El Gobierno ha presentado este viernes con gran pompa
las cifras de lucha contra el fraude fiscal y laboral. Sin embargo, la cifra estelar ofrecida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no se ajusta a la realidad. La vicepresidenta aseguró que entre enero de 2012 y junio de este año, el tiempo que lleva el PP en el Gobierno, se han descubierto a 520.000 personas que cobraban de manera fraudulenta el seguro de desempleo lo que ha permitido ahorrar 3.160 millones. La cifra es enorme en relación con el número de ciudadanos que cobran la prestación (2,9 millones de parados). De ser correctas las cifras aportadas por la vicepresidenta supondrían que casi un 20% de las personas que lo cobran defraudan. El Gobierno, además, rechaza publicar el informe sobre los resultados de la lucha contra el fraude del que la vicepresidenta extrajo los datos.
El Ministerio de Empleo aclaró después, a preguntas de este periódico, que estas cifras, cuyo detalle nadie explica, corresponden en realidad en su enorme mayoría a casos de personas a las que se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o carecer de alguna documentación.
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Empleo asegura que las personas que han perdido su prestación en los últimos seis meses son 60.000, y solo una parte pequeña de ellos ha sido por trabajar y cobrar el desempleo a la vez. Otras 120.000 han tenido suspensiones temporales, la mayoría por faltas leves, cuestiones administrativas. Esos son los datos de este año, que detalla Empleo.
La vicepresidenta, tras el Consejo de Ministros, fue clara e incluso dejó caer que estaba hablando de 500.000 personas que trabajaban y cobraban a la vez la prestación, algo muy alejado de la realidad. “Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en b. Pues se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros”, insistió la vicepresidenta que ofreció la cifra hasta tres veces, reconociendo que era lo “más llamativo de todo el informe que ha presentado”.