Es cierto que es necesario dotar de seguridad jurídica a las FCS que realizan funciones de vigilancia de fronteras e incluso la Administración debe reflexionar sobre la necesidad de solicitar los mecanismos previstos por la Unión en casos excepcionales a la hora de vigilar las fronteras exteriores.
Parece coherente pensar que los inmigrantes que llegan a la frontera de Ceuta o Melilla lo hacen por muy diversos motivos (huyendo de zonas deprimidas, de conflictos armados e incluso del hambre) y han comprobado la enorme diferencia (afortunadamente) entre las actuaciones de los órganos Españoles en general o en particular de las FCSE y las policías de otros países.