Insisto en que las Autoridades Nacionales y Comunitarias han de reflexionar y tomas medidas eficaces en esta materia y no valen excusas. Si existe una presión migratoria importante o fuera de los común en los puntos fronterizos es razonable pensar que las Autoridades Españolas deben solicitar los medios que la legislación Europea contempla en esos casos.
No pretendo juzgar ninguna actuación profesional ni mucho menos señalar errores ya que además de comprender perfectamente la dificultad del trabajo policial en esas zonas corresponderá a un Juez validar ciertas cosas.
Relacionar actuaciones policiales en una manifestación y en un punto fronterizo, mencionar subvenciones a ONG´s o reducir el Estado de Derecho a tópicos absurdos pueden servir en una conversación de "barra de bar" pero carecen del más mínimo sentido a la hora de validar una actuación policial en sede Judicial.
Que un Juzgado haya abierto diligencias previas no puede dejar de considerarse como un acto de normalidad dentro del Estado de Derecho y ya se pronunciará el Tribunal si corresponde.
No comparto la claridad con la que algunos foreros defienden ese tipo de actuaciones, ya que -obviando referencias penales- existen otras facetas a tener en cuenta. Es difícil garantizar el reconocimiento pleno de la personalidad de las personas, el derecho de solicitar asilo o el derecho de asistencia humanitaria ante presuntos casos de tráfico de seres humanos con actos como las "devoluciones en caliente", además de ser complicado a la hora de clasificarlos dentro de las actuaciones humanitarias. Hay que recordar que cualquier inmigrante es un ser humano y por el hecho de serlo tiene una serie de derechos garantizados, empezando por la dignidad.
Por cierto, el 550 del Código Penal no hace distinción entre Nacionales y Extranjeros por lo que esas supuestas agresiones de inmigrantes pueden y deben ser judicializadas, independientemente de la situación administrativa del presunto autor.
Sería muy interesante que la Autoridad Gubernativa preparase un protocolo de actuación que diese seguridad jurídica a los miembros de la Policía de Fronteras ya que así se evitarían situaciones que son desagradables.