AUGC CULPA AL GOBIERNO POR EL DESALOJO DE VARIOS GC

La AUGC culpa al Gobierno por el desalojo de varios guardias civiles





La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha denunciado que como consecuencia de la crisis económica, el Gobierno central del PP ha decidido aplazar, y en algunos casos cancelar, la reforma y construcción de numerosos edificios públicos, como ha ocurrido en La Carlota. No obstante, en este caso añaden que el anterior Ejecutivo se comprometió a construir un nuevo acuartelamiento "pero como no se han iniciado las obras (ni cabe esperar que se inicien) el Ayuntamiento de dicha localidad ha decidido dejar de sufragar el alquiler de las viviendas en las que residían tres de los guardias civiles allí destinados, uno de ellos el sargento comandante de puesto".






Debido a ello, el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Laurentino Ceña, les notificó el cese en el derecho a usar dichas viviendas, "ordenándoles su desalojo antes del 1 de julio, puesto que el arrendamiento finalizó el 30 de junio". Los motivos esgrimidos para ello por parte de este mando del instituto armado eran que debido a la demora de las obras del nuevo cuartel y ante "las dificultades presupuestarias por las que atraviesa la Corporación" carloteña se aprobó por el Pleno la rescisión parcial de los compromisos que habían adquirido con la Dirección General de la Guardia Civil para su uso temporal como alojamiento de las familias del personal destinado en el puesto de La Carlota. "El citado compromiso tenía su duración supeditado al plazo equivalente a la ejecución de las obras de construcción del acuartelamiento, si bien al no haberse iniciado las mismas, ni existir una fecha próxima señalada para su inicio, el Ayuntamiento no puede mantener el coste que supone el alquiler", afirman.

La AUGC ha señalado que los afectados y sus familias abandonaron las viviendas durante el mes de junio y se les ofreció la posibilidad de trasladar su residencia a los acuartelamientos de Santaella o Fernán Núñez, ofrecimiento que no han aceptado porque se verían obligados a desplazarse por sus propios medios diariamente para prestar sus servicios en La Carlota. Uno de los desalojados, asesorado por los servicios jurídicos de AUGC, ha interpuesto recurso de alzada ante el Subdirector General de Personal de la Guardia Civil, fundamentándose entre otros en los argumentos de que "lo que no resulta admisible en Derecho es causar a esta parte un serio perjuicio como consecuencia de una evidente falta de previsión y precipitación por parte de las Administraciones central y local, toda vez que en su afán por disponer de un puesto de la Guardia Civil en La Carlota llegaron a un acuerdo que en un corto periodo de tiempo se ha mostrado imposible de cumplir". El agente también apunta que el resultado ha sido el desalojo de sus viviendas "a quienes se les había asegurado que podrían residir en las mismas hasta que hubiera pabellones oficiales disponibles en el nuevo acuartelamiento que se iba a construir, premisa que influyó considerablemente en la decisión de quienes solicitaron dicho destino".

Ese mismo agente va a solicitar en los próximos días que la Dirección General de la Guardia Civil le indemnice por el traslado forzoso de residencia que se ha visto obligado a realizar, concretamente por los gastos inherentes al traslado de mobiliario y enseres, tal como establece la normativa reguladora de dicha materia.

Con esta denuncia, la AUGC quiere mostrar "el incorrecto proceder" a su juicio por parte de las administraciones implicadas en este asunto, como son el anterior Gobierno del PSOE por adquirir un compromiso que no podría cumplir, el actual Ejecutivo del PP por no buscar soluciones alternativas que no perjudicaran a los afectados y el Ayuntamiento de La Carlota por aceptar un compromiso "tan alegremente aún conociendo las serias dificultades económicas por las que atravesaba la administración estatal y el propio ayuntamiento, con el único afán de poder contar con la Guardia Civil en la localidad tras muchos años careciendo de dicho servicio".

La AUGC apunta también que "resulta indudable que los afectados podrían haberse abstenido de pedir ese destino si hubieran sabido que no dispondrían de viviendas" y que, por ello, cuando se llegue a acuerdos similares, desde la asociación se recomendará a los guardias que no soliciten dichos destinos si no disponen de vivienda propia o puedan costearse un alquiler.

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