigar a la juez Alaya por prevaricación

La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no admita la querella presentada por el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por su actuación sobre las acciones del Real Betis Balompié. En escrito dado a conocer hoy, el fiscal superior de Andalucía, Jesús Rodríguez Calderón, asegura que “al margen de otras posibles responsabilidad de distinta naturaleza o de la aparición de nuevos elementos de prueba, los hechos que son descritos no revisten caracteres delicivos”.
El fiscal entiende que en la tramitación de la causa “ha tenido lugar una situación perfectamente asumible y a la que no puede otorgarse relevancia penal”. El ministerio fiscal reconoce que ´”no ha compartido” el modelo procesal seguido por la juez Alaya durante la instrucción, pero ello no “implica que se conviertan, cuando tales decisiones contrarían los intereses del querellante, en resoluciones prevaricadoras”.
El decreto del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, será trasladado ahora a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que decidirá si abre diligencias previas o no para investigar a la magistrada. Si la Sala decidiera dictar auto de admisión a trámite de la querella, esta resolución se trasladará al Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En tal caso, el órgano de gobierno de los jueces podrá decidir de inmediato la suspensión cautelar o por el contrario podrá posponer la decisión, ya que esta suspensión provisional no tiene un plazo prefijado, aclaran fuentes jurídicas.

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Es decir, Alaya podría ser suspendida de funciones a lo largo del verano o el próximo otoño, una decisión en manos del CGPJ y que la alejaría de la Audiencia de Sevilla. La resolución tendría un efecto práctico inmediato, pero sobre todo una carga de profundidad tremenda que supondría una mancha en su expediente que dejaría maltrecha su carrera judicial. Si finalmente Alaya es suspendida, la Ley Orgánica del Poder Judicial subraya que la suspensión durará “hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”, o “por todo el tiempo a que se extienda la pena, sanción o medida cautelar”.
Desde que en 2011 Alaya inició la instrucción del caso ERE, la juez ha estado bajo el foco mediático y ha abierto una causa tras otra, siempre con la Junta de Andalucía en el punto de mira. Al caso ERE se le sumó la causa de los avales a empresas y los cursos de formación que concedió el Gobierno andaluz. Ahora su papel investigador se frena en seco, a la espera de que el TSJA acepte la querella o la rechace. La sala del alto tribunal andaluz no siempre coincide con el criterio del fiscal, como ocurrió recientemente en la rama del caso ERE que instruyó el TSJA y que el fiscal pensaba debía derivar al juzgado de Alaya. El juez instructor investigó en contra de la opinión del fiscal.
La querella del caso Betis ha sido una pesada losa desde que trascendió su interposición para Alaya y su entorno. El escrito lo presentó el empresario Luis Oliver contra la juez el pasado mayo. Desde entonces, el fiscal superior ha pedido más documentación al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla y a la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento que afectó a Oliver, documentos que le llegaron hace dos semanas aproximadamente.
Oliver acusó a Alaya de prevaricar para tener “el control absoluto” del Betis, que ha estado intervenido judicialmente desde 2010 hasta hace un mes, cuando la Audiencia de Sevilla levantó las medidas cautelares que había impuesto Alaya. La querella se centra en una treintena de resoluciones de la magistrada sobre el Betis, decisiones a la que la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto de forma sistemática.
De momento la juez permanece en la Sección Séptima de la Audiencia, cuya plaza ganó tras su reciente ascenso, a la espera de la decisión del Poder Judicial sobre su comisión de servicio. Alaya solicitó dicha prórroga en el Juzgado 6 de Instrucción, un refuerzo que aprobó el TSJA pero que aún debe ratificar el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debe aprobar el reparto de causas que propuso el TSJA, por el que Alaya investigaba los ERE y el delito societario de Mercasevilla, y la nueva titular del juzgado, María Núñez, el resto de macrocausas.
El Consejo ha pospuesto dos veces en las últimas semanas la decisión del reparto de causas, por lo que a falta de un pronunciamiento Núñez sigue instruyendo todas las causas y Alaya se mantiene en la Audiencia. Ambas jueces han alegado ante el Consejo para acaparar un mayor número de causas, y el enfrentamiento entre ambas ha alcanzado cotas nunca vistas. Hasta el punto de que Alaya ha acusado a Núñez de falta de imparcialidad para llevar los casos, ya que afectan de lleno a la Junta y la juez es amiga del consejero de Justicia, Emilio Llera, lo que imposibilita su objetividad.
La juez impidió la venta del 51% de las acciones del Betis que realizó Manuel Ruiz de Lopera a Oliver por 16,1 millones, porque pensó que era una venta simulada y Oliver era un testaferro de Lopera. En su querella, Oliver acusa al administrador judicial del Betis, Francisco Estepa, de ser una “persona próxima” al marido de la juez, Jorge Castro.
Entre sus decisiones controvertidas como instructora destaca la investigación de la Guardia Civil sobre Oliver, unas pesquisas que el empresario califica de “pura fantasía”. El escrito detalla que “el único motivo real” de Alaya era “asegurarse el control” del Betis. Alaya negó a Oliver personarse en la causa como parte afectada, y el empresario alegó que esto le causó “indefensión”, según el escrito del abogado Alfonso Contreras.
Además, Alaya ordenó a los administradores judiciales que investigaran la breve etapa de Oliver al frente del Consejo de Administración del Betis en 2010. A continuación Alaya abrió una causa secreta contra Oliver por la que ordenó el pinchazo de su teléfono, unas escuchas que la fiscalía ignoró durante meses. La excusa para el pinchazo, según Alaya, era que Oliver era una persona de “difícil localización”. Luego la Guardia Civil reconocía que no existía una orden de busca y captura que en un principio había alegado, y que se debió a un “error en la base de datos”.

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