Ni olvidamos ni perdonamos

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Hora y media después de ese mismo 13 de diciembre de 1978 dos integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en Pasajes (Guipúzcoa) al ex guardia civil y jefe de la Policía Municipal JUAN JIMÉNEZ GÓMEZ. Ocho días antes, el 5 de diciembre, miembros del grupo Donosti de ETA habían asesinado en San Sebastián a un subordinado suyo, el policía municipal Ángel Cruz Salcines, además de a sus amigos el comisario de Policía José María Sarrais y el subcomisario Gabriel Alonso Perejil. Juan Jiménez escribió entonces una carta a El Diario Vasco y otros periódicos negando que su subordinado fuese un "conocido chivato de Pasajes", indignado por que la banda hiciese falsas acusaciones contra él. La respuesta, como recuerda la viuda de Salcines en Contra el olvido (Cristina Cuesta, Temas de Hoy, 2000) fue asesinarlo. Desmentir a ETA era algo que muy pocos se atrevían a hacer y Juan Jiménez lo pagó con su vida.

Hacia las 20:50 horas de ese día dos miembros de los CAA penetraron a cara descubierta en las dependencias de la Policía Municipal en la plaza de Viteri de Pasajes. Al agente que se encontraba de guardia, Vicente Quintana, le dijeron que uno de ellos había perdido el carné de identidad y, cuando se dio la vuelta para buscar el formulario de denuncia, lo encañonaron y le obligaron a que les condujese al despacho de Juan Jiménez. Tras preguntarle si era el jefe de la Policía Municipal y responder éste afirmativamente, le dispararon en la cabeza y el pecho, pese a los ruegos de Quintana. El cuerpo sin vida de la víctima quedó reclinado en el sillón del despacho, con las gafas en la mano.

Tras dispararle, se apropiaron de su arma reglamentaria y su cartera y emprendieron la huida en un coche que habían robado previamente, donde esperaba un tercer terrorista. El vehículo, un Renault 12, había sido robado a su propietario a punta de pistola a la puerta de su domicilio en Pasajes Ancho. Poco después del atentado, la Guardia Civil localizó al dueño del coche esposado junto a una vieja fábrica de harina en la carretera Nacional I, entre Pasajes y Rentería.

Este asesinato es una muestra más de que ETA y su marca B, los CAA, son la misma banda terrorista. Primero, porque el asesinato de Ángel Salcines fue cometido por ETA, mientras que el de Juan Jiménez es obra de los CAA, existiendo una clara relación entre ambos atentados que, a fin de cuentas, persiguen el mismo objetivo. Y, segundo, porque pese a que la autoría material fue de los CAA, el asesinato de Jiménez Gómez fue reivindicado, curiosamente, por ETA militar en un comunicado enviado a los medios de comunicación vascos. En el mismo, la banda aseguraba que Juan Jiménez ejercía una "destacada función al servicio a las fuerzas represivas que invaden el territorio vasco" y que había participado en "tareas represivas contra el movimiento obrero y popular de la zona de Pasajes". En el comunicado se añadía: "Queremos insistir en que, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones en que hemos ejecutado a miembros de la Policía Municipal, este tipo de acciones armadas no van dirigidas contra esta institución como tal, sino solamente contra aquellos elementos que desde dentro de ella muestran un grado de infiltración y colaboración con las fuerzas policiales españolas".

En julio de 1980 se detiene a varios miembros de los CAA, entre ellos a Jesús María Larzabal Bastarrika, alias Mikel y Lagun. Larzabal Bastarrika fue acusado y condenado por la Audiencia Nacional como autor del asesinato de Juan Jiménez a 25 años de reclusión mayor. En la misma sentencia fue condenado a 16 años de prisión menor Luis María Damián Expósito Arza como cómplice del asesinato. También participaron, presuntamente, como autores materiales del asesinato los miembros de los CAA Francisco Javier Larrañaga Juaristi, alias Peru (muerto en mayo de 1979 en Hendaya), y Francisco Aldanondo Badiola, alias Ondarru (fallecido en octubre de 1979 cuando intentaba huir tras ser localizado por la Guardia Civil en un caserío de Izaskun, cerca de Tolosa).

En 1984 Larzabal Bastarrika se desvinculó, supuestamente, de la banda, tras enviar una carta al Defensor del Pueblo en la que rechazaba el uso de la violencia. Desde ese momento la Audiencia Nacional empezó a tramitar su indulto individual y, a principios de los noventa, gozaba del tercer grado penitenciario pese a que había sido condenado a penas que sumaban un total de 233 años de prisión por varios asesinatos.

Juan Jiménez Gómez tenía 58 años. Casado y con un hijo, era natural de la localidad malagueña de Benaoján. Fue miembro de la Guardia Civil hasta que se retiró y se hizo cargo de la Jefatura de la Policía Municipal de Pasajes. Treinta años después de su asesinato, el 13 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Benaoján, a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), homenajeó al brigada asesinado, en un acto al que asistieron un hermano y un sobrino de la víctima.

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El martes 17 de diciembre de 1974 la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil LUIS SANTOS HERNÁNDEZ y al agente ARGIMIRO GARCÍA ESTÉVEZ en el que sería el último atentado con víctimas mortales de ese año. Con Santos Hernández y García Estévez sumaban diecinueve asesinados por ETA, de los que trece lo fueron en un solo atentado: el cometido en la cafetería Rolando de Madrid el 13 de septiembre.

Ambos guardias civiles pertenecían a la 551ª Comandancia y, tras patrullar por las calles de la localidad guipuzcoana, pararon a tomar un vino en un bar. Cuando salieron del bar, en torno a las 20:30 horas, se encaminaron por la calle del Ferial. Luis Santos, comandante del puesto de Mondragón, iba de uniforme, mientras que el agente García Estévez vestía de paisano. Pocos minutos después, hacia las 20:45 horas, un vehículo se puso a su altura y fueron ametrallados por miembros de la banda terrorista que iban a bordo del mismo. El vehículo utilizado, un Seat, fue robado a las 19:30 horas a punta de pistola y abandonado a unos cuatrocientos metros del lugar del ametrallamiento después de que los terroristas colisionaran contra otro turismo.

Argimiro García falleció prácticamente en el acto, mientras que Luis Santos fue trasladado primero al centro hospitalario de Mondragón, donde se le practicaron unas curas de urgencia, y de ahí al Hospital de Cruces de Baracaldo, falleciendo a las once y media de la noche.

La capilla ardiente con los restos mortales de ambos guardias civiles se instaló el 18 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Mondragón. El 19 tuvo lugar el funeral en la Iglesia de San Juan Bautista de la localidad, tras el cual fueron trasladados en sendos furgones fúnebres a sus localidades natales para ser enterrados.

En el ametrallamiento de los guardias civiles participó, presuntamente, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, integrado entonces en los llamados "comandos especiales" (bereziak) de ETA político-militar, tras la escisión de un sector de la banda en octubre de ese año 1974 que pasaría a llamarse ETA militar comandado por Argala.

Argimiro García Estévez, guardia civil de 50 años había nacido en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). Estaba casado y tenía siete hijos, tres varones y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 14 años. Hacía veinticinco años que pertenecía a la Guardia Civil y llevaba siete destinado en Mondragón.

Luis Santos Hernández, subteniente de la Guardia Civil de 52 años, era natural de Alamedilla (Salamanca). Estaba casado y tenía un hijo de 25 años y una hija de 24. Había ingresado en la Guardia Civil en 1944 y llevaba destinado en Mondragón siete años, igual que García Estévez.

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El martes 17 de diciembre de 2002 dos miembros de la banda terrorista ETA dispararon a bocajarro en la carretera Nacional VI contra el guardia civil ANTONIO MOLINA MARTÍN y su compañero, Juan Aguilar Osuna, que acudió en su ayuda, cuando el primero solicitaba la documentación a dos individuos que les habían resultado sospechosos.

Hacia las 15:50 horas Antonio Molina y Juan Aguilar participaban en un dispositivo de seguridad especial contra los atracos que se estaban produciendo en algunas localidades de la zona noroeste de Madrid. Por ese motivo se encontraban en el kilómetro 38 de la carretera de Madrid-La Coruña a su paso por Collado Villalba, en un punto bastante conflictivo en cuanto al tráfico de vehículos. Uno de ellos, un Ford Escort con matrícula de Málaga que iba en dirección a Madrid, llamó su atención, por lo que se colocaron con su vehículo detrás del mismo e hicieron señales luminosas y acústicas a sus dos ocupantes para que se detuvieran. Cuando el vehículo sospechoso detuvo la marcha, Antonio Molina se acercó a la ventanilla del conductor, mientras su compañero lo hacía por la del copiloto, con la intención de proceder a identificar a los dos individuos. En ese momento, el que iba en el asiento del conductor se apeó del vehículo y disparó tres veces a bocajarro, provocando la muerte en el acto de Antonio Molina. El copiloto disparó desde dentro del vehículo contra el agente Juan Aguilar, iniciándose un tiroteo.

En el intercambio de disparos resultó herido grave en el brazo Juan Aguilar y el etarra Gotzon Aramburu Sudupe, que fue detenido en el lugar de los hechos por otro guardia civil del Destacamento de Tráfico de Collado Villalba, César Silos Lázaro, que casualmente se dirigía junto a su esposa hacia Madrid. Al descender de su vehículo vio a los dos guardias civiles heridos que le indicaron que el otro individuo herido, que intentaba huir, era el autor de los disparos. Se dirigió hacia él y, pese a estar desarmado, procedió a su detención. A continuación lanzó por la emisora el siguiente mensaje: "Urgente para cota (central). Tiroteo en el kilometro 38. Heridos".

Las heridas que sufrió Juan Aguilar Osuna, de 26 años y natural de Baeza (Jaén), provocaron su inhabilitación permanente para el desempeño de su oficio. El agente era hijo de guardia civil, y su hermano, también miembro de la Benemérita, estaba destinado en el mismo cuartel de Collado Villalba. Un voluntario de Cruz Roja resultó también herido leve por un disparo fortuito de un agente de la Guardia Civil.

El segundo terrorista, Jesús María Etxebarria Garaikoetxea, emprendió la huida inicialmente a pie. Pistola en mano, abordó al conductor de un vehículo, una mujer a la que obligó a bajar tras llevarla un trecho secuestrada mientras enfilaba la Nacional VI en dirección a La Coruña. Después hizo uso de varios medios de transporte público y llegó a San Sebastián, vía Valladolid, donde apareció el vehículo abandonado. Allí fue reconocido y detenido esa misma noche por miembros del dispositivo policial que se estableció tras el atentado que contaban con la descripción exacta del asesino que proporcionó la conductora del vehículo robado a punta de pistola.

El Ford Escort de los terroristas iba cargado con ciento treinta kilos de explosivos por lo que las Fuerzas de Seguridad establecieron un amplio cordón de seguridad antes de que los Tedax procediesen a explosionar controladamente el vehículo a las 19:20 horas. Pese al cordón de seguridad establecido, a algunos curiosos la explosión les pilló desprevenidos y fueron alcanzados por trozos del vehículo que salieron despedidos a muchos metros de distancia. "Al empezar la explosión nos han echado para atrás pero me ha caído un hierro que mide más de un palmo en el paraguas, lo ha atravesado y, si no es por eso, me abre la cabeza" comentó un joven de Villalba. La detonación se pudo sentir en las viviendas no sólo de Collado Villalba sino también en el cercano municipio de Alpedrete. En muchas viviendas se llegaron a mover los muebles y muchos vecinos se quedaron sin luz. La explosión provocó un intenso fuego que obligó a la Guardia Civil a pedir inmediatamente la presencia de los Bomberos del parque de Collado Villalba.

Mientras tanto, la carretera de La Coruña se había convertido en una trampa para los conductores que circulaban por la misma. La carretera estaba cortada al tráfico en sentido de entrada a Madrid desde las cuatro de la tarde, nada más producirse el asesinato de Antonio Molina, y en sentido salida desde poco más tarde, lo que provocó atascos de cerca de diez kilómetros en ambas direcciones.

Los explosivos que transportaban iban a ser utilizados para cometer una serie de atentados escalonados en varios centros comerciales de Madrid el 31 de diciembre, según declararon los dos etarras tras su detención. En 2005 la Audiencia Nacional condenó a Gotzon Aramburu Sudupe y Jesús María Etxebarria Garaikoetxea a sendas penas de 26 años de reclusión mayor por el asesinato de Antonio Molina y a 16 años más por el asesinato frustrado de Juan Aguilar. Ambos formaban parte de un grupo itinerante de la banda y se les imputó también el atentado cometido semanas antes en un aparcamiento situado en la plaza Alfonso XIII de Santander.

Antonio Molina Martín tenía 27 años y era natural de Melilla. Primogénito de una familia de cinco hermanos, el padre del agente asesinado era brigada de la Guardia Civil destinado en la frontera de Melilla con Marruecos. Antonio Molina estaba soltero y había vivido en Melilla hasta los 17 años, cuando ingresó en la Escuela para Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Llevaba cinco años destinado en Collado Villalba y, siempre que podía, regresaba a su ciudad natal, donde seguía residiendo no sólo la mayor parte de su familia, sino sus amistades. Antonio Molina tenía solicitada una plaza en Melilla en el mismo acuartelamiento en el que estaba destinado su padre.

El funeral por su alma se celebró en Las Rozas (Madrid) y durante el mismo el ministro de Interior, Ángel Acebes, impuso al féretro la máxima distinción del Instituto Armado, la Gran Cruz de Oro al Mérito Civil. A continuación los restos mortales de Antonio Molina fueron trasladados hasta Melilla, para ser enterrado en el cementerio de la Purísima Concepción. El pleno de la Asamblea de Melilla le otorgó la Medalla de Oro y lo nombró hijo predilecto de la ciudad autónoma. Además, se acordó que una calle de Melilla llevase el nombre del guardia civil asesinado. Tras el entierro, Ángel Acebes declaró: "Acabamos de enterrar a alguien que, con su vida, ha salvado, y estoy absolutamente convencido, la vida de otras muchas personas (...) Molina es un héroe".

En recuerdo del héroe Molina Martín se erigió un pequeño monumento frente al cuartel al que pertenecía en la localidad de Collado Villalba. Antonio Molina Martín fue la última víctima mortal de la banda terrorista ETA en el año 2002, tras el asesinato del concejal socialista en Orio Juan Priede Pérez el 21 de marzo, de Cecilio Gallego Alaminos y la niña Silvia Martínez Santiago el 4 de agosto en Santa Pola (Alicante) y del guardia civil Juan Carlos Beiro Montes el 24 de septiembre en Leiza (Navarra).
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A las doce y cuarto de la mañana del 23 de diciembre de 1985, víspera de Nochebuena, la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona (Navarra) de tres tiros por la espalda al general de Brigada de la Guardia Civil JUAN ATARÉS PEÑA. La víctima se encontraba paseando por el parque de la Vuelta del Castillo, a escasos metros de su vivienda, algo que solía hacer de forma habitual. Dos etarras se apearon de un vehículo Renault 5, robado y con matrícula falsa, y cruzaron a la carrera el parque por el mismo camino por el que paseaba el general Atarés. Sin mediar palabra, la terrorista Mercedes Galdós Arsuaga disparó al militar a bocajarro y por la espalda. Dos de las balas le alcanzaron en la nuca, y una tercera, en la espalda. Tras comprobar que Atarés estaba muerto, abandonaron corriendo la zona. Un tercer miembro de la banda (Juan José Legorburu Guerediaga) les esperaba en el vehículo con el motor en marcha para emprender la huida. El turismo sería localizado dos horas después a un kilómetro de distancia del lugar en que se cometió el atentado. Artificieros de la Policía Nacional situaron una pequeña carga explosiva en el coche con el fin de comprobar que no había sido colocada ninguna bomba-trampa. La Policía recogió en el lugar del asesinato tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de fabricación checa.

A los pocos minutos de cometerse el asesinato, la mujer del general, María Luisa Ayuso, y varios hijos del matrimonio, llegaron al lugar del crimen. Al día siguiente, los medios de comunicación recogieron la foto de la viuda arrodillada y abrazada al cadáver de su marido mientras una de las hijas sólo acertaba a decir, entre sollozos: "Papi, papi, qué bueno era".

Posteriormente acudieron al lugar del crimen el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, y un sacerdote, quien le administró los santos óleos. Sobre la una de la tarde, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver, que había sido cubierto con una manta por miembros de la Cruz Roja y de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA). En el lugar en que se cometió el atentado, varias personas colocaron ramos de flores rojas y cintas con la bandera española.

Los restos mortales del general asesinado fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense del Hospital de Navarra, desde donde posteriormente el féretro fue llevado a la Comandancia de la Guardia Civil. Allí se instaló la capilla ardiente por deseo expreso de la viuda, que se negó a que se instalase en la sede del Gobierno Civil. El funeral se celebró a las once y media de la mañana del día siguiente, 24 de diciembre, en la citada Comandancia, en un ambiente de enorme tensión. Se produjeron abucheos, insultos e intentos de agresión al director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santamaría y a otras autoridades asistentes al mismo. Cuando las autoridades se dirigían a los vehículos que les trasladaron al cementerio se produjeron los mayores incidentes, ya que hasta entonces éstos no habían pasado de los insultos, silbidos y abucheos. En ese momento, varios grupos de personas intentaron abalanzarse sobre el general Sáenz de Santamaría, cuando éste se introducía en su automóvil. La rápida intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil impidió que estos grupos pudiesen conseguir su objetivo, aunque no lograron evitar que esas personas golpeasen el vehículo y que cayese sobre el mismo una lluvia de monedas, algo que también ocurrió al paso de otros coches en los que iban diversas autoridades civiles y militares.Era la quinta vez que la banda terrorista ETA intentaba asesinar al general de Brigada Juan Atarés. Pese a los intentos anteriores, Atarés se había negado a llevar escolta. El general Atarés estaba en la reserva activa desde 1979, tras un incidente de insubordinación ocurrido a mediados de noviembre de 1978 en Cartagena con el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado y delante de un millar de oficiales del Ejército y la Guardia Civil. El incidente se produjo en mitad de un coloquio sobre la Constitución. Tras la intervención del capitán de corbeta Gonzalo Casado, se levantó Atarés, que era jefe de la III Zona de la Guardia Civil, y, en actitud muy excitada, pronunció frases contra el Gobierno y la Carta Magna. Un pequeño grupo de asistentes le aplaudió. Gutiérrez Mellado le ordenó que saliese de la sala y dos generales le acompañaron para cumplir la orden. Cuando ya iniciaba la salida, se volvió sobre sus pasos y, dirigiéndose al vicepresidente del Gobierno, lo llamó "embustero" y "traidor". A continuación, el teniente general Gutiérrez Mellado dijo que los que estuviesen de acuerdo con Juan Atarés se levantasen de sus asientos y saliesen de la sala. Nadie lo hizo, cerrándose el acto en medio de una gran tensión. Atarés fue juzgado en un consejo de guerra del que saldría absuelto, quedando en situación de reserva activa. Una de sus hijas, Matilde Atarés Ayuso, declaró en febrero de 2010 que el consejo de guerra "no fue más que por decir al entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno que, frente a la opinión de que el fin de ETA estaba próximo, él estaba harto de enterrar guardias civiles y sin ánimos para seguir consolando a viudas y huérfanos".En el año 1987 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Legorburu Guerediaga y a Mercedes Galdós Arsuaga a sendas penas de 29 años de años de prisión por el asesinato de Juan Atarés Peña. En la misma sentencia fue condenada María Cruz Azcona Larreta como cómplice del asesinato a 10 años de prisión mayor.Años después, en septiembre de 2011, la Audiencia Nacional absolvió a María Jesús Arriaga del asesinato del general de Brigada. El fiscal, que pedía 28 años para Arriaga, sostuvo en la vista oral que ésta alojó en su vivienda a los autores materiales del atentado, los dos ya condenados en 1987 y un tercero, Juan María Lizarralde, "ya fallecido" en los sucesos de la Foz de Lumbier en junio de 1990 en los que también falleció la etarra Susana Arregui Maiztegui y el sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas. Para mantener la acusación contra María Jesús Arriaga, el fiscal se basó en la declaración de Galdós y Legorburu cuando fueron detenidos. Sin embargo, durante su declaración como testigos en la vista oral dijeron que habían acusado a Arriaga para permitir que otros miembros de ETA pudieran huir. Por su parte, la acusada admitió ante el tribunal que conocía a Galdós y a Legorburu, pero solo porque habían mantenido un par de citas con ellos en las que le solicitaron que colaborara con ETA, a lo que se negó. El tribunal en su sentencia declaró que no quedó acreditada la participación de la imputada en los hechos, porque la Fiscalía no aportó el acta de entrada y registro en el domicilio de Arriaga, en el que se encontraron tres pistolas y una metralleta, ni el mandamiento judicial que lo autorizaba. No obstante, hay que señalar que para el tribunal, presidido por el juez Gómez Bermúdez, las primeras declaraciones de los etarras "resultan más verosímiles", ya que "no parece posible que se hubiesen podido poner de acuerdo en involucrar a Arriaga de no ser cierta su participación en los hechos". Añade en la sentencia que "sorprende que actualmente, cuando han transcurrido casi 25 años de estos hechos, la versión que prestan Legorburu y Galdós sea absolutamente coincidente con la versión que hoy por primera vez da la acusada sobre la forma en que se conocieron. De tratarse simplemente de una persona que hace 25 años se negó a colaborar con ellos, sería un hecho tan irrelevante que difícilmente pudiese ser recordado por todos de forma tan coincidente", concluye la sentencia.Juan Atarés Peña de 67 años, era natural de Huesca. Estaba casado con María Luisa Ayuso y tenía ocho hijos. Nada más ser asesinado su marido, María Luisa Ayuso manifestó a los medios de comunicación que lamentaba la situación por la que estaba atravesando España e insistió en que perdonaba "de todo corazón" a los autores del asesinato de su marido, a quien calificó de hombre estupendo, honrado, que había hecho de la dignidad, el amor a Dios y a España un culto. Cuando se le preguntó su opinión sobre las medidas de reinserción de miembros ETA, señaló que no estaba de acuerdo con ellas.Perdonamos a todos, pero no podemos admitir que personas implicadas en delitos sangrientos salgan tranquilamente a la calle, mientras que otras, pobres que roban un racimo de uvas para poder comer, tengan que pagar la totalidad de la condena en la cárcel (ABC, 24/12/1985).Los restos mortales del general de Brigada Juan Atarés recibieron sepultura en el cementerio de San José de Pamplona.

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El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.

A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:

Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.

La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita.

Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.

Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín.

En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.

El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.

En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.

José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.

En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.

José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.

[Brahimguardia]

D.e.p mi mas sentido apoyo a las familias de las victimas y sus seres queridos, que no duden que siempre viviran en la memoria de los compañeros.

[bachiller]

Sobre las 7:45 horas del 29 de diciembre de 1982 miembros de la banda terrorista ETA acribillaban a tiros a los guardias civiles JUAN MANUEL GARCÍA MENCÍA y MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en la estación de ferrocarril de Irún (Guipúzcoa).



Los agentes de la Guardia Civil realizaban sus habituales labores de inspección en la zona de la frontera en la estación de ferrocarril de la localidad guipuzcoana. Se encontraban en el andén 8, separados unos diez metros el uno del otro, revisando un tren de mercancías que había llegado poco antes, listo para salir hacia Hendaya una vez cumplimentados los preceptivos trámites aduaneros. En ese momento el lugar estaba muy concurrido, pues acababan de descender muchos viajeros de un tren francés. De pronto de dos a cuatro jóvenes (en este punto las versiones de los testigos presenciales difieren), algunos con prendas militares, surgieron por uno de los pasos subterráneos que comunican los andenes y, desde la misma boca del túnel, dispararon con dos metralletas. Juan Manuel García, que era el que estaba más cerca de los criminales, murió en el acto tras recibir tres impactos de bala en la cabeza. Manuel López caía entre la vía y el andén con tres impactos en el pecho. Ambos agentes recibieron las primeras atenciones de compañeros de la Benemérita que se encontraban en la propia estación. Manuel López fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los médicos iban a iniciar una complicada operación quirúrgica para intentar salvarle la vida, pero el agente falleció cinco minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, sin apenas poder decir más que "que me asfixio... que me muero", según comentó a los medios de comunicación el socorrista que acompañó al agente moribundo en la ambulancia.



Los criminales huyeron por el mismo lugar desde donde tirotearon a los guardias civiles, aprovechando el pánico que se desató tras escucharse el tiroteo entre el numeroso público que esperaba en los andenes y que intentaba alcanzar la salida entre gritos y carreras. Luego subieron a un Ford Escort, robado una hora antes a punta de pistola en San Sebastián por dos individuos que dijeron ser de ETA, y huyeron en dirección desconocida, aunque se sospecha que cruzaron la frontera francesa. En el lugar de los hechos se recogieron 16 casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum marca FN. Una bala atravesó el cristal de la puerta de la consigna, sin que afortunadamente alcanzara a nadie.


Tras el atentado se puso en marcha una gran operación policial de rastreo en la que participó la Policía de Aire y Fronteras de Francia, ante la posibilidad de que hubieran cruzado al país vecino. La reivindicación del crimen por parte de ETA militar se produjo el 4 de enero.



El recién nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, comentó tras el atentado que "en estas circunstancias las medidas a adoptar (en relación a los miembros de las organizaciones armadas) no podrán ya ser las que podían haber sido". Se refería el gobernador a unas declaraciones que había realizado hacía una semana, el 22 de diciembre, el ministro de Interior José Barrionuevo: "Si hay algo más que puro gangsterismo detrás de estas organizaciones terroristas, tienen posibilidad, dentro del sistema democrático, de participar en la lucha política. Pero es que no vemos en ETA más que pura barbarie, una organización de malhechores. Sin embargo, estoy dispuesto a rectificar mi criterio: que estén seis meses sin llevar a cabo ningún atentado terrorista y luego veremos".



A las 13:00 horas del mismo 29 de diciembre se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de San Sebastián. Los partidos políticos emitieron sus habituales condenas, a las que en esta ocasión se unieron las Asociaciones de Vecinos de Bidasoa y San Miguel de Irún. El obispo Setién también condenó el doble asesinato pidiendo a los etarras que dejasen de matar y liberasen "a quien tenéis secuestrado", haciendo referencia también a la situación de Saturnino Orbegozo, industrial de 69 años secuestrado desde mediados de noviembre, y al que sus captores de ETA-pm VIII Asamblea habían anunciado que iban a "ejecutar" por la falta de acuerdo con la familia sobre la cuantía del rescate.



Al día siguiente, concelebrado por cuatro sacerdotes, se celebró en el Gobierno Civil el funeral por el alma de los dos guardias civiles asesinados, con la asistencia, entre otras autoridades, del ministro de Interior José Barrionuevo, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, José María Retolaza, el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, y los alcaldes de San Sebastián e Irún, representantes de partidos políticos y la viuda del agente Juan Ramón Joya Lago asesinado el día 12 en Tolosa. Durante el acto religioso se leyó un mensaje enviado por el obispo. Al finalizar el acto religioso el ministro se dirigió al público y realizó un breve discurso que tuvo que empezar con un potente "¡Silencio!" para acallar algunos gritos que salían de entre el público asistente. Tras el funeral los féretros con los restos mortales de Juan Manuel García y Manuel López fueron trasladados a sus lugares de origen para ser enterrados.



Después del funeral, en un acto sin precedentes, las autoridades encabezadas por el ministro Barrionuevo acudieron al lugar del crimen, donde en presencia de casi un millar de personas se realizó un emotivo homenaje. El lugar donde cayeron los dos guardias civiles estaba cubierto por una gran bandera nacional y el suelo cuajado de claveles amarillos y rojos. Con una solemnidad nunca vista antes, el homenaje empezó con el toque de oración interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento Sicilia. A continuación se hizo una ofrenda floral. El ministro hizo un emotivo discurso centrado en resaltar los "trabajos y desvelos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco" y anunció que acababa de ser liberado por agentes del mismo cuerpo que enterraba a dos compañeros el secuestrado Saturnino Orbegozo, tras cuarenta y seis días de cautiverio. En el momento de la liberación fueron detenidos Gregorio Martija e Ignacio Odriozola, los dos individuos que vigilaban al industrial en una cabaña en Donamaría (Navarra).



El día 2 de enero de 1983, convocadas por el PSE-PSOE, EPK-PCE, UGT y CCOO unas dos mil personas se manifestaron en Irún. Partieron de la estación de ferrocarril, bajo el lema "no al terrorismo, sí a la paz". Era la primera vez que se celebraba una movilización ciudadana en condena del asesinato de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa. En la cabecera estuvo el alcalde de Irún, militante del PNV, que dijo desconocer la causa por la que su partido no se había sumado a la convocatoria.



Nunca se supo quienes habían sido los asesinos de los agentes García Mencía y López Fernández, que probablemente habían entrado desde Francia exclusivamente para realizar este atentado. No obstante, las Fuerzas de Seguridad sospecharon que el atentado fue cometido por miembros del grupo Ixkulin de ETA que, a partir de finales de 1983, pasó a denominarse Goyerri-Costa.



Juan Manuel García Mencía, de 48 años, había nacido en Gordalizo del Pino (León). Estaba casado con Aquilina Peña Crespo y tenía dos hijos. Era muy conocido entre el personal de la estación ya que anteriormente había pertenecido a la Brigada de Ferrocarriles. Antes de ser destinado a Irún estuvo prestando servicio en Behovia. A propósito del último anuncio de la banda terrorista en octubre de 2011, la viuda de García Mencía, como otras muchas víctimas de ETA, mostró su escepticismo sobre las intenciones de los etarras: "No lo creo, no me creo nada; será verdad pero no me fío ni un pelo", añadiendo que, en caso de que los asesinos de su marido pidiesen perdón, cosa que duda, ella no perdonaría, pues la tragedia que le provocó el asesinato de su marido le ha costado la salud (La Crónica de León, 22/10/2011). Una calle de Joarilla de las Matas (León) donde Juan Manuel y Aquilina contrajeron matrimonio, lleva desde 2009 el nombre del agente asesinado.



Manuel López Fernández tenía 22 años y estaba soltero. Era natural de Málaga y llevaba muy poco tiempo destinado en el puesto fronterizo de Irún. En abril de 2009 el alcalde de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, concejales de la corporación municipal y familiares de Manuel López participaron en un homenaje por el guardia asesinado en el transcurso del cual se dedicó una calle con su nombre en el rincón de Los Olivos.



Juan Manuel García Mencía y Manuel López Fernández son las dos últimas de las cuarenta víctimas mortales de la banda terrorista ETA en el año 1982.

[bachiller]

Minutos antes de las ocho de la mañana del 30 diciembre de1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Lasarte (Guipúzcoa), al ex guardiacivil y jefe de vigilancia de la factoría Michelín de esa localidad ALEJANDROSÁENZ SÁNCHEZ cuando se dirigía a pie a su trabajo en la que iba a ser suúltima jornada laboral tras haberse acogido, con otros noventa y tresempleados, a la propuesta de jubilación anticipada. Sus compañeros de lasección de vigilantes le preparaban un ágape de despedida para pocas horas después.La víctima, como hacía habitualmente, iba caminando a supuesto de trabajo desde su domicilio, que estaba a apenas doscientos metros dela factoría. Cuando se encontraba a la altura del estacionamiento de dichafactoría fue interceptado por dos o tres terroristas, que, tras descender de untaxi robado una hora antes en la localidad guipuzcoana de Hernani, lotirotearon a muy corta distancia. Alejandro Sáenz cayó de bruces en la aceracon la cabeza destrozada por varios impactos. Aunque no hubo testigos, losterroristas debieron de rematarlo en el suelo, porque "al ser levantado elcadáver del lugar del atentado, fue hallado debajo de la cabeza, entre lasangre, un proyectil de bala totalmente aplastado" (El Diario Vasco,31/12/1985). La Guardia Civil recogió posteriormente un total de cincocasquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en las pequeñas áreas decésped que separan el estacionamiento de la acera. El cadáver permaneció en ellugar del atentado hasta la llegada del juez, pasadas las 9:30 horas de lamañana.Hacia las 8:30 horas fue liberado en las proximidades de undesguace de coches situado junto al frontón Galarreta, cerca de Hernani, ManuelGarayar Otegui, propietario del taxi utilizado por los pistoleros de la bandaen el atentado. Los terroristas lo habían maniatado a un árbol con cuerdas denailon y lo amenazaron de muerte para que no diera aviso a la Policía hasta unahora después. "Eran las siete de la mañana y yo estaba en la parada; semetieron en el taxi y me dijeron que estuviera tranquilo, que eran de ETA y quenecesitaban el coche durante una hora. Me ordenaron que me dirigiera al frontónde Galarreta y cerca de allí me dejaron atado a un árbol" contó el taxistatras su liberación. Señaló que los terroristas no le mostraron sus armas enningún momento, pero que le amenazaron con tomar represalias contra él en elcaso de que no obedeciera puntualmente sus instrucciones. "Hablabanconmigo en euskera, insistían en que no me pasaría nada si yo les obedecía entodo. En realidad yo casi no les vi las caras porque, cuando llegaron a laparada, estaba oscuro y la calle está mal iluminada y, además, ellos se cubríanlas caras con los periódicos".Alejandro Sáenz Sánchez, de 58 años, era natural de Garranzo(La Rioja). Estaba casado y tenía un hijo. Había sido guardia civil durantetrece años, con destino en las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa (Behovia,Irún y Lasarte). Había abandonado el Instituto Armado con el grado de sargentoveintidós años antes de ser asesinado. El 1 de febrero de 1963 ingresó en laempresa Michelín. Tras su asesinato un miembro del comité de empresa señaló que"Alejandro Sáenz fue guardia civil hace veintidós años y a él no leimportaba hablar con los policías o con los guardias; eso es a lo único que podránagarrarse los que han hecho esto". En febrero de 2010 el Ayuntamiento deLasarte rindió un homenaje a las víctimas de ETA originarias o residentes enesa localidad, entre ellos Alejandro Sáenz Sánchez. Durante el mismo JesusaIbarrola, la madre de la primera víctima de ETA, la niña Begoña Urroz, fue laencargada de descubrir una placa conmemorativa de las víctimas del terrorismo ala entrada de la Casa Consistorial.Alejandro Sáenz fue la última víctima mortal de las treinta ysiete asesinadas por ETA en el año 1985.

[liendre]

La verdad es que leyendo toda la historia que tiene nuestra empresa en la relación con ETA y con la cantidad de compañeros y familiares asesinados por la misma, así como la cantidad de sangre derramada sobre el uniforme que vestimos, no se como puede haber compañeros votantes e incluso diputados por PODEMOS partido que habla de perdonar y de olvidar así como tildar de movimiento político a dicha organización y llegar a ponerlos como víctimas de la opresión del Estado, realizar actividades y mitines en herriko tabernas y hasta en cierto modo llegar a justificar las acciones de estos malnacidos.

Promotores del modelo político anticapitalista y bolivaraiano de Venezuela, ese grato Estado nido de terroristas. Todavía esperamos la extradición del señor De Juana Chaos para que pueda ser juzgado, a pesar de vivir en dicho país con un negocio y una vida normal.

[Nefertari]

25 años de la masacre de VIC por la banda terrorista eta.

A las siete y cinco de la tarde del 29 de mayo de 1991, la banda asesina ETA lanzaba un coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que quedó totalmente destruida. La explosión provocó la muerte directa de nueve personas. Dos guardias civiles: JUAN CHINCOA ALÉS y JUAN SALAS PÍRIZ; dos mujeres: NURIA RIBÓ PARERA, mujer del guardia civil Juan Chincoa, y MAUDILIA DUQUE DURÁN, suegra del guardia civil Juan Salas, también fallecido; y cinco menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años. Además, el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras prestaba auxilio a los afectados por la explosión. -

El vehículo utilizado, un Renault 6 cargado con 216 kilos de explosivos (doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una), fue proyectado aprovechando la ligera pendiente de una de las calles laterales en las que se encontraba ubicada la casa cuartel. Una vez que el coche-bomba estuvo dentro del patio de la casa cuartel, el etarra Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando.

En la casa cuartel de Vic vivían catorce agentes de la Guardia Civil, trece mujeres y veintidós niños. El atentado se produjo cuando numerosos familiares de los guardias se encontraban en sus viviendas y algunos niños, como era habitual a esas horas, jugaban en el patio. Los niños iban al colegio por la mañana, pero a las siete de la tarde, hora del atentado, lo habitual es que hubiese 10 ó 12 de ellos jugando en el patio. Por ello las niñas asesinadas fueron las más afectadas por la explosión y sus cuerpos quedaron literalmente destrozados.

Cuarenta y cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves, con importantes mutilaciones (a una de las niñas heridas tuvieron que amputarle una pierna) y secuelas. Entre los heridos muy graves que consiguió sobrevivir, el niño de 2 años Rafael Reinoso Sánchez, que sufrió fractura de la base del cráneo.

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-05-28/25-anos-de-la-masacre-de-vic-1276575009/









Mientras su memoria siga presente no habrán desaparecido de nuestra historia reciente, por eso hay quienes no quieren olvidar la masacre, los asesinatos de esa banda de terroristas etarras.

La continua campaña para hacer olvidar sus asesinatos, su terror, el apoyo constante de instituciones públicas como el gobierno catalán de hoy en recibir a uno de los dirigentes etarras como si fuese alguien ajeno a la trayectoria terrorista de eta y presentarlo ante los ciudadanos como alguien ¿honorable?....¿hombre de paz?....dándole y rindiéndole la pleitesía a un terrorista que nunca ha condenado los actos abominables terroristas como el que hoy se conmemora….perpetrado en tierras catalanas y con las consecuencias tan atroces que no se deben olvidar.

El Sr. Puigdemont, presidente de la CC.AA. catalana ni tiene vergüenza ni la conoce. Hipócrita hasta las trancas, ayer recibía con honores al etarra que quieren nombrar candidato a presidente de la CC.AA. vasca, pese a que esté inhabilitado para cargo público, y hoy se hace la foto en el acto en memoria de la masacre de Vic.

¿Cómo se puede recibir a quien forma parte de los verdugos asesinos con todos los honores y hoy en el acto por sus víctimas?.....pues es bien fácil la respuesta. Cada cual piense si en ello hay coherencia, decencia, ética, moralidad. Por más vueltas que le doy no le encuentro ninguna. Y todo porque ambos comparten algo, son separatistas que quieren romper la unidad de España….y el resto poco les importa.

Todos los terroristas etarras condenados deberían cumplir íntegramente las sentencias y pudrirse en las cárceles, eso sería impartir un poco de justicia por el mal causado, algo que sabemos que no han hecho, ni harán, quienes aplican la “justicia”….