Lo del defensor del pueblo es una opción, pero yo probaría además la vía judicial. No estamos hablando de una ley sino de un reglamento y como buenos opositores sabéis que cualquier juez ordinario de lo Contencioso puede declarar su inconstitucionalidad y por tanto ordenar la cancelación de la convocatoria. A los que están en el colegio ya no les afectará, pero obligará a admitir a los 164 últimos de por libre.
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