Condenado un abogado a casi 2 años de cárcel en Vigo por estafar a tres guardias civiles





Un año y nueve meses de cárcel, tres años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía y 2.160 euros de multa. Es la pena que aceptó ayer en la Audiencia viguesa el abogado M. A. V.G. por estafar a tres guardias civiles de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), asociación con la que tenía un contrato de prestación de servicios para sus asociados. El letrado también debe pagar indemnizaciones que suman 161.000 euros: de este global, 17.000 los asume la compañía aseguradora del Colegio de Abogados de Madrid, entidad a la que estaba adscrito el jurista al momento de los hechos y que ya le había abierto expediente disciplinario por otra infracción anterior en su proceder profesional.





La Fiscalía pedía inicialmente 5 años de cárcel, pero la pena se redujo a menos de la mitad al alcanzarse un acuerdo de conformidad entre la defensa y los abogados de los perjudicados, entre ellos el personado en representación de la AUGC. El acusado fue condenado por delitos de deslealtad profesional, estafa y falsedad en documento privado.
Los hechos se remontan a 2005. El acusado tenía un contrato de prestación de servicios con la AUGC para temas de dirección jurídica de asociados. Los afectados le confiaron casos como el reparto de una herencia, incapacidades profesionales o la representación como acusación particular de un agente en un juicio penal, pero la mayoría ni los tramitó pese a recibir entre 300 y 600 euros como provisión de fondos cada vez.
Así, en el caso del agente que lo contactó para que lo representara en un juicio como acusación particular, el letrado no presentó ni escrito de acusación, ni partes médicos, ni se presentó en la vista, viéndose "totalmente desasistido" el perjudicado. En otro caso que llevó a nivel particular de un procedimiento de división de herencia también hizo "dejación de funciones".
Otro agente lo contrató en 2006 para un tema contencioso: el afectado pedía su "inutilidad total para el servicio", pero se la desestimó por no proponerse y practicarse periciales médicas que sí habían sido cobradas por el imputado. El último guardia civil afectado lo contrató por una reclamación de incapacidad total pero el abogado ni interpuso la demanda. Cuando murió el agente y sus herederos preguntaron al abogado sobre el procedimiento, les aportó documentos falsos para simular que se había celebrado la vista.
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