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CitarESPANA Polémica por las devoluciones ilegales de inmigrantes
El juez cita a declarar al delegado del Gobierno de Melilla por irregularidades en las devoluciones
El coronel jefe de la Guardia Civil también tendrá que declarar
Deberán explicar la devolución a 21 inmigrantes hace justo un año
Actualizado: 14/02/2014 18:19 horas
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, han sido citados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad autónoma para que expliquen el procedimiento que se siguió en la devolución a Marruecos de 21 inmigrantes hace justo un año. En concreto, los 21 que consiguieron entrar subidos en dos coches kamikaze los días 7 y 10 de febrero de 2013, saltándose los controles de seguridad españoles en los pasos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana, respectivamente.
El Barkani y el coronel Martín Villaseñor tendrán que acudir a las Torres V Centenario el 25 de febrero, acusados de presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales, tal y como consta en la querella que presentaron contra ellos el principal partido de la oposición en el Asamblea, Coalición por Melilla (CPM), y la asociación Prodein.
Ambas entidades exponen en su querella que sólo se identificó a 9 de los 21 inmigrantes que fueron devueltos por donde volvieron, en contra de lo que establece el acuerdo de readmisión que España tiene suscrito con Marruecos desde 1992, que entró en vigor en diciembre de 2012 tras su publicación oficial.
Este convenio permite la posibilidad de que los extranjeros que entren irregularmente sean devueltos con una mayor celeridad que otros procedimientos especificados en la legislación sobre extranjería, pero ello "no supone la ausencia absoluta de trámites administrativos ni la ausencia de derechos para los extranjeros", recuerdan CPM y Prodein en su querella.
Como mínimo, los inmigrantes tienen derecho a ser identificados, de exponer sus circunstancias personas y a la asistencia letrada, "ya que previamente a la devolución y readmisión, siempre existe una detención", insisten la formación cepemista y la ONG. A ello se debe sumar, además, una certificación de Marruecos de que la readmisión ha sido aceptada, en la que se incluyan la identidad y la documentación de cada uno de los extranjeros que vayan a ser devueltos. "Todo ello, sin perjuicio de los derechos que asisten a cualquier persona detenida en nuestro derecho", añaden.
Nada de esto ocurrió en el caso de los 12 inmigrantes que entraron en un coche kamikaze el 10 de febrero de 2013, que sufrieron "una absoluta omisión de los trámites esenciales del procedimiento en la devolución y readmisión". Aquel día domingo estaba amaneciendo tranquilo en el paso fronterizo de Farhana, hasta que poco antes de las siete y media de la mañana, los subsaharianos irrumpieron a toda velocidad apiñados en un vehículo que la Guardia Civil pudo interceptar en su huida por la carretera de circunvalación. Pocos minutos después, los inmigrantes fueron devueltos por donde entraron "sin tan siquiera ser identificados, ni conocer nada de sus circunstancias a Marruecos", denuncian CPM y Prodein, que prevén que "ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Por eso en su querella, además de pedir la declaración judicial del delegado del Gobierno y del máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla, reclaman que la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Melilla informe de la forma en que se produjeron las devoluciones de los 21 inmigrantes que entraron a Melilla "de forma violenta" los días 7 y 10 de febrero del año pasado. Igualmente, quieren que la Comandancia de la Guardia Civil identifique a los agentes que intervinieron en la detención y devolución de los 21 subsaharianos.
El problema, según se desprende de la querella, está en los 12 inmigrantes que entraron por el paso fronterizo de Farhana el 10 de febrero y no en los 9 que lo hicieron el día 7 por la aduana de Beni-Enzar, ya que a éstos sí se les aplicó "el procedimiento citado en la norma convencional", cinco días después de su entrada, es decir, el 12 de febrero. Y aunque CPM y Prodein creen que la forma en la que entraron los 21 podría constituir un delito o, al menos, una infracción administrativa que legitimaría su detención, sobre ellos se omitió "cualquier tipo de garantía", lo que impide saber, por ejemplo, si entre ellos había algún menor de edad y si fueron informados de los motivos de su detención o de sus derechos, ya que ni siquiera les acompañó un abogado o un intérprete.
Por todo ello, el delegado del Gobierno y el coronel jefe de la Guardia Civil tendrán que acudir a la sede judicial el 25 de febrero a partir del mediodía para dar explicaciones, que serán grabadas en video y audio. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla les ha comunicado hoy mismo su citación, y también ha accedido a las otras dos peticiones para que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional informe de las devoluciones por un lado, y la Comandancia de la Guardia Civil identifique a los agentes que intervinieron en la detención y devolución de los inmigrantes los días 7 y 10 de febrero.
La aplicación del acuerdo hispano-marroquí ha sido también objeto de polémica en los últimos días en la tragedia de Ceuta. También lo fue hace año y medio, cuando 73 inmigrantes fueron desalojados de la Isla de Tierra, y en 2005, cuando cientos de subsaharianos que entraron a Melilla en la crisis de las vallas fueron abandonados después por Marruecos en el desierto.
http://www.elmundo.es/espana/2014/02...d698b4576.html
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