La sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada ha ordenado a la policía que investigue posibles irregularidades en una operación urbanística supuestamente orquestada para favorecer a un empresario y que tome declaración por ello al alcalde de la capital, José Torres Hurtado (PP), a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto,al concejal de Economía, Francisco Ledesma, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada. Ciudadanos, que aupó a Torres Hurtado a la alcaldía, ha asegurado que pedirá explicaciones por estos hechos.
Según el decreto del ministerio público, la investigación ordenada a la policía responde a las demandas del empresario Ramón Arenas, que denunció la invasión de una parcela de su propiedad por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa al empresario Roberto García Arrabal, como representante legal de la Fontdeis SL. Arenas considera que se ha producido una "estafa inmobiliaria", informa Europa Press. Para la fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias...........................
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