Cataluña es la más beneficiada en el nuevo reparto de financiación

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solventó ayer la tensa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al anunciar un aumento de la financiación para las comunidades de 7.455 millones. Cataluña será la autonomía más beneficiada con una subida del 12,12% frente al 8,7% de media. Las comunidades socialistas junto con Cataluña, Cantabria y Canarias escenificaron su oposición votando en contra del objetivo déficit para 2016, que será del 0,3% del PIB para todos las territorios, tras aprobarse con el voto cualificado del ministro.
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El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha convertido en un reflejo del cambio del poder autonómico. El PP ha perdido la mayoría cómoda que mantenía en el principal órgano de interlocución con las autonomías para asuntos económicos, en detrimento de las comunidades socialistas. Estas han conformado un bloque para escenificar la oposición al Gobierno. Sobre la cita sobrevoló, además, la preocupación por el desafío soberanista en Cataluña.
Para tratar de calmar los ánimos, el ministro Montoro anunció un aumento de la financiación autonómica de 7.455 millones de euros para 2016. Cataluña se llevará la parte del león con 1.861 millones adicionales, un 12,12% más frente al 8,74% de la media del resto de territorios. Andalucía y la Comunidad Valenciana también salieron beneficiadas del reparto con un aumento de sus recursos para el próximo año de un 11%.
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El ministro fue preguntado tras la reunión sobre la aparente contradicción de que Cataluña haya presentado un plan de ajuste en el que se compromete a reducir el déficit del 0,3% del PIB mientras mantiene el desafío soberanista. El ministro contestó: “Una cosa es la práctica y lo otro es una teoría imposible. Como la vida sigue y no se va a producir la desconexión los catalanes tienen que tener garantizados la financiación para los servicios”. El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, aseguró a la salida de la reunión que Cataluña no va a cumplir con el déficit acordado para el próximo año porque tendría que hacer un recorte de 1.500 millones, que no va a acometer. “Me parece chocante que el que presente un plan luego diga que no tiene ninguna intención de cumplirlo. Es algo público, es su programa… si no lo hiciera sería un ejercicio académico pero esto es un ejercicio de Gobierno, de responsabilidad”, contestó Montoro.
El ministro de Hacienda insistió que “los nuevos recursos facilitan la consecución del déficit” y recordó que el aumento de la financiación “no servirá para gastar más” porque está vigente la ley de estabilidad y la regla de gasto. El aumento de la financiación no es un regalo del Gobierno sino que es el cálculo automático de aplicar el sistema de financiación por la mejora de los ingresos tributarios. El ministro explicó que el reparto se hace con criterios técnicos y rechazó que hubiera “discrecionalidad alguna”.
Una parte importante del aumento de la financiación corresponde a la liquidación de 2014. Por eso las autonomías socialistas soslayaron el anuncio y recordaron al ministro que en realidad esa cantidad es un anticipo que ellas hicieron al Estado. El sistema de financiación es complejo y funciona con retraso. Cada año el Ejecutivo entrega a las autonomías una parte de sus previsiones de ingresos de los impuestos cedidos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Dos años después cuando se cierra definitivamente el ejercicio contable se liquida la diferencia con las comunidades. Como 2014 fue mejor de lo previsto resulta un saldo a favor de las comunidades que recibirán en 2016.
Estos recursos suponen un bálsamo
importante para las deterioradas
cuentas autonómicas

Hacienda suma a los 7.500 millones otros 3.000 millones derivados de los ahorros por los mecanismos de liquidez gratuita que el año pasado puso a disposición de las comunidades: el Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), unos créditos al 0% de interés.
En cualquier caso, estos recursos suponen un bálsamo importante para las deterioradas cuentas autonómicas y les allana el camino para reducir el déficit público al 0,3% del PIB para todos los territorios. Precisamente ese era uno de los puntos principales del orden del día y que mostró la división en el seno del Consejo de Política Fiscal. Diez comunidades votaron en contra de ese objetivo frente a siete que votaron a favor, incluidas Ceuta y Melilla. País Vasco y Navarra se abstuvieron.
Las siete autonomías controladas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad Valenciana) junto con Cataluña, Cantabria y Canarias (las dos últimas con Gobiernos apoyados por el PSOE) formaron un frente común contra Montoro para reclamar un reparto más equilibrado de los objetivos de déficit público. Estos territorios reclamaron que el Estado ceda parte de su margen para las autonomías y poder suavizar así los ajustes pendientes. Insistieron en recordar que las comunidades son responsables de “tres de los cuatro pilares del Estado de bienestar porque tienen que sostener la educación, sanidad y los servicios sociales”. Los socialistas lanzaron un mensaje coordinado: “Estamos comprometidos con la estabilidad presupuestaria pero no podemos asumir más recortes”, aseguró la consejera extremeña, Pilar Blanco-Morales, quien cargó contra la herencia recibida del PP.
Respecto a los consejeros que le echaron en cara la herencia recibida --algunas comunidades superan el tope de déficit anual ya en junio--, el ministro indicó: "A los que se quejan del punto de partida habría que recordar cuál era el punto de partida en 2012. Cuál era la situación de Extremadura o Castilla-La Mancha en 2012, y otras comunidades con deudas comerciales sin pagar. Que no sirva para consuelo de nadie pero conviene recordarlo".
Y respecto a la recomendación de la Autoridad Fiscal que proponía suavizar los ajustes a cinco comunidades y establecer un déficit asimétrico, el ministro indicó: “No lo vemos viable. Sería exigirle a otras más, casi llevarlas al superávit”.

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