Interior deja a los guardias civiles sin ayudas para sufragar sus vacaciones






La crisis económica no respeta ni a la benemérita. Y es que el Gobierno acaba de renunciar a una licitación para contratar hoteles en diversos enclaves costeros de la geografía española entre junio y septiembre, habitaciones destinadas a las vacaciones de verano de los miembros de la Guardia Civil. Según consta en el anuncio hecho público a finales de la pasada semana, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, esgrime razones “de interés público” para cancelar el concurso. El Ministerio del Interior contemplaba un importe de 2,71 millones de euros, fondos que hubieran servido para abonar hasta un 40% del coste de las estancias de los guardias civiles. Finalmente, han podido más las estrecheces presupuestarias.





La licitación fue lanzada por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil el pasado 1 de diciembre, con el PSOE todavía al frente del Ejecutivo. El contrato tenía por objeto la “prestación de servicio de uso y disfrute de 200 habitaciones dobles en hoteles y 100 aparthoteles, para cada uno de los años 2012 y 2013, en el plazo comprendido entre el 16 de junio y el 22 de septiembre del 2012 y el 15 de junio y el 21 de septiembre de 2013 y por periodos de siete noches”. El 23 de diciembre se cerró el plazo para la presentación de ofertas, pero hasta la semana pasada no se había hecho pública resolución alguna. Interior comunicaba el 10 de mayo su renuncia “a la celebración del presente expediente”.

El contrato estaba dividido en una serie de lotes, en función de los destinos escogidos por la Guardia Civil para sus miembros. Por ejemplo, se buscaban hoteles en destinos como Sada (A Coruña), Isla (Cantabria), Benicasim y Peñíscola (Castellón), Benidorm (Alicante), Fuengirola (Málaga), Torre del Mar (Málaga), Matalascañas (Huelva) o Costa Ballena Rota (Cádiz), entre otros. También se requerían aparthoteles en Vera, Roquetas de Mar o Mojácar (Almería), La Manga (Murcia) y Peñíscola (Castellón). La categoría de los establecimientos era en la mayor parte de los casos de cuatro estrellas, y excepcionalmente de tres.

Del mismo modo, la mayoría de los inmuebles debían estar a un máximo de 200 metros de la playa, y contar con piscina (sin coste adicional) y jardín o zona de recreo infantil. Según constaba en los pliegos de la licitación, los 2,71 millones de euros eran “el máximo comprometido” por la Administración. Con esos fondos, “la Guardia Civil sufragará el 40% del coste total de cada hotel/aparthotel (…), correspondiendo el resto a la aportación individual de los usuarios, que abonarán directamente a la empresa adjudicataria, por importe correspondiente al periodo de disfrute”, rezaban los pliegos de la convocatoria. La estancia estaba limitada a siete días “en habitación doble y pensión completa para dos personas”.

Este beneficio social para los guardias civiles que el Gobierno ahora cancela no es ni mucho menos nuevo. Es más, se trata de una atención que estaba institucionalizada. Por ejemplo, el Ministerio del Interior hacía pública la adjudicación de un concurso similar en julio de 2010, coincidiendo con el último período vacacional. Los destinos eran prácticamente los mismos y la mayoría de los lotes se los repartieron Viajes Olympia Madrid y Viajes Iberia. El importe total de la licitación oscilaba entonces entre los 840.000 y los dos millones de euros. Pueden rastrearse contratos de esta índole en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el año 2007, cuando Viajes Marsans –la empresa de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual- se hizo con una parte del pastel. El dinero en liza se situaba en 631.650 euros.

Interior, a flote pese a los ajustes

El Ministerio del Interior ha sido uno de los menos afectados por las medidas de austeridad acometidas por el PP desde que accedió al poder. “De hecho, el departamento de Jorge Fernández Díaz se encuentra lejos de la reducción media del 16,9% que registra la práctica totalidad de ministerios”, subrayaba el propio Ejecutivo al detallar las cuentas. En efecto, los 7.701,78 millones de euros que maneja este año apenas suponen el 1,5% menos respecto a los 7.821,9 millones del ejercicio precedente. Una evolución que se explica por “la decisión del Gobierno de mantener una sólida política de seguridad”. La Secretaria de Estado de Seguridad mantiene su dotación, en torno a los 6.330 millones de euros.

En ese marco, la Dirección General de la Guardia Civil suma un presupuesto de 2.733 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,06% respecto a 2011. De esta cantidad, 2.381 millones se van a gastos de personal, que se reducen el 1,29%. “Los ajustes más importantes en esta partida se derivan de la congelación salarial del sueldo de los funcionarios públicos; la reducción en un 50% de los créditos asignados a formación y a acción social y la no aportación al plan de pensiones de la Administración General del Estado”, reza la información facilitada por el Ejecutivo. A tenor de las cifras y los ajustes, no parece que las vacaciones sean el principal motivo de preocupación para los miembros del cuerpo.

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