AUGC consigue tumbar la norma que obliga a los guardias civiles a denunciar más
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Una de las normas más injustas que ha visto la luz en los últimos tiempos, el conocido Resumen de Actividades Individuales (RAI), que servía para presionar a los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico para que realizasen más denuncias, ha sido anulada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, ya que este reglamento fue impuesto por la Dirección General de la Guardia Civil, sin que previamente fuese trasladado a las asociaciones profesionales como obliga la Ley.
Esta norma premiaba a los agentes de tráfico que más denuncias interpusiesen, convirtiendo el servicio que ofrece el destacamento de tráfico en una espiral recaudatoria, ajena a los principios básicos con los que fue creada la Agrupación. Además, promovía la competición entre las distintas unidades, ya que los jefes cobraban una productividad más alta si sus subordinados eran los que más dinero conseguían recaudar.
AUGC, la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, ha alertado constantemente de la aberración y la alegalidad de la norma, ha promovido iniciativas políticas para suprimirla y ha reiterado que se estaba cometiendo un grave error, al no respetarse los valores que han cimentado la historia de esta agrupación: auxiliar, prevenir y, en último término, denunciar.
A pesar de la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados por UPyD e IU para la erradicación del RAI y las declaraciones del ministro del Interior en las que aseguraba que se iba a “revertir la situación”, ha sido una sentencia del TSJM la que ha obligado a la Dirección General de la Guardia Civil a retirar un reglamento que valora el servicio de los componentes de la Agrupación de Tráfico en función de su contribución a llenar las arcas del Estado.
“Nosotros vamos a revertir esa situación con una instrucción interna que estamos elaborando en estos momentos”, aseguró Fernández Díez en la Comisión Interior, según consta en el diario de sesiones, sin que nada de esto llegase a producirse.
La Dirección General ha preferido obviar el papel de las asociaciones profesionales que establece la Ley, según la cual las normas que afectan a las condiciones socio-laborales de los guardias civiles deben ser trasladadas, antes de su aprobación, a los representantes de los agentes en el Consejo de la Guardia Civil.
Con esta son ya varias las veces que los tribunales han anulado normas aprobadas por Interior, por no haber pasado previamente por dicho órgano, lo que viene también a ser un varapalo y una llamada de atención para la Dirección General de la Guardia Civil, que se empeña en ningunear y menospreciar el trabajo de las asociaciones profesionales.
Esta norma se creó a raíz de la popularmente conocida como “huelga de bolis caídos” que los propios agentes pusieron en marcha para protestar por sus condiciones socio-laborales. Fruto de esta iniciativa, el número de denuncias bajó a niveles históricos, llegando en muchas provincias a caer un 90 %. Fue entonces cuando la DGGC ideó este perverso plan para frenar la protesta.
Con más de 33.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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