Con los estragos de la crisis económica, los noticieros se han llenado de imágenes de familias desahuciadas y, también, de políticos que se comprometen a poner sobre la mesa, si no soluciones definitivas, al menos medidas paliativas para sobrellevar la situación. El Gobierno andaluz ha sido una de las administraciones que anunció ayudas al alquiler de viviendas. Pero los resultados de aquella apuesta, que se materializó en un programa aprobado en 2008, han dejado mucho que desear.
El caso de Adela Golpe, residente en el barrio de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla) es buena prueba de ello. Junto a su marido, lleva 6 años acudiendo a las oficinas de Aruncy, la empresa intermediaria en el contrato de arrendamiento que tramitó la ayuda que entonces publicitaba la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para conseguir un apoyo económico para pagar las mensualidades de su piso. Su primer documento data de agosto de 2009. Y desde entonces, nada.
En aquella ocasión, rellenó el formulario que esta inmobiliaria le proporcionó y para el que Adela pagó 106 euros en concepto de tramitación de la subvención. Entonces le aseguraron que cumplía los requisitos y que, por lo tanto, había muchas posibilidades de que recibiera la ayuda.
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