Por cierto, la regularización del Ministro Caldera dejó en evidencia que hasta 2005 había 800.000 personas que trabajaban sin que la empresa contratante hiciera los aportes correspondientes a la Seguridad Social. ¿quien es el que genera el desequilibrio económico? ¿El trabajador que cobra su salario en B por estar irregular o el empresario que se embolsa los aportes como benefico en B? ¿A quien hay que perseguir: al currito que está en negro (independientemente del color del pasaporte que posea) o al empresario que lucra con la trampa de contratar en negro (independientemente de que contrate gente de Albacete o de Atacama)?
Pensando en el bienestar de la población en general y en la riqueza como un bien social ¿que es más perjudicial? ¿10.000 trabajadores que no tengan permiso de trabajo y residencia o un tesorero de un partido político que se haya llevado a Suiza 55 millones de euros? O preguntado de otra forma ¿cuantos millones de trabajadores ilegales se necesitan para generar el mismo daño económico que ha producido la trama Gurtel?

A lo mejor el problema de los flujos migratorios no es tan grave como nos quieren hacer creer.