Adiós a uno de los pilares de la lucha antiterrorista.
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- En menos de 24 horas el Congreso y el Tribunal Supremo han acabado con la incomunicación clásica de los detenidos y el valor probatorio de las declaraciones policiales
- En apenas 24 horas, entre el martes y el miércoles, los vetustos andamios en los que se cimentó durante más de 30 años la legislación y la acción antiterrorista recibieron dos severos mandobles por parte del Congreso y del Tribunal Supremo. Las dos instituciones acabaron con la incomunicación clásica de los detenidos y con el valor probatorio de las declaraciones policiales. Un doble golpe inopinado que, a decir de algunos, puede suponer un importante obstáculo en la batalla contra el nuevo terrorismo, el yihadista, y que para otros es solo un paso más hacia la normalidad y el garantismo tras el final de ETA.
La primera de las reformas vino de una enmienda transaccional del PNV a la reforma del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), aceptada por el PP, y que restringe las posibilidades de incomunicar a un detenido y obligará a un estricto control y justificación judicial de cualquier limitación excepcional de derechos que se le imponga durante el arresto.
A partir de ahora, el detenido incomunicado no está despojado por norma de derecho alguno y solo se le podrá restringir los que se soliciten explícitamente por los investigadores y siempre que el juez lo autorice. Y todo ello unido a dos visitas forenses diarias. La incomunicación, eso sí, podrá seguir prorrogada hasta tres días y siguen sin ser obligatorias las grabaciones en los interrogatorios.
«No es posible que en pleno siglo XXI, y con retos tan graves para la seguridad como el yihadismo y las bandas organizadas, limitemos determinadas herramientas que nos han servido para combatir con éxito al terrorismo», se lamenta José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Su opinión es compartida por numerosos mandos de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, que insisten en la necesidad de mantener la «incomunicación clásica» de los terroristas en la mayoría de las operaciones «para llevar a buen puerto» las investigaciones en marcha.
«En el fondo lo que trasluce de esta reforma es una profunda desconfianza en las fuerzas de seguridad. En lugar de reformar la LEC para afianzar a la policía como parte de ese proceso, lo que exigen a los agentes es una superjustificación basada en un complejo de hipergarantismo», abunda Benito.
En las antípodas de la UFP y de los mandos antiterroristas, que ven un «retroceso» en la reforma que aprobará la próxima semana el Congreso, está el 'padre' de la criatura, el diputado del PNV Emilio Olabarria. «Sí, sin duda es el principio del ocaso de la legislación antiterrorista. Las limitaciones a la incomunicación son un elemento de normalización desde la perspectiva de Euskadi. La paz se ha consolidado y estamos en la reconciliación y leyes como esta no ayudaban», apunta el parlamentario, que recuerda que España ya acumula cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por malos tratos propiciados por la incomunicación y multitud de reproches del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por este mismo asunto.
"Fin de una época"
«También la sentencia del Supremo va en esa misma línea. Certificar el fin de una época», apostilla Olabarría. El diputado se refiere al acuerdo de la Sala de lo Penal que fijó el miércoles que la declaración de los detenidos en comisaría que luego no son corroboradas en un juzgado solo tendrá valor probatorio en un juicio si se confirma la confesión policial por otros datos objetivos, como informes periciales, declaración de testigos presenciales o directos o evidencias documentales. Hasta ahora, imperaba otro criterio fijado en un pleno en 2006, en el que se acordó que validar esas declaraciones de los detenidos si los agentes que habían practicado el interrogatorio confirmaban los extremos de esa comparecencia durante la vista oral.
«Esa mera ratificación de los funcionarios ante el tribunal ha sido clave en condenas importantísimas, no solo de ETA, sino también de yihadismo. Ahora, el Supremo parte de la base de poner en duda el testimonio de los agentes», se queja un alto mando de la lucha antiterrorista. «Sigue la misma línea que la reforma de la LEC. Poner en duda la palabra de los policías, aunque sean un agente imprescindible en el sistema judicial», apostilla José María Benito.
Sin embargo, para el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) el fallo del Supremo no va a cambiar mucho las cosas en la lucha antiterrorista. «En realidad, no cambia nada en la operativa policial actual, pues a día de hoy prácticamente nadie sale condenado en vía penal por meras declaraciones policiales que no sean corroboradas y confirmadas con otros hechos, indicios o elementos de prueba», relata Javier Estévez, portavoz del SUP.
Estévez, a diferencia de la UFP o de algunos de los mandos de la lucha antiterrorista, no cree que la reforma de la incomunicación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sea grave. «Vivimos dentro de un sistema garantista de derechos y esta modificación contribuye a dar mayor legalidad a todas las actuaciones policiales y judiciales, limitando los casos en que puede aplicarse», entiende el dirigente del SUP.
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