UGC PIDE EL CIERRE DE 36 CUARTELES EN LA REGIÓN

La Unión de Guardias Civiles pide el cierre de 36 cuarteles en la región





La Unión de Guardias Civiles (UGC) denunció ayer que el ochenta por ciento de los cuarteles asturianos de la Guardia Civil está cerrado de tarde y por la noche por falta de personal, de forma que se producen derivaciones a otras unidades. Esto obliga a algunas patrullas a realizar recorridos de hasta una hora para acudir a los servicios. Sin olvidar la merma en la seguridad que supone que un cuartel permanezca cerrado, a veces con familias en su interior.




La asociación, una de las mayoritarias entre los empleados de la Benemérita, señaló además que esta situación debe racionalizarse y, por eso, ha revitalizado su plan para reducir los 63 cuarteles que hay en Asturias a 27 -36 menos-, cada uno con un mínimo de 30 a 50 agentes. «El objetivo es que cada zona disponga de una o dos patrullas en la calle, lo que mejorará la seguridad, pero también ahorrar costes», indicó el secretario regional, Ramón Rodríguez.


En este sentido, añadió que el gran número de cuarteles de la región hace que su mantenimiento sea muy costoso. Además, UGC ha identificado al menos catorce instalaciones que precisan de reparaciones: Salinas (Castrillón), Arriondas (Parres), Llanera (en la que se prevé una inversión de 58.000 euros), Cabrales, Trevías (Valdés), Vegadeo, Cabañaquinta (Aller), Colombres (Ribadedeva), Mieres (donde los agentes ocupan un centro sanitario), Noreña (donde una inversión de 72.000 euros ha sido insuficiente), Tapia (donde ocupan un local municipal), Santa Eulalia de Oscos, Grandas de Salime y Boal. «Los de Salinas y Trevías podrían cerrarlos directamente», sentenció.


Por otro lado, Rodríguez criticó los planes del Gobierno para introducir seguridad privada, bajo supervisión de la Guardia Civil, en las prisiones. El estudio elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad cifraba en unos 800 o 900 los vigilantes a incorporar. En la cárcel de Villabona, están destinados unos 30 agentes. UGC cree que la seguridad privada restaría puestos de trabajo y, por eso, exige que si se aplica la medida, se respeten los derechos de los agentes y la reubicación se haga «a la carta». Rodríguez indicó también que puede ser un primer paso para privatizar Instituciones Penitenciarias.


Además, se mostró preocupada por las «actitudes políticas» que se están produciendo en relación con ETA y exigió que no «haya una sola concesión ni beneficio para estas ratas asesinas».

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