INTERIOR DEJA EN EL AIRE EL DESTINO D 2OO GUARDIAS CIVILES

Interior deja en el aire el destino de los 200 guardias civiles que vigilan cárceles





El Ministerio del Interior proyecta privatizar --al menos parcialmente-- los servicios de vigilancia de los centros penitenciarios, tarea de la que ahora se encarga la Guardia Civil. Esta decisión del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz deja en el aire la continuidad de los cerca de 200 efectivos del instituto armado actualmente destinados a garantizar la seguridad de las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel.






Las dos primeras están consideradas de máxima seguridad y entre ambas custodian a algo más de una veintena de etarras condenados.

Los planes de Interior consisten en recolocar en los dispositivos de control de las prisiones españolas a efectivos de firmas privadas de seguridad que hasta hace unos meses estaban trabajando como escoltas de cargos públicos y de ciudadanos amenazados por ETA, cuyo desempleo se ha disparado tras anunciar la organización un alto el fuego indefinido. La iniciativa pasaría por adjudicar tareas concretas a las empresas, ya que, según fuentes policiales, resulta improbable que personal ajeno al cuerpo pudiera integrarse en los servicios del instituto armado.



DESAZÓN Mientras tanto, crece la desazón entre el colectivo que integran los alrededor de 200 guardias civiles asignados a la vigilancia de las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel. La primera y la última tienen una plantilla de unos 70 efectivos, mientras que en la segunda hay destinados algo más de 50.

El grueso de ellos tiene encomendados servicios de vigilancia estática en los establecimientos penitenciarios, mientras que alrededor de uno de cada tres participa en los dispositivos de seguridad de las conducciones --traslados de presos para asistir a juicios y diligencias, recibir asistencia hospitalaria, etcétera--, que rondan las 4.000 al año en Zuera y que superan el medio millar por ejercicio en Daroca.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron la existencia del proyecto de privatizar la vigilancia de las prisiones, aunque declinaron entrar en detalles sobre su implantación a la espera de que el equipo de Fernández Díaz termine de concretar sus planes.

Los responsables de Interior confirmaron sus propósitos a los miembros del Consejo de la Guardia Civil --el equivalente a la junta de personal-- en la reunión que celebraron el pasado 20 de marzo. En esa fecha, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el general aragonés Cándido Cardiel, confirmó a los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC, que aglutina a la mitad de la plantilla) que tenían sobre la mesa un plan para que escoltas procedentes del País Vasco asumieran tareas de vigilancia en las prisiones con un modelo similar al que aplican los aeropuertos españoles. El DAO no dio fechas, pero la AUGC teme que sea inminente.


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