Ni olvidamos ni perdonamos

[bachiller]

A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.

La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.

El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.

El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto "en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas", destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas "se habría multiplicado" si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.

Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto "a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETA de esos crímenes, estén sueltos por la calle". Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se "había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen" y que era "el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas". Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.

El cambio tan radical en la política antiterrorista que Rodríguez Zapatero dio al llegar al Gobierno motivó una dura y emotiva carta pública de Toñi, madre de Silvia, enviada a Libertad Digital el 4 de julio de 2006:

"(...) Sr. Zapatero, quiero que sepa que con su cobardía, con su desvergüenza, con su indignidad, con su maldito talante, con su pacto con los etarras, con su declaración del día 29 de junio para iniciar el proceso de diálogo, usted, transcurridos casi cuatro años, ha vuelto a asesinar a Silvia.

Usted sólo ha conseguido que los sentimientos que tuve que vivir aquella tarde del atentado, vuelvan a resurgir hoy en mí. Sentimientos que todavía trato de canalizar, después de casi tres años de ayuda psicológica y de un tratamiento médico contra la ansiedad.

Con su gestión en la política antiterrorista, ha conseguido que tenga el mismo desprecio por usted que siento por los asesinos de mi hija, de sus colaboradores y de quienes aplauden y festejan los atentados y que, para mí, son tan asesinos como aquellos que colocaron el coche bomba, cargado con 50 kgs. de explosivo, debajo del balcón de mi casa.

Usted se ha puesto de rodillas ante esos asesinos, usted y su gobierno han claudicado ante esos canallas, pero por favor no nos pida a las víctimas comprensión. Sr. Zapatero, usted no cuenta con mi autorización para negociar con la sangre de mi hija.

Usted que fue tan cobarde el pasado día 28 de junio de no querer mirarme a los ojos en el Congreso de los Diputados, usted que dio las órdenes oportunas para impedir que accediéramos a las proximidades del recinto con una corona de flores, humillándonos y tratándonos como si fuésemos delincuentes, usted no conseguirá silenciar mi voz.

En su anuncio de negociación, tan esperado por la banda terrorista ETA, usted nombra a las víctimas del terrorismo, a su memoria, a su dignidad y a su honor. Casualmente siempre olvida usted mencionar la palabra "justicia". En los dos años y medio que lleva en el poder, nunca le he escuchado mencionar esta palabra cuando se refiere a las víctimas. Justicia es lo que espero conseguir contra los miserables que asesinaron a mi hija, aunque pacte usted con ellos o con el mismísimo demonio ...

Por último le rogaría que no hable usted tan alegremente del dolor de las personas que hemos sufrido un atentado terrorista. A mí, como madre de Silvia, me ha demostrado que no le importa lo más mínimo el asesinato de una niña inocente. Sr. Zapatero, desgraciadamente para mí, todos los días 4 de agosto que me queden por vivir tengo que recordar que, ese fatídico día mi hija fue brutalmente asesinada.

En mi memoria quedará, que mientras usted celebra alegremente su cumpleaños ese día, en unión de sus dos hijas y de su esposa; a mi hija, con seis añitos no le permitieron cumplir ninguno más esos individuos con lo que usted ahora negocia. A Ella y a todas las personas que fueron asesinadas les va a tener que agradecer su continuidad en el gobierno. No me queda la menor duda de que esas ansías de poder es lo que le lleva a usted a traicionar la memoria de las víctimas inocentes.

Señor Zapatero, NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE, NO".

Silvia Martínez Santiago, de 6 años, era en esos momentos la única hija del matrimonio formado por José Joaquín Martínez, guardia civil, y Toñi Santiago. Posteriormente han tenido dos hijos más: Javier, que tiene 6 años, y Carla, de 9 meses. Cuando nació Javier, Toñi comentó que "el mayor deseo de Silvia era tener un hermanito. Soñaba y deseaba ser la hermana mayor. Tristemente, no pudo realizar ese sueño porque una banda de asesinos acabó con su vida prematuramente. Cuando nuestro pequeñín tenga uso de razón, le hablaremos de su hermana, le contaremos cómo era ella" (Revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, octubre 2006). Los padres de Silvia han pasado un auténtico calvario desde el asesinato de su hija. Toñi ha estado muy involucrada con la Rebelión Cívica contra la negociación con ETA. En el quinto aniversario del asesinato de Silvia, en una concentración silenciosa en Santa Pola, Toñi dijo que quiere que "la memoria de nuestra hija no caiga en el olvido y que no pase a ser un número más en la larga lista de víctimas de la banda terrorista, como algunos pretenden". Los restos mortales de la niña Silvia fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel.

[bachiller]

En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas.

Juan Ignacio Calvo Guerrero, de 25 años, era natural de la Pola de Gordón (León). Estaba casado y tenía un hijo de corta edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes del atentado.

[bachiller]

El miércoles 8 de agosto de 1979, a las doce y cuarto del mediodía, la banda terrorista ETA ametrallaba un Land Rover de la Guardia Civil que circulaba por una carretera de uso interior del aeropuerto vizcaíno de Sondica, provocando la muerte del agente ANTONIO NIEVES CAÑUELO y graves heridas a otros dos guardias civiles, Juan Cortijo Durán y Benito Rodríguez Lara.

El Land Rover de la Guardia Civil estaba realizando el servicio cotidiano de vigilancia del aeropuerto. Antonio Nieves conducía el vehículo oficial de la Guardia Civil, y habían llegado al final de la pista de aterrizaje, a unos quinientos metros de la torre de control del aeropuerto, en un terreno correspondiente al municipio de Lujua (Vizcaya). A unos cincuenta metros, ocultos detrás de una tapia del cementerio británico, les esperaban dos terroristas con fusiles de asalto. Previamente, los terroristas -cuatro en total- habían secuestrado al encargado del cementerio, a su mujer y a una hija del matrimonio y les retuvieron en el interior de una capilla. Después llegaron otras tres personas -una monja y dos jóvenes- que también fueron retenidas.

Mientras dos terroristas vigilaban a los rehenes, otros dos se apostaron detrás de la tapia del cementerio esperando el paso de la patrulla. Cuando los tuvieron a unos cincuenta metros, comenzó el ametrallamiento del vehículo. Antonio fue alcanzado por los disparos, y el vehículo empezó a dar bandazos y una vuelta de campana, cayendo totalmente destrozado por un terraplén en el límite de la pista. El coche quedó situado boca abajo, y el techo del Land Rover quedó hundido sobre la parte que ocupaba Antonio.

Tras el atentado, los terroristas huyeron con el coche particular del guarda, un Seat 1430. En el lugar de los hechos se recogieron más de cincuenta casquillos de la marca Geco.Las primeras personas que llegaron al lugar del atentado fueron el propio personal del aeropuerto, que trasladaron urgentemente a los tres guardias civiles al Hospital Civil de Basurto, pero Antonio ingreso cadáver. Sus compañeros Juan Cortijo Durán, natural de Navazuelas (Cáceres) y de 30 años de edad, y Benito Rodríguez Suárez, natural de Vega de Tera (Zamora) de 23 años de edad, consiguieron salvar la vida.

Antonio Nieves Cañuelo, de 23 años, era natural de Marmolejo (Jaén). Estaba casado y tenía dos hijos. La capilla ardiente se instaló en el cuartel de La Salve de Bilbao, donde al día siguiente se celebró el funeral por su alma. Tras finalizar éste, el féretro fue sacado a hombros por sus compañeros y sus restos mortales fueron trasladados en un furgón a su pueblo natal, donde fueron inhumados.

[bachiller]

Minutos después de las cuatro de la tarde del 17 de agosto de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en el aparcamiento de un hipermercado de la localidad guipuzcoana de Oyarzun a los jóvenes guardias civiles JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO y JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL.

Los dos agentes, vestidos de paisano y desarmados, acababan de salir del hipermercado, tras realizar unas compras, y se subieron al vehículo de Fernández Lozano, un Renault 19 con matrícula de Granada. En ese momento un terrorista se acercó al coche y efectuó nueve disparos, que les alcanzaron en la cabeza y el cuello, emprendiendo inmediatamente la huida en una furgoneta donde le esperaba un segundo terrorista. Fernández Lozano, con tres impactos en la cabeza, murió en el acto, mientras que Martínez Gil, alcanzado por un proyectil en la garganta, fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, falleciendo poco después. Los dos guardias civiles residían en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y llevaban menos de un año destinados en el País Vasco.

El asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil era el primer atentado de la banda terrorista ETA desde que el 10 de julio de ese año hubiera ofrecido una tregua de dos meses condicionada a que el Gobierno central reiniciase negociaciones. Literalmente, la propuesta de la banda, según el escrito en el que la hizo pública, decía que condicionaba la tregua a que se produjera un "comienzo de una nueva fase de contactos oficiales en un país neutral". Los dos meses de tregua coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales no hubo atentados. Sólo ocho días después de la clausura, ETA asesinaba a los dos guardias civiles en Oyarzun.

El día anterior al atentado, el diario Egin recordaba que en el curso de las interrumpidas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna, el PNV se había comprometido a solicitar al Gobierno el establecimiento de un contacto con los etarras deportados en Santo Domingo, en el caso de que no se produjeran atentados antes del 1 de septiembre de 1992. Sólo unas horas antes del doble asesinato, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, había asegurado que ETA no actuaba porque no quería, y no porque no pudiera, y añadió que su partido estaba dispuesto a propiciar un final dialogado de la violencia.

Dos días después del atentado, la banda asesina ETA afirmaba en un comunicado a los medios de comunicación que mantenía la oferta de tregua, pero advertía que seguiría teniendo "todos sus frentes abiertos" mientras "el Gobierno español no abandone el juego sucio y la estrategia de alargamiento del conflicto que está llevando a cabo con el Gobierno francés".En el funeral oficial, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Sebastián y presidido por José Luis Corcuera, ministro del Interior, se vivieron momentos de tensión cuando el sacerdote oficiante, Bartolomé Auzmendi, leyó el Padre Nuestro en euskera. Muchos asistentes abandonaron la iglesia y se oyeron frases como "¡Canallas, sinvergüenzas!" o "¡Esto es una burla!".

José Manuel Fernández Lozano, de 25 años, estaba casado y tenía un hijo que no había cumplido el año. Era natural de Alfacar (Granada) y pertenecía a la Guardia Civil desde tres años antes de su asesinato. Antes de ser destinado a Oyarzun, estuvo en Alustante (Guadalajara). El funeral por su alma se celebró en Alfacar, donde fueron inhumados sus restos mortales.

Juan Manuel Martínez Gil, de 23 años, era natural de Orense, aunque desde niño residió en Gondomar (Pontevedra), donde estuvo destinado su padre, José Martínez, sargento de la Guardia Civil durante varios años. Juan Manuel llevaba tres meses prestando servicio en Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Burgos. Sus restos mortales fueron enterrados en Sarreus (Orense), localidad natal de su madre, con la presencia de más de dos mil personas entre familiares, amigos, compañeros de la Guardia Civil, y autoridades de los Gobiernos central y autonómico, además del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sarreus.

[bachiller]

A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.

La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. "El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo", declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. "Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso", dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación "ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país" y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa "sobreponerse de estos golpes".

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad "para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando". También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a "la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles".

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: "Todos estaban muy contentos con ella". El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. "Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo", aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

[bachiller]

A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.

El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA, bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.

El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.

La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad. A ellos asistieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.

Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.

Antonio Fernández Álvarez era natural de Salamanca y tenía 35 años. Había ingresado en la Guardia Civil en el año 1976, en la Agrupación de Tráfico, y estaba destinado en Estella desde 1979. Estaba casado y tenía dos hijos varones de 10 y 6 años de edad.

José Antonio Ferri Pérez, natural de Ibi (Alicante), tenía 34 años. Ingresó en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 1976 y estaba destinado en Estella desde 1986, proveniente de Barcelona. Estaba casado y tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años de edad.

[Falcata]

Cada vez que leo estas reseñas de Bachiller, la sensación de tristeza es total: eta ha vencido, está en las instituciones. Controla dinero y poder. Sus asesinos, gran parte de ellos, ya están en la calle, habiéndoles salido los crímenes muy baratos. Vascongadas corre hacia el naZionalismo total, ocupando todos los aspectos de la vida social. Vamos, una victoria total. Victoria conseguida gracias a gran parte de los partidos políticos, por su inacción, y a una parte importante de la sociedad que se pone de perfil.

Me ocurre lo mismo que con los documentales sobre las víctimas del terrorismo que dirige Iñaki Arteta: en ellos, este cineasta expone la situación de las víctimas, la cobardía de políticos y sociedad, y la victoria de los asesinos nazi/marxistas etarras.

[bachiller]

Policías y guardias civiles heridos en atentados reivindican su lugar en el relato del fin de ETA
La Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT) ha alzado su voz para reivindicar el papel de los heridos en atentados terroristas en el relato del final de ETA. Por medio de su presidente, Francisco Zaragoza, esta asociación que engloba a 2.600 agentes y sus familias lamenta que en España sólo se ha tenido en cuenta a las personas que lamentablemente eran asesinadas siendo los heridos los grandes olvidados durante años.
"En cualquier conflicto de cualquier país hay muertos, heridos y desplazados, en España, en este conflicto, entre comillas, sólo hay muertos y secuestrados ¿y los heridos?, ¿sabemos cuántos son?", se pregunta Zaragoza en declaraciones a Europa Press. La asociación calcula que se trata de entre 16.000 y 18.000 personas, pero lamenta que no existan datos oficiales al respecto.
Censuran que tampoco hay cifras conocidas acerca de "cuántas personas han tenido lesiones invalidantes que les ha obligado a dejar sus trabajos" y se pregunta cuántas de ellas han tenido reconocimiento. "Con este Gobierno los heridos seguimos sin aparecer en ninguna estadística, sólo existen los familiares de los asesinados", añade.
Más agentes que políticos
En sus críticas recuerda que son muchos más los miembros de las fuerzas de seguridad que han sufrido el zarpazo del terrorismo en comparación con los políticos. En ese sentido critica que, sin embargo, en el relato sobre el final del terrorismo la voz de la clase política goza de un protagonismo desproporcionado en detrimento de la que deberían tener otras víctimas.
Zaragoza celebra como un triunfo de su asociación la decisión anunciada la semana pasada por el Ministerio del Interior encaminada a adoptar medidas para "facilitar la inserción laboral" de víctimas del terrorismo en la Administración Pública. Entre ellas destaca la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que las víctimas, así como sus familiares, hijos de fallecidos, heridos y amenazados por el terrorismo, puntúen en los concursos de provisión de puestos de trabajo para la Administración.
Según el responsable de ACFSEVT, esta decisión no nace del Ministerio sino de una exigencia de hace años de su colectivo. "Hay muchísimos policías y guardias civiles que no podían hacer uso de su condición de víctima porque no había nada escrito. En 50 años de terrorismo ni la Policía ni la Guardia Civil han regulado nada en sus reglamentos internos sobre víctimas del terrorismo cuando han sido los que más han sufrido", explica.
Condecoraciones y traslados
Reitera Zaragoza que se les están escatimando las condecoraciones, los traslados y los ascensos y acusa al Ministerio del Interior de no tener interés en solucionar los problemas de las víctimas del terrorismo. Cita otra de sus reivindicaciones: las personas que sufrieron atentados antes de 1992 reciben menos indemnización que las víctimas posteriores a esa fecha. Afirma que ya han informado al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz acerca de esa anomalía sin que por el momento hayan recibido respuesta.
"Son una cantidad de cosas que no se están haciendo y que no se quieren hacer. Nos parece vergonzoso que se trate de cerrar el libro con el Centro de la Memoria de Vitoria", lamenta el presidente de esta asociación que también ve muchas lagunas en ese proyecto. Considera que el dinero invertido podría emplearse en otro tipo de atención a las víctimas y teme que el lugar quede olvidado. "No va a ir nadie", vaticina porque el Gobierno vasco va a construir uno similar en Bilbao que contará con todo el apoyo autonómico.
Asimismo critica que la subsede del Centro de la Memoria que el Gobierno va a establecer en Madrid sólo va a hacer referencia a los atentados yihadistas por lo que augura que los mandatarios internacionales que acudan a visitar el lugar no van a poder conocer el alcance del terrorismo de ETA y otros grupos como los GRAPO, FRAP o Terra Lliure.

http://www.elmundo.es/espana/2015/08...6608b4571.html

[bachiller]

En la madrugada del miércoles 25 de agosto de 1982 los guardias civiles MIGUEL GARRIDO ROMERO y VICENTE GÓMEZ DUARTE fallecen en el intento de desactivar una bomba colocada por la banda terrorista ETA en una sucursal del Banco de Vizcaya en Munguía (Vizcaya). La explosión provoca heridas graves al cabo primero Pedro Robles Barberán.


En torno a las dos de la madrugada un comunicante anónimo llamó al cuartel de la Policía Municipal de Munguía avisando de la colocación de una bomba en la sucursal del Banco de Vizcaya de la calle La Concordia. Efectivos de la Policía Nacional y de la Local establecieron un cordón de seguridad y desalojaron las viviendas que se encontraban sobre ella.


Hacia las tres de la madrugada entró en acción un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil compuesto por el cabo primero Pedro Robles Barberán y los agentes Vicente Gómez Duarte y Miguel Garrido Romero. Tras identificar la bolsa sospechosa y confirmar con un perro adiestrado que se trataba de un artefacto explosivo, comenzó la tarea de desactivación, protegidos con material antiexplosivos, cascos y gafas.


En primer lugar, y ayudados por unas cuerdas de cuyos extremos colgaban unos garfios especiales, zarandearon desde una prudente distancia la bolsa, con el fin de verificar la posible naturaleza del artefacto. A pesar de los bruscos movimientos, el explosivo no llegó a detonar, por lo que muchos testigos presenciales pensaron que se trataba de una falsa alarma. Pese a ello, los tres especialistas de la Guardia Civil intentaron engancharla con una pinza mecánica para intentar separar sus componentes. Cuando el robot acababa de atrapar la bolsa, se produjo la explosión. El guardia Vicente Gómez Duarte fue alcanzado de lleno quedando totalmente destrozado. Falleció en el acto. Su compañero Miguel Garrido Romero, sufrió también gravísimas heridas y desprendimiento de miembros. Falleció cuando era conducido al hospital.


El cabo primero Pedro Robles Barberán fue alcanzado en la cara y las piernas. Trasladado al Hospital Civil de Basurto, fue intervenido quirúrgicamente durante más de nueve horas, con la participación de equipos médicos de traumatología, oftalmología y cirugía plástica maxilofacial. Robles Barberán era natural de Alcañiz (Teruel), tenía 31 años y estaba casado.


El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA mediante un comunicado enviado al diario Egin, era parte de la campaña contra los principales bancos iniciada en junio de 1982. La banda pretendía presionar a los bancos y, dos meses antes, había enviado cartas exigiendo determinadas cantidades de dinero por el llamado impuesto revolucionario. El día 6 de junio de ese año hicieron explosión sendas bombas en las sucursales de los Bancos de Vizcaya y Santander en Pasajes y Rentería.


El funeral por el alma de los dos guardias civiles se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya, con la asistencia del ministro del Interior, Juan José Rosón, el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, y el delegado del Gobierno, Jaime Mayor Oreja. Tras el funeral, los cadáveres de ambos guardias civiles fueron trasladados en un avión del Ejército del Aire a Sevilla para ser enterrados posteriormente en sus localidades de origen.


Miguel Garrido Romero, de 22 años, era natural de Santa Olalla (Huelva) y estaba soltero. Estaba destinado en Vizcaya como Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

icente Gómez Duarte cumplía 26 años el mismo día que fue asesinado por ETA. Era natural de Sevilla y estaba soltero. Igual que su compañero asesinado era Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

[bachiller]

A las once y veinte minutos del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ perteneciente al Servicio de Información (SIGC) cuando, vestido de paisano, se dirigía al cuartel después de haber recogido la correspondencia en la estafeta de correos.

Este itinerario lo realizaba diariamente y siempre a la misma hora. A mitad del recorrido entre Correos y el cuartel, en una pequeña plazoleta donde confluían las calles Zarugalde, Toribio Aguirre e Ignacio Zuloaga, fue abordado por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que le dispararon varios tiros por la espalda con una pistola. Aurelio Salgueiro cayó al suelo boca arriba, quedando la correspondencia desparramada junto a su cuerpo, y fue rematado en el suelo delante de uno de sus hijos, de 14 años, con el que se acababa de encontrar.

Inmediatamente después de producirse el asesinato, los dos terroristas se dieron a la fuga en un vehículo Renault 5 TL de color amarillo en el que les esperaba un tercer individuo. El coche había sido robado a punta de pistola en Éibar a las nueve y media de la mañana del mismo día. Los terroristas obligaron a su propietario a subir al mismo y posteriormente lo dejaron atado y abandonado en Arrate. El vehículo fue encontrado a las cinco y media de la tarde en las cercanías de Éibar.

La víctima había recibido cuatro impactos de bala alojados en el tórax y en la cabeza. El cuerpo del guardia civil permaneció en el suelo durante más de quince minutos desangrándose sin que nadie acudiera a socorrerlo, mientras su hijo, en estado de shock, daba aviso al cuartel. Aurelio fue trasladado en un turismo particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.

La capilla ardiente por el guardia civil se instaló a las cinco de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil y el funeral tuvo lugar al día siguiente, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Mondragón.

El 29 de agosto una llamada a Egin reivindicó en nombre de un Comando Autónomo, Independentista y Anticapitalista el asesinato de Aurelio Salgueiro, que "había sido sentenciado por las asambleas populares por ser miembro de las fuerzas represivas".

La pistola con la que asesinaron a Aurelio Salgueiro, una Browning GP-35, fue incautada a José María Iturrioz Garmendia el 15 de noviembre de 1978 cuando fue abatido por agentes de la Guardia Civil después de ametrallar la casa-cuartel de Arechavaleta. En la acción participaron también otros dos miembros de los CAA, Roberto Aramburu Uribarren y Enrique Zurutuza Odriozola. Tras el ametrallamiento, se produjo una persecución y un tiroteo que finalizó en Mondragón donde, además de Iturrioz Garmendia, resultaron muertos Aramburu Uribarren y una vecina de la localidad, Emilia Larrea Sáez de Adacia. Zurutuza Odriozola resultó herido de gravedad y fue detenido posteriormente.

Aurelio Salgueiro López, tenía 46 años y era natural de Monforte de Lemos (Lugo), localidad donde fueron enterrados sus restos mortales. Estaba casado y tenía siete hijos con edades comprendidas entre los 18 años, el mayor, y 11 meses la pequeña. Llevaba ocho años en el cuartel de Mondragón, al que fue destinado en agosto de 1970.