Imputan a Artur Mas por la consulta soberanista del 9-N

Dos días después de las elecciones autonómicas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imputado el president Artur Mas, a la consellera Irene Rigau y a la ex vicepresidenta del Govern Joana Ortega por un delito de desobediencia. Los tres deberán acudir en un par de semanas a declarar como imputados. La Fiscalía los acusa de los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversarción de caudales públicos y prevaricación, por el proceso participativo del 9 de noviembre pasado, ya que se consideran que no hicieron caso a las resoluciones del Tribunal Constitucional y permitieron las votaciones.
En diciembre pasado, el TSJC decidió abrir una investigación contra Mas, Rigau y Ortega tras estimar las siete querellas y una veintena de denuncias presentadas por esta presunta desobediencia. A lo largo de estos meses se han practicado varias testificales principalmente de inspectores de educación y representantes d'Esnenyament que fueron los interlocutores con los centros que abrieron el 9-N para las votaciones. También se ha recabado numerosa documentación como los contratos de la Generalitat con varias empresas públicas para temas logísticos o creación de urnas y papeletas.
Precisamente, la semana después de declarar Mas declararán como testigos a la directora del Centre d'lniciaties per a la Reinserció (CIRE) por la producción, suministro y distribución del material de votación utilizado el día 9 de noviembre de 2014 que hicieron presos catalanes en algunos centros, a Joan Cañada Campos, asesor en materia de opinión pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals por la administración y mantenimiento de la web www.participa2014.cat así como el testimonio del "responsable técnico informático que materialmente asumiera la coordinación o dirección de dichos trabajos y la resolución de incidencias informáticas que pudieran haber surgido, una vez sea identificado por el Director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació (CTTI)". Los tres fueron propuestos por la Fiscalía ya que considera que su testimonio es necesario para "completar la imagen del cuadro de actuaciones públicas desarrolladas en relación con la votación". También irá a declarar Dolores Agenjo, directora de un instituto de l'Hospitalet que se negó a abrirlo para las votaciones.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/...d768b457b.html

Artur Mas deberá responder por desobediencia

http://estaticos02.elmundo.es/assets...5292046140.jpg El president Artur Mas, en una rueda de prensa Jorge GuerreroAFP

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• GERMÁN GONZÁLEZ
• Barcelona
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Actualizado 29/09/201514:21 Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, que ya no tienen responsabilidades en el Govern, se enfrentan a una pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de hasta dos años por el delito de desobediencia, el único aceptado por el TSJC en su auto. Pese a esto, la Fiscalía considera que han cometido malversación de fondos públicos que está castigada con una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación por 10 años
¿Quiénes deben declarar?El 13 de octubre acudirán la consejera Irene Rigau por la mañana y la ex vicepresidenta Joana Ortega por la tarde. Artur Mas irá el 15 de octubre. Lo harán como imputados, acompañados de abogado.¿Puede declarar Mas en su despacho?En la querella de Banca Catalana en 1984, la Fiscalía interrogó al entonces president Jordi Pujol en su residencia oficial de la Generalitat. La ley indica que Mas puede declarar en su despacho, aunque según fuentes judiciales el presidente acudirá al paseo Lluís Companys de Barcelona donde está la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Casualmente, el 15 de octubre se conmemoran 75 años de la muerte de Companys.¿De qué se les acusa?El TSJC investiga a Mas, Ortega y Rigau por un presunto delito de desobediencia a las resoluciones judiciales al celebrar la consulta soberanista del 9-N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. El magistrado instructor Joan Manel Abril investiga si «en ejecución de la consulta suspendida, se han generado gastos al erario público en informática, telecomunicaciones, elaboración de material, difusión institucional, apertura de institutos y edificios públicos, dependientes del Departament de Ensenyament de la Generalitat, así como la de delegaciones de la Generalitat en el extranjero, y otros gastos por pagos de emolumentos a funcionarios públicos y a los Mossos d'Esquadra, incluso aquellos que libraban el día 9, que tuvieron que presentarse a sus puestos de trabajo, así como los derivados de la utilización, con pago de precio, a la empresa de mensajería y servicios postales Unipost». Por ello les podría imputar un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía les inculpó de dos delitos más: prevaricación y usurpación de funciones en el proceso participativo.¿Por qué han tardado 10 meses en imputarlos?La aceptación a trámite de la querella por parte del TSJC fue a finales del año pasado. En este tiempo, el TSCJ ha reclamado numerosas pruebas documentales sobre los convenios firmados por el Govern para realizar la consulta, los aspectos organizativos de encargo de urnas y papeletas, envío de propaganda a los ciudadanos, activación de la web informativa, el coste del centro de prensa o el sistema informático de la jornada. También ha recibido la declaración como testigo de la delegada territorial en Barcelona de la conselleria de Ensenyament, que explicó que se convocaron dos reuniones con directores de instituto e inspectores de educación que advirtieron que algunos responsables de escuelas les aseguraron que en esta reunión se les pidió que permitieran la apertura de los centros para la votación. El TSJC también recibió documentación de la Delegación del Gobierno en Cataluña en la que había una carta de Rigau donde negaba estas reuniones entre los responsables de su departamento y directores de centros de enseñanza dirigidas a «determinar la manera de proceder en relación al proceso participativo» del 9-N.¿Qué acusaciones están personadas?El TSJC recibió 7 querellas y 25 denuncias por el 9-N, en su mayoría de particulares. La primera querella presentada antes que la del fiscal fue la de Manos Limpias. Por ello, el magistrado ordenó que todas las acusaciones populares se integrasen en la del sindicato, a pesar de que tuviesen que abonar una fianza. Tras diversos recursos, algunas acusaciones han renunciado y ahora, bajo la dirección del abogado de Manos Limpias, quedan la asociación Arca Ibérica, el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y un particular. ¿Pueden encarcelar a Mas de forma cautelar?La acusación popular de Manos Limpias ha reclamado en varias ocasiones la detención de Mas así como la entrada y registro de la Generalitat. No se espera que la Fiscalía pida ninguna medida cautelar durante esta comparecencia, por lo que el president seguiría ocupando su cargo en funciones, y aspirar a revalidarlo.¿Es el último trámite antes de acabar la investigación judicial?La semana después de declarar Mas comparecerán como testigos la directora del Centre d'lniciatives per a la Reinserció (CIRE) por la producción, suministro y distribución del material de votación utilizado el día 9 de noviembre que hicieron presos catalanes en algunos centros; Joan Cañada Campos, asesor en materia de opinión pública del Departamento de Gobernación para administrar y mantener la web www.participa2014.cat; y el responsable informático que coordinó el control de las incidencias técnicas durante la consulta. También irá a declarar Dolores Agenjo, directora de un instituto de l'Hospitalet, que se negó a abrirlo para las votaciones.