Luz y taquígrafos contra la tortura
Los golpes, la bolsa, la bañera, el potro... Durante los 40 años de la sangrienta existencia de ETA, que ahora toca a su fin, la organizacion terrorista ha magnificado las, en su opinion, continuas torturas a las que los miembros de las fuerzas de seguridad sometian a sus miembros detenidos e incomunicados, multiplicando el victimismo politico de los abertzales mas radicales. Al mismo tiempo, el Gobierno ha negado en redondo las acusaciones. Los distintos ejecutivos españoles desde la llegada de la democracia han avalado la actuacion de los agentes de la lucha antiterrorista equiparandola a los estandares de respeto a los derechos humanos de cualquier cuerpo policial europeo. Todos han alertado contra esas denuncias de ETA y su entorno enmarcandolas en una mera estrategia de la banda.
A la luz de las resoluciones de tribunales españoles y de organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, ambas posturas son mitos. Cliches. No es cierto que el maltrato policial contra los terroristas sea el pan de cada dia, pero tampoco que el comportamiento de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policia, la Guardia Civil o la Ertzaintza (los cuerpos mas implicados en la lucha contra ETA) haya sido siempre todo lo exquisito con los detenidos que debe ser exigible en un Estado de derecho.
En su propia defensa, el Ministerio del Interior —lo gobierne quien lo gobierne, PP o PSOE— se ha agarrado a la estadistica judicial, que indica la practica inexistencia de condenas a sus agentes por torturas o malos tratos fisicos y psicologicos, un delito castigado con penas de hasta seis años de carcel y de hasta 12 de inhabilitacion. Y ese dato es cierto. Desde la aprobacion del Codigo Penal de 1995, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido condenado en sentencia firme con ese texto legal por torturas a detenidos de ETA —si con el anterior de 1973— a pesar de la tension y el nerviosismo que conlleva para los agentes la investigacion de estos delitos de especial gravedad.
¿Son los agentes españoles un ejemplo de buenas practicas o existe algun grado de impunidad en este campo? Que no haya condenas firmes no quiere decir que no existan sentencias por maltrato policial en operaciones antiterroristas. Las ha habido, aunque luego hayan sido recurridas y revocadas. Tambien otros pronunciamientos judiciales, que, sin embargo, no han dado lugar a posteriores investigaciones, en los que se apunta que el trato recibido por los arrestados no habia sido todo lo correcto que debia ser. O que las pesquisas abiertas ante las denuncias fueron de todo punto insuficientes.
El ultimo caso que salto a los periodicos fue el de Igor Portu y Mattin Sarasola, los dos miembros de ETA condenados a 1.040 años de carcel por colocar un coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Barajas que, el 30 diciembre de 2006, acabo con la vida de los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y, de paso, se llevo por delante el proceso de paz iniciado por el Gobierno socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero. El 30 de diciembre de 2010, la Audiencia de Gipuzkoa sentencio por torturas a cuatro de los 16 guardias que los detuvieron por maltratarlos como “venganza” por su pertenencia a la banda terrorista. Los magistrados consideraron probado que los agentes trasladaron a los etarras a una pista forestal donde les dieron patadas y puñetazos. A Portu le rompieron una costilla que se le clavo en un pulmon, lo que obligo a ingresarlo en la UCI, segun la resolucion de la Audiencia, que luego fue revocada por el Tribunal Supremo.
Otro pronunciamiento judicial sobre maltrato policial a detenidos por terrorismo fue la sentencia del caso Egunkaria, que absolvio a cinco directivos del periodico siete años despues de que fueran acusados de formar parte de las estructuras de ETA. La sentencia certifico que los procesados —que habian denunciado torturas de la Guardia Civil durante su incomunicacion— no tenian la mas minima relacion con la banda. “En la valoracion de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detencion incomunicada (que fueron detalladas en la vista oral y antes ante el instructor) son compatibles con lo expuesto en los informes medico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detencion”, relataban los magistrados en su resolucion. El tribunal, ademas, constato “que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicacion”.
A esa misma conclusion —que las denuncias por torturas, muchas veces, no se investigan— han llegado diversos organismos internacionales de prevencion de estos malos tratos en varias ocasiones. El ultimo en advertirlo ha sido el Comite contra la Tortura de Naciones Unidas que, el pasado 23 de mayo, condeno a España por no indagar las denuncias de Oskarz Gallastegi, condenado a 26 años de carcel como cooperador necesario del asesinato del magistrado de la Audiencia de Bizcaia Jose Maria Lidon.
Gallastegi, segun este organismo de la ONU, afirmo haber sido torturado por la Ertzaintza durante su detencion incomunicada —lo comunico al medico forense que lo atendio— y en su declaracion posterior ante el juez instructor de la Audiencia Nacional. Meses despues, presento una denuncia, pero el juzgado de Vitoria que la estudio la archivo teniendo solo en cuenta los informes exculpatorios de los medicos que lo exploraron sin practicar ninguna de las diligencias que solicito: la declaracion de estos forenses, que se le permitiera declarar como denunciante y que se identificara a los ertzainas que lo interrogaron. La Audiencia de Alava confirmo despues el sobreseimiento del instructor. Tampoco practico ninguna otra prueba.
El detenido fue condenado por la Audiencia Nacional, precisamente por su confesion policial —cuyos procedimientos supuestamente vejatorios habia denunciado— solo ratificada por las declaraciones de los agentes que lo interrogaron durante los cinco dias de detencion incomunicada. El Supremo, despues, bendijo su condena.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tambien condeno a España el 28 de septiembre de 2010 a indemnizar con 23.000 euros al etarra Mikel San Argimiro, detenido en mayo de 2002 en Madrid mientras iba armado y con una bomba lapa en la mochila. Su resolucion, de 28 de septiembre de 2010 refleja como la denuncia por torturas presentada por el detenido —que salio de su incomunicacion con una costilla rota— tampoco fue investigada eficazmente. El juez de Madrid que la estudio, la archivo basandose unicamente en los informes del forense que le exploro durante el arresto. No se interrogo a los agentes porque era dificil identificarlos, segun el juez. Tampoco se visiono el video de la detencion porque no estableceria ninguna informacion suplementaria, como mantuvo el magistrado— aunque el TEDH advirtio que hubiera servido para comprobar si sus heridas se produjeron debido a la violencia del momento o posteriormente, durante los interrogatorios en las dependencias de la Guardia Civil. San Argimiro fue condenado por intentar atentar contra policias y politicos.
En el fondo del problema, segun estos organismos esta la incomunicacion. El Comite contra la Tortura de la ONU ya advirtio en 2002 que este regimen de detencion —que, bajo orden judicial, puede extenderse cinco dias en los que el arrestado no tiene acceso a un abogado o medico de su confianza ni a comunicar con su familia— “facilita la comision de actos de tortura y malos tratos”. El relator de la ONU para los Derechos Humanos, Martin Sheinin, propuso su abolicion en 2008, pero siempre sin exito.
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzon dio el paso mas significativo para disipar las dudas al imponer la transparencia en 2007. Establecio que en las operaciones antiterroristas dirigidas por el se grabara en video la estancia de los detenidos en los calabozos y sus interrogatorios por los agentes. El protocolo Garzon —que tambien han adoptado los magistrados Santiago Pedraz y Fernando Andreu, pero no los otros tres juzgados de instruccion del tribunal del terrorismo— permitia la visita de medicos de confianza de los investigados y el acceso de este a sus familiares. El propio juez aseguro a este periodico cuando aun estaba en activo que esas medidas habian reducido de forma importante las denuncias de los sospechosos.
Un procedimiento similar instauro la Ertzaintza hace unos diez años. “Hay que tener en cuenta que los detenidos terroristas vienen con las instrucciones de autolesionarse y denunciar torturas”, explica Roberto Seijo, portavoz del sindicato ERNE. “Eso generaba una percepcion entre los agentes de que las detenciones te podian traer problemas, porque cuando se demostraba que la denuncia era falsa, no se investigaba al denunciante”, añade. Todo eso se acabo al introducir un protocolo de calidad para las detenciones. “Ahora, el que detiene no traslada al detenido, el que lo traslada no lo custodia ni hace la instruccion del atestado, es otro agente el que lo lleva al hospital si lo necesita... Y toda la detencion queda grabada en video”.
“Deberian instalar esas camaras en todas las dependencias policiales, asi no tendriamos que demostrar cada dia que no maltratamos a detenidos”, asegura Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociacion Unificada de Guardias Civiles (AUGC), uno de los cuerpos mas señalados por este tipo de conductas. Delgado asegura que las torturas son “un fenomeno residual” y recuerda que denunciarlas forma parte del manual de los etarras. “La Guardia Civil es un reflejo de la sociedad; la mayoria de agentes son profesionales, pero eso no quita que haya alguno que haya maltratado a algun detenido”, prosigue. “En ese caso, que se investigue y que se le juzgue. Que se retire la manzana podrida de cesto”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/vidayartes.html
Ahora va a resultar que los malos son la policia, la guardia civil y la ertzaintza...¿de qué van en este periodico..??..quizas es el medio que marca la "hoja de ruta" en el tema de la excarcelación de los sanguinarios terroristas vascos para facilitarles que nos asesinen con nuestros impuestos....
Pero nada comenta de los GAL, invento de los socialistas de Felipe Gonzalez, alias "Isidoro" en Suresnes..., que sí que fueron una autentica chapuza de asesinos y toruradores, y que no suponen ninguna representación de los CCFFSSEE.. aunque sin duda sí que fueron una especie de policia de partido o guardia pretoriana al servicio del partido en el poder entonces..
Y, efectivamente, hace mucho tiempo que en los calabozos y salas de interrogatorios hay cámaras de vigilancia, precisamente para evitar articulos de opinión tendenciosos como este...
Y lo que debe quedar claro es que los terroristas asesinos, aunque medren en politica, gracias a la politica antiterrorista del psoe de zp ayer y hoy de rajoy, esten en las instituciones cobrando de los impuestos de sus victimas (que somos todos los ciudadanos españoles a escepción de quienes apretaron el gatillo, pusieron las bombas-trampa y les facilitaron el acceso a las instituciones y, desde ahí al poder), son los autenticos criminales, escoria de la sociedad, cualquier sociedad organizada y quienes les hacen la ola y aceptan sus chantajes, son tan terroristas como ellos..y me estoy refiriendo también a todos los gobiernos que han consentido y consienten escarcelaciones para terroristas a cambio de nada...y estos articulos de opinión siembran una duda que no es nada razonable y por lo tanto favorece a los criminales..
Salud que no falte
Re: Luz y taquígrafos contra la tortura
Yo estoy en contra de la tortura de esos inocentes etarras, ejemplo de dignidad humana que todos deberíamos copiar, incluidos los hijos de las madres que vienen a investigar la existencia de torturas.
Si estoy a favor del trato a esos etarras del tiro en su nuca . . . que es indicio de buenas normas y buena moral, como ellos lo practican.
Y seguro que los imbéciles y capullos de los investigadores, también está a su favor.
:mariguano:-)
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