UN CRIMEN DE INVESTIGACION DUDOSA

Un crimen de investigación dudosa

La familia de una mujer asesinada hace cuatro años en Málaga logra que se reabra el caso
Juana Viúdez Málaga 25 ABR 2012 - 21:00 CET
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Las piezas de la muerte de Lucía Garrido comienzan a encajar casi cuatro años después de que su cuerpo lleno de golpes apareciera flotando en la piscina de su casa de Alhaurín de la Torre (Málaga). El caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo, una serie de indicios presentada por la familia de esta mujer ha convencido al juez para que rescate este crimen del olvido. El juzgado número 4 de Málaga lo ha reabierto a instancias de la fiscalía y de la acusación particular y ha pedido que esta vez sea la Policía Nacional, y no la Guardia Civil, quien lo investigue.

La familia ha pedido que se abran diligencias informativas sobre supuestos casos de corrupción relacionados con agentes que participaron en la investigación del crimen. Según los parientes, existen indicios de “connivencia” entre Manuel A. H. —la expareja de Lucía, a quien consideran inductor del crimen— y al menos dos de los investigadores de la Guardia Civil.

El devenir judicial y policial del principal sospechoso ha sido clave para conseguir una segunda oportunidad para el caso. Manuel A. H. fue detenido a finales de 2010 en una operación contra el narcotráfico en la que también fue arrestado el teniente de la Guardia Civil que dirigió la investigación por la muerte de Lucía. Los investigadores deben analizar una serie de conversaciones telefónicas incluidas en este sumario judicial, en manos del juzgado número 11 de Málaga. “Esto demostraría, al menos, que ambos se conocían y tenían relación”, confían fuentes cercanas al caso. Los policías también examinarán pruebas, como el contenido de un ordenador que no llegó a desprecintarse. El caso vuelve estar bajo secreto de sumario.

La acusación particular, ejercida la madre y la hermana de la víctima, también reclama que se investigue a otros dos miembros del instituto armado. Uno de ellos testificó a favor de Manuel A. H. en una denuncia por amenazas que Lucía Garrido interpuso contra él antes de morir. El segundo agente declaró durante el juicio civil en el que la familia de Lucía, tras la muerte de ésta, reclamó a la expareja la mitad de sus bienes como compensación al terminar la convivencia. Según la acusación, estos dos agentes tienen relación con el negocio de acogida de animales que regenta Manuel A. H.

La Policía Nacional ha relevado a la Guardia Civil en las nuevas pesquisas

Lucía no acudió a recoger al colegio a su hija de 13 años al colegio el 30 de abril de 2008. Todo apuntaba a que había sido víctima de un ataque de violencia machista, pero los investigadores de la Guardia Civil insistían en que tenía una “coartada perfecta”: recibos que le situaban a kilómetros del crimen, grabaciones de seguridad en las que su rostro se registraba perfectamente, el testimonio de su pareja de entonces….

La víctima vivía con su hija en la finca de Los Naranjos, una zona rural en la que además de la casa familiar también se encontraba un centro de protección de animales que Manuel A.H. regentaba con permiso judicial. Hacía más de un año que la pareja había dejado de convivir, ella le había denunciado por amenazas, y la situación era muy tensa. El exmarido fue interrogado por la muerte, pero quedó en libertad.

El juzgado dio carpetazo al caso en mayo de 2009, un año después. Sin embargo, días antes, la finca de Los Naranjos volvió a convertirse en el escenario de otro suceso sangriento. Manuel mató con su escopeta a dos hombres que irrumpieron en su propiedad en plena noche. Según su testimonio, lo único que hizo fue defenderse. Los intrusos, de origen colombiano, iban armados. La autopsia determinó que los disparos se hicieron a muy poca distancia. El caso también se cerró sin juicio alguno, según fuentes judiciales.

La incursión de Manuel en el sumario del tráfico de drogas ha reavivado el interés por el crimen. En esta ocasión, la expareja de Lucía entró en prisión preventiva durante “siete u ocho meses”, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Después quedó en libertad. El colectivo ha pedido una investigación interna “profunda” sobre este asunto y que se llegue “hasta el final”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/...76_415477.html