Mientras el Gobierno no ceda las competencias policiales de interés estatal, como son la vigilancia marítima, la vigilancia de fronteras, la prevención del contrabando, el resguardo fiscal, la seguridad de puertos y aeropuertos de interés general y el control de armas y explosivos, la Guardia Civil debe seguir en el País Vasco y en Cataluña.

Lo que se tienen que dejar es de complejos y de "bailarle el agua" a los gobiernos autonómicos, blindar las competencias que quedan y ejercer dichas funciones como se hace en cualquier punto de España; mientras sigan "escondiéndonos" por esos lares, solo van a conseguir que nos aislemos de la sociedad y se nos mire con recelo.