Insisto en que en un Estado de Derecho las actuaciones gubernativas han de ponderar los derechos de TODAS las personas que se vean implicadas en las mismas.
Las Autoridades políticas Nacionales y Europeas han de reflexionar sobre lo que ha sucedido y tomar una serie de medidas para evitar que hechos similares vuelvan a suceder (Un buen comienzo son las medidas adoptadas por Interior a la hora de reforzar el número de agentes en las zonas fronterizas).
Por supuesto que ni unos son tan buenos ni otros tan malos, por lo que el hecho de que un Juzgado haya abierto diligencias previas no deja de ser un acto que se ubica en la normalidad de nuestro Estado de Derecho, en el que cualquiera (ONG´s incluídas) puede pedir amparo judicial contra supuestas violaciones de sus derechos o de terceros.
La política migratoria ha de ser tratada con más seriedad ya que además de existir importantes intereses nacionales y comunitarios en la materia, los inmigrantes son seres humanos con una serie de derechos inherentes a tal condición (Por ejemplo derecho al reconocimiento pleno de su dignidad, el pleno reconocimiento en cualquier lugar de su personalidad o el derecho a solicitar asilo) por lo que parece razonable adoptar protocolos de actuación a la hora de actuar en este ámbito para dar seguridad jurídica a las actuaciones de las FCS, evitando ciertas acciones.
Finalmente, no creo que nadie pueda poner en duda la humanidad de las FCS Españolas, pudiéndose validar multitud de ejemplos.