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CitarA las 22:30 horas del miércoles 28 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jovencísimos guardias civiles que habían ido al establecimiento con la mujer de uno de ellos. Una veintena de disparos acabó con la vida de ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL que, en compañía de la mujer de Pedro, habían ido a cenar al establecimiento. Los tres guardias civiles estaban destinados desde hacía poco tiempo en el puesto de la Guardia Civil de Azpeitia.
El Bar Izaro, a las afueras de la localidad guipuzcoana, era frecuentado por emigrantes y por miembros de la Guardia Civil. Minutos después de que los guardias civiles pidieran una consumición en la barra, entraron en el local cuatro individuos que, tras pedir la suya, pagaron y salieron a la calle. En breves segundos, entraron de nuevo en el bar empuñando las armas que habían dejado dentro de un vehículo estacionado en la puerta. Tras separar violentamente del grupo a la mujer del agente Sánchez Marfil, los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a escasa distancia a los tres guardias civiles, que no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Pese a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo los fueron rematando con otro disparo en la cabeza.
Una vez cometido el atentado, los cuatro terroristas se dieron a la fuga en un Seat 124 de color azul que había sido robado unas horas antes con la ayuda del etarra Juan María Tapia Irujo. Tapia Irujo, además, había alojado a los asesinos en su domicilio.
La mujer de Pedro Sánchez, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil que en ese momento pasaban casualmente por la puerta del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. Lo más triste de este asesinato es que, pese a que el bar estaba lleno de clientes a esa hora de la noche y a que los terroristas actuaron a cara descubierta, ninguno de los testigos quiso colaborar con la Guardia Civil ni proporcionar ninguna descripción de los asesinos de la banda. No obstante, gracias a la recogida de huellas, que en esos momentos no llevaron a ninguna parte, muchos años después, en abril de 1993, pudo determinarse que uno de los asesinos de los tres guardias civiles era Pedro María Leguina Aurre, alias Kepatxu, huido hasta que, en 1999, fue detenido por la Policía francesa.
En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de dos orificios en la cabeza.
Al tener conocimiento del asesinato, el alcalde de Azpeitia decidió suspender, por precaución, una manifestación pro-amnistía prevista para el jueves 29 de noviembre en la localidad, el mismo día en el que se iban a celebrar los funerales por los guardias civiles, y señaló que lo hacía porque, de lo contrario, "podía ocurrir una masacre".
A primera hora del jueves 29 de noviembre quedó instalada la capilla ardiente en el Hospital Militar de San Sebastián. Ese mismo día se celebraron los funerales por el alma de los tres guardias civiles en un ambiente de enorme tensión. Nada más finalizar la ceremonia religiosa, a la que asistió el capitán general de la IV Región Militar, teniente general Antonio Pascual Galmes, los restos mortales de los tres jóvenes guardias civiles fueron trasladados a sus localidades de origen para ser enterrados. En el momento en que los féretros cubiertos con la bandera española eran introducidos en los furgones fúnebres, militares y guardias civiles en posición de firmes dieron vivas al Rey y a España, que fueron contestados por algunos familiares de las víctimas. Algunas mujeres de guardias civiles expresaron de viva voz su opinión de que el Rey no les ayudaba, y un militar de graduación comentó a otro compañero que no les faltaba razón por protestar en estos términos.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los herederos de las víctimas. En el año 2003 fue condenado Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. A Leguina Aurre se le atribuyen 14 asesinatos. Tras exiliarse a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, considerando que el resto de sus crímenes habían prescrito. En su sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró probado que en 1979 Leguina formaba parte de un comando que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba integrado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias Txapela, Ignacio María Gabirondo, Donibane, Carlos Lucio Fernández, Zarra, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia. Para ello, el 28 de noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a Azpeitia y, mientras el etarra cuya identidad se desconoce permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que comprobaron que habían llegado al local "dos de los terroristas vuelven al automóvil, donde recogen la bolsa con armas, regresan al bar, se acercan adonde están sus dos compañeros [y] les entregan disimuladamente el armamento", explica la sentencia. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca contra los tres guardias, quienes reciben al menos 18 disparos en todo el cuerpo "que causan la muerte inmediata de las víctimas, a las que, no obstante, rematan una vez están en el suelo", destacó el tribunal en su sentencia.
Antonio Alés Martínez, de 19 años, era natural de Cuenca, aunque su familia residía en Valencia. Estaba soltero.
Ángel García Pérez, de 20 años, era natural de Vitigudino (Salamanca). Estaba también soltero.
Pedro Sánchez Marfil, de 20 años, era natural de Moreda (Granada). Estaba casado con María Luisa desde cuatro meses antes. Su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Pedro David.
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