Ni olvidamos ni perdonamos

Hacia las seis de la mañana del 2 de septiembre de 1990 la banda terrorista ETA asesinaba al guardia civil JOSÉ MANUEL ALBA MORALES y al civil LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA mediante un coche-bomba lanzado por la rampa que daba acceso al muelle de Uribitarte del puerto de Bilbao. La rampa llevaba hasta la garita del Servicio Fiscal de la Guardia Civil donde trabajaba el agente Alba. Resultaron también heridos por la explosión dos empleados municipales del Servicio de Ordenación de Tráfico (OTA), Anselmo Amézaga Regúlez, de 29 años de edad, y Julio Fernández Fernández, de 24, que fueron trasladados al Hospital de Basurto, donde quedaron ingresados. Julio Fernández sufrió traumatismo, contusiones y heridas varias por la acción de la metralla, siendo su pronóstico grave. Por su parte, Anselmo Amézaga presentaba una herida en el hombro derecho con pérdida de sustancia, abrasión en la piel y erosiones en cuero cabelludo. Su estado era menos grave, según el parte facilitado por el departamento de urgencias del centro hospitalario. Asimismo, resultaron heridos el agente de la Guardia Civil Juan Carlos Calzada Martín y el ciudadano Miguel Suquía Mendinueta.

Luis Alberto Sánchez murió al intentar detener la caída del coche, un Ford Fiesta que había sido robado la noche anterior a una pareja. Los dueños del Ford Fiesta fueron encontrados atados a un árbol con dos grilletes, dos candados y una cadena de dos metros de largo, en el monte Umbe en Guecho (Vizcaya) poco después de que se produjera el atentado.

El vehículo contenía una bomba compuesta por 60 kilos de amonal y metralla que fue activada por control remoto. Luis Alberto se había acercado momentos antes hasta las inmediaciones de la garita de la Guardia Civil para solicitar la ayuda de dos policías municipales que se encontraban allí, ya que su coche se había quedado sin batería. Dos trabajadores del OTA y una pareja de guardias civiles intentaban ayudarle a poner el vehículo en marcha. En ese momento, el coche-bomba fue lanzado marcha atrás por la calle de la Travesía de Uribitarte, que desemboca en la garita de la Guardia Civil. Cuando intentaban detenerlo, y antes de que colisionara con el puesto de la Guardia Civil, se produjo la explosión.

El coche-bomba quedó completamente destrozado y la onda expansiva produjo un enorme socavón en el suelo, ocasionando numerosos desperfectos en los coches y camiones que se encontraban en el lugar de los hechos. Asimismo, las ventanas de los edificios y tiendas en un radio de doscientos metros alrededor de la garita quedaron hechas añicos, sembrando la calle de cristales.

El atentado se produjo cuatro días después de que las administraciones central y vasca acordaran la adecuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y el despliegue de la Ertzaintza. Era la primera vez que la banda terrorista ETA utilizaba el método del coche-bomba kamikaze lanzado sin conductor hacia su objetivo. Pocos meses después, el 29 de mayo de 1991, la banda asesina utilizaría el mismo método contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, provocando la muerte directa de nueve personas, cinco de ellas menores de edad. También en este caso los etarras aprovecharon la pendiente de una de las calles laterales que daban a la casa cuartel para lanzar el coche-bomba y, una vez dentro del patio, donde en esos momentos jugaban varios niños, activar el explosivo mediante un mando a distancia.

En 1995 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas a cuatro miembros de la banda terrorista ETA para los que la Fiscalía solicitaba 360 años por este atentado. La sentencia consideró que no había quedado acreditado que Jesús María Mendinueta Flores, Joseba Iñaki Zugadi García, Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín tuvieran "ninguna participación concreta y directa" en dicho atentado.

En el año 2006 fue juzgado en la Audiencia Nacional Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi -que en 2005 solicitó ser extraditado desde Francia-, como autor directo del atentado junto a Juan María Ormazabal, alias Turco -etarra fallecido en un enfrentamiento con la Ertzaintza en agosto de 1991 en el que el terrorista asesinó al ertzaina Alfonso Mentxaka- y un tercer terrorista no identificado. Gadafi ha sido ya condenado a más de 1.200 años de cárcel en los veinte juicios celebrados contra él en la Audiencia Nacional desde que fue extraditado.

José Manuel Alba Morales, de 22 años, falleció en el Hospital de Basurto una hora después del atentado. Estaba casado y su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Natural de Zaragoza, la mayor parte de su familia residía en Córdoba, donde fueron enterrados sus restos mortales. Llevaba sólo tres meses destinado en la Compañía de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil de Bilbao y el 2 de septiembre era su último día de trabajo antes de irse de vacaciones. El funeral por su alma se celebró el 3 de septiembre en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

Hacia las tres de la tarde del día 8 de septiembre de 1987, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao de un disparo en la nuca, muy cerca de su domicilio en el barrio de Arangoiti, al subteniente de la Guardia Civil CRISTÓBAL MARTÍN LUENGO. Su mujer y una de sus hijas bajaron inmediatamente del domicilio a auxiliarle, pero no pudieron hacer nada. Cristóbal Martín Luengo fue trasladado en una ambulancia al Hospital Civil de Basurto, donde ingresó cadáver. El rebote de una de las balas alcanzó a Julián Pérez Gómez, que resultó herido leve.

Los dos asesinos se dieron a la fuga en un taxi robado un cuarto de hora antes, que les aguardaba con las puertas traseras abiertas y estaba conducido por un tercer etarra. El taxi había sido robado en la plaza de San Pedro en Guecho por dos de ellos. Allí pidieron al taxista que se dirigiera al polideportivo de Archanda, y en el trayecto se identificaron como miembros de ETA, explicándole que necesitaban el vehículo para hacer un transporte de armas. Tras meter al taxista en el maletero, recogieron a un tercer etarra y se dirigieron a Bilbao a cometer el atentado.

Las fuerzas políticas vascas, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron el atentado, y lo relacionaron, de una u otra manera, con la oferta de diálogo del Gobierno a ETA. Este atentado era el primero que se producía con víctimas mortales desde el último contacto que se había mantenido en Argel el 10 de agosto de 1987 entre los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres, por parte del Gobierno, y Eugenio Etxebeste, alias Antxon, por parte de la banda asesina.

El 10 de septiembre se celebró en Bilbao el funeral por el subteniente de la Guardia Civil al que asistieron varios centenares de personas. El féretro con los restos mortales de Martín Luengo fue despedido con vivas a la Guardia Civil.

En octubre de 1997 la Audiencia Nacional condenó a Joseba Koldobika Begoña Ibarra a 33 años de prisión por el asesinato de Cristóbal Martín Luego. También fue condenado por robo de vehículo con toma de rehén. El etarra había huido a Francia desde donde había sido extraditado a España en diciembre de 1996.

"El asesino de mi padre fue detenido en Francia y extraditado a España. De una condena de casi cuarenta años a la que fue sentenciado, por su asesinato y el secuestro de un taxista en su huida, no cumplió más de nueve años; lleva mucho tiempo en libertad, haciendo vida normal, con su familia, sus amigos, trabajando, riendo, viendo crecer a sus hijos y envejecer a su mujer... Mi padre no pudo hacerlo y nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas".

Así se expresaba una hija del subteniente asesinado en marzo de 2009 en una "Carta de una joven a su padre asesinado por ETA" (El Confidencial, 10/03/2009). Efectivamente, a Koldobika se le concedió el tercer grado (régimen abierto) en marzo de 1999, por una supuesta enfermedad que le impedía continuar en la cárcel. Concretamente, el etarra padecía una depresión, por lo que accedió a un régimen de semilibertad.

Según el Ministerio del Interior, el etarra Félix Ignacio Esparza Luri, detenido en Francia el 2 de abril de 2004, también participó en el asesinato del subteniente Martín Luengo.Cristóbal Martín Luengo, de 50 años, era natural de Valderrodrigo (Salamanca) lugar donde fue enterrado. Estaba casado y era padre de tres hijos de 19, 17 y 4 años. Había ingresado en la Guardia Civil en 1960, y estaba destinado en Bilbao desde hacía veinte años. Desde 1983 desempeñaba trabajos administrativos en el Gobierno Militar de Vizcaya.

"(...) Parte de la familia abandonamos el País Vasco [tras el asesinato] y mi madre, la gran heroína de nuestras vidas, nunca pudo rehacer su vida. No obstante, ella sola supo sacar fuerzas y tirar del carro de la vida que le había tocado vivir. Sacó a sus tres hijos adelante y consiguió que, a pesar de todo, los tres siguiéramos con nuestras vidas. Además, esta gran heroína, nuestra madre, nos enseñó con su ejemplo a enfrentarnos a la vida con coraje y valentía" (El Confidencial, 10/03/2009).

Martín Luengo de un tiro en la nuca en Bilbao, la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica (Vizcaya) a otros dos guardias civiles mediante la explosión de un coche-bomba. Pocos minutos antes de las diez y media de la noche del 9 de septiembre de 1987, el cabo FEDERICO CARRO JIMÉNEZ y el guardia MANUEL ÁVILA GARCÍA, que patrullaban vestidos de paisano en un vehículo oficial, pero sin distintivo alguno, se acercaron a un automóvil, un Ford Fiesta de color rojo que les resultó sospechoso. Cuando se disponían a inspeccionarlo, se produjo la explosión del mismo mediante un mando a distancia accionado por el asesino Juan Carlos Balerdi, miembro del grupo Éibar de ETA.

La explosión provocó la muerte en el acto del guardia Manuel Ávila y heridas gravísimas al cabo Federico Carro, con pérdida del setenta por ciento de masa encefálica, falleciendo mientras se le trasladaba al Hospital de Cruces. A mitad de camino, a la altura del puente de Balmasín, la ambulancia sufrió una avería y tuvo que ser asistida por una dotación de la Cruz Roja de Baracaldo, que completó el traslado.

El coche-bomba estaba estacionado a unos cincuenta metros de la casa cuartel de la Guardia Civil, a las afueras de Guernica -en la carretera que conduce a Lequeitio-, en un camino vecinal y junto a una chabola. Los guardias civiles asesinados se ocupaban del reconocimiento del itinerario que separa la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. del acuartelamiento.La onda expansiva del artefacto alcanzó a la chabola próxima al coche bomba, que ardió completamente. El fuego alcanzó también unos cables de electricidad de alta tensión, por lo que algunos barrios de Guernica quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Asimismo, las casas colindantes al cuartel sufrieron diversos desperfectos, como rotura de cristales. La casa cuartel, sin embargo, no resultó afectada, pero el apagón de luz, que afectó a calles y carreteras colindantes, provocó algún accidente y añadió confusión a la situación.

Tras producirse el atentado, efectivos de la Guardia Civil, a los que se unieron miembros de la Policía Municipal de Guernica y de la Ertzaintza, paralizaron el tráfico e hicieron discurrir la circulación por una ruta alternativa, mientras varios centenares de vecinos se congregaron en el lugar de los hechos para enterarse de lo ocurrido. Asimismo, miembros del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil rastrearon los alrededores con perros adiestrados en previsión de que pudiera haber sido colocada alguna otra bomba.La capilla ardiente con los restos mortales de los guardias civiles asesinados se instaló al día siguiente por la mañana en el Gobierno Civil de Vizcaya. A las siete de la tarde se celebraron los funerales en la parroquia de San José de los Padres Agustinos de Bilbao.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA atacó con granadas el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ordicia (Guipúzcoa), causando sólo desperfectos materiales. Sólo uno de los cinco proyectiles impactó en la fachada principal del cuartel. Otra granada estalló en el aparcamiento de la Compañía Auxiliar del Ferrocarril, colindante al acuartelamiento, dañando varios de los vehículos estacionados.

Manuel Ávila García, guardia de 22 años, soltero, era natural de Alcalá la Real (Jaén). Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1984 y llevaba destinado en el acuartelamiento de Guernica desde el mes de febrero de 1987. Al entierro de Manuel Ávila García el 11 de septiembre en la localidad de Mures (Jaén) asistieron unas 2.000 personas.

Federico Carro Jiménez, cabo de la Guardia Civil de 29 años y soltero también, era natural de León. Había ingresado en el Cuerpo el 2 de febrero de 1982 y ascendió a cabo en octubre de 1986. Estaba destinado en Guernica desde el 1 de abril de 1987. Su padre, Federico Carro Villagómez, era coronel de aviación, ya retirado en el momento en que asesinaron a su hijo. Carro Jiménez fue enterrado en Burgos. En abril de 2010 el Ayuntamiento de León decidió, tras una propuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cambiar el nombre de la calle Víctimas del Terrorismo por el de Federico Carro.

pero todavía no os habéis enterado? todo esto tiene una explicación política, sí hombre sí, y tiene razón dentro de 200 años cuando esto se estudie lo explicarán así como todas las barbaries cometidas por la humanidad, pero a día de hoy aún vivimos gente que de forma directa o indirecta lo hemos sufrido, y soy progresista y sé que hay que olvidar, pero pienso en los amigos que perdí, en los familiares muertos por ser hijos/as de policías o guardias, y como que todavía no soy capaz, y ahora veo como quien ve explicaciones políticas a todo esto, se va a pasear en madrid con la asociación mayoritaria de guardias civiles, sí de guardias civiles, los que se van a reunir con bildu próximamente, son los mismos que se reúnen con nosotros, eso tendrán explicación política también no? ya hasta copian su lenguaje, marea de...

Lo de esa asociación no tiene nombre. Se merecen un desbandada general hacia otra asociación. Para lo que hacen unas y otras me da lo mismo.
NI OLVIDO NI PERDON, NUNCA

El 15 de septiembre de 1974 fallecía en el Hospital Militar de Bilbao el guardia civil MARTÍN DURAN GRANDE tras ser herido gravemente el 11 de septiembre en un enfrentamiento con miembros de la banda terrorista ETA en la capital vizcaína.

La operación de la Guardia Civil se había iniciado la noche del 10 de septiembre, cuando varios etarras intentaban llegar a España desde Francia a través del río Bidasoa. Agentes de la Guardia Civil les sorprendieron cerca de la Isla de los Faisanes (Hendaya), en el momento en que desde la parte española (Irún) un individuo salía de un automóvil y trataba de llegar a la embarcación. Al ser descubiertos por la Guardia Civil, abrieron fuego y se internaron en un monte, donde pudo ser detenido uno de ellos, el etarra Vicente Gurruchaga Escenarro. Aprovechando la confusión, los ocupantes de la barca consiguieron huir, cruzando nuevamente la frontera franco-española.

Con la información que obtuvieron tras la detención del etarra, se localizó un piso en el número 59 de la calle Doctor Areilza, de Bilbao, que la Guardia Civil sospechaba que podría estar siendo utilizado por miembros de ETA. El día 11 de septiembre, por la mañana, efectivos policiales entraron en el piso y detuvieron a la etarra María Dolores González Cataraín, alias Yoyes, que doce años más tarde sería asesinada por sus excompañeros. Yoyes, que por entonces tenía 18 años, llevaba en un bolso una pistola Firebird, 9 milímetros parabellum, con dos cargadores.

Poco después, mientras los agentes estaban en la vivienda, llegaron otros dos miembros de la banda. Uno de ellos, José Antonio Inchaustegui Elizondo, alias El Duque, fue detenido, mientras que el otro, Juan José Urcelay Imaz, emprendió la huida seguido por el guardia civil Martín Durán Grande. El etarra, en su fuga, disparó contra el agente, que recibió dos disparos: uno en el vientre y otro en la pierna izquierda. A continuación, intentó escapar a través de una de las viviendas del inmueble, a la que entró amenazando a sus ocupantes (una señora de avanzada edad y su hija), pero desistió por la altura del balcón. Urcelay prosiguió su huida y, pensando que podría haber guardias en el portal del edificio, salió a la calle dando tiros. Uno de los disparos hirió en el glúteo a una transeúnte, Andrea Villamore Silva, de 58 años y natural de La Coruña. Martín Durán Grande, pese a estar gravemente herido, prosiguió la persecución de Urcelay Imaz, desplomándose en el suelo nada más salir a la calle.

Horas más tarde, la Guardia Civil localizó otro piso de la banda en el barrio de Zorroza de Bilbao, en la calle Astillero nº 6, donde sospechaban que se había escondido el presunto autor de los disparos que hirieron a Martín Durán, Juan José Urcelay Imaz. Cuando intentaron detenerlo se entabló otro tiroteo en el que Urcelay Imaz resultó muerto. Además, un segundo etarra y otros dos guardias civiles -Aniceto Reguero Fernández y Manuel Vera Ortiz- resultaron heridos de diversa consideración. En la operación se detuvo también a Purificación Martínez Setién e Ignacio Setién.

Martín Durán Grande tenía 21 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Había nacido en Portugalete, en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero vivía en Erandio, en la orilla derecha. El mismo 15 de septiembre se celebró el funeral en la Iglesia de San Agustín de Erandio. El Gobernador civil de Vizcaya colocó sobre el féretro la Medalla al Mérito Policial, con distintivo rojo, a título póstumo. Ese mismo mes de septiembre de 1974, el presidente de la Diputación de Vizcaya, Pedro Arístegui, propuso la concesión de la Medalla de Plata de la Provincia para el policía municipal Eloy García Cambra, asesinado el 29 de agosto de 1972 en Galdácano, y para el guardia civil Martín Durán Grande. Ambos fueron asesinados por la banda terrorista ETA en acto de servicio.

El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGASyVÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal y ex Guardia Civil, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).

La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.

Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.

Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.

Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa para trasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel. Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.

Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedad: María del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.

En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante), según publicó el diario Información (17/09/1991). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio. Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1991).

Poco después de las dos y media de la tarde del 20 de septiembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Marquina (Vizcaya) a los guardias civiles ANTONIO GARCÍA ARGENTE, de Valencia; MARIANO GONZÁLEZ HUERGO, de Santander; MIGUEL HERNÁNDEZ ESPIGARES, de Granada; y ALFONSO MARTÍNEZ BELLAS, de La Coruña, mientras comían en un restaurante cercano al cuartel de la Guardia Civil de la localidad vizcaína.

Los guardias se encargaban de la protección de las instalaciones de la empresa de armamento Esperanza y Cía. y, menos de ocho meses antes, ETA había asesinado en Ispáster a seis guardias civiles que custodiaban un transporte de armamento de la misma empresa. En esta ocasión, el atentado tuvo lugar en el interior del bar-restaurante Arrieta, situado a unos doscientos metros del cuartel de la Guardia Civil. El establecimiento tenía una entrada principal y otra en la parte trasera. La principal solía cerrarse hacia las 14:30 horas, cuando los clientes habituales ya habían comido o lo estaban haciendo en esos momentos.

Hacia las 14:40 horas del 20 de septiembre se encontraban en el interior del restaurante los cuatro guardias civiles, dos empleados de correos de la comarca y dos trabajadores del restaurante. La puerta principal estaba ya cerrada y, en esos momentos, alguien golpeó con los nudillos en la puerta trasera. La hija de los propietarios, de 15 años, que se encontraba recogiendo los platos de las mesas para llevarlos a la cocina, pensando que se trataba de alguno de los clientes habituales, abrió la puerta. Sin mediar palabra, entraron tres terroristas que, armados con metralletas, se dirigieron directamente a la mesa en la que comían los cuatro guardias civiles, acribillándolos con varias ráfagas que les provocaron la muerte en el acto. A continuación, salieron caminando del restaurante, y cogieron la primera bocacalle en dirección al paseo principal del pueblo. Después huyeron a bordo de un vehículo que les esperaba en las inmediaciones. En el interior del restaurante se recogieron más de veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF, munición habitualmente utilizada por ETA.

Nada más conocerse el atentado se instalaron controles en la mayoría de las carreteras de Vizcaya y Guipúzcoa, al tiempo que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona. Un equipo especial, con perros policía, rastreaba los montes cercanos, buscando al propietario del coche en el que habían huido los miembros del comando, y que se suponía había sido abandonado en algún paraje de la comarca. Finalmente fue encontrado, atado y amordazado, en un monte cercano a la localidad guipuzcoana de Elgóibar.

A las ocho y media de la mañana del domingo 21 de septiembre se celebró en la parroquia de Santa María de Gemein de Marquina el funeral por los cuatro guardias civiles asesinados. Media hora antes, los féretros fueron trasladados desde el convento de El Carmen, donde se había instalado la capilla ardiente, hasta la iglesia parroquial. Los féretros iban cubiertos con la bandera de España y los tricornios de las víctimas, y fueron acompañados por una compañía de la Guardia Civil y veinte compañeros que portaban diez coronas de flores. La comitiva la cerraban, además de los familiares de los cuatro guardias civiles, el director general de la Guardia Civil, el delegado especial del Gobierno en el País Vasco, los gobernadores civil y militar de Vizcaya y otras autoridades militares, además del alcalde de la localidad, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y representantes de UCD y AP. Al término del funeral, los cuatro féretros fueron introducidos en distintas furgonetas para trasladar los restos mortales de las víctimas a sus localidades natales, mientras se entonaba el himno de la Guardia Civil. Varias personas profirieron gritos en contra del Rey y del Gobierno, y pidieron más Fuerzas de Seguridad en el País Vasco.

Antonio García Argente, de 20 años y soltero, era natural de Manises (Valencia). La madre de Antonio, sin saber nada del atentado, llamó desde Valencia al cuartel para hablar con su hijo. Por error marcó el número de uno de los médicos del pueblo, muy similar al número del cuartel, que estaba en esos momentos atendiendo a las víctimas del atentado, y fue entonces cuando se enteró de que su hijo acababa de ser asesinado. Antonio estaba destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, aunque temporalmente se encontraba agregado en el País Vasco. Antonio fue enterrado a última hora de la noche del domingo 21 de septiembre, tras celebrarse una hora antes un funeral en el cuartel de la Guardia Civil en Valencia. Unas mil personas asistieron a las honras fúnebres por el guardia civil asesinado.

Mariano González Huergo, de 25 años y soltero, era natural de Santander. Se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de esa comunidad autónoma, pero su destino era la 551 Comandancia de Santander. La tarde del domingo 21 de septiembre fueron enterrados en Santander sus restos mortales, tras la misa funeral a la que asistieron unas mil personas, en una ceremonia que transcurrió sin incidentes.

Miguel Hernández Espigares, de 23 años y soltero, era natural de Guadix (Granada). Destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, se encontraba temporalmente destinado en el País Vasco, reforzando las plantillas de guardias civiles de la zona. El funeral por Miguel Hernández Espigares se celebró el lunes 22 de septiembre en Alamedilla (Granada), donde también fue enterrado. En diciembre de 2007, la corporación municipal de Guadix acordó por unanimidad en sesión extraordinaria dar el nombre de Hernández Espigares a una calle, plaza o centro municipal de la localidad.

Alfonso Martínez Bellas, de 22 años, era natural de La Coruña. Estaba casado y tenía un hijo; su mujer estaba embarazada del segundo. Su destino era la 111 Comandancia de Madrid pero, al igual que sus compañeros, se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de la zona. A las once y media del lunes 22 de septiembre se celebró en el cementerio de Senan (El Ferrol) el sepelio de Alfonso Martínez Bellas, con la asistencia de unas mil personas.

El 24 de septiembre de 2002 ETA asesinaba en Leiza (Navarra) al cabo de la Guardia Civil JUAN CARLOS BEIRO MONTES y causaba heridas de diversa consideración a otros cuatro agentes. El asesinato se produjo utilizando una pancarta trampa que los agentes estaban procediendo a retirar. La pancarta tenía escrito en euskera el lema "Gora ETA. GC jota bertan hil" (Viva ETA. GC muere aquí) con el propósito de provocar que agentes del Instituto Armado se acercaran a retirarla. En la pancarta, además, estaba dibujado el anagrama de la banda asesina y una diana con un tricornio en el centro.

La pancarta trampa estaba colocada junto a la calzada de la NA-1320, a su paso por el municipio de Leiza, y fue vista por un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio y dio aviso al puesto de Leiza, desde donde se envió una patrulla de guardias civiles para retirarla. Justo al lado de la pancarta estaba escondida la bomba que fue activada a distancia por un terrorista cuando se aproximaron a la misma el sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata y el cabo Juan Carlos Beiro Montes. El artefacto, compuesto por 15 kilos de explosivos, contenía cantidad suficiente para haber asesinado a todos los agentes si hubieran estado un poco más cerca.

La explosión impactó de lleno al cabo y al sargento, mientras que los otros tres agentes que formaban la patrulla sufrieron heridas de carácter leve gracias a que se encontraban más alejados del lugar de la deflagración. Tras ser atendidos en el lugar del suceso por un médico y un ATS de Leiza, una UVI móvil trasladó al cabo, que presentaba traumatismo abdominal y salida de masa intestinal, hasta el Hospital Donostia, donde ingresó cadáver tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. ETA había vuelto a matar en el pequeño pueblo de Leiza después de que, catorce meses antes, asesinaran a José Javier Múgica Astibia, concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de la localidad.

El sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata, comandante del puesto de la Guardia Civil de Leiza y miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos, sufrió "traumatismo craneoencefálico con depresión del nivel de conciencia y múltiples lesiones por metralla en cara, tórax, abdomen y extremidades", según el parte médico emitido por el Hospital Donostia. Curiosamente, Miguel de los Reyes había sufrido otro atentado de ETA cuando estaba destinado en el cuartel de Inchaurrondo en San Sebastián. Además, este agente había recogido en San Sebastián ese mismo año de 2002 un premio concedido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) a los artificieros del Instituto Armado, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, en reconocimiento a su labor en la lucha contra el terrorismo. El sargento Martínez Morata, natural de Yeste (Albacete), tenía 35 años cuando sufrió el atentado en Leiza.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, impuso al día siguiente del atentado, durante el homenaje que rindieron sus compañeros a Juan Carlos Beiro en la Comandancia de Navarra, la Gran Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, máximo galardón que únicamente se concede a los agentes que realizan un acto heroico. Ese mismo día, miles de personas de la comarca minera del Nalón dieron su último adiós a Juan Carlos Beiro en Sama de Langreo. Al funeral, celebrado en la Iglesia de Santiago Apóstol, asistió el presidente del Gobierno, José María Aznar. A continuación, los restos mortales del cabo fueron incinerados en el tanatorio de Gijón.

Con este atentado la banda terrorista ETA había querido reaccionar de forma inmediata a la detención en Francia de los dirigentes Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mujika el día 16 de septiembre. Para ello ordenó a tres grupos de la banda que actuaran de forma simultánea contra la Guardia Civil. El primero, que tenía previsto cruzar la frontera por Huesca y atentar de inmediatamente contra una patrulla de la Guardia Civil en Guipúzcoa, fue desarticulado por la Policía francesa el viernes 20 de septiembre. En el momento de su captura se les intervino una mochila con dinamita. El segundo grupo estaba formado por dos etarras que murieron la noche del lunes 23 de septiembre en el barrio bilbaíno de Basurto, al explotarles la carga de dinamita (entre 10 y 15 kilos) que transportaban en un coche. El tercer grupo logró al día siguiente, martes 24 de septiembre, su objetivo, asesinando a Juan Carlos Beiro.

Cuatro días después, el 28 de septiembre, unas cincuenta mil personas se manifestaron por las calles de Pamplona bajo el lema "Paz y Libertad/Bakea eta Askatasuna. ETA no", manifestación en la que participó su viuda, María José Rama, que tomó la palabra al final de la misma para agradecer las muestras de cariño recibidas.

El asesinato de Juan Carlos Beiro sigue, de momento, impune. Cuando se cumplió el cuarto aniversario del atentado, su viuda pidió "a todas las personas con capacidad de decisión", especialmente al Gobierno central, que "no abandonen nunca la investigación, y que no paren, sean cuales sean las coyunturas políticas, hasta que los asesinos" de su marido y de otras personas a las que mataron "por defender las ideas democráticas, la Constitución y la legalidad vigente, paguen, tras un juicio justo, sus delitos con las penas que correspondan". Y añadió que "solamente en ese caso podremos descansar en parte". En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la viuda de Juan Carlos pedía por favor que los encontrasen, los detuviesen y los juzgasen, porque "la memoria y el enorme sacrificio de las víctimas exigen ese esfuerzo". María José Rama se lamentaba de que "sus compañeros de la Guardia Civil como el resto de cuerpos y Fuerzas del Estado" hubiesen intentado "sin éxito, identificar y posteriormente detener a sus asesinos". "Esto no ha sido posible hasta ahora, lo cual nos hace sumar al enorme sufrimiento por la pérdida de mi marido, el dolor de saber que nada se sabe sobre quiénes lo mataron". Y finalizaba diciendo: "Sé que sus compañeros no olvidarán nunca a Juan Carlos, y quiero asegurar que su familia nunca olvidará a la Guardia Civil".

Juan Carlos Beiro Montes, de 32 años de edad, estaba casado con María José Rama, y tenían dos hijos, un niño y una niña, mellizos de 6 años. Era natural de Cotorraso, en el municipio de Langreo (Asturias) y vivía en el barrio de La Milagrosa de Pamplona. Beiro Montes llevaba tres meses destinado en Leiza cuando fue asesinado. Antes de ingresar en la Guardia Civil fue soldado profesional y su primer destino como agente de la Benemérita fue Pesués (Cantabria), tras el cual fue destinado a Pamplona. Juan Carlos, además, era un gran deportista, y cuando fue asesinado se estaba preparando para correr la maratón de Asturias. El Palacio de Deportes de Langreo, por decisión de su Ayuntamiento en 2007, lleva su nombre, como ya lo llevaba previamente el circuito de carreras del paseo de los Llerones de Sama, donde Juan Carlos solía entrenar. Además, cada año se celebra el Memorial Juan Carlos Beiro, carrera popular con la que se mantiene viva la memoria de la víctima

NI OLVIDO NI PERDON


http://clientes.vianetworks.es/perso...ncabobeiro.htm

Publicado en el Mundo. Uxue Barkos y María José Rama, hoy en Leiza. Iván Aguinaga EFE
Tensión. Mucha. Navarra vive momentos políticos convulsos. La posición de fuerza en esta comunidad de la izquierda abertzale ha tensado aún más la relación con las víctimas del terrorismo.



Y hoy se ha vivido un nuevo episodio, durante el homenaje en Leiza al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA hace 13 años con una bomba trampa.

María José Rama, su viuda, no entendió muy bien la presencia allí de la nueva presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. El hecho de que la líder de Geroa Bai haya alcanzado el poder apoyada por la izquierda abertzale y que para ello haya permitido que la Alcaldía de Pamplona esté en sus manos ha generado aún más malestar entre las víctimas de ETA.

La distancia marcada por el Ejecutivo navarro con la última operación de la Guardia Civil contra la cúpula de ETA también aumentó la tensión.

Y cuando la presidenta navarra acudió a saludar a la viuda, tras el acto, tras escuchar duras críticas a la gestión política del terrorismo y a la equidistancia que ahora detectan, saltó el rifirrafe que todos los presentes intuían.

Uxue Barkos se dio por aludida. La viuda, que estuvo acompañada por sus hijos y por los padres del guardia civil, destacó que en los últimos años «las cosas han cambiado en Navarra», también en Leiza, donde «hay personas que hasta hoy nunca habían venido a este homenaje». Rama se preguntó «cómo es posible que personas que no llaman al terrorismo por su nombre pretendan honrar la memoria de una víctima».

«Me pregunto qué pensaría Carlos si viese que quienes desacreditan el trabajo de sus compañeros vienen hoy al sitio donde lo mataron por ser, precisamente, un guardia civil. Me pregunto cómo alguien que se apoya en quienes justifican a ETA para presidir un Gobierno puede venir a un homenaje a un asesinado», resaltó.

«Si mis hijos me preguntan el porqué de todo esto, sólo podré decirles que se trata de un ejercicio de cinismo», apuntó la viuda del agente que añadió: «Personas que no llaman al terrorismo por su nombre están hoy aquí».

Aseguró que había acudido al acto «para decir alto y claro a quienes ahora quieren recordar a Carlos que primero tienen que limpiar su conciencia».

Uxue Barkos se acercó a saludarla y a rebatirle: «Que sepas que yo tengo la conciencia muy tranquila», le indicó a la viuda del guardia civil. A lo que María José le respondió: «Y que tú sepas, y te lo puedo asegurar, que yo duermo tranquila todas las noches».

Esas fueron las palabras de la viuda de un compañero.

El lunes 25 de septiembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián un Land Rover de la Guardia Civil, matando en el acto a LORENZO SOTO SOTO, conductor del vehículo, y a JOSÉ ZAFRA RÉGIL.

Los dos guardias civiles estaban destinados en el economato de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián, y una de sus funciones era el aprovisionamiento de alimentos. Por ese motivo se trasladaban regularmente al Mercado Central de frutas y verduras de Atocha en San Sebastián, como hicieron esa mañana del 25 de septiembre. Vestidos con monos azules de faena, Lorenzo y José fueron al mercado y cargaron el vehículo con cajas de frutas y verduras. En torno a las 8:30 horas, cuando se disponían a regresar al cuartel, tres terroristas con el rostro cubierto con medias negras se situaron a ambos lados y frente al Land Rover, acribillando a balazos a los dos guardias civiles. El cuerpo de José Zafra recibió veintiún impactos de bala, mientras que su compañero, Lorenzo Soto, presentaba diecisiete. Ambos fallecieron en el acto en el interior del vehículo, sin tener tiempo de utilizar sus armas, que aparecieron en los asientos del automóvil.

Los tres asesinos, tras guardar sus armas en unas bolsas de deporte, huyeron del lugar en un vehículo en el que les esperaba un cuarto terrorista. El coche, un Renault 8, había sido robado previamente a punta de pistola a un vecino del barrio de Alza, al que obligaron a subir al mismo, dejándolo atado y amordazado en el monte de Artikutza. El coche, que aguardaba a escasos metros del lugar del atentado, sufrió una avería mecánica, por lo que los cuatro terroristas tuvieron que abandonarlo precipitadamente y parar a un taxi, obligando al conductor a trasladarlos hasta el barrio de Bidebieta, en la carretera de San Sebastián a Irún. Allí se bajó uno de los etarras, mientras que los tres restantes lo hicieron poco después, en la zona de Herrera.

Hora y media después del atentado los cuerpos sin vida de los dos guardias civiles llegaban al Hospital Militar, situado a pocos metros del lugar de los hechos. A primeras horas de la tarde se les practicó la autopsia y se instaló la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil del paseo de Heriz.

Al día siguiente, martes 26 de septiembre, se celebró el funeral por los dos guardias civiles asesinados en la parroquia de San Sebastián Mártir, en el barrio del Antiguo. Varios centenares de personas profirieron gritos de "ETA asesina", "Viva la Guardia Civil", "Hasta cuando" y "Caídos por Dios y por España". Hubo insultos al gobernador civil de la provincia, Ramón Oyarzábal, que cuando se disponía a entrar en su coche casi es agredido por uno de los asistentes. Los continuos atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban provocando un aumento de la tensión en determinados sectores sociales. Porque no sólo eran los asesinatos, sino el acoso continuado a las familias de policías y guardias civiles. En una reunión de esposas de guardias civiles, de la que se hizo eco El Correo (28/09/1978), se relataron las vejaciones a las que se veían expuestas por el mero hecho de estar casadas con miembros de la Benemérita. Estas vejaciones iban desde la colocación de gatos muertos a la entrada de sus viviendas, hasta la negativa a venderles productos en algunos comercios.

Ese mismo día 26 de septiembre, ETA militar reivindicaba el asesinato de los dos guardias civiles, exigiendo en el comunicado la aceptación de la alternativa KAS (Coordinadora de Grupos Socialistas Abertzales) como única solución a los problemas del País Vasco.

Tres meses después del atentado fueron detenidos José Miguel Azurmendi Albizu y Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria, miembros del grupo Goyerri Costa de ETA, que fueron condenados por la Audiencia Nacional en diciembre de 1979. Azurmendi Albizu fue encontrado culpable del asesinato de Lorenzo Soto y José Zafra, por lo que fue condenado a una pena de 30 años de prisión mayor. Sarasqueta, que había intervenido en la preparación del atentado, fue condenado por un delito de conspiración de terrorismo a 7 años de prisión mayor. Durante la celebración del juicio el 12 de diciembre de 1979 los dos procesados comenzaron a hablar sobre torturas, por lo que tuvieron que ser trasladados a los calabozos. El público asistente comenzó a gritar durante el desalojo de los etarras, por lo que el juicio tuvo que continuar a puerta cerrada una vez que el tribunal decidió echar también a los asistentes al mismo.

Lorenzo Soto Soto tenía 24 años. Era natural de Lorca (Murcia) y estaba soltero. Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1974. Antes de ser destinado a San Sebastián, Lorenzo estuvo en Manresa, su primer destino, y en Azpeitia. Su padre, que también fue guardia civil, trabajaba como taxista en Barcelona cuando su hijo fue asesinado.

José Zafra Régil tenía 30 años. Era natural de Puigcerdá (Gerona) y estaba casado con una alavesa con la que tenía un hijo de 4 años. Ingresó en la Guardia Civil en mayo de 1968. Su asesinato causó una gran conmoción en Granada, donde residía su familia.

Pasadas las doce y media de la madrugada del 28 de septiembre de 1984, la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles VICTORIANO COLLADO ARRIBAS, AGUSTÍN DAVID PASCUAL JOVE y JOSÉ LUIS VEIGA PÉREZ, y hería a otros cinco, uno de ellos, Manuel Gallardo Jiménez, de gravedad, en un atentado con bomba-trampa en una zona situada entre las localidades alavesas de Elburgo y Alegría. La bomba, de gran potencia, estaba colocada entre la maleza en un talud lateral de la vía férrea.


La explosión se produjo una hora después de que una voz anónima advirtiera al cuartel de la Policía Municipal de Vitoria de la existencia de una bomba en la vía férrea, "cerca del cementerio" de la citada localidad, en una zona entre Elburgo y Alegría, que estallaría en un plazo de treinta minutos. La Policía Municipal avisó, a su vez, a la Guardia Civil, que desplazó al lugar un dispositivo con agentes de tres unidades: una brigada de desactivación de explosivos formada por dos agentes y un guardia conductor al mando del sargento primero José Luis Veiga Pérez, protegida por una patrulla de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) y por otra unidad procedente del puesto de la Guardia Civil de Alegría.
Los asesinos de la banda habían colocado una bomba en las vías, como anunciaba la llamada anónima, que actuó como señuelo, al tiempo que habían escondido una segunda carga explosiva en una senda rodeada de matorrales y alejada de la bomba señuelo. Un tren de pasajeros estaba parado en la vía esperando a que los especialistas determinasen si la bomba era real o no. A las 0:30 horas, mientras avanzaban inspeccionando las vías hacia donde se suponía que estaba la bomba, uno de los agentes tropezó con un fino sedal oculto entre la maleza que, unido al detonante, activó la carga de la bomba-trampa colocada en el talud lateral, y que contenía unos 8 kilos de Goma 2. "Aunque ellos no solían trabajar cuando se iba la luz del sol, por seguridad, el hecho de que hubiera unas personas retenidas en el tren hizo que intentaran localizar y desactivar la bomba. Pero era una trampa", recuerda Charo Sierra, viuda del sargento Veiga Pérez, en una entrevista el 16/09/2009 en soitu.es.


La explosión fue muy violenta y alcanzó a ocho guardias civiles. De ellos, tres fallecieron casi en el acto: el cabo Agustín David Pascual Jove, el guardia segundo Victoriano Collado Arribas, y el sargento primero José Luis Veiga Pérez, que dirigía el grupo de miembros del Tedax. Otros cinco guardias ingresaron, a la una de la madrugada, en el Hospital de Santiago Apóstol de Vitoria. El más grave, Manuel Gallardo Jiménez, presentaba a su ingreso fractura craneoencefálica, politraumatismo, estallido del globo ocular izquierdo (perdió la visión en ese ojo), herida penetrante en tórax, fractura del codo izquierdo y traumatismo abdominal. También fueron ingresados, con pronóstico "menos grave", los guardias José Pérez Vergara, que presentaba múltiples lesiones y contusiones en cara, tórax y muslo derecho, y Manuel Antonio López Cano, con perforación de tímpano y herida en la rodilla derecha producida por la metralla. Fueron dados de alta a las pocas horas José Antonio Marín Zafra y Esteban Jesús Torres Rodríguez, que presentaban diversas contusiones.


Tras la evacuación de los heridos, el GAR acordonó la zona para continuar el reconocimiento de la misma a la luz del día. En ese segundo reconocimiento se localizó adosado a uno de los raíles de la vía férrea un artefacto simulado, envuelto en una bolsa de plástico similar a las de basura. Atacada a distancia por disparos de escopeta, se comprobó a continuación que en su interior sólo contenía piedras.


Al día siguiente, 29 de septiembre, se celebraba el funeral por los tres guardias civiles en Vitoria en un ambiente de gran tensión, pero sin que llegasen a producirse incidentes de importancia. Una mujer, familia de una de las víctimas, dijo con voz firme dirigiéndose al ministro del Interior: "Barrionuevo, no les perdones". Cuatro o cinco personas de entre las presentes, repitieron: "no, no les perdones". Un momento después, la madre de uno de los guardias asesinados dijo: "Aquí todos somos personas, los guardias son personas como los demás".


Los tres féretros, a hombros de sus compañeros, fueron conducidos a continuación, en un recorrido de unos quinientos metros por varias calles del centro de la ciudad, hasta la Iglesia de San Miguel. Se tardó más de media hora en hacer el recorrido debido a la cantidad de gente que se agolpaba en las calles para rendir un homenaje a los tres guardias civiles asesinados. La comitiva, encabezada por una banda militar, que durante todo el trayecto fue interpretando la marcha fúnebre de Chopin, estaba también integrada por sendas compañías de la Guardia Civil y de los GAR. Los féretros fueron conducidos en medio de un silencio impresionante, sólo roto esporádicamente por los aplausos de las personas que se agolpaban en los bordes de la calzada.


Victoriano Collado Arribas, guardia segundo de 21 años, era natural de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres), donde fue enterrado tras un funeral al que asistieron unos cuatro mil vecinos. Su padre era también miembro de la Guardia Civil. Victoriano estaba soltero y había ingresado en el cuerpo con 19 años. Estaba trabajando temporalmente en el País Vasco, porque su destino cuando fue asesinado era Toledo.


Agustín David Pascual Jove, cabo de la Guardia Civil de 23 años, era natural de Madrid. Estaba casado y sin hijos. Igual que su compañero Victoriano Collado, había ingresado en la Guardia Civil con 19 años y su padre era teniente del Instituto Armado destinado en la Agrupación de Tráfico de Madrid. Agustín también estuvo destinado en el Servicio de Tráfico antes de ser trasladado al País Vasco. Los restos mortales del cabo Pascual Jove fueron enterrados en el madrileño cementerio de Carabanchel.


José Luis Veiga Pérez, sargento de la Guardia Civil de 40 años, era natural de la localidad vizcaína de Amorebieta aunque residía en La Coruña. Estaba casado con Charo Sierra y era padre de dos hijos: José Luis, de 8 años, y David, de 4. El diario ABC publicó el 29 de septiembre la carta que José Luis Veiga había remitido a sus superiores dos años antes, en la que expresaba su deseo de continuar en el Servicio de Desactivación de Explosivos al que pertenecía desde 1980: "Deseo continuar en la especialidad, en primer lugar por una cuestión de amor propio profesional: quiero dominar mi trabajo, ya que las tareas que he emprendido me ha gustado culminarlas (...) Este deseo de continuar no significa que desprecie el riesgo, pero en mi modesta opinión considero que el riesgo de nuestra misión no es superior al de otros componentes del cuerpo". Efectivamente, el riesgo venía "determinado en función del lugar en el que se desarrolla nuestra misión. En el norte corremos mayor peligro". De hecho, ni el cabo Pascual Jove ni el guardia Collado Arribas, asesinados en el mismo atentado, pertenecían al Tedax, sino al puesto de la Guardia Civil de Alegría. José Luis Veiga Pérez, que además de guardia civil había estudiado Magisterio y estaba licenciado en Derecho, había ingresado en el Instituto Armado siguiendo los pasos de su padre y de tres hermanos. El día antes del atentado su hijo David cumplía 4 años, y José Luis había previsto ir a la celebración del mismo. La víspera llamó a su mujer para decirle que no podía ir, con el consiguiente disgusto de Charo. Era la primera vez que fallaba al cumpleaños del niño. Además, a José Luis no le tocaba ese año desplazarse desde La Coruña al País Vasco, pero un compañero de equipo acababa de casarse y ocupó su puesto para no hacerle una faena. El 27 llamó a su hijo para felicitarle y se despidió de su mujer con un "te quiero, hasta mañana". "Pero esa mañana no llegó nunca y nunca pude volver a hablar con él" (revista Fundación Víctimas del Terrorismo, nº 15, junio 2006). Tras la fiesta del cumpleaños de David, la casa quedó hecha un desastre, pero Charo estaba agotada y se quedó dormida. "A eso de las doce y media, justo a la hora que asesinaban a José Luis, me sobresalté y comencé a ponerme a limpiar y acabé sobre las tres. Nada más acostarme, llamaron a la puerta y me encontré a mi cuñado y a un compañero y dije: 'le han matado, ¿verdad?'. Era una angustia que arrastraba desde hacía mucho tiempo, y aquella noche se confirmó" (soitu.es, 16/09/2009). En la misma entrevista cuenta cómo fue la espera en el aeropuerto de Santiago de los restos mortales de su marido, con gran retraso del avión. "Llamé a Vitoria para saber qué ocurría, y me dijeron que estaban teniendo problemas para encontrar un cura que oficiara una misa a los tres difuntos. Yo les dije que no perdieran ni un minuto más, que aquí sobraban curas para dar misas. Luego leí en los periódicos que había veinte religiosos despidiéndoles... vamos, anda, no me lo creo...". La vida le cambió radicalmente, como a tantas viudas que ha dejado la banda terrorista ETA en más de cinco décadas de asesinatos. Primero tuvo que pasar por el trance de contarle a sus hijos lo que había pasado: "Tuve que decirles que papá, por ser buena persona y tratar de salvar la vida de otros, había dado la suya y estaba muerto. Les di la opción de ir a verle y despedirse de él, o quedarse en casa y guardar el recuerdo que tenían. Y con eso han crecido, con admiración y cariño hacia su padre y con la cabeza muy bien amueblada para no tener odio hacia los asesinos". Después vinieron las penurias económicas, comunes a tantas víctimas del terrorismo: "durante más de un año y medio, las autoridades no determinaron que lo que había ocurrido aquella noche en Elburgo fue un atentado terrorista". Por eso no pudo cobrar indemnización y sobrevivió económicamente con unos préstamos que le hizo la Guardia Civil. "Eso sí que tuve que devolverlo religiosamente..." (soitu.es, 16/09/2009).

Poco después de las cuatro de la tarde del sábado 4 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en el centro de Salvatierra (Álava) al cabo AVELINO PALMA BRIOA, al agente ÁNGEL PRADO MELLA, y al cabo primero JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PLATAS, minutos antes de que se iniciase la prueba ciclista que daba inicio a las fiestas patronales.

Para cometer este execrable crimen contaron con la inestimable ayuda de Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, cura proetarra de Salvatierra que facilitó a la banda todos los datos sobre la participación de los tres motoristas de la Guardia Civil de Tráfico en la tradicional edición de la carrera ciclista que se celebraba en la localidad de Salvatierra. El cura de Salvatierra facilitó días antes del 4 de octubre a miembros de la banda los datos de la carrera –ubicación de los guardias civiles, horarios y recorrido- y el mismo día, minutos antes de que empezase la prueba, les indicó con la mano el lugar exacto en el que iban a estar los agentes.

La prueba ciclista, conocida como la carrera del Rosario, era el primer acto organizado de las fiestas, antes del lanzamiento del chupinazo, y tenía una gran tradición en la localidad alavesa de Salvatierra, población de unos 2.000 habitantes. Ese año se celebraba la XXVIII edición de la misma, en la que participaban medio centenar de corredores entre aficionados, cadetes e infantiles.

Hacia las 16:00 horas los participantes esperaban en la línea de salida a que diese comienzo la carrera. También estaban listos los tres guardias civiles de Tráfico que debían preceder a los ciclistas para abrirles paso y organizar el tráfico durante la celebración de la prueba. Dos de ellos estaban montados en las motos, mientras el cabo primero José Luis Vázquez Platas conversaba con el director de la carrera para ultimar los detalles de la misma. A las 16:06 horas miembros del grupo Araba de ETA, tras recibir las indicaciones del cura, se acercaron a Avelino Palma y Ángel Prado y los tirotearon hasta la muerte, mientras José Luis Vázquez intentó ocultarse bajo un vehículo, aunque fue inútil: los etarras fueron hacia él y lo tirotearon en el suelo. Avelino y Ángel también fueron rematados en el suelo.

Los asesinos huyeron en un vehículo Simca 1200 de color blanco, robado a punta de pistola en Vitoria dos días antes, que poco después fue encontrado en el puerto de Opacua, en la carretera comarcal de Salvatierra a Mesta. Desde primeras horas de la tarde la Guardia Civil estableció varios controles en la carretera nacional Madrid-Irún, en los alrededores de Salvatierra, tanto en dirección a Irún como a Vitoria, lo que provocó que se formaran largas caravanas de vehículos en los dos sentidos de circulación.

Los cuerpos sin vida de los guardias fueron trasladados al Hospital Militar de Vitoria donde a última hora de la noche del sábado 4 de octubre se les practicó la autopsia. Una vez finalizada, los féretros fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Álava, donde se instaló la capilla ardiente. El funeral de cuerpo presente se celebró al día siguiente, domingo 5 de octubre, a las 13:30 horas, en la catedral de María Inmaculada, de Vitoria. Al final del acto, los cadáveres de los guardias civiles fueron trasladados a sus pueblos natales.

Durante la celebración del juicio en octubre de 2003, contra Ignacio Arakama Mendía, alias Makario, y el cura de Salvatierra (por entonces excura), Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, la viuda de José Luis Vázquez Platas, Gema López Quintanal, acusó por su implicación en el crimen a María Luisa Murguiondo, entonces alcaldesa del pueblo, al cura Arrieta Pérez de Mendiola y a varios vecinos de la localidad. Gema López, que intervino en la primera sesión del juicio, explicó que cuando su marido fue asesinado, ella se encontraba en casa esperándole, por lo que fueron sus compañeros quienes le transmitieron sus sospechas sobre la complicidad del cura Arrieta, de la entonces alcaldesa -perteneciente a una coalición independiente apoyada por HB- y del director de la prueba ciclista con los integrantes del grupo Araba de ETA que cometieron este atentado. "La salida de la vuelta estaba prevista para las tres de la tarde y salió a las cuatro menos diez, y ellos les entretuvieron hasta que llegó el coche con los asesinos", sostuvo la viuda de Vázquez Platas. Para demostrar la estrecha relación del excura con Murguiondo, destacó que cuando Arrieta fue detenido días después del atentado "estaba en la cama con la alcaldesa". Relató, además, que cuando los terroristas dispararon contra los guardias civiles, su marido fue alcanzado sólo en un brazo, por lo que trató de esconderse detrás de un coche, pero en ese momento "la gente del pueblo gritó que quedaba uno vivo" y los etarras volvieron para rematarlo.

Antes de la intervención de Gema López Quintanal declararon los dos acusados. Makario admitió su participación en los asesinatos y trató de exculpar al excura quien, en su declaración, negó haber facilitado a los etarras datos sobre el itinerario de la carrera. El fiscal solicitaba 92 años para Makario y 81 para el excura, recordando que Arakama Mendía siempre había negado su participación en los hechos hasta su declaración en el juicio, y señalando que ahora reconocía su implicación para "exculpar" a Arrieta. El fiscal sostuvo, además, que la participación del cura Arrieta fue "tan determinante" que sin ella "los hechos no podrían haberse desarrollado". El piadoso sacerdote ya había sido condenado anteriormente a año y medio de prisión por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada, acusado de trasladar a miembros liberados de la banda asesina ETA y de llevar mensajes a la dirección de la banda en Francia. Ismael Arrieta había sido puesto en libertad en enero de 1982. Fue detenido el 15 de octubre de 1980, y en la sentencia en la que fue condenado por colaboración se dejaba la puerta abierta para juzgarle por el triple asesinato de Salvatierra.

Según el escrito de acusación del fiscal, Ignacio Arakama Mendía, Makario, y José Lorenzo Ayestarán Legorburu; Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu; José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana; Miguel Lopetegui Larrarte y Ascensión María Urrite Riallos, Txiki-Txiki, decidieron dar muerte a los guardias civiles que iban a dar protección y ordenar el tráfico con motivo de una carrera ciclista que iba a tener lugar en Salvatierra. Los días anteriores al 4 de octubre de 1980, día de las fiestas de Salvatierra, el cura Arrieta se entrevistó dos o tres veces con Ayestarán y Aristimuño y les comunicó el día y la hora a la que saldría la carrera. El mismo día de los hechos se encontró en la localidad alavesa con los dos citados y con López de Lacalle, señalándoles con la mano el punto concreto desde el que iba a salir la carrera y en el que se encontraban los guardias civiles, que era distinto al que inicialmente les había indicado. Mientras tanto, Arakama Mendía se encontraba a bordo de un Simca 1200 que habían sustraído a punta de pistola en Vitoria dos días antes. El acusado se quedó en el automóvil esperando con el motor en marcha, mientras que Lopetegui fue el encargado de cubrir el atentado, armado con una metralleta Uzi. Ayestarán, Aristimuño y López de Lacalle se acercaron a los guardias justo en el momento en el que se encontraban conversando con el organizador de la competición y les dispararon con las pistolas que portaban desde una distancia muy próxima. Aristimuño dio muerte al cabo primero José Vázquez Platas; Ayestarán hizo lo propio con el guardia Avelino Palma Brioa y López de Lacalle mató al guardia Ángel Prado Mella.

Finalmente, Arakama Mendía fue condenado a 61 años de prisión menor por colaborar en el asesinato de los tres guardias civiles, mientras que Arrieta Pérez de Mendiola lo fue a 30 años de prisión mayor como cómplice. En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la pena a Arrieta por dilación indebida en el proceso, dada la tardanza del Fiscal al interponer la denuncia contra el exsacerdote, pues no lo hizo hasta septiembre de 2000, cuando los hechos fueron cometidos en 1980. De esta forma, Arrieta vio reducida su pena en 12 años, siendo condenado a 6 años de cárcel por cada uno de los asesinatos.

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Basari y Fanecas, autor material del asesinato de Avelino Palma Brioa, fue detenido en Francia en marzo de 2010. Fue uno de los etarras que, en su momento, se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, lo que no impidió que se reintegrase inmediatamente en la banda asesina. Entre 1978 y 1983 fue responsable de diez asesinatos, un secuestro y una decena de atentados. En 1984 fue detenido en Francia y deportado a Venezuela. En 1996 el Gobierno español pidió su extradición, cosa que Venezuela no sólo no concedió, sino que en 2006 el Gobierno presidido por Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la nacionalidad venezolana. En los últimos años habría vuelto a integrarse en las filas de ETA y a ocupar cargos de confianza dentro de la banda. En febrero de 2011 la justicia francesa autorizó la extradición a España de Ayestarán Legorburu para que sea juzgado, entre otros, por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra.

Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu, autor material del asesinato de Ángel Prado Mella, fue detenido por segunda vez en Francia el 2 de abril de 2004, y juzgado en este país en enero de 2010. Durante su comparecencia ante el Tribunal de lo Criminal de París declaró sentirse orgulloso de pertenecer a ETA. Anteriormente, en 1994, el etarra había sido detenido y condenado por asociación de malhechores, saliendo de la cárcel en julio de 2000. Desde entonces, Mobutu había permanecido bajo vigilancia policial en el departamento de Creuse, en las cercanías de la capital francesa. Sin embargo, Mobutu huyó del hotel donde estaba en residencia vigilada cuando estaba a la espera de ser expulsado a España. En septiembre de 2005 el Tribunal de Apelación de París rechazó la demanda de extradición presentada por España contra el histórico dirigente etarra por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra por prescripción del caso según el derecho francés.

El tercer autor material del atentado, José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana, que asesinó personalmente al cabo primero José Vázquez Platas, resultó muerto en 1981 en un enfrentamiento con la Policía, en una operación en la que fue detenido Miguel Lopetegui Larrarte, también participante en el triple asesinato de Salvatierra. Lopetegui se suicidó en su celda de la cárcel de Herrera de la Mancha en marzo de 1988. Por último, Ascensión María Urrate Riallos, huido en Sudamérica durante muchos años, solicitó en 1994 volver a España, aquejado de un cáncer terminal. Llegó procedente de México en octubre de 1994, acompañado de su mujer y un hermano, falleciendo al mes siguiente.

Avelino Palma Brioa cabo de la Guardia Civil, era natural de Olivenza (Badajoz) y tenía 31 años. Estaba casado con Manuela Orantos y tenía dos hijos de 2 y 3 años. Cuando estuvo destinado en San Sebastián se vio involucrado en un tiroteo con miembros de ETA que habían atacado una antena de comunicaciones en el monte Igueldo. Avelino, que se encargaba de la protección de la misma, resultó ileso, aunque dos compañeros resultaron heridos. La reacción de Avelino fue lo que provocó la huida de los terroristas, y esta actuación le valió su ascenso a cabo. Posteriormente fue destinado a Burgos, pero pidió el traslado voluntario a Álava para poder cobrar el plus de dieciséis mil pesetas que recibían los guardias civiles destinados en el País Vasco. Manuela Orantos y sus dos hijos seguían viviendo en Badajoz, aunque Avelino ya había alquilado un piso en Vitoria para que la familia se mudase con él. En un acto homenaje del Gobierno vasco a las víctimas del terrorismo en el año 2007, Manuela Orantos contó que no tuvo valor para ir a Vitoria al funeral: "Con veintinueve años me quedé sola, con mis pequeños, sin aquel maldito plus y con un salario de miseria. Nadie me hizo caso, nadie me acompañó, nadie me apoyó. Nunca tuve una voz de ánimo o de apoyo desde el País Vasco y tampoco desde otras partes de España". En 1994 el Ayuntamiento de Olivenza homenajeó a Avelino Palma. En el acto se descubrió una placa. Quienes retiraron la bandera española que cubría la placa fueron los dos hijos de Avelino, que entonces tenían 16 y 17 años.

Ángel Prado Mella, guardia civil de 26 años y soltero, era natural de Sobrado de los Monjes (La Coruña). Se había incorporado a la comandancia de Álava en septiembre de 1980, un mes antes de ser asesinado.

José Luis Vázquez Platas, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Coiro (La Coruña) y llevaba dos años destinado en Álava. Estaba casado con Gema López Quintanal desde el 10 de mayo de 1980, cinco meses antes de ser asesinado, tras cinco años de noviazgo. Gema, natural de Mieres (Asturias) se encontraba embarazada de su primer hijo, una niña, cuando asesinaron a José Luis. El 4 de octubre de 1980 era sábado y a José Luis Vázquez le tocaba librar del servicio, pero a última hora le avisaron de que tenía que suplir a un compañero. "Comimos juntos y se incorporó al trabajo a las tres de la tarde. Una hora y cuarto después, se producía el atentado", contó su viuda en 2010. Estaba en casa cuando oyó unas sirenas, pero no le dio mayor importancia hasta que sonó el timbre de su puerta. Al abrir y ver a dos compañeros de su marido, entre ellos al que había sustituido ese día, no necesitó más comentarios. "Supe ya qué había pasado". "El atentado me cambió los biorritmos. No voy a perdonar ni a olvidar jamás a los sin nombre". No quiere oír hablar de negociación con los terroristas de ETA porque todas las esperanzas de treguas acaban siempre en frustración. Su mayor motor y apoyo para seguir ilusionada en el día a día ha sido la hija que nunca llegó a conocer a su padre. "Ella ha sido sin duda mi oxígeno", contó Gema muy emocionada (La Voz de Asturias, 05/04/2010).

A las 13:45 horas del domingo 5 de octubre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles ESTEBAN MALDONADO LLORENTE, JESÚS PASCUAL MARTÍN y JUAN MORENO CHAMORRO haciendo explotar una carga compuesta por dinamita y unos trescientos tornillos al paso del Land Rover en el que los agentes regresaban al cuartel desde el santuario de Aránzazu, cerca de Oñate (Guipúzcoa).

La mañana de ese domingo una patrulla de guardias civiles, al mando del cabo José Gómez Castillo, y con Juan García Lorente como conductor, fue enviada desde el puesto de Mondragón (Guipúzcoa) hasta el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu para retirar una ikurriña, cuyo despliegue estaba en esos momentos prohibido. Los guardias civiles inspeccionaron la zona, ante el temor de que la bandera tuviera conectada algún explosivo, pero sólo estaba unida a un paquete con arena, por lo que procedieron a retirarla y emprendieron el regreso al puesto de Mondragón.

A un kilómetro del santuario la banda terrorista ETA había escondido, en un talud a la derecha de la carretera, una potente bomba, señalada con una marca roja para poder activar el artefacto cuando el Land Rover de la Guardia Civil se encontrase sobre el mismo. El artefacto fue accionado con un mando a distancia y alcanzó de lleno al vehículo de la Guardia Civil, que salió despedido a unos veinte metros de distancia, dando varias vueltas de campana. Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro murieron en el acto y sus cuerpos quedaron totalmente destrozados, dos de ellos tendidos en la carretera y el tercero en una cuneta. Resultaron gravemente heridos el cabo José Gómez Castillo, de 29 años, casado, con un hijo y natural de Agudo (Ciudad Real), y el conductor Juan García Lorente, de 27 años, soltero y natural de Marchal (Granada).

Los primeros en llegar al escenario del crimen fueron varios padres franciscanos que procedían de Oñate y se dirigían al santuario. Los guardias fallecidos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, al cual estaban adscritos, donde se instaló la capilla ardiente, y los heridos fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo.

A la una del mediodía del día siguiente, 6 de octubre, tuvieron lugar los funerales por los tres guardias civiles en la de Iglesia San Juan Bautista de Mondragón, que fueron concelebrados por cuatro sacerdotes. Finalizado el acto religioso, se cantó el Cara al Sol delante de los tres féretros colocados a la entrada del templo. Seguidamente, el director general de la Guardia Civil y el gobernador civil de Guipúzcoa impusieron a las víctimas la Medalla al Mérito Militar y la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, concedidas a título póstumo.

El 10 de octubre la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado a través de un comunicado enviado a medios de comunicación de París.

Esteban Maldonado Llorente había nacido el 3 de enero de 1955. Tenía 20 años y estaba soltero. Destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, era natural de San Pedro de Mérida (Badajoz). Sus restos mortales se enterraron en Almería, ya que parte de su niñez la había pasado en el Cabo de Gata, donde su padre, también guardia civil, igual que otro hermano, había estado destinado.

Jesús Pascual Martín había nacido el 2 de junio de 1950, por lo que tenía 25 años cuando fue asesinado. Natural de Villaverde de Íscar (Segovia), estaba soltero y hacía ocho meses, en febrero de 1975, que había ingresado en la Guardia Civil, nada más terminar el servicio militar. Su primer y único destino fue el puesto de Mondragón. Ese día no le tocaba estar de servicio, pero lo cambió para hacer un favor a un compañero. El 19 de julio de 2011 se celebró un homenaje en la localidad natal de Jesús Pascual al que asistieron tres de los cuatro hermanos: Eloísa, Carmen y Juan José Pascual Martín. Sólo faltó Teo, la otra hermana, que en la actualidad reside en Santander tras vivir varios años en Alemania (El Norte de Castilla, 19/07/2011).

Juan Moreno Chamorro había nacido el 8 de mayo de 1949. Tenía 26 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Natural de Villamesías (Cáceres), estaba destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, igual que sus dos compañeros asesinados.

Hacia las 13:00 horas del sábado 8 de octubre de 1977 la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica disparando varias ráfagas de metralleta al presidente de la Diputación de Vizcaya, AUGUSTO UNCETA BARRENECHEA, y a los guardias civiles ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-SEGURA y ÁNGEL RIVERA NAVARRÓN, que formaban parte de su escolta.

Como todos los sábados a la misma hora, Augusto Unceta se dirigía a jugar un partido de pala con unos amigos al frontón Jai Alai de Guernica, tras haber estado en la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. fundada por su padre. Al llegar al mismo, estacionó su vehículo en un aparcamiento próximo, mientras que los dos guardias de su escolta, que viajaban en otro vehículo, se detuvieron un poco más adelante. En el momento en que abrió el maletero para coger la bolsa con su ropa de deporte, recibió un primer impacto de bala en la cabeza, al que siguió una ráfaga de ametralladora. Fue acribillado a tiros, recibiendo once impactos de bala que le causaron la muerte en el acto.

Sus escoltas dieron marcha atrás para alejarse del foco de los disparos, pero chocaron con otro turismo ocupado por tres personas. Antonio Rivera y Ángel Fernández fueron tiroteados por los terroristas desde el Seat 1430 con el que se habían desplazado hasta el frontón y en el que habían estado esperando la llegada del presidente de la Diputación. Los dos agentes consiguieron salir del vehículo y uno de ellos llegó a sacar su pistola, pero no pudo responder al fuego de los terroristas. Antonio Rivera recibió diecisiete impactos de bala, mientras que Ángel Fernández fue alcanzado por doce.

Este atentado se producía a las pocas horas de que ETA militar declarara a Radio Popular de Bilbao que "las movilizaciones populares y la lucha armada, continuaban siendo necesarias exactamente igual que hasta ahora, en tanto no se consiga la alternativa política que en su momento hizo pública KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista)", que contemplaba el proceso autonómico como el paso previo para llegar a la autodeterminación e implantar en el País Vasco un Estado socialista independiente. El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA a través de varias llamadas a medios de comunicación de Bilbao, supuso el inicio de una ofensiva de la rama ETA militar, que se había visto reforzada con la fusión de los grupos especiales, conocidos como Bereziak, procedentes de ETA político-militar.

Augusto Unceta había recibido en el año previo a su asesinato varias cartas de amenaza de ETA, donde se le decía que iba a morir a balazos disparados por miembros de la banda. En las semanas previas, estas cartas se habían repetido cada vez con mayor frecuencia e, incluso, se le había exigido el pago del llamado "impuesto revolucionario", que la víctima se negó a abonar. Las cartas amenazantes se intensificaron a raíz de que la Diputación de Vizcaya, con el consenso de todos los diputados, se hubiera opuesto a colocar la ikurriña, motivo por el que se enfrentó con el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa. El Ministerio de Interior le había asignado escolta desde que un año antes se produjo el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce Villar. El último acto oficial al que asistió Unceta fue, precisamente, una misa por el primer aniversario del asesinato de Araluce.

El asesinato de Unceta y sus escoltas provocó una repulsa general. El PCE calificó el acto de vil asesinato y el PNV de "acto negativo en el avance el pueblo vasco hacia la conquista de sus derechos" considerando que sólo favorecía a quienes querían desestabilizar el proceso político.

En diciembre de 1978 la Policía culminó una gran operación contra ETA, que llevó a la detención de José Antonio Torre Altonaga, alias Medios. Sus declaraciones sirvieron para identificar a los autores de diferentes atentados cometidos en los años anteriores. De este modo se pudo saber que en el asesinato de Augusto Unceta y sus escoltas participaron, presuntamente, los liberados de la banda José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto, y Francisco Javier Aya Zulaica, Trepa (ABC, 24/12/1978). Por otra parte, en la web de la Guardia Civil podemos leer que los asesinos fueron "capturados dos años más tarde. Sólo dos de ellos: Martín Apaolaza Azkargorta y Miguel Ángel Goyonetxea Fradua, se sientan en el banquillo, pero salen absueltos por falta de pruebas y prescripción de los delitos. Sumarios 47/89 y 18/90 de la Audiencia Nacional".

Antonio Hernández Fernández-Segura tenía 23 años. Estaba casado y era padre de un niño de seis meses. Ingresó en la Guardia Civil el 17 de febrero de 1975. Era natural de Baños de Graena (Granada) y llevaba muy poco tiempo destinado en Guernica.

Ángel Rivera Navarrón era natural de Socuéllamos (Ciudad Real) y estaba soltero. Había ingresado en el Cuerpo el 16 de diciembre de 1976, destinado al Servicio de Información. En agosto de 2008 el Ayuntamiento de Socuéllamos aprobó una propuesta del grupo municipal popular para dedicar una calle al guardia civil asesinado.

Hacia las seis y cinco de la tarde del día 9 de octubre de 1978 cuatro miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban en Elgóibar (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANSELMO DURÁN VIDAL. Sobre las 18:00 horas, Anselmo Durán salió vestido de paisano del cuartel de la Guardia Civil para dirigirse al centro del pueblo. Atravesó un puente sobre el ferrocarril de vía estrecha Bilbao-San Sebastián y descendió por las escaleras hasta la calle. En ese momento fue ametrallado desde un automóvil Ford Fiesta de color gris metalizado que estaba estacionado en las cercanías. En el interior del vehículo había cuatro terroristas que, seguidamente, se dieron a la fuga.

El cabo primero permaneció en el suelo sobre un gran charco de sangre hasta que fue recogido por un Land Rover que procedía del cuartel de la Guardia Civil. Una de las primeras personas que se acercó al herido fue su hijo Luis, de 13 años. Al ver a su padre acribillado a balazos y ensangrentado, se echó a llorar desconsoladamente y subió corriendo al acuartelamiento, situado a unos cien metros del lugar del crimen.

Anselmo Durán fue atendido inicialmente en el ambulatorio de Elgóibar, pero a la vista de la gravedad de sus heridas –había recibido ocho impactos de bala– se le trasladó de inmediato a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde ingresó cadáver. En el parte médico difundido inmediatamente después de su fallecimiento se podía leer: "Don Anselmo Durán Vidal, que llega cadáver a este centro por lesiones producidas por arma de fuego, presenta un impacto de bala a nivel del maxilar superior derecho, que atraviesa al maxilar superior izquierdo, con destrucción de la bóveda de la boca. Impacto en parte superior de hemitórax derecho (en primer espacio con salida posterior a nivel de omoplato). Fractura de húmero derecho por impacto de bala. Impacto de bala a nivel de biceps izquierdo con orificio de entrada y salida afectando a masa muscular. Impacto de bala a nivel de muñeca izquierda, tabaquera anatómica, con salida en dorso de mano, con fractura del cuarto metacarpiano. Impacto de bala en región de cresta illácea, con salida en región inguinal izquierda. Impacto de bala en muslo derecho, con fractura de fémur y salida a nivel de cara interna de parte inferior de muslo. Erosión en brazo izquierdo por bala". Había sido literalmente cosido a balazos.

El atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) a través de una llamada telefónica al diario Egin el mismo día del atentado. En la llamada advertían, también, de que habían dejado atado en un barrio de Éibar al propietario del vehículo con el que habían cometido el asesinato, y que el automóvil lo habían abandonado en Marquina, en el que horas después asesinarían al también guardia civil Ángel Pacheco Pata.

El 15 de noviembre de 1978 se produjo en Mondragón un enfrentamiento entre la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos, después de que estos ametrallaran la casa-cuartel de Arechavaleta. En el enfrentamiento resultaron muertos los etarras José María Iturrioz Garmendia y Roberto Aramburu Uribarren, y herido Enrique Zurutuza Odriozola. Iturrioz Garmendia tenía en su poder una pistola Browning que había utilizado para asesinar a Anselmo Durán y a Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto de 1978. En el enfrentamiento también resultó muerta una vecina de Mondragón, Emilia Larrea Sáez de Adacia. Anselmo Durán Vidal estaba casado y tenía seis hijos, de edades comprendidas entre los 19 y los 3 años. Había nacido en 1938 en la localidad de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres, por lo que tenía 40 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Desde 1973 prestaba sus servicios en el cuartel de la Guardia Civil de Elgóibar, donde se encargaba de la intervención de armas.

Hacia las 20:45 horas del mismo día 9 de octubre de 1978, tres horas después del atentado que costó la vida a Anselmo Durán, la banda terrorista ETA asesinaba en Marquina (Vizcaya) al guardia civil ÁNGEL PACHECO PATA. Tras el asesinato de Anselmo Durán, la Guardia Civil había establecido diversos controles de carretera para intentar detener a los autores del atentado. Uno de ellos estaba en el Alto de San Miguel, en Marquina, en una carretera secundaria que conducía a Elgóibar. Hacía las 20:45 un coche se acercó al control con las luces apagadas y, al toparse con los agentes, bordearon la carretera y desde un lugar próximo abrieron fuego contra los agentes, dándose a la fuga a continuación. Los disparos alcanzaron al guardia civil Ángel Pacheco, que resultó muerto prácticamente en el acto al recibir el impacto de dos balas que le atravesaron el vientre. Trasladado inmediatamente a la Casa de Socorro de Marquina no se pudo hacer nada por salvar su vida. La capilla ardiente se instaló, posteriormente, en el Cuartel de La Salve en Bilbao.

Los terroristas eran miembros del grupo Araba de ETA que se habían desplazado a Vizcaya y se encontraron accidentalmente con el dispositivo de la Guardia Civil. Tras el asesinato de Ángel Pacheco, uno de los agentes salió en persecución de los terroristas, localizando posteriormente el vehículo abandonado, por lo que los etarras habrían continuado su huida a pie. Se organizaron varias batidas por los alrededores, pero no se pudo localizar a los terroristas.

En el asesinato de Ángel Pacheco estuvo presuntamente implicado Ángel Iturbe Abasolo, alias Ikula, hermano del fallecido Txomin Iturbe Abasolo, máximo dirigente de ETA. Fue detenido en Francia en enero de 1979 y confinado en el suroeste del país, pero volvió a España dos meses después con intención de reincorporarse al grupo Araba de ETA. En esta nueva etapa, no participó en atentados y regresó a Francia, donde volvió a ser detenido en abril de 1986. El 20 de junio de 1987 fue detenido en la localidad francesa de Biarritz, pero le dejaron en libertad a las dos horas. El 28 de octubre fue detenido nuevamente en la localidad vasco-francesa y deportado a Argelia, donde, tras permanecer dos años, fue expulsado a la República Dominicana el 18 de abril de 1989. Está reclamado en España por varios actos delictivos relacionados con el asesinato en Vitoria de los policías Joaquín Ramos Gómez y Miguel Ángel Raya Aguilar el 5 de marzo de 1978, y por el asesinato en Marquina (Vizcaya) el 9 de octubre de ese mismo año de los guardias civiles Ángel Pachecho Pata y, según algunas fuentes, Anselmo Durán Vidal. Iturbe fue detenido finalmente en junio de 2006, en una operación conjunta de las policías española y francesa contra la red de extorsión de ETA encargada de recaudar el llamado impuesto revolucionario. Entre los doce terroristas, además de Iturbe Abasolo, figuraba Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda asesina. En octubre de 2008 Iturbe Abasolo aparece como imputado en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón contra la red de extorsión de la banda del Bar Faisán.

Ángel Pacheco Pata era natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca), aunque su infancia transcurrió en Fregeneda, también en Salamanca, de donde eran naturales sus padres y donde fue enterrado. Ángel tenía 20 años y estaba soltero. Llevaba dos meses destinado en Bilbao.

Tras el asesinato en apenas unas horas de los dos guardias civiles, la práctica totalidad de los partidos políticos del País Vasco convocaron, a instancias del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una manifestación contra el terrorismo para el 28 de octubre. Fue uno de los primeros actos multitudinarios contra la banda terrorista ETA que se celebraron en el País Vasco.

A las 18:50 horas del 9 de octubre de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Irún a JOSÉ JIMÉNEZ MAYORAL, capitán retirado de la Guardia Civil y jefe de la oficina de expedición de la Carta Verde, seguro internacional obligatorio para los vehículos que cruzaran la frontera, en el puesto de Behobia.

José Jiménez, una vez que acabó su trabajo, se dirigió andando hasta la parada del autobús para regresar a su domicilio en Irún. Dos terroristas se acercaron a él y le dispararon por la espalda a quemarropa. A continuación emprendieron la huida en un vehículo a cuyo volante se encontraba un tercer terrorista, no sin antes haber encañonado a dos transeúntes que acudían al lugar, obligándoles a poner las manos en alto. El coche utilizado para cometer el atentado había sido robado horas antes en San Sebastián a un taxista, tenía matricula falsa y fue localizado poco después por la Policía a un kilómetro y medio, en el polígono Arbés de la misma ciudad.

Los disparos, efectuados con armas cortas, alcanzaron a la víctima a la altura de un ojo y en la tráquea. Jiménez Mayoral murió casi en el acto, pese a los esfuerzos de un equipo de la Cruz Roja de un puesto cercano al lugar de los hechos. La Policía encontró dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum marca SN. Su esposa, Celia Bech, acudió al lugar poco después del atentado, ignorando que José Jiménez había sido asesinado. La confirmación de la noticia provocó en la mujer una fuerte crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja, pese a su intención de ver el rostro del cadáver de su marido que permanecía tumbado en la acera, cubierto con una sábana ensangrentada. Celia Bech trabajaba en la Oficina de Turismo de Behobia, según informó ABC en su edición del 10 de octubre de 1982.

Horas antes del atentado, en su primer mitin electoral, el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea había descalificado como miembros del pueblo vasco a todos los que practicaban la violencia. De forma muy desafortunada, Garaikoetxea comparó estos atentados con los fusilamientos de militantes nacionalistas en la posguerra, y añadió: "Sentimos también el dolor de estas mujeres jóvenes que lloran amargamente mientras se aferran a los cuerpos sin vida de sus maridos policías. Hay que reconstruir este país también en sus principios, hay que regenerar la moral en base a tres principios fundamentales: la tolerancia, la no agresividad, y el respeto a la vida".

El funeral por José Jiménez Mayoral se celebró el 10 de octubre en San Sebastián, con asistencia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; el general jefe de la V Zona de la Guardia Civil, Rodríguez Mendel, y los gobernadores civil y militar de la provincia, además de representantes del PNV, PSE-PSOE, UCD y AP, y mandos militares de los tres Ejércitos y cargos policiales.

En 1985 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, miembro del grupo Donosti de ETA, a la pena de 29 años de prisión mayor por el asesinato de José Jiménez Mayoral.

José Jiménez Mayoral, de 67 años, era natural de Montblanc (Tarragona). Estaba casado con Celia Bech y era padre de tres hijos, dos solteros y una casada. Había sido jefe de la Guardia Civil de Irún antes de pasar a la situación de retiro. Fue enterrado en Sevilla, donde residía su hija mayor. Rosa Jiménez, hija de la víctima, participó recientemente en el acto de Rebelión Cívica convocado por Voces Contra el Terrorismo el 5 de febrero de 2011. Fue una de tantas víctimas que subió al estrado para decir de forma contundente que "no puede haber transacciones con los terroristas. Siempre serán con cargo a nuestros muertos. ¡En mi nombre, NO!".

A las 14:30 horas del 13 de octubre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Rentería al guardia civil ÁNGEL FLORES JIMÉNEZ. A esa hora el agente se dirigía a su casa para comer. Cuando descendía de su coche, sin uniforme y desarmado, dos terroristas a cara descubierta le dispararon a bocajarro, alcanzándole tres disparos, uno de ellos en el cuello que le provocó la muerte en el acto. Los pistoleros huyeron a continuación en un vehículo estacionado en las inmediaciones, a cuyo volante esperaba, a cara descubierta, un tercer individuo. En el lugar de los hechos se recogieron tres casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.

El vehículo utilizado para cometer el atentado, un Seat 131, había sido robado a punta de pistola una hora antes en Oyarzun por varios individuos armados, y fue localizado horas más tarde en la calle de Pablo Iglesias, en las proximidades de la estación de Rentería. Su propietario fue encontrado atado a un árbol en el monte San Marcos, en las inmediaciones del barrio de Galzaraborda. Una vez liberado por fuerzas de las UAR (Unidad Antiterrorista Rural de la Guardia Civil) a las tres menos diez de la tarde, el dueño del coche manifestó haber sido secuestrado a las 13:30 horas a la salida de su vivienda, en Oyarzun, por un joven armado que dijo pertenecer a ETA, al que luego se le sumaron dos o tres individuos más. Le sustrajeron el DNI, advirtiéndole de que no debía denunciar el hecho cuando fuese liberado.

El cadáver del guardia civil asesinado fue trasladado inicialmente al cementerio donostiarra de Polloe y, más tarde, al Salón del Trono del Gobierno Civil, donde quedó instalada la capilla ardiente.

Al mediodía del día siguiente, 14 de octubre, se celebró en Rentería el funeral por el alma de Ángel Flores con la asistencia de cientos de personas, en su mayoría vecinos del barrio. Las características del barrio de Beraun hizo que la presencia ciudadana en el funeral fuese muy superior a lo habitual en Guipúzcoa cuando la banda asesinaba a un miembro de las fuerzas de orden público. Beraun era un barrio de población emigrante, donde el PSE-PSOE tenía un gran caladero de votos, lo que le permitió hacerse con la alcaldía de la localidad. Terminada la ceremonia religiosa, el ministro Barrionuevo se dirigió a voz en grito a los ciudadanos con vivas a España, al pueblo vasco, al Rey, a la Constitución, a la Guardia Civil y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que fueron contestadas por el numeroso público asistente.

En el funeral estuvieron también presentes el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, el viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, Eli Galdós, el director general de la Policía, Rafael del Río, y mandos militares de los tres Ejércitos, Finalizada la ceremonia José Barrionuevo recorrió las calles del centro de la localidad acompañado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y los gobernadores de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga y Julián Sancristóbal. En su recorrido se dirigieron a pie al lugar del atentado, donde un sacerdote rezó un padre nuestro entre la expectación del vecindario de Beraun.

El asesinato de Ángel Flores se produjo cuando acababa de expirar el plazo dado por un sector de ETA político militar para que fuera "desalojado todo el personal civil de los cuarteles ubicados en cualquier lugar del Estado español o de Euskadi". El director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, declaró tras el atentado que se habían tomado medidas excepcionales, reforzando y ampliando la vigilancia de las instalaciones amenazadas por el ultimátum de ETA.

En 1985 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, jefe del grupo Donosti de ETA, a un total de 32 años de cárcel por el asesinato de Ángel Flores. Zabarte Aguirre fue detenido en junio de 1984 en una operación en la que resultaron muertos los etarras Agustín Arregui Perurena, alias Txurrilla, y Juan Luis Elorriaga, Patxi.

Ángel Flores Jiménez, de 44 años, estaba casado y tenía cinco hijos, con edades comprendidas entre los 22 y los 10 años. Estaba destinado en el Servicio de Intervención Fiscal de la Estación Norte de Irún. Era natural de San Martín del Pimpollar (Ávila) y durante dieciocho años estuvo destinado en Pasajes. Ángel era muy conocido en su barrio, Beraun, y estaba perfectamente integrado en Guipúzcoa, donde residía desde veinte años antes.

A las nueve y media de la noche del 14 de octubre de 1978, cuatro pistoleros de la banda terrorista ETA asesinaban en Lequeitio (Vizcaya) al guardia civil ALBERTO VILLENA CASTILLO. La víctima fue ametrallada desde un vehículo cuando paseaba por los muelles portuarios de la localidad vizcaína, muy cerca del puesto de especialistas fiscales de la Guardia Civil en el que estaba destinado.

Alberto Villena fue alcanzado por cinco disparos, uno de ellos muy cerca del corazón, efectuados desde un Simca 1200 en marcha ocupado por cuatro terroristas. Trasladado inicialmente al cuartel de la Guardia Civil para recibir los primeros auxilios, de ahí fue llevado al ambulatorio de la Seguridad Social, donde ingresó cadáver. Los terroristas huyeron en dirección a Guernica, donde abandonaron el vehículo y continuaron la fuga en un Seat 127 matrícula de San Sebastián.

Al día siguiente se celebró el funeral en Vitoria con la única asistencia de sus familiares, compañeros de la Guardia Civil y algunas autoridades.

El 16 de octubre, en un breve comunicado hecho llegar a distintos medios de comunicación, la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado afirmando que "ya no basta con gritar que se vayan". En el mismo explicaba que su "lucha armada" se dirigía a complementar, de una forma organizada, la movilización popular.

Alberto Villena Castillo tenía 27 años. Era natural de El Padul (Granada), estaba casado y tenía una hija de 2 años, Encarna. Llevaba tres años destinado en Lequeitio, en el cargo de especialista en la vigilancia de costas con la misión de controlar el contrabando que pudiera ser introducido a través del puerto. Cuando se cumplieron 30 años de su asesinato, el 14 de octubre de 2008, el Ayuntamiento de El Padul organizó un homenaje al guardia civil asesinado, al que asistió su hija, Encarna Villena, que fue la encargada de descubrir la placa conmemorativa en presencia de autoridades políticas, de la Guardia Civil, la Policía y unos cuatrocientos vecinos de la localidad. Si esta es la de cal, la de arena la protagonizó el Ayuntamiento de Granada, que rechazó que una calle de la ciudad llevase el nombre de Alberto Villena. La solicitud la hizo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y fue rechazada en julio de 2008, alegando que una plaza con el nombre de Luis Portero, fiscal asesinado por ETA en el año 2000, Domingo Puente -peluquero de la Base de Armilla- o Jesús Escudero -policía nacional asesinado el 30 de octubre de 2000-, así como la glorieta dedicada a las víctimas del terrorismo, honran suficientementea los caídos a manos de los terroristas.

A las once de la noche del sábado 15 de octubre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en Oñate (Guipúzcoa) al guardia civil JOSÉ REYES CORCHADO MUÑOZ mediante la activación a distancia de una carga explosiva escondida junto a un muro. La víctima formaba parte de una patrulla de tres vehículos de la Guardia Civil que había salido del cuartel de Arechavaleta para realizar un servicio de vigilancia. Al pasar por el barrio de Zubillaga de la localidad guipuzcoana de Oñate, miembros de la banda terrorista ETA activaron la carga explosiva, que era del tipo hornillo.

La explosión alcanzó de lleno al primer vehículo del convoy, matando casi en el acto a José Reyes Corchado e hiriendo levemente al cabo primero Antonio Ramos Ramírez. Este último sería asesinado tres años más tarde en otro atentado de la banda terrorista ETA en Mondragón el 8 de junio de 1986, en el que el cabo primero fue ametrallado cuando se dirigía a su vehículo particular después de estar en un bar de la localidad. El guardia civil que conducía el vehículo, Francisco Borjas Reinoso -natural de la localidad de Huevar de Aljarafe (Sevilla), de 36 años de edad, casado y padre de dos hijos-, resulto ileso.

José Reyes Corchado iba en la parte posterior del vehículo y se vio afectado, sobre todo, por los tornillos que la banda terrorista había colocado junto a los dos kilos de Goma 2 del artefacto explosivo y por las piedras que salieron disparadas como proyectiles, que le provocaron una fractura de cráneo.

Los guardias civiles que ocupaban los otros dos vehículos atendieron a sus compañeros y los trasladaron a distintos centros sanitarios. Antonio Ramos fue atendido en el Hospital del Alto Deba en Mondragón, mientras que José Reyes Corchado ingresó cadáver en el Hospital Comarcal de Oñate. Hasta ahí se trasladó el viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, Eli Galdós, que también era alcalde en esa localidad.

Al día siguiente, 16 de octubre, se celebraba el Oñate el funeral por el alma de José Reyes, presidido por el ministro de Interior, José Barrionuevo. Junto a familiares, amigos y compañeros de la víctima, ocuparon también un lugar destacado en la parroquia de San Martín el director general de la Guardia Civil, teniente general José Luis Aramburu Topete, el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma vasca, Ramón Jáuregui, el viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, Eli Galdós, el gobernador civil, Julen Elorriaga, y representantes locales de los principales partidos políticos.

José Reyes Corchado Muñoz, de 28 años, era natural de Alburquerque (Badajoz) y hacía poco más de un año que había ingresado en la Guardia Civil. Estaba casado con Isabel Chamizo Díaz, de 24 años. Cuando le destinaron a Oñate (Guipúzcoa) él se fue en 'avanzadilla' y su familia se quedó en Badajoz. "Estaba previsto que nos fuéramos con él en noviembre, porque él tenía vacaciones entonces, pero lo asesinaron antes" (Hoy, 9/04/2009). El matrimonio tenía dos hijas, de 1 y 2 años cuando asesinaron a José. "Ellas no entendían cómo había gente que podía hacer eso. Ahora, que tienen 23 y 24 años, lo entienden todavía menos (...) A mí que no me pidan que perdone y olvide. Porque además es gente no se ha arrepentido" contaba su viuda (Hoy, 19/02/2006). José Reyes Corchado fue enterrado de Alburquerque. En enero de 1994 el Ayuntamiento de esta localidad dedicó una calle al agente asesinado.

A las once menos cuarto de la noche del 16 de octubre de 1988, un coche-bomba colocado por la banda terrorista ETA en Pamplona provocaba la muerte del guardia civil JULIO GANGOSO OTERO y hería gravemente a otros siete agentes. El convoy estaba formado por una tanqueta y un Land Rover ocupados por una docena de agentes del Instituto Armado. Los guardias civiles regresaban de prestar servicio de vigilancia en el Centro Penitenciario de Pamplona cuando en la calle Larraina una furgoneta-bomba, con treinta kilos de explosivos y cuarenta de metralla aparcada en doble fila, fue activada mediante un mando a distancia en el momento en el que la tanqueta de la Guardia Civil se encontraba a su lado.

La tanqueta fue alcanzada de lleno y desviada contra un árbol del lateral de la calzada, provocando la muerte de Julio Gangoso y heridas de gravedad a los otros siete ocupantes, todos ellos jovencísimos guardias civiles: Vicente Ollero Montes, natural de El Viso (Córdoba), de 21 años; Francisco Javier Montoya Martínez, natural de Vara del Rey (Cuenca), de 21 años; Rafael Checa Bermúdez, natural de Villagordo, Jaén, de 21 años; Paulino Parrilla Galdón, natural de Santiesteban del Puerto (Jaén), de 23 años; Ángel Segura Coto natural de Málaga, de 22 años; Felipe Luis Cruz Ávila, natural de Martos (Jaén), de 21 años; y José Luis Alonso Gaona, natural de Albanilla (Murcia), de 24 años. El Land Rover que formaba parte del convoy resultó intacto y sus cuatro ocupantes, ilesos. La explosión del coche-bomba alcanzó, además, a otros quince vehículos próximos, varios de los cuales quedaron completamente destrozados, y provocó la rotura de cristales y graves desperfectos materiales en diversos edificios.

La furgoneta utilizada en el atentado había sido robada en Basauri (Vizcaya) por miembros de la banda que dejaron a su propietario y a un acompañante atados a un árbol. Con la furgoneta, los terroristas se dirigieron al puerto navarro de Echauri, donde robaron otro vehículo, dejando también a su dueño amarrado a un árbol. Con este vehículo huyeron los asesinos de la banda una vez que activaron la furgoneta-bomba.

ETA se atribuyó la autoría del atentado el mismo día mediante una llamada telefónica a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Navarra. El comunicante señaló también que tres personas se encontraban atadas a unos árboles cerca de la localidad de Estella.

Por expreso deseo del alcalde de Pamplona, Javier Chourraut, la capilla ardiente se instaló en el Ayuntamiento, siendo la primera vez que esto se hacía con una víctima del terrorismo. Allí, su viuda murmuraba en voz alta "si saliste de casa y no vas a volver, ¿cómo les digo yo a los niños dónde estás ahora? Dios mío, qué malos, cómo me han podido hacer esto...".

Al funeral en la Iglesia de San Cernín de la capital navarra acudió, además del alcalde, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu. Al terminar el mismo, una parte del numeroso público asistente profirió insultos contra las autoridades y pidió la restauración de la pena de muerte. Gabriel Urralburu señaló "que el asesinato de ETA se produce días después de que miembros de HB nos anunciaran dos años más de sufrimientos. Esto convierte a Herri Batasuna en claro portavoz de los asesinos de ETA" (ABC, 18/10/88).

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a los asesinos Juan José Zubieta Zubeldia, Javier Goldaraz Aldaya y Germán Rubenach, miembros del grupo Nafarroa, entre otras a sendas penas de 29 años de reclusión por el asesinato de Julio Gangoso y a 18 años de prisión mayor por cada uno de los siete asesinatos frustrados. En total, cada uno fue condenado a 170 años de cárcel.

Julio Gangoso Otero era natural de Benavente (Zamora) donde serían inhumados sus restos mortales el 18 de octubre con la asistencia de cientos de vecinos que secundaron la llamada del Ayuntamiento decretando un día de luto oficial y solicitando el cese de la actividad laboral durante una hora para mostrar su repulsa al asesinato. Julio Gangoso tenía 31 años, estaba casado con Ana María Fidalgo y tenía dos hijos de 7 y 2 años.

A las 8:15 horas del 17 de octubre de 1981 la banda terrorista ETA asesinaba en Santurce (Vizcaya) al cabo primero de la Guardia Civil SANTIAGO GONZÁLEZ DE PAZ. El agente había salido de su domicilio, situado en la calle Pedro Icaza, y se disponía a subir a su vehículo, estacionado a pocos metros del portal, con la intención de dirigirse a su trabajo en el puerto, ya que pertenecía al cuerpo de especialistas fiscales de la Guardia Civil. Cuando acababa de entrar en el automóvil, tres terroristas se situaron en un lateral del mismo y tirotearon a Santiago.

El cabo pudo salir del coche y caminar algunos pasos dando tumbos antes de caer muerto en el suelo de la acera de enfrente. Había recibido tres impactos de bala, uno en la cabeza y dos en el pecho. En el lugar de los hechos se recogieron seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. El cadáver de Santiago González fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde se le realizó la autopsia.

Los autores del atentado se dieron a la fuga en un taxi, del que se habían apropiado tras pedir sus servicios en Sestao. Al parecer los terroristas iban dando vivas a ETA mientras huían. Al llegar a la altura del cementerio de Portugalete, obligaron al taxista a introducirse en el maletero, donde estuvo retenido mientras cometían el atentado. Posteriormente, los etarras abandonaron el taxi en Sestao, de donde su propietario fue rescatado por un transeúnte que oyó ruidos dentro del maletero.

A mediodía se celebró en la Iglesia de San Jorge de Santurce el funeral por el guardia civil asesinado al que asistieron, además de los familiares de la víctima, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; los gobernadores civil y militar de la provincia, el general de Zona de la Guardia Civil, el alcalde de Santurce y representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión de Centro Democrático (UCD) y PSOE. El féretro, cubierto con la bandera de España y el tricornio del Cuerpo, fue introducido por sus compañeros en el templo, mientras una compañía de la Guardia Civil le rendía honores. Una vez terminado el oficio religioso, el féretro fue sacado de nuevo a hombros mientras una compañía militar interpretaba el Toque de Silencio, el Himno de la Guardia Civil y el Himno Nacional.

A continuación los restos mortales del guardia civil fueron trasladados al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, donde llegó a última hora de la tarde a bordo de un avión militar. Posteriormente fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, donde quedó instalada la capilla ardiente. Al día siguiente, domingo 18 de octubre, se ofició una misa de cuerpo presente tras la cual los restos mortales de Santiago González fueron enterrados en el cementerio de Santa Lastenia, de la capital tinerfeña.

Este asesinato ponía fin al paréntesis de ochenta y un días sin que la banda cometiese atentados con víctimas mortales. El último asesinato fue el cometido en Amurrio el 25 de julio cuando la banda terrorista acabó con la vida de Félix Galíndez Llano.

Santiago González de Paz tenía 30 años, estaba casado y era padre de dos niños de 5 años y once meses. Había nacido en Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), donde una calle lleva su nombre, e ingresó en el Instituto Armado en 1973. Llevaba casi dos años destinado en Santurce como cabo especialista de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo destinado en la localidad guipuzcoana de Motrico.

Hacia las ocho de la noche del sábado 18 de octubre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba en Zarauz al guardia civil MANUEL LÓPEZ TREVIÑO, que acababa de abandonar, vestido de paisano, el cuartel de la Benemérita en la localidad guipuzcoana para dirigirse a su domicilio. Varios miembros de la banda (dos o tres) le esperaban en la avenida de San Ignacio y le siguieron durante unos metros. Cuando estaban a la altura del chalé Villa Reineta, le dispararon por la espalda una ráfaga de metralleta. Alcanzado por tres balas en la cabeza, Manuel López Treviño falleció en el acto, mientras los pistoleros de la banda emprendían la huida en un vehículo.

Mientras algunos vecinos se dirigían al cuartel para dar aviso de lo que había sucedido, otros corrieron a la Casa de Misericordia a escasos metros del lugar del atentado para buscar a un médico. Una monja del asilo-hospital comprobó que el guardia civil no tenía pulso. El médico que llegó poco después certificó la muerte del agente López Treviño. Minutos después un joven y su novia paseaban por la avenida de San Ignacio. Se acercaron al corro de personas que se había formado alrededor del cadáver del guardia civil y el joven comprobó horrorizado que la persona que yacía en el suelo era su propio padre. Enseguida llegaron al lugar del atentado varios guardias civiles que pidieron al juez que ordenó el levantamiento del cadáver que el cuerpo del agente asesinado fuera trasladado al cuartel para instalar la capilla ardiente.

El 20 de octubre, a las cinco de la tarde, se celebró el funeral por su alma en la Iglesia de Santa María la Real de Zarauz, oficiado por el párroco José María Astigarraga. Concluida la ceremonia religiosa, el féretro fue sacado a hombros por miembros la Guardia Civil al atrio del templo y depositado sobre un catafalco. Allí se dio lectura a los decretos de concesión por el ministro de la Gobernación de la medalla al Mérito Policial, con distintivo blanco y por el ministro del Ejército, de la medalla al Mérito Militar, también con distintivo blanco, condecoraciones que fueron impuestas sobre el féretro.

Un día después, el 21 de octubre, la banda terrorista ETA asumió mediante un comunicado en Biarritz el asesinato de López Treviño. En abril de 1976 la Policía de Bilbao culminó una amplia operación en la que se desarticularon varios grupos de ETA V-Asamblea político militar. Entre ellos estaba Jacques Velasco Arteche, que pasó información sobre Manuel López Treviño a Francisco Javier Olazábal. En esa operación se detuvo a varios miembros legales de la banda terrorista en Zarauz, como Ignacio Arambarri, de profesión cristalero. Esos grupos pasaban información a ETA sobre miembros de las Fuerzas de Seguridad y sobre presuntos chivatos que se convertían así en objetivo de la banda asesina. Uno de los autores materiales del asesinato de López Treviño fue Ignacio Gabirondo Agote, alias Donibane, que falleció el 13 de julio de 1980 en el intercambio de disparos que se produjo después de que los etarras tendieran una emboscada contra un convoy de la Guardia Civil que acabó con la vida de Antonio Gómez Ramos y Aurelio Navío Navío. Otro participante en el asesinato fue José Agustín Achega Aguirre, alias Fiti. Para cuando fue detenido en 1983 varios de los delitos cometidos, entre ellos el asesinato de López Treviño, habían sido amnistiados.

Manuel López Treviño, de 48 años, era natural de Monterrubio de la Serena (Badajoz), aunque vivía en Zarauz desde 1953. Estaba casado y tenía seis hijos. Desde 1953 estaba adscrito al puesto de la Benemérita de Zarauz.

A las seis y media de la tarde del domingo 22 de octubre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA ametrallaron a cuatro guardias civiles que volvían andando al cuartel de Las Arenas de Guecho (Vizcaya) después de hacer un servicio de vigilancia, matando en el acto al sargento LUCIANO MATA CORRAL y al guardia LUIS CARLOS GANCEDO RON, e hiriendo gravemente a Andrés Silverio Martín, que fallecería cuatro días después, el 26 de octubre. También resultó herido el cuarto guardia civil, Carlos Troncoso Currito, que consiguió sobrevivir al atentado. El agente Troncoso tenía 26 años, estaba casado y era natural de Isla Cristina (Huelva).

Los guardias civiles habían ido, como todas las tardes que había partido oficial de fútbol en el campo de Gobelas, a realizar el habitual servicio de seguridad. Una vez que terminó el partido, el sargento y los tres guardias regresaron andando al cuartel por la calle Máximo Aguirre. Caminaban divididos en parejas, una por cada acera de la calle. La calle, en la zona residencial del barrio de Santa Ana, tenía árboles y la iluminación era escasa. No habían recorrido ni cincuenta metros cuando cuatro terroristas, que les estaban esperando parapetados detrás de una tapia de medio metro que separa el edificio de Telefónica de la calle Máximo Aguirre, en la acera de la derecha, abrieron fuego con metralletas y escopetas de caza cargadas con postas. Los dos guardias civiles que caminaban por esa acera derecha, Luciano Mata y Luis Carlos Gancedo, fueron alcanzados de lleno por los disparos. El sargento Mata murió en el acto y el agente Gancedo fallecería poco después, mientras era trasladado al Hospital Civil de Basurto. Simultáneamente, y casi sin tener tiempo de reaccionar, fueron ametrallados los otros dos guardias civiles, Andrés Silverio y Carlos Troncoso.

Nada más cometer el atentado, los etarras, miembros de dos grupos de ETA que se habían unido para la ocasión, salieron corriendo hacia dos vehículos, un Seat 124 y un Seat 850, donde les esperaban otros dos terroristas. Los vehículos habían sido previamente robados y abandonados posteriormente a pocos kilómetros del lugar de los hechos.

El cuerpo del sargento Luciano Mata permaneció tendido sobre un jardín durante casi una hora hasta que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al depósito judicial del Hospital de Basurto.

Los cuatro guardias civiles estaban adscritos al cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas, situado a poco más de quinientos metros del lugar del ametrallamiento. La capilla ardiente se instaló hacia las diez y media de la noche del mismo domingo en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao y los funerales por sus almas se celebraron al día siguiente, 23 de octubre, a las diez de la mañana en la más estricta intimidad, asistiendo sólo las primeras autoridades y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Al término del acto religioso, los féretros de los dos guardias civiles fueron introducidos en sendos coches fúnebres que los condujeron por carretera a sus lugares de origen para ser enterrados.

Unos trescientos militantes del Partido Comunista de Euskadi se manifestaron en el barrio de Romo, donde estaba el campo de fútbol de Gobelas, para mostrar su rechazo al atentado y al clima de violencia que se estaba viviendo en el País Vasco.

Los tres guardias civiles fueron homenajeados en julio de 2010 en Guecho, en un acto en el que se quiso recordar a todas las víctimas de ETA asesinadas en la localidad o que fuesen vecinas de la misma. En el acto, el alcalde de Guecho, Imanol Landa (PNV) señaló que el homenaje pretende "recobrar y traer al presente la realidad de la memoria de quienes en nuestro pueblo fueron objeto de la sinrazón, de la barbarie y de la deshumanización más absoluta que supone la violencia terrorista en su expresión máxima, el asesinato". Además lanzó un mensaje de autocrítica por la respuesta social, institucional y política "que, salvo en honrosas excepciones no estuvo a la altura de las dramáticas y terribles circunstancias" que vivieron las víctimas de ETA.

Este atentado, como muchos cometidos por la banda terrorista, quedó impune. A día de hoy no se sabe quiénes fueron los autores del ametrallamiento de los cuatro guardias civiles.



Luis Carlos Gancedo Ron, de 28 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Buyando, en el concejo de Tineo (Oviedo). Luciano Mata Corral, sargento de la Guardia Civil de 55 años, era natural de Puebla de Valdivia (Palencia). Estaba casado y tenía dos hijos. Le faltaban cuatro días para jubilarse, pues el día 26 de octubre cumplía 56 años, edad reglamentada para el retiro de los sargentos.

Hacia las 23:30 horas del 23 de octubre de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en un bar de San Sebastián a los guardias civiles EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA. Los agentes se encontraban apurando un café en el Bar El Puente, en el barrio de Eguía de la capital donostiarra, un local frecuentado por miembros de la Benemérita destinados en el cuartel de Inchaurrondo. En ese momento, dos miembros de la banda les tirotearon por la espalda a través de las cristaleras que separan el bar de la calle del Río Deba, después de haber roto con las culatas de sus armas los cristales.La bandera de San Sebastián ondeó al día siguiente a media asta en el balcón del Ayuntamiento donostiarra en cumplimiento de un bando que había promulgado el alcalde Odón Elorza, el día 18 de octubre. Al día siguiente de los salvajes atentados de Madrid el 17 de octubre, que provocaron la muerte del teniente de Artillería Francisco Carballar Muñoz y heridas gravísimas con mutilación de miembros a María Jesús González y a su hija Irene Villa, y al comandante de Infantería Rafael Villalobos, el alcalde Elorza dispuso que la bandera ondeara a media asta "como demostración ante el resto de España y Europa de nuestra oposición frontal al terrorismo de ETA y a cualquier acto de violencia". En el mismo barrio en el que fueron asesinados Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo, ETA había cometido el 16 de marzo de ese mismo año 1991 otro atentado en el que resultó muerto el guardia civil Luis Aragó Guillén.

Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo desempeñaban funciones de vigilancia de edificios públicos como miembros de la Unidad Núcleo de Servicios. El sacerdote Bartolomé Auzmendi, que ofició el funeral oficial el 24 de octubre en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián, provocó malestar e indignación al utilizar el vasco, además del español, entre los familiares de Eduardo y Juan Carlos que se desplazaron desde Vigo y Castro Urdiales respectivamente. "Ni los familiares que han venido de Castro Urdiales y de Vigo, ni el resto de nosotros entiende el vasco" señaló uno de los asistentes (El Diario Vasco, 25/10/1991). Un grupo de personas que asistía a la ceremonia religiosa en la Iglesia de la Sagrada Familia abandonó el templo en el momento en que el oficiante comenzó a hablar en euskera (El País, 25/10/1991).

Ese mismo día, miles de personas (diecisiete mil según los organizadores) se concentraron silenciosamente en diversas localidades del País Vasco y Navarra, siguiendo la convocatoria de Gesto por la Paz para protestar por el asesinato de los dos guardias civiles.

En agosto de 2008 Francia entregó temporalmente al asesino de la banda Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede. Entre otros muchos asesinatos, en los que unas veces actuó como cerebro dando las órdenes y otras como ejecutor, se le considera presunto autor material del atentado que acabó con la vida de Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo. Anteriormente fue también entregado a España temporalmente en 2006, y posteriormente en agosto de 2010 para rendir cuentas ante la justicia de nuestro país. El etarra acumula penas que suman cerca de 1.400 años de cárcel por su participación en múltiples asesinatos.

Eduardo Sobrino González, de 34 años y soltero, era natural de Vigo (Pontevedra) y llevaba catorce años destinado en Guipúzcoa. Su padre también fue guardia civil, aunque ya estaba retirado. Cuatro mil personas asistieron al entierro de Eduardo en su ciudad natal. A la misa previa, celebrada en la capilla del cementerio de Pereiró, asistieron numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, y el alcalde de Vigo, Carlos Príncipe.

Juan Carlos Trujillo García, de 25 años, era natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Estaba soltero y llevaba seis años destinado en Guipúzcoa. Cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA desempeñaba labores de vigilancia de edificios públicos, igual que su compañero Eduardo Sobrino. La mayor parte de su familia residía en Castro Urdiales (Cantabria), donde había recalado su padre, Luis Trujillo, tras jubilarse como miembro de la Guardia Civil. Cientos de personas rindieron homenaje a Juan Carlos Trujillo en su entierro en Castro Urdiales (El Diario Montañés, 26/10/1991).

El 26 de octubre de 1978 fallecía en el Hospital Civil de Bilbao el guardia civil ANDRÉS SILVERIO MARTÍN, cuatro días después de haber sido tiroteado en Guecho junto a otros tres miembros de la Benemérita por varios miembros de la banda terrorista ETA que les tendieron una emboscada cuando volvían a pie después de prestar el habitual servicio de seguridad en el campo de fútbol de Gobelas. Como consecuencia del atentado murieron en el acto el sargento Luciano Mata y el agente Luis Carlos Gancedo, mientras que Andrés Silverio y Carlos Troncoso Currito resultaban heridos.

Los dos agentes heridos fueron evacuados en vehículos particulares al Hospital Civil de Bilbao. Carlos Troncoso presentaba impactos de bala en el tórax, pierna derecha y codo. Andrés Silverio sangraba abundantemente por un gran orificio en la cabeza, además de tener heridas en el codo, piernas y glúteos. Poco después de ingresar en el hospital, el agente Silverio entró en coma profundo. Fue intervenido quirúrgicamente pero en el parte médico hecho público el día 23 de octubre se señalaba que evolucionaba desfavorablemente "manteniendo un grado de coma con pocas posibilidades de recuperación". Murió tres días después, el 26 de octubre.

Andrés Silverio Martín tenía 25 años. Era natural de Gaucín (Málaga) y estaba casado. Se formó en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén), licenciándose en julio y siendo destinado al País Vasco.

A las siete y media de la tarde del día 29 de octubre de 1974 el etarra Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Iporra, asesinaba en San Sebastián al sargento de la Guardia Civil JERÓNIMO VERA GARCÍA cuando, acompañado del agente Tránsito Jubete Rojas, procedían a identificarlo por resultarles sospechoso.

Tanto el sargento Vera García como el agente que le acompañaba participaban en una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía sobre las actividades de miembros de la banda terrorista ETA, mes y medio después de que la banda hubiese cometido su primera masacre en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid. De resultas de esas investigaciones la Guardia Civil tenía información de que un miembro de la banda terrorista se encontraba en el barrio de Trincherpe, colindante con el municipio de Pasajes. Hacia las 19:30 horas ambos se trasladaron a dicho barrio a fin de comprobar la veracidad de la información y vieron a un individuo, que les resultó sospechoso por su actitud y muestras de nerviosismo, en la calle que desemboca en el puerto de Pasajes. Decidieron someterlo a vigilancia pero, al comprobar que se alejaba de la zona, le dieron el alto y le pidieron que se identificase. En ese momento Iparraguirre Aseguinolaza sacó una pistola y disparó contra el sargento Vera, que resultó herido en el pecho. Pese a ello, los dos guardias civiles respondieron al ataque disparando contra el etarra, al que también hirieron.

El sargento Vera García paró un coche particular y pidió que le llevasen al Hospital Militar, donde falleció dos horas y media después. El terrorista fue también trasladado en un coche particular a otro hospital, falleciendo a las 22:30 horas. El etarra estaba huido en Francia desde diciembre de 1973.

Jerónimo Vera García tenía 45 años. Era natural de Fuente Álamo (Murcia), pero residía en Guipúzcoa desde 1949, es decir, desde que tenía 20 años. Estaba casado y tenía dos hijas de 14 y 10 años. Fue condecorado a título póstumo con las Cruces Rojas del Mérito Policial y del Mérito Militar.

A las tres y media de la tarde del miércoles 31 de octubre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al guardia civil MANUEL FUENTES FONTÁN. El agente vivía en Santurce, pero acudía habitualmente a Portugalete donde vivía su novia, Francisca Vilches, con la que solía comer o cenar. Ese día acudió a comer con ella y en torno a las 15:20 horas salió del domicilio, vestido de paisano, para volver al cuartel de Santurce. Tras salir del edificio, el guardia se dirigió a su automóvil y entró en el mismo. En ese momento dos terroristas -uno encapuchado y el otro con la cara cubierta por un pañuelo- que se encontraban apostados junto a la valla de un edificio en construcción, dispararon contra él con un subfusil y una pistola a menos de cinco metros de distancia. Tras acribillarlo a balazos los asesinos huyeron en un Renault 4 de una empresa de reparación de televisión, en el que esperaban otros dos terroristas.

Manuel Fuentes fue alcanzado por una docena de impactos en los hombros, el tórax, los brazos y las piernas, y quedó mortalmente herido dentro de su vehículo. La novia se asomó a la ventana y aún tuvo tiempo de ver cómo corría uno de los autores del atentado. Bajó corriendo a la calle y se acercó al coche donde agonizaba Manuel, que hizo un amago de hablar, pero no pudo articular palabra. Fue trasladado en una ambulancia a la Clínica San Juan de Dios de Santurce, falleciendo a los pocos minutos de ingresar cuando había sido llevado al quirófano para ser intervenido.

El PSOE, PCE y ESEI (Convergencia Socialista Vasca) reaccionaron de forma inmediata convocando para ese mismo día 31 de octubre una manifestación de protesta, que tuvo lugar a las ocho de la tarde en Portugalete. Los convocantes manifestaron que el atentado, igual que el cometido cuatro días antes contra Germán González López, era una declaración de guerra al Estatuto recién aprobado y un intento de hacer inviable su puesta en práctica. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) excusó su asistencia a la reunión de convocatoria de la manifestación, alegando que la mayoría de sus dirigentes se encontraban en Bayona (Francia) para hablar con el lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Leizaola.

El 1 de noviembre ETA reivindicó el asesinato de Manuel Fuentes. Tras reiterar que seguirían atentando hasta lograr que se aplicase la alternativa KAS, en el comunicado analizaban los resultados del referéndum, señalando que se manipularon los votos y haciendo elogios a los que optaron por la abstención.

Manuel Fuentes Fontán tenía 29 años, era natural de Pontevedra, estaba soltero y llevaba cinco años destinado en el País Vasco. Su novia, Francisca Vilches, era natural de Jaén y declaró a los medios de comunicación que Manuel había solicitado el traslado a Pontevedra porque temía que no iba a salir vivo del País Vasco, pero le contestaron que "los casados tenían prioridad" (Diario de Navarra, 01/11/1979). Manuel fue la primera víctima mortal entre miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Sus restos mortales fueron enterrados dos días después, el 2 de noviembre, en Pontevedra, su ciudad natal. El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías nacionales transportaron a hombros el féretro hasta el templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia desde fuera. Al acto asistieron autoridades civiles y militares y, a la salida, se oyeron gritos contra el Gobierno y vivas a la Guardia Civil y al Ejército.

A las ocho y media de la noche del 1 de noviembre de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANTONIO MATEO MELERO mientras paseaba, de paisano y acompañado por varios familiares, por la zona de bares de la localidad guipuzcoana. Allí sus suegros regentaban el Bar Miami, por lo que era frecuente que visitase el pueblo, como ese fin de semana de Todos los Santos que tenía libre.

Un coche, conducido por una mujer, seguía los pasos de Antonio sin que éste se diera cuenta. En un momento determinado, la etarra que conducía el vehículo le hizo un gesto a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, que se acercó por la espalda y le disparó a bocajarro dos tiros en la cabeza. Cuanto Antonio cayó al suelo, el pistolero lo remató con otro disparo. El cabo primero fue trasladado aún con vida en una ambulancia de la Cruz Roja hasta el Hospital Comarcal de Zumárraga, donde ingresó cadáver a las 20:50 horas.

El Ayuntamiento de Villafranca de Ordicia, presidido por Kepa Korta, de Euskadiko Ezkerra, convocó un pleno extraordinario a las 22:30 horas, en el que se aprobó una moción de condena del asesinato de Antonio Mateo Melero. Este ayuntamiento estaba integrado por tres concejales de Euskadiko Ezkerra, tres de Eusko Alkartasuna, cuatro de HB, dos del PNV y uno del PSE-PSOE.

El asesinato de Antonio fue el último atentado de ese año 1987 antes de que la banda terrorista ETA cometiese el 11 de diciembre la salvajada del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, provocando la muerte a once personas, cinco de ellas niños, y de que el mismo día asesinase, horas después, en Placencia de Armas (Guipúzcoa) al sargento de la Guardia Civil José Luis Gómez Solís.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 29 años de prisión mayor por este atentado. Kubati fue detenido pocos días después después de asesinar a Antonio Mateo, tras una amplísima operación en la que participaron 1.600 miembros de la Guardia Civil. Además de Kubati fueron detenidos once colaboradores del grupo Goyerri-Costa de ETA que habían sido sometidos a vigilancia e intervención de sus comunicaciones telefónicas desde el asesinato del guardia civil. Kubati, uno de los miembros más sanguinarios del grupo Goyerri-Costa de ETA, está condenado a penas que suman 1.076 años de cárcel. Estuvo a punto de ser excarcelado en 2007, por una redención de condena por estudios. La aplicación de la doctrina Parot frenó su salida de prisión, que está prevista para 2017.

Antonio Mateo Melero, de 32 años, era natural de Vejer de la Frontera (Cádiz), donde por acuerdo de la corporación municipal una calle lleva el nombre "Cabo Primero Antonio Mateo Melero". Estaba casado con Concepción Barandiaran, natural de Ordicia, y tenía una hija de 7 años que había hecho la Primera Comunión en mayo de ese año. Antonio estaba destinado en la comandancia de la Guardia Civil de Sansomendi, en Vitoria, y había ido al pueblo con su esposa para visitar a sus suegros, propietarios de un bar situado enfrente del lugar donde fue asesinado. Su hermano Francisco Mateo Melero fue el promotor en agosto de 2008 de un homenaje a las víctimas del terrorismo coincidiendo con la excarcelación de De Juana Chaos. En declaraciones al Diario de Cádiz rememoró el día que su familia recibió la noticia del asesinato de Antonio: "No se portaron bien con nosotros. Tuvimos que viajar hasta Guipúzcoa en un coche camuflado de la Guardia Civil". Y añadía:

La Justicia está muy mal planteada y en 40 años creo que debía de haber habido cambios políticos y judiciales importantes. Hace ya más de 30 que ETA mató al primer guardia civil. Y desde entonces no ha dejado de matar. Y encima se nos dice que hay que dialogar con ellos. Eso no es lícito. No nos vamos a callar. Vamos a seguir luchando de manera pacífica y sin tregua. Todos estamos en el punto de mira de estos asesinos (Diario de Cádiz, 02/08/2008).

Cerca de la medianoche del 3 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Haizea de Zarauz (Guipúzcoa) a cinco agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban fuera de servicio y de paisano. Los agentes se encontraban en el local, situado a las afueras de Zarauz, tomando una copa cuando, en torno a las 23:45 horas, irrumpieron tres terroristas provistos de metralletas por la puerta trasera del local, mientras otros dos esperaban en el exterior. Tras gritar "¡Gora ETA militarra!", los asesinos de la banda comenzaron a disparar sus armas contra los guardias civiles, rematándolos en el suelo según iban cayendo. Fallecieron en el acto los cabos primero ÁNGEL RETAMAR NOGALES y ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ, y los guardias JULIO CÉSAR CASTILLEJO PÉREZ y MODESTO GARCÍA LORENZO.

En el brutal ametrallamiento –los pistoleros de la banda realizaron unos sesenta disparos– fueron heridos de gravedad un quinto agente de la Guardia Civil, Nicolás Martín Maestro, y un cliente del bar, el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena. Este último falleció horas después, el 4 de noviembre. Otros cuatro vecinos de Zarauz resultaron heridos de diferente consideración: Basilio Elola, de 39 años, herido muy grave, recibió un tiro en la espalda, quedando la bala alojada en la segunda vértebra dorsal; Ismael Aguirre Unanue, de 23 años –herido en los dos pies y en un brazo–, y su acompañante Izaskun Garmendia, de 19 años –herida en un tobillo y en una ceja–, y Antonio Izquierdo, camarero del bar, que recibió un tiro en el cuello. Todos los heridos fueron trasladados en ambulancias y coches particulares a diferentes centros hospitalarios, siendo el más grave el peluquero Miguel Lasa.

El Bar Haizea era frecuentado por miembros de la Guardia Civil de Zarauz, costumbre que conocían en la localidad, por lo que a ETA no le fue difícil organizar la carnicería. Tras ametrallar a los guardias civiles, los autores huyeron en un vehículo Renault 18. "Sólo una reacción rápida e instintiva del resto de los clientes impidió que la carnicería alcanzase mayores proporciones. Y no vi nada, precisamente porque, al oír los disparos, no quise ni mirar. No sé si me tiré al suelo o me desplomé. Al levantarme, había cadáveres, sangre y un tremendo desconcierto", relató un cliente del bar testigo del atentado (El País, 05/11/1980).

El Ayuntamiento de Zarauz aprobó una moción de condena al día siguiente, aprobada por unanimidad. Los concejales de Herri Batasuna sí se sumaron a la moción a título personal, como hicieron con su asistencia a la manifestación silenciosa que recorrió la localidad la tarde del 4 de noviembre. Más de dos mil quinientas personas acudieron a la misma. La negativa de la coalición proetarra a firmar como partido la moción provocó que uno de los concejales, Markaida, anunciase públicamente la dimisión "por no poder continuar en este escaño ante tal situación de violencia"(ABC, 05/11/1980).

El 4 de noviembre a las tres de la tarde hubo algunos incidentes durante la celebración del funeral por los cuatro guardias civiles asesinados, que tuvo lugar en el Gobierno Civil de Guipúzcoa a las tres de la tarde en un clima de gran tensión. Una mujer increpó al ministro de Interior, Juan José Rosón, diciéndole: "Rosón, a ver qué le cuentas ahora a Suárez de estos muertos", por lo que fue retenida por funcionarios policiales para que se identificase. El padre y el hermano de otro de los asesinados protagonizaron también escenas de protesta, gritando contra ETA y contra el Gobierno.

En 1988 la Audiencia Nacional condenó a Juan María Tapia Irujo a penas que sumaban más de 50 años de prisión. En 2001 fue condenado José Javier Zabaleta Elosegi, alias Baldo, como autor del atentado, a 30 años de prisión mayor por cada víctima mortal y a otros 10 por cada uno de los cinco asesinatos frustrados, sumando un total de 200 años. Según el relato de hechos probados, Zabaleta Elosegi formaba parte en 1980 de un grupo de liberados de ETA –a sueldo de la banda– que actuaba en las zonas de Beasain y Zarauz. El 3 de noviembre de 1980 cinco terroristas se dirigieron al Bar Haizea, en Zarauz, y dos de ellos, entre los que se encontraba Baldo, se quedaron fuera del establecimiento "para apoyar la acción" que habían planeado. Baldo, número dos de ETA y responsable del aparato logístico de la banda hasta su detención en 1990 en Biarritz, fue extraditado por Francia en 1998 tras cumplir en ese país una condena de ocho años de cárcel por "asociación malhechores".

No obstante, en la web de la Guardia Civil figuran como autores del ametrallamiento miembros del grupo Ixkulin de ETA, formado en la segunda mitad de 1980, citando a Juan Pablo Gude Pego, alias Antxon el Grande. Presuntamente participaron en el atentado, además de Gude Pego, Tapia Irujo y Zabaleta Elosegi, los siguientes etarras: José Antonio Olaizola Achucarro, alias Itxaso y Antxon; José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo; Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela; y Pedro María Leguina Aurre, alias Txiki, Kepa y Kepatxu.

José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo, no ha sido juzgado por ninguno de los diez asesinatos en los que presuntamente habría participado, entre ellos los cinco del Bar Haizea. Datos incautados en el año 2005 en Francia confirmarían que habría vuelto de Méjico y se habría reintegrado en la banda, manteniendo las posturas más duras dentro de la misma. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista lo sitúan de nuevo en Sudamérica desde el año 2010, adonde habría ido para poder trabajar en la reorganización operativa de la banda asesina en un lugar más seguro que el sur de Francia. José Antonio Olaizola Achucarro, Antxon e Itxaso, fue deportado a Argelia a finales de 1980 y podría estar viviendo en Cabo Verde. Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela, murió en Burdeos en enero de 1984, tras ser tiroteado en San Juan de Luz por los GAL en diciembre de 1983. Pedro María Leguina Aurre, Txiki, Kepa y Kepatxu, fue detenido el 31 de diciembre de 1999 en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Pese a que las autoridades españolas consideran a Leguina Aurre autor de más de veinte asesinatos cometidos entre 1975 y 1981, no ha podido ser juzgado por la mayor parte de esos delitos por prescripción de los mismos. Entregado por Francia en diciembre de 2001, en la actualidad cumple penas que suman 90 años de prisión por diferentes crímenes.

Julio César Castillejos Pérez, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Villaviciosa (Asturias) y estaba soltero.

Modesto García Lorenzo, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Ribadelago (Zamora) y estaba soltero.

Arturo López Hernández, cabo primero de la Guardia Civil de 37 años, era natural de La Zubia (Granada) y estaba soltero.

Ángel Retamar Nogales, cabo primero de la Guardia Civil de 26 años, era natural de Palomas (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijos.

A las seis y media de la tarde del domingo 5 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Tolosa al guardia civil MARIANO CRIADO RAMAJO cuando salía, acompañado por otros tres agentes, del campo de fútbol de Berazubi, donde habían prestado servicio de seguridad en el partido entre el Tolosa y el Tudelano. El atentado fue idéntico al perpetrado dos semanas antes, el 22 de octubre, contra dos parejas de la Guardia Civil que salían de prestar el mismo servicio en el campo de fútbol de Gobelas en Las Arenas de Guecho, atentado que provocó la muerte de tres de los cuatro guardias civiles.

Esta vez los terroristas del grupo Gamboa de ETA no esperaron a que los guardias civiles se alejaran del estadio, como ocurrió en Guecho. Desde una posición alta, y escondidos detrás de una tapia, los etarras –tres individuos con el rostro cubierto– ametrallaron a los agentes que salían por una puerta trasera del estadio, cuando todavía un gran número de aficionados no había abandonado el recinto pues hacía escasamente un minuto que había terminado el partido. Mariano Criado, que marchaba más rezagado, fue alcanzado por un disparo en el cuello que le causó la muerte en el acto. Sus compañeros se escondieron detrás del autobús del equipo visitante, el Tudelano, e intentaron repeler el ataque terrorista que provocó heridas graves al agente Antonio Pinel Romero y al niño de 13 años Jesús Orbegozo Beristain. El primero, herido en el hombro, tardó nueve meses en ser dado de alta, mientras que el niño Jesús Orbegozo, que recibió dos impactos en la pierna y el hombro, estuvo ingresado cuarenta y cinco días.

El pánico se desató entre el numeroso público que todavía estaba en las gradas, que se puso a cubierto como pudo. Desde los vestuarios del campo, en los que se habían refugiado unas cincuenta personas, se veían las piernas de un guardia civil tendido en el suelo. El gobernador civil de la provincia desmintió que el niño Jesús Orbegozo fuese alcanzado por las balas disparadas por los guardias civiles ya que se encontraba detrás de las fuerzas del orden. Tanto él como el guardia civil Antonio Pinel fueron trasladados a la Clínica San Cosme y San Damián, de Tolosa.

Los agresores se dieron a la fuga en un automóvil cuyos datos coincidían con el vehículo robado a punta de pistola ese mismo día en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.

Al día siguiente, lunes 6 de noviembre, se celebraba el funeral por el alma de Mariano Criado en la Iglesia de Santa María de Tolosa. Dentro y fuera del templo se vivieron momentos de gran tensión. A los gritos proferidos por varias mujeres de guardias civiles en contra de la democracia y a favor de la restauración de la dictadura se sumaron otros de "Muerte a los asesinos" y "no queremos medallas, queremos irnos de aquí yno queremos vivir entre gente asesina". También se oyeron gritos contra Martín Villa y contra el Gobierno en general.

Al finalizar el acto religioso, al que asistieron las autoridades civiles y militares, acompañadas del consejero de Interior del Consejo General vasco, Txiki Benegas, numerosos guardias civiles, que mantuvieron en todo momento una disciplina férrea sin dar un solo grito, rompieron a llorar al ver cómo el féretro con los restos de su compañero era introducido en el furgón que emprendería el viaje hacia Cáceres, donde sería enterrado.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a los autores del atentado –José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola– a sendas penas de 27 años de prisión mayor por el asesinato de Mariano Criado, y a dos penas de 12 años de prisión menor por los dos asesinatos frustrados.

Mariano Criado Ramajo tenía 24 años, estaba casado y era natural de Cáceres, ciudad en la que se encontraba hospitalizada su mujer que estaba a punto de dar a luz al primer hijo de la pareja.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9a1gQY9OI

https://www.youtube.com/watch?v=ZwyJcvlOCjc

Hacia las 16:45 horas del 7 de noviembre de 1991 la bomba colocada por Juan Carlos Iglesias Chouzas y Francisco Javier Martínez Izaguirre en los bajos del vehículo particular del guardia civil Antonio Moreno Chica estalló cuando entraban en Erandio (Vizcaya), matando en el acto a su hijo de 2 años, FABIO MORENO ASLA, hiriendo a su hermano gemelo, Alexander –que sufrió quemaduras en una pierna y perforación en un tímpano–, y al propio agente de la Guardia Civil, que tardaría 852 días en curar sus heridas.

Tres días antes los asesinos habían colocado el artefacto bajo el asiento del copiloto sabiendo perfectamente que Antonio Moreno utilizaba ese vehículo exclusivamente para los desplazamientos con su familia, pues para ir y venir a su trabajo en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao utilizaba el tren. Mientras Martínez Izaguirre vigilaba, Iglesias Chouzas, alias Gadafi, había forzado la puerta delantera derecha para colocar el artefacto explosivo bajo el asiento del copiloto.

"La bomba llevaba en el coche tres días, lo que pasa es que en tres días no lo habíamos usado. El coche sólo se utilizaba para la familia, para llevar a los críos a la piscina, al monte... Cuando se puso esa bomba se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser sólo para mí", contó en 2006 Antonio Moreno Chica (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

La banda asesina de niños, porque no se la puede calificar de otra forma, hacía tres semanas que había mutilado gravemente a otra niña, Irene Villa. Además, ese año de 1991 ETA había asesinado a otros seis menores de edad antes que a Fabio Moreno, cinco de ellos en la casa cuartel de Vic, y una en San Sebastián, María del Coro Villamudria.

Felipe González, el entonces presidente del Gobierno, declaró al día siguiente del asesinato de Fabio: "Me produce una profunda repulsión moral, que a veces me coloca en una situación muy próxima a la pérdida de control. Por eso trato de no perder el control de la lucha contra esos asesinos de niños. Acontecimientos como el de ayer refuerzan nuestra voluntad de acabar con ellos" (ABC, 09/11/1991).

Antonio Moreno había recogido a sus gemelos en una piscina cubierta de Guecho en la que habían estado con su madre. En una curva cerrada a la entrada de Erandio el artefacto explotó. Fabio murió en el acto, con la cabeza destrozada y un brazo prácticamente desgajado del cuerpo:

Al abrir la parte de atrás del coche saqué a Alex, que estaba bien, lo malo fue cuando fui a sacar a Fabio, que lo tuve que coger a trozos. No sabes cómo sujetarlo porque se te cae por todos los sitios. Al reventar la bomba me reventó los tímpanos. No oía nada, no sabía lo que estaba pasando (...) Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Si en teoría el malo de la película diríamos que soy yo (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

Abrazado al cadáver de su hijo que acababa de sacar de la chatarra del vehículo, Antonio Moreno Chica repetía: "Ya me lo han matado esos hijos de ****". Él y Alexander fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo, donde se les diagnosticó rotura de tímpanos.

Todos los partidos políticos, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron unánimemente el atentado. En un comunicado execrable, como todos los de la formación proetarra, HB señalaba que entendían el dolor que producía el atentado, que lamentaban la muerte del niño pero que no permitirían "que se utilice ese dolor para la realización de denuncias hipócritas por parte de quienes tienen la responsabilidad de estar prolongando el sufrimiento de este pueblo" y reclamaba, una vez más, la negociación con ETA.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a un total de 85 años de prisión al etarra Martínez Izaguirre. Coincidiendo con este juicio, Arantxa Asla, la madre de Fabio, manifestó que ella lo condenaría a "la muerte, que no es ni más ni menos lo que ellos hicieron a mi hijo, matarle. Ojo por ojo y diente por diente (...) Yo no puedo olvidar lo que ellos le han hecho a mi hijo y a mi familia, y tampoco puedo perdonarles. Sé que hay personas que afirman haber perdonado a los asesinos de sus familiares. Pero yo no puedo" (El Mundo, 23/01/1995). Con el paso del tiempo ese sentimiento de odio, de desear "que les pasara lo mismo" y que "sufrieran como perros" ha pasado. Ahora "simplemente no les perdono" y quiere "que cumplan sus penas" (El Correo, 10/07/2010).

En 2003 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a un total de 82 años por este atentado. Sin embargo fue absuelta de su participación en el asesinato de Fabio la etarra Rosa María Arana Txakartegi, pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado las mismas penas que para Gadafi y por los mismos delitos. El tribunal aplicó a la etarra el principio in dubio pro reo, justificando esta decisión por no haber podido reconstruir de manera absolutamente clara la participación de Arana en el atentado. Y eso a pesar de que la principal prueba de cargo aportada por la Fiscalía era una nota manuscrita que se le incautó a Arana cuando fue detenida en 1992 y en la que se decía: "Yo había estado con ellos controlando cuando abrieron la puerta y colocaron la bomba en el coche del padre de Fabio". Arana fue detenida en febrero de 2001 cuando salía de su turno de trabajo en una fábrica de Guernica bajo la acusación de ser quien dio la orden de atentar contra Antonio Moreno.

En septiembre de 2005 Gadafi pidió su traslado a España, para seguir cumpliendo sus condenas aquí, quizás porque intuía que en España la situación podría serle más favorable. Cuando llegó a España, el padre de Fabio fue entrevistado en ABC y señaló algo que, lamentablemente, se está produciendo en estos momentos, que es la criminalización de las víctimas. Preguntado sobre qué pensaba de que Gadafi viniese a cumplir su condena a España "para estar más cerca de su familia, su novia y su hijo", Antonio Moreno contestó:

Sentí vergüenza de tener los gobernantes que tenemos. Anoche no pegué un puñetero ojo. Estaba viendo por televisión la llegada a España de esta alimaña y se me quitaron hasta las ganas de vivir. Ha llegado para reírse de nosotros y lo hace con el asentimiento del Gobierno. Y si yo ahora voy y mato a su hijo, ¿estamos en paz? Si yo fuera una alimaña como él podría matar a su hijo tranquilamente. ¿Y me van a dar los mismos privilegios que a él?, pregunto. Lo único cierto es que él va a tener a su hijo y yo no. Además, sé lo que va a pasar: pondrán a ‘Gadafi’ como buque insignia de la negociación, negociaremos todos, todos a las cárceles del País Vasco, y, en cuatro días, a la calle, eso sí, con una sonrisa. Y si las víctimas no nos reímos también nos dirán que somos unos desgraciados, unos rencorosos que no queremos la paz. ¿Es que somos tontos? Siempre las víctimas tienen que hacer los esfuerzos, y los gobiernos como éste que tenemos y los terroristas, ¡al cachondeo! ¿Para que no haya más víctimas? Eso sólo se arregla con buena presión policial, como les estaban haciendo (...) Van a venir todos [los presos] porque va a haber una negociación y todos a la calle en cuatro días. Y si no, les darán algún régimen especial y a vivir. Otra vez se van a reír de nosotros. Nadie nos apoya. El anterior Gobierno empezó a apoyarnos y comenzábamos a sentirnos respetados; pero ha vuelto esta gente y sientes de nuevo la bofetada con la negociación y el acercamiento de presos a sus familias. Y si no, a las familias de los presos les pagan viajes para que vayan a verlos, mientras yo llevo esperando 14 años a que el Gobierno vasco me pague un billete para ir a ver la tumba de mi hijo (ABC, 15/09/2005).

Los funerales por Fabio Moreno se celebraron en la parroquia de San Agustín de Erandio, y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio vizcaíno de Derio.

Fabio Moreno Asla, de 2 años, había nacido en Bilbao. Su madre, Arantxa Asla, y toda su familia materna, era vasca. Su padre, Antonio Moreno Chica, de 32 años, era natural de Granada y estaba destinado en el servicio de Intervención de Armas de La Salve (Bilbao) desde 1979. Además de su padre, el abuelo paterno del niño también fue guardia civil y había estado destinado en Vizcaya. El matrimonio era muy conocido en Erandio, donde los padres de Arantxa regentaron durante años un bar. Además de los gemelos Fabio y Alexander tenían otro hijo, Marco, que tenía 10 años cuando asesinaron a su hermano. Antonio tuvo que dejar la Guardia Civil por las secuelas que le quedaron tras el atentado. Si ningún padre puede superar y olvidar la muerte de un hijo, en el caso de Fabio ha sido imposible, porque su gemelo Alex les recuerda siempre al niño asesinado:

Veo a Alex, un tiarrón de 1,80 metros con 16 años, un deportista fenómeno, un chaval estupendo... y siempre pienso en el hermano... Le veo y la congoja se engancha a la garganta y ya no te la quita nadie. Imaginas... Y eso te destroza (ABC, 15/09/2005).

Alex perdió el habla tras el asesinato de su gemelo, y tardó cuatro meses en recuperarla. Su hermano Marco recordaba en 2010 durante un homenaje a Fabio en el Ayuntamiento de Erandio cómo se enteró de todo:

"Me lo dijo mi tío en el ascensor con estas palabras: 'Tu padre y Alex están bien, pero Fabio ha muerto'". Al entrar en casa, la desolación. Su madre, "llorando". Su padre, hundido en el sofá. Mucha gente pululando por la vivienda y su hermano muerto por culpa del "fanatismo". Él ya tenía una edad en 1991 para recordar lo que pasó. "Le querré toda mi vida y con todo mi corazón" (...) A Marco, que ya está casado y tiene un hijo, no le dejó satisfecho el homenaje del Ayuntamiento. Lo que menos le gustó fue la decisión de instalar la placa conmemorativa dentro y no fuera, en un espacio público a la vista de todos. Estaba decepcionado, como su padre (El Diario Montañés, 30/07/2010).

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9a1gQY9OI

https://www.youtube.com/watch?v=ZwyJcvlOCjc

A las diez de la mañana del 11 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en la carretera que une Beasain con Zumárraga, a la altura de la localidad guipuzcoana de Villarreal de Urrechu, al cabo de la Guardia Civil JOSÉ RODRÍGUEZ DE LAMA y al agente LUCIO REVILLA ALONSO. Los terroristas hicieron explotar una bomba escondida en un terraplén al paso de una patrulla compuesta por dos Land Rover que volvía al cuartel de la Benemérita después de prestar un servicio. Además, resultaron heridos otros dos guardias civiles, uno de ellos de extrema gravedad.

La patrulla pertenecía a la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil con base en Logroño. Miembros del grupo Urola de ETA habían confeccionado un artefacto explosivo del tipo "hornillo" con veinte kilos de Goma 2, más otros cuatro kilos de tuercas y tornillos para que actuaran a modo de metralla. El artefacto tenía un cable de más de cincuenta metros que permitió a los terroristas activarlo a distancia. La intención de los asesinos de la banda era hacerlo estallar para que alcanzase a los dos Land Rover, pero momentos antes el primero de ellos había adelantado a un camión, distanciándose del segundo, por lo que la explosión afectó sólo a éste. El coche, en el que viajaban tres agentes, saltó por los aires y quedó partido por la mitad a varios metros de distancia del lugar de la explosión. José Rodríguez y Lucio Revilla salieron despedidos del Land Rover y sus cuerpos destrozados cayeron a más de quince metros del vehículo. El tercer guardia civil, Francisco Córdoba Ramos, consiguió salir por su propio pie, aunque tras dar unos pasos perdió el conocimiento y se desplomó sobre unas zarzas. Herido de gravedad por la metralla del artefacto explosivo fue trasladado urgentemente al Hospital Militar de Vitoria.

Diez minutos antes de producirse este atentado, otro guardia civil, Juan Malpica Aguilera, había resultado gravemente herido en Rentería al explotar una bomba-lapa que se activó al poner en marcha el vehículo de su propiedad. La parte delantera del vehículo quedó destrozada. El guardia civil, con una pierna machacada, salió despedido del coche y cayó al suelo. En el hospital se le apreció amputación traumática de la pierna izquierda, además de contusiones múltiples en pecho y mentón. Los médicos que le intervinieron en la residencia de Nuestra Señora de Aránzazu tuvieron que amputarle la pierna izquierda a la altura de la ingle para salvarle la vida, ya que la situación del agente era de extrema gravedad. En el momento del atentado, Juan Malpica, de 40 años y natural de Viator (Almería), estaba casado y tenía cuatro hijos de corta edad.

Pocas horas después de ambos atentados se organizaron manifestaciones espontáneas en Rentería y Zumárraga para protestar contra ETA. El comité local del Partido Comunista de Rentería repartió miles de octavillas en las que se podía leer: "En cuarenta años los terroristas en el poder no han podido con Euskadi. Hoy Euskadi no quiere terroristas para conseguir la libertad".

Al día siguiente, sábado 12 de noviembre, en un clima de enorme dolor y tensión, se celebraron los funerales de cuerpo presente por los dos guardias civiles asesinados. El primer incidente se registró nada más llegar las autoridades, encabezadas por los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa. Una voz se alzó por tres veces gritando "¡Fuera de ahí!", ante la presencia del diputado y presidente de la Comisión de Defensa de las Cortes, Enrique Múgica, siendo acallada por los propios militares asistentes. Finalizado el funeral, los guardias civiles asistentes entonaron el Himno de la Guardia Civil, y se dieron gritos de "¡Viva España!, ¡Viva el Rey! y ¡Viva la Guardia Civil!". Una vez terminado el acto, varias personas volvieron a increpar e insultar a Enrique Múgica, al que llegaron a llamar asesino.

En 1987 la Audiencia Nacional condenó a Mercedes Galdós Arsuaga, alias Bitxori, a 27 años de reclusión mayor por cada uno de los dos asesinatos, y a otras cuatro penas de 17 años de prisión menor por los asesinatos frustrados. Salió de prisión en septiembre de 2005, tras cumplir sólo 19 años de cárcel del total de 700 años a los que fue condenada por su participación probada en diecisiete asesinatos.

En 1995, tras ser extraditado por Francia, la Audiencia Nacional condenó a Félix Ramón Gil Ostoaga, alias Zaldi, a una pena de 29 y a otra de 27 años de reclusión mayor como autor del asesinato de los dos guardias civiles. El etarra, que acumulaba condenas que sumaban casi 300 años por otros asesinatos, fue puesto en libertad el 9 de octubre de 2002, tras cumplir sólo 13 años de condena. La magistrada Ruth Alonso, jueza de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco, decidió la puesta en libertad de Ostoaga en una decisión muy polémica y a pesar de los informes reiterados de la prisión de Nanclares de la Oca, donde el etarra cumplía condena, en los que se retrataba al terrorista como un hombre que se relacionaba "exclusivamente con sus compañeros de ETA, frío, distante y calculador". Pocas semanas después, el 23 de noviembre, Gil Ostoaga se suicidó en un descampado de Legazpia (Guipúzcoa) disparándose con una escopeta de caza, propiedad de su hermano, en el pecho. El informe forense así lo determinó, y la familia no solicitó una segunda autopsia, aunque sí culparon al, según ellos, "linchamiento público" al que fue sometido tras ser excarcelado. Sin embargo, ya en prisión había intentado suicidarse dos veces debido a problemas personales, uno de los motivos esgrimidos precisamente por la juez Ruth Alonso para concederle la libertad provisional.

También participó en el atentado José María Zaldúa Corta, alias Aitona, que falleció de un infarto en septiembre de 2010 mientras paseaba en bicicleta en la localidad francesa de Aix-en-Provence. Todos los asesinatos en los que participó Zaldúa Corta como miembro de los grupos Urola y Nafarroa de ETA quedaron impunes.

Un cuarto autor material del asesinato de Lucio y José fue Juan Manuel Bereciartúa Echaniz, alias Pakea. El etarra huyó a Venezuela en 1984, donde se convirtió en empresario y cocinero, se casó con Isabel Larrañaga y consiguió, en 2003, la nacionalidad venezolana gracias al Gobierno chavista. Allí regenta el restaurante Pakea de comida vasca, sin haber sido juzgado por ninguno de los atentados en los que participó.

El último integrante del grupo Urola de ETA era Ramón Oñaederra, alias Katu, que murió en atentado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) en 1983.

Lucio Revilla Alonso, guardia civil de 25 años, era natural de Benavente (Zamora). Estaba soltero.

José Rodríguez de Lama, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de León. Estaba casado con María del Carmen Villar, y tenían dos hijos. Carmen estaba embarazada de ocho meses de su tercer hijo. La viuda se enteró por la radio de que había habido un atentado donde estaba destinado su marido. Hizo varias llamadas a compañeros, pero nadie le confirmó que su marido era uno de los muertos, de lo que se enteró finalmente por la radio. Carmen pidió que no le pusiesen ninguna medalla: "Recuerdo que siempre me decía que si alguna vez le ocurriera algo de eso, decía, lo único que te pido es que no dejes que me pongan ninguna medalla en el féretro". A Carmen tuvieron que adelantarle el parto:

Di a luz... y no lo quería. El niño lloraba mucho y no quería ni verle (...). Tuve unos días tan difíciles y tan mal, tan mal estaba que la verdad es que me tenían sedada todo el día. Realmente tengo ahí una laguna, pues como de un año, o más (Trece entre mil, documental de Iñaki Arteta).

Ese hijo, José, que nació un mes después de que su padre fuese asesinado, también dio su testimonio a Iñaki Arteta y Alfonso Galletero en el libro Olvidados:Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que mi padre no estaba. Para mí, mi padre fue siempre mi abuelo. Él era el que estaba siempre pendiente de mí. Y aunque siempre me dejó claro que era mi abuelo y que yo había tenido un padre, para mí era todo muy confuso porque la única figura paterna que yo encontraba era la suya. Supongo que a esta confusión contribuyó el hecho de que en casa el tema de la muerte de mi padre fuera tabú, no se tocaba nunca. Tardé años en enterarme de cómo había muerto (...). Un día, creo que debía de tener siete u ocho años, mi abuelo se sentó conmigo y me lo explicó (...) Mi madre, de mi padre nos contaba pocas cosas, la verdad. Incluso tengo que reconocer que en esta conversación [el testimonio prestado a Arteta y Galletero] me he enterado de cosas que no sabía, que no había oído nunca. Mi madre se ha guardado el recuerdo de mi padre muy para ella, porque yo creo que, en el fondo, siempre le ha dolido mucho hablar de él".

Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.

Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.

Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad. Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.

Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.

El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.

Juan García León, de 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.

Minutos antes de las nueve de la noche del 19 de noviembre de 1991, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinaba de dos tiros por la espalda al sargento de la Guardia Civil PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, mientras paseaba con su novia, Gracia Oliva, por Galdácano (Vizcaya). El sargento cayó al suelo herido y Gadafi lo remató con un tiro en la cabeza. A continuación se montó en un taxi robado, donde le esperaba Javier Martínez Izaguirre, y emprendieron la huida.

Trasladado urgentemente al Hospital de Galdácano por la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y tres heridas por arma de fuego: una con orifico de entrada en la nuca y salida en la frente y dos impactos más en los costados, a la altura de la axila. Los médicos certificaron su fallecimiento una hora después de su ingreso en el hospital.

Los asesinos abandonaron el taxi a dos kilómetros del lugar de los hechos, en la calle Larrazabal de Basauri. Hasta ahí se trasladaron artificieros del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaron cuidadosamente el vehículo, sin resultados, en previsión de que pudiera albergar explosivos. El coche había sido robado a punta de pistola sobre las 20:30 horas en la parada de taxis del propio Galdácano.

En la madrugada del día siguiente, 20 de noviembre, se instaló en el Gobierno Civil la capilla ardiente. El funeral tuvo lugar a la una y media del mediodía en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

Como pudo confirmarse posteriormente, gracias a la investigación policial y judicial que llevó a la detención y puesta a disposición judicial de los autores materiales y su cómplice, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, los terroristas seguían los pasos del sargento y conocían muy bien su costumbre de dar una vuelta por la localidad antes de regresar a la casa cuartel. En 1996 la Audiencia Nacional condenó a Javier Martínez Izaguirre, como autor responsable del asesinato del sargento Carbonero, a la pena de de 30 años de reclusión mayor. La misma sentencia condenó a Juan Manuel Tobalina Rodríguez en concepto de encubridor a 10 años de prisión mayor. Once años después, en enero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, a 30 años de prisión mayor como autor material del asesinato.

Según el relato de los hechos recogido en las dos sentencias, Martínez Izaguirre e Iglesias Chouzas planificaron, con la ayuda de Tobalina Rodríguez, asesinar al sargento Carbonero en noviembre de 1991. Tras someterlo a vigilancia previa para confirmar sus itinerarios y rutinas, intentaron cometer el atentado el día anterior, 18 de noviembre. Ese día, por la tarde, fueron trasladados por Juan Manuel Tobalina en un vehículo hasta Galdácano, donde Gadafi y Martínez Izaguirre tomaron un taxi. Instantes después de iniciado el trayecto se identificaron al conductor como miembros de ETA y le obligaron a que los llevara hasta el barrio de Elejalde, "donde le hacen descender, continuando aquellos con el vehículo". Sin embargo no localizan al sargento y regresan al lugar donde habían dejado al taxista, "obligándole a llevarles hasta Basauri, donde Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre se apean, entregan al conductor 3.000 pesetas (unos 18 euros) y le advierten que no denuncie lo sucedido".

Al día siguiente, 19 de noviembre, ambos volvieron a trasladarse hasta Galdácano. Sobre las 20:40 horas tomaron un taxi y, tras amenazar al conductor mostrándole una pistola, le dijeron "somos miembros de ETA" y le obligaron a que se bajara del coche en las proximidades del Ayuntamiento. A continuación los dos se dirigieron hacia la calle Juan Bautista Uriarte y, a la altura del número 53, localizaron a Carbonero, que regresaba hacia el cuartel de la Guardia Civil en compañía de su pareja. Gadafi se bajó del taxi y, situándose detrás del sargento de la Guardia Civil, le disparó dos tiros que le alcanzaron en la zona izquierda del tórax. Una vez en el suelo, el asesino lo remató con otro disparo a bocajarro en la región occipital. A continuación, huyeron del lugar y se refugiaron en el domicilio de Juan Manuel Tobalina.

En enero de 2008 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nombre de la novia y los cuatro hijos del sargento asesinado. La sentencia de 2007 establecía una indemnización de 180.000 euros para la pareja de Pedro Carbonero y una cantidad igual para los cuatro hijos, a la que tendrían que hacer frente solidariamente Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre. La familia del sargento asesinado interpuso el recurso por considerar que existía un agravio comparativo en relación a otras indemnizaciones establecidas a otras víctimas del terrorismo.

Pedro Carbonero Fernández, sargento de la Guardia Civil de 54 años, estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 27 y los 22 años. Natural de la localidad cacereña de Peraleda de San Román, donde fueron inhumados sus restos mortales, llevaba diecisiete años destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado desempeñaba el cargo de jefe del puesto de la Guardia Civil de Galdácano.

En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero Eduardo Izquierdo Marfil.

Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda, estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las cercanías de la ermita en un automóvil.

Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos oficiales, conducido por José Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y, mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo remataban a su compañeroen el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.

José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba contra el vehículo oficial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia de un golpe sufrido durante la persecución.

El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de tráfico. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.

El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia, Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares. También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del Cuerpo. El sacerdote que ofició el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los atentados.El guardia Eduardo Izquierdo Marfil fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Eduardo Izquierdo Marfil, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Marfil había sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.

El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe,Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio, Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.

Aurelio Prieto Prieto, de 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.

A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.

Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.

La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.

En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.

José Herrero Quiles, de 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.

Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).