Dos alcaldes del PP tejieron una trama de venta de ropa destinada a pobres

Carlos Alberto Estrada, entonces regidor de Moraleja de Enmedio (PP) y presidente de la Mancomunidad del Suroeste imputado ahora en la trama Púnica, y Olga Fernández, exalcaldesa de Serranillos del Valle (2003-2011) y portavoz del PP en ese Ayuntamiento, tejieron una red para beneficiar a una empresa de recogida de ropa destinada a personas necesitadas. Ambos presionaron a alcaldes de la Mancomunidad para lograr contratos ventajosos. La mayor parte de la ropa era vendida a terceras personas. La actuación de ambos exalcaldes está recogida en el sumario de la trama Púnica.
350 euros por tonelada de ropa

Son muchas las empresas que instalan contenedores de ropa usada en las calles —a ojos de los ciudadanos con carácter benéfico— con el fin de vender las prendas a tiendas de segunda mano y la de peor estado para usos industrial tras clasificarse en su planta logística. En el caso de Oasis esta planta está en Moraleja de Enmedio y cuando cerró el acuerdo con la ciudad de Ávila explicó que el 90% iría a parar a tiendas.
Con la crisis los municipios se han llenado de contenedores no siempre con permiso municipal. “A veces llaman al engaño con símbolos de solidaridad cuando sus objetivos son perfectamente lucrativos”, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un informe de 2013. Además, afirman, están perjudicando a ONG y empresas de reciclaje, “al tiempo que supone un fraude a las expectativas de los ciudadanos”.
. La tonelada de ropa se compra a 350 euros. La OCU analizó 16 contenedores en Madrid y de ellos 14 eran piratas.


Todo empezó el 14 de diciembre de 2011, meses después de que Olga Fernández perdiese las elecciones tras descubrirse la compra de bolsos, vajillas y objetos de decoración con la tarjeta del Ayuntamiento. Ese día sucedieron dos cosas: fue fundada la empresa Oasis Recuperaciones, dedicada al negocio de la ropa usada, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, Carlos Alberto Estrada, firmó un acuerdo con ella. Esta coincidencia ha sorprendido al juez Eloy Velasco, que lleva la trama Púnica.
El acuerdo entre Oasis, fundada por un amigo de Estrada y un ciudadano marroquí, y la Mancomunidad buscaba la instalación de contenedores de ropa usada en los 10 municipios que engloba el organismo. El negocio consistía en pagar un canon anual a los Ayuntamientos (entre 1.500 y 7.000 euros) y entregar a una ONG una pequeña parte de la ropa dejada por los vecinos en los contenedores. [OASIS]En Valdemoro, por ejemplo, donde Oasis tenía 25 contenedores, pagaba 6.000 euros y entregaba una tonelada de ropa. La concesión le fue otorgada a pesar de que otra empresa ofreció pagar un canon de 45.000 euros.
UPyD de Valdemoro abrió en 2012 el debate: “El acopio de estas prendas ha sido de 136.897 kilos, y la empresa mercantil (con ánimo de lucro) tiene un compromiso (ni siquiera una obligación) de realizar una aportación de solo 1.000 kilos anuales a una ONG”. El partido aconsejaba “donar a entidades con fines solidarios”.
Estrada argumentó ante el juez que cuando se firmó el acuerdo con Oasis, el mismo día de la constitución de la empresa, esta ya había solicitado depositar contenedores en su pueblo. “¿Y le parece suficiente experiencia para proponerla a la Mancomunidad?”, le responde enfadado el magistrado. El alcalde se escuda en que hasta la fecha habían tenido “empresas furtivas que no pagaban al Ayuntamiento”, lo que convertía en “ventajoso” llegar a un acuerdo con Oasis.
Estrada se sorprende de casi todo delante del juez. Ni sabía que Oasis no contaba con permiso de gestor productos no peligrosos, ni que contrató a sus empleados meses después de tener actividad. Aunque el exregidor reconoce que de su Ayuntamiento salió un informe que certificaba ante la Mancomunidad la experiencia fantasma de Oasis.
El exalcalde, imputado en otra causa por falsedad documental, asegura que los 10 municipios no tenían que atenerse al convenio con Oasis: “La Mancomunidad no obligaba a nada. Griñón y Serranillos [con Fernández ya en la oposición] mantuvieron sus contratos”. Y continúa: “Sé que Oasis está prestando sus servicios en Casarrubuelos [implicado en Púnica], Navalcarnero, Sevilla la Nueva...”.
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Concursos amañados

“¿Por qué no lo sacó a concurso [en Moraleja]?”, prosiguió el juez. “Porque tengo la fórmula de la concesión administrativa con el concurso o la de solicitud de ocupación de la vía con el pago de un canon”, respondió Estrada. En otros lugares la instalación de contenedores sí salió a concurso. El arquitecto técnico de Valdemoro declaró en el juzgado que se hinchaban las puntuaciones de Oasis.
El 21 de octubre de 2014 Olga Fernández, que recuerda a EL PAÍS que es empleada desde 2013 y no socia, pidió auxilio a Francisco Granados, cabecilla de Púnica y exsecretario general del PP en Madrid (2004-2011), según consta en las escuchas policiales:
Granados: ¿Qué te pasa en mi pueblo?
Fernández: ¿Te cuento por teléfono? ¡Estoy acojonada!
G.: Sí, sí, dime, dime.
F.: Pues escucha, ehhh. ¿Tú te acuerdas que yo empecé a trabajar en una empresa? Bueno…
G: Sí.
F.: Vale, pues esa empresa ha participado en un concurso que ha organizado Valdemoro.
G.: Um, Um.
F.: Ya participamos en otro. Fenomenal, me ayudaron un montón, tal, hemos estado ahí, bueno con un contrato de un año. Pero llegó un secretario y le parece que no se puede prorrogar y sacan un concurso [...].
Granados se compromete, según las escuchas, con Fernández a llamar al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), también implicado en Púnica. “Ni se lo pregunté ni sé de qué va. Fue la típica contestación amable para quitarme de en medio”, relató luego Granados al juez. “No le llamó, pero comió a continuación con él”, apostilló la fiscal.
Al día siguiente de esta conversación, Estrada, que había hablado con David Marjaliza —el otro jefe de Púnica— para presionar al alcalde de Valdemoro, llamó de nuevo a este para quedar y “transmitirle un mensaje”. La cita no se celebró porque ambos fueron detenidos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/...4.html?rel=lom