Ni olvidamos ni perdonamos

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A las tres y media de la tarde del miércoles 31 de octubre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al guardia civil MANUEL FUENTES FONTÁN. El agente vivía en Santurce, pero acudía habitualmente a Portugalete donde vivía su novia, Francisca Vilches, con la que solía comer o cenar. Ese día acudió a comer con ella y en torno a las 15:20 horas salió del domicilio, vestido de paisano, para volver al cuartel de Santurce. Tras salir del edificio, el guardia se dirigió a su automóvil y entró en el mismo. En ese momento dos terroristas -uno encapuchado y el otro con la cara cubierta por un pañuelo- que se encontraban apostados junto a la valla de un edificio en construcción, dispararon contra él con un subfusil y una pistola a menos de cinco metros de distancia. Tras acribillarlo a balazos los asesinos huyeron en un Renault 4 de una empresa de reparación de televisión, en el que esperaban otros dos terroristas.

Manuel Fuentes fue alcanzado por una docena de impactos en los hombros, el tórax, los brazos y las piernas, y quedó mortalmente herido dentro de su vehículo. La novia se asomó a la ventana y aún tuvo tiempo de ver cómo corría uno de los autores del atentado. Bajó corriendo a la calle y se acercó al coche donde agonizaba Manuel, que hizo un amago de hablar, pero no pudo articular palabra. Fue trasladado en una ambulancia a la Clínica San Juan de Dios de Santurce, falleciendo a los pocos minutos de ingresar cuando había sido llevado al quirófano para ser intervenido.

El PSOE, PCE y ESEI (Convergencia Socialista Vasca) reaccionaron de forma inmediata convocando para ese mismo día 31 de octubre una manifestación de protesta, que tuvo lugar a las ocho de la tarde en Portugalete. Los convocantes manifestaron que el atentado, igual que el cometido cuatro días antes contra Germán González López, era una declaración de guerra al Estatuto recién aprobado y un intento de hacer inviable su puesta en práctica. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) excusó su asistencia a la reunión de convocatoria de la manifestación, alegando que la mayoría de sus dirigentes se encontraban en Bayona (Francia) para hablar con el lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Leizaola.

El 1 de noviembre ETA reivindicó el asesinato de Manuel Fuentes. Tras reiterar que seguirían atentando hasta lograr que se aplicase la alternativa KAS, en el comunicado analizaban los resultados del referéndum, señalando que se manipularon los votos y haciendo elogios a los que optaron por la abstención.

Manuel Fuentes Fontán tenía 29 años, era natural de Pontevedra, estaba soltero y llevaba cinco años destinado en el País Vasco. Su novia, Francisca Vilches, era natural de Jaén y declaró a los medios de comunicación que Manuel había solicitado el traslado a Pontevedra porque temía que no iba a salir vivo del País Vasco, pero le contestaron que "los casados tenían prioridad" (Diario de Navarra, 01/11/1979). Manuel fue la primera víctima mortal entre miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Sus restos mortales fueron enterrados dos días después, el 2 de noviembre, en Pontevedra, su ciudad natal. El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías nacionales transportaron a hombros el féretro hasta el templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia desde fuera. Al acto asistieron autoridades civiles y militares y, a la salida, se oyeron gritos contra el Gobierno y vivas a la Guardia Civil y al Ejército.

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A las ocho y media de la noche del 1 de noviembre de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANTONIO MATEO MELERO mientras paseaba, de paisano y acompañado por varios familiares, por la zona de bares de la localidad guipuzcoana. Allí sus suegros regentaban el Bar Miami, por lo que era frecuente que visitase el pueblo, como ese fin de semana de Todos los Santos que tenía libre.

Un coche, conducido por una mujer, seguía los pasos de Antonio sin que éste se diera cuenta. En un momento determinado, la etarra que conducía el vehículo le hizo un gesto a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, que se acercó por la espalda y le disparó a bocajarro dos tiros en la cabeza. Cuanto Antonio cayó al suelo, el pistolero lo remató con otro disparo. El cabo primero fue trasladado aún con vida en una ambulancia de la Cruz Roja hasta el Hospital Comarcal de Zumárraga, donde ingresó cadáver a las 20:50 horas.

El Ayuntamiento de Villafranca de Ordicia, presidido por Kepa Korta, de Euskadiko Ezkerra, convocó un pleno extraordinario a las 22:30 horas, en el que se aprobó una moción de condena del asesinato de Antonio Mateo Melero. Este ayuntamiento estaba integrado por tres concejales de Euskadiko Ezkerra, tres de Eusko Alkartasuna, cuatro de HB, dos del PNV y uno del PSE-PSOE.

El asesinato de Antonio fue el último atentado de ese año 1987 antes de que la banda terrorista ETA cometiese el 11 de diciembre la salvajada del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, provocando la muerte a once personas, cinco de ellas niños, y de que el mismo día asesinase, horas después, en Placencia de Armas (Guipúzcoa) al sargento de la Guardia Civil José Luis Gómez Solís.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 29 años de prisión mayor por este atentado. Kubati fue detenido pocos días después después de asesinar a Antonio Mateo, tras una amplísima operación en la que participaron 1.600 miembros de la Guardia Civil. Además de Kubati fueron detenidos once colaboradores del grupo Goyerri-Costa de ETA que habían sido sometidos a vigilancia e intervención de sus comunicaciones telefónicas desde el asesinato del guardia civil. Kubati, uno de los miembros más sanguinarios del grupo Goyerri-Costa de ETA, está condenado a penas que suman 1.076 años de cárcel. Estuvo a punto de ser excarcelado en 2007, por una redención de condena por estudios. La aplicación de la doctrina Parot frenó su salida de prisión, que está prevista para 2017.

Antonio Mateo Melero, de 32 años, era natural de Vejer de la Frontera (Cádiz), donde por acuerdo de la corporación municipal una calle lleva el nombre "Cabo Primero Antonio Mateo Melero". Estaba casado con Concepción Barandiaran, natural de Ordicia, y tenía una hija de 7 años que había hecho la Primera Comunión en mayo de ese año. Antonio estaba destinado en la comandancia de la Guardia Civil de Sansomendi, en Vitoria, y había ido al pueblo con su esposa para visitar a sus suegros, propietarios de un bar situado enfrente del lugar donde fue asesinado. Su hermano Francisco Mateo Melero fue el promotor en agosto de 2008 de un homenaje a las víctimas del terrorismo coincidiendo con la excarcelación de De Juana Chaos. En declaraciones al Diario de Cádiz rememoró el día que su familia recibió la noticia del asesinato de Antonio: "No se portaron bien con nosotros. Tuvimos que viajar hasta Guipúzcoa en un coche camuflado de la Guardia Civil". Y añadía:

La Justicia está muy mal planteada y en 40 años creo que debía de haber habido cambios políticos y judiciales importantes. Hace ya más de 30 que ETA mató al primer guardia civil. Y desde entonces no ha dejado de matar. Y encima se nos dice que hay que dialogar con ellos. Eso no es lícito. No nos vamos a callar. Vamos a seguir luchando de manera pacífica y sin tregua. Todos estamos en el punto de mira de estos asesinos (Diario de Cádiz, 02/08/2008).

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Cerca de la medianoche del 3 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Haizea de Zarauz (Guipúzcoa) a cinco agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban fuera de servicio y de paisano. Los agentes se encontraban en el local, situado a las afueras de Zarauz, tomando una copa cuando, en torno a las 23:45 horas, irrumpieron tres terroristas provistos de metralletas por la puerta trasera del local, mientras otros dos esperaban en el exterior. Tras gritar "¡Gora ETA militarra!", los asesinos de la banda comenzaron a disparar sus armas contra los guardias civiles, rematándolos en el suelo según iban cayendo. Fallecieron en el acto los cabos primero ÁNGEL RETAMAR NOGALES y ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ, y los guardias JULIO CÉSAR CASTILLEJO PÉREZ y MODESTO GARCÍA LORENZO.

En el brutal ametrallamiento –los pistoleros de la banda realizaron unos sesenta disparos– fueron heridos de gravedad un quinto agente de la Guardia Civil, Nicolás Martín Maestro, y un cliente del bar, el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena. Este último falleció horas después, el 4 de noviembre. Otros cuatro vecinos de Zarauz resultaron heridos de diferente consideración: Basilio Elola, de 39 años, herido muy grave, recibió un tiro en la espalda, quedando la bala alojada en la segunda vértebra dorsal; Ismael Aguirre Unanue, de 23 años –herido en los dos pies y en un brazo–, y su acompañante Izaskun Garmendia, de 19 años –herida en un tobillo y en una ceja–, y Antonio Izquierdo, camarero del bar, que recibió un tiro en el cuello. Todos los heridos fueron trasladados en ambulancias y coches particulares a diferentes centros hospitalarios, siendo el más grave el peluquero Miguel Lasa.

El Bar Haizea era frecuentado por miembros de la Guardia Civil de Zarauz, costumbre que conocían en la localidad, por lo que a ETA no le fue difícil organizar la carnicería. Tras ametrallar a los guardias civiles, los autores huyeron en un vehículo Renault 18. "Sólo una reacción rápida e instintiva del resto de los clientes impidió que la carnicería alcanzase mayores proporciones. Y no vi nada, precisamente porque, al oír los disparos, no quise ni mirar. No sé si me tiré al suelo o me desplomé. Al levantarme, había cadáveres, sangre y un tremendo desconcierto", relató un cliente del bar testigo del atentado (El País, 05/11/1980).

El Ayuntamiento de Zarauz aprobó una moción de condena al día siguiente, aprobada por unanimidad. Los concejales de Herri Batasuna sí se sumaron a la moción a título personal, como hicieron con su asistencia a la manifestación silenciosa que recorrió la localidad la tarde del 4 de noviembre. Más de dos mil quinientas personas acudieron a la misma. La negativa de la coalición proetarra a firmar como partido la moción provocó que uno de los concejales, Markaida, anunciase públicamente la dimisión "por no poder continuar en este escaño ante tal situación de violencia"(ABC, 05/11/1980).

El 4 de noviembre a las tres de la tarde hubo algunos incidentes durante la celebración del funeral por los cuatro guardias civiles asesinados, que tuvo lugar en el Gobierno Civil de Guipúzcoa a las tres de la tarde en un clima de gran tensión. Una mujer increpó al ministro de Interior, Juan José Rosón, diciéndole: "Rosón, a ver qué le cuentas ahora a Suárez de estos muertos", por lo que fue retenida por funcionarios policiales para que se identificase. El padre y el hermano de otro de los asesinados protagonizaron también escenas de protesta, gritando contra ETA y contra el Gobierno.

En 1988 la Audiencia Nacional condenó a Juan María Tapia Irujo a penas que sumaban más de 50 años de prisión. En 2001 fue condenado José Javier Zabaleta Elosegi, alias Baldo, como autor del atentado, a 30 años de prisión mayor por cada víctima mortal y a otros 10 por cada uno de los cinco asesinatos frustrados, sumando un total de 200 años. Según el relato de hechos probados, Zabaleta Elosegi formaba parte en 1980 de un grupo de liberados de ETA –a sueldo de la banda– que actuaba en las zonas de Beasain y Zarauz. El 3 de noviembre de 1980 cinco terroristas se dirigieron al Bar Haizea, en Zarauz, y dos de ellos, entre los que se encontraba Baldo, se quedaron fuera del establecimiento "para apoyar la acción" que habían planeado. Baldo, número dos de ETA y responsable del aparato logístico de la banda hasta su detención en 1990 en Biarritz, fue extraditado por Francia en 1998 tras cumplir en ese país una condena de ocho años de cárcel por "asociación malhechores".

No obstante, en la web de la Guardia Civil figuran como autores del ametrallamiento miembros del grupo Ixkulin de ETA, formado en la segunda mitad de 1980, citando a Juan Pablo Gude Pego, alias Antxon el Grande. Presuntamente participaron en el atentado, además de Gude Pego, Tapia Irujo y Zabaleta Elosegi, los siguientes etarras: José Antonio Olaizola Achucarro, alias Itxaso y Antxon; José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo; Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela; y Pedro María Leguina Aurre, alias Txiki, Kepa y Kepatxu.

José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo, no ha sido juzgado por ninguno de los diez asesinatos en los que presuntamente habría participado, entre ellos los cinco del Bar Haizea. Datos incautados en el año 2005 en Francia confirmarían que habría vuelto de Méjico y se habría reintegrado en la banda, manteniendo las posturas más duras dentro de la misma. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista lo sitúan de nuevo en Sudamérica desde el año 2010, adonde habría ido para poder trabajar en la reorganización operativa de la banda asesina en un lugar más seguro que el sur de Francia. José Antonio Olaizola Achucarro, Antxon e Itxaso, fue deportado a Argelia a finales de 1980 y podría estar viviendo en Cabo Verde. Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela, murió en Burdeos en enero de 1984, tras ser tiroteado en San Juan de Luz por los GAL en diciembre de 1983. Pedro María Leguina Aurre, Txiki, Kepa y Kepatxu, fue detenido el 31 de diciembre de 1999 en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Pese a que las autoridades españolas consideran a Leguina Aurre autor de más de veinte asesinatos cometidos entre 1975 y 1981, no ha podido ser juzgado por la mayor parte de esos delitos por prescripción de los mismos. Entregado por Francia en diciembre de 2001, en la actualidad cumple penas que suman 90 años de prisión por diferentes crímenes.

Julio César Castillejos Pérez, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Villaviciosa (Asturias) y estaba soltero.

Modesto García Lorenzo, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Ribadelago (Zamora) y estaba soltero.

Arturo López Hernández, cabo primero de la Guardia Civil de 37 años, era natural de La Zubia (Granada) y estaba soltero.

Ángel Retamar Nogales, cabo primero de la Guardia Civil de 26 años, era natural de Palomas (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijos.

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A las seis y media de la tarde del domingo 5 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Tolosa al guardia civil MARIANO CRIADO RAMAJO cuando salía, acompañado por otros tres agentes, del campo de fútbol de Berazubi, donde habían prestado servicio de seguridad en el partido entre el Tolosa y el Tudelano. El atentado fue idéntico al perpetrado dos semanas antes, el 22 de octubre, contra dos parejas de la Guardia Civil que salían de prestar el mismo servicio en el campo de fútbol de Gobelas en Las Arenas de Guecho, atentado que provocó la muerte de tres de los cuatro guardias civiles.

Esta vez los terroristas del grupo Gamboa de ETA no esperaron a que los guardias civiles se alejaran del estadio, como ocurrió en Guecho. Desde una posición alta, y escondidos detrás de una tapia, los etarras –tres individuos con el rostro cubierto– ametrallaron a los agentes que salían por una puerta trasera del estadio, cuando todavía un gran número de aficionados no había abandonado el recinto pues hacía escasamente un minuto que había terminado el partido. Mariano Criado, que marchaba más rezagado, fue alcanzado por un disparo en el cuello que le causó la muerte en el acto. Sus compañeros se escondieron detrás del autobús del equipo visitante, el Tudelano, e intentaron repeler el ataque terrorista que provocó heridas graves al agente Antonio Pinel Romero y al niño de 13 años Jesús Orbegozo Beristain. El primero, herido en el hombro, tardó nueve meses en ser dado de alta, mientras que el niño Jesús Orbegozo, que recibió dos impactos en la pierna y el hombro, estuvo ingresado cuarenta y cinco días.

El pánico se desató entre el numeroso público que todavía estaba en las gradas, que se puso a cubierto como pudo. Desde los vestuarios del campo, en los que se habían refugiado unas cincuenta personas, se veían las piernas de un guardia civil tendido en el suelo. El gobernador civil de la provincia desmintió que el niño Jesús Orbegozo fuese alcanzado por las balas disparadas por los guardias civiles ya que se encontraba detrás de las fuerzas del orden. Tanto él como el guardia civil Antonio Pinel fueron trasladados a la Clínica San Cosme y San Damián, de Tolosa.

Los agresores se dieron a la fuga en un automóvil cuyos datos coincidían con el vehículo robado a punta de pistola ese mismo día en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.

Al día siguiente, lunes 6 de noviembre, se celebraba el funeral por el alma de Mariano Criado en la Iglesia de Santa María de Tolosa. Dentro y fuera del templo se vivieron momentos de gran tensión. A los gritos proferidos por varias mujeres de guardias civiles en contra de la democracia y a favor de la restauración de la dictadura se sumaron otros de "Muerte a los asesinos" y "no queremos medallas, queremos irnos de aquí yno queremos vivir entre gente asesina". También se oyeron gritos contra Martín Villa y contra el Gobierno en general.

Al finalizar el acto religioso, al que asistieron las autoridades civiles y militares, acompañadas del consejero de Interior del Consejo General vasco, Txiki Benegas, numerosos guardias civiles, que mantuvieron en todo momento una disciplina férrea sin dar un solo grito, rompieron a llorar al ver cómo el féretro con los restos de su compañero era introducido en el furgón que emprendería el viaje hacia Cáceres, donde sería enterrado.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a los autores del atentado –José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola– a sendas penas de 27 años de prisión mayor por el asesinato de Mariano Criado, y a dos penas de 12 años de prisión menor por los dos asesinatos frustrados.

Mariano Criado Ramajo tenía 24 años, estaba casado y era natural de Cáceres, ciudad en la que se encontraba hospitalizada su mujer que estaba a punto de dar a luz al primer hijo de la pareja.

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https://www.youtube.com/watch?v=Vc9a1gQY9OI

https://www.youtube.com/watch?v=ZwyJcvlOCjc

Hacia las 16:45 horas del 7 de noviembre de 1991 la bomba colocada por Juan Carlos Iglesias Chouzas y Francisco Javier Martínez Izaguirre en los bajos del vehículo particular del guardia civil Antonio Moreno Chica estalló cuando entraban en Erandio (Vizcaya), matando en el acto a su hijo de 2 años, FABIO MORENO ASLA, hiriendo a su hermano gemelo, Alexander –que sufrió quemaduras en una pierna y perforación en un tímpano–, y al propio agente de la Guardia Civil, que tardaría 852 días en curar sus heridas.

Tres días antes los asesinos habían colocado el artefacto bajo el asiento del copiloto sabiendo perfectamente que Antonio Moreno utilizaba ese vehículo exclusivamente para los desplazamientos con su familia, pues para ir y venir a su trabajo en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao utilizaba el tren. Mientras Martínez Izaguirre vigilaba, Iglesias Chouzas, alias Gadafi, había forzado la puerta delantera derecha para colocar el artefacto explosivo bajo el asiento del copiloto.

"La bomba llevaba en el coche tres días, lo que pasa es que en tres días no lo habíamos usado. El coche sólo se utilizaba para la familia, para llevar a los críos a la piscina, al monte... Cuando se puso esa bomba se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser sólo para mí", contó en 2006 Antonio Moreno Chica (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

La banda asesina de niños, porque no se la puede calificar de otra forma, hacía tres semanas que había mutilado gravemente a otra niña, Irene Villa. Además, ese año de 1991 ETA había asesinado a otros seis menores de edad antes que a Fabio Moreno, cinco de ellos en la casa cuartel de Vic, y una en San Sebastián, María del Coro Villamudria.

Felipe González, el entonces presidente del Gobierno, declaró al día siguiente del asesinato de Fabio: "Me produce una profunda repulsión moral, que a veces me coloca en una situación muy próxima a la pérdida de control. Por eso trato de no perder el control de la lucha contra esos asesinos de niños. Acontecimientos como el de ayer refuerzan nuestra voluntad de acabar con ellos" (ABC, 09/11/1991).

Antonio Moreno había recogido a sus gemelos en una piscina cubierta de Guecho en la que habían estado con su madre. En una curva cerrada a la entrada de Erandio el artefacto explotó. Fabio murió en el acto, con la cabeza destrozada y un brazo prácticamente desgajado del cuerpo:

Al abrir la parte de atrás del coche saqué a Alex, que estaba bien, lo malo fue cuando fui a sacar a Fabio, que lo tuve que coger a trozos. No sabes cómo sujetarlo porque se te cae por todos los sitios. Al reventar la bomba me reventó los tímpanos. No oía nada, no sabía lo que estaba pasando (...) Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Si en teoría el malo de la película diríamos que soy yo (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

Abrazado al cadáver de su hijo que acababa de sacar de la chatarra del vehículo, Antonio Moreno Chica repetía: "Ya me lo han matado esos hijos de ****". Él y Alexander fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo, donde se les diagnosticó rotura de tímpanos.

Todos los partidos políticos, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron unánimemente el atentado. En un comunicado execrable, como todos los de la formación proetarra, HB señalaba que entendían el dolor que producía el atentado, que lamentaban la muerte del niño pero que no permitirían "que se utilice ese dolor para la realización de denuncias hipócritas por parte de quienes tienen la responsabilidad de estar prolongando el sufrimiento de este pueblo" y reclamaba, una vez más, la negociación con ETA.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a un total de 85 años de prisión al etarra Martínez Izaguirre. Coincidiendo con este juicio, Arantxa Asla, la madre de Fabio, manifestó que ella lo condenaría a "la muerte, que no es ni más ni menos lo que ellos hicieron a mi hijo, matarle. Ojo por ojo y diente por diente (...) Yo no puedo olvidar lo que ellos le han hecho a mi hijo y a mi familia, y tampoco puedo perdonarles. Sé que hay personas que afirman haber perdonado a los asesinos de sus familiares. Pero yo no puedo" (El Mundo, 23/01/1995). Con el paso del tiempo ese sentimiento de odio, de desear "que les pasara lo mismo" y que "sufrieran como perros" ha pasado. Ahora "simplemente no les perdono" y quiere "que cumplan sus penas" (El Correo, 10/07/2010).

En 2003 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a un total de 82 años por este atentado. Sin embargo fue absuelta de su participación en el asesinato de Fabio la etarra Rosa María Arana Txakartegi, pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado las mismas penas que para Gadafi y por los mismos delitos. El tribunal aplicó a la etarra el principio in dubio pro reo, justificando esta decisión por no haber podido reconstruir de manera absolutamente clara la participación de Arana en el atentado. Y eso a pesar de que la principal prueba de cargo aportada por la Fiscalía era una nota manuscrita que se le incautó a Arana cuando fue detenida en 1992 y en la que se decía: "Yo había estado con ellos controlando cuando abrieron la puerta y colocaron la bomba en el coche del padre de Fabio". Arana fue detenida en febrero de 2001 cuando salía de su turno de trabajo en una fábrica de Guernica bajo la acusación de ser quien dio la orden de atentar contra Antonio Moreno.

En septiembre de 2005 Gadafi pidió su traslado a España, para seguir cumpliendo sus condenas aquí, quizás porque intuía que en España la situación podría serle más favorable. Cuando llegó a España, el padre de Fabio fue entrevistado en ABC y señaló algo que, lamentablemente, se está produciendo en estos momentos, que es la criminalización de las víctimas. Preguntado sobre qué pensaba de que Gadafi viniese a cumplir su condena a España "para estar más cerca de su familia, su novia y su hijo", Antonio Moreno contestó:

Sentí vergüenza de tener los gobernantes que tenemos. Anoche no pegué un puñetero ojo. Estaba viendo por televisión la llegada a España de esta alimaña y se me quitaron hasta las ganas de vivir. Ha llegado para reírse de nosotros y lo hace con el asentimiento del Gobierno. Y si yo ahora voy y mato a su hijo, ¿estamos en paz? Si yo fuera una alimaña como él podría matar a su hijo tranquilamente. ¿Y me van a dar los mismos privilegios que a él?, pregunto. Lo único cierto es que él va a tener a su hijo y yo no. Además, sé lo que va a pasar: pondrán a ‘Gadafi’ como buque insignia de la negociación, negociaremos todos, todos a las cárceles del País Vasco, y, en cuatro días, a la calle, eso sí, con una sonrisa. Y si las víctimas no nos reímos también nos dirán que somos unos desgraciados, unos rencorosos que no queremos la paz. ¿Es que somos tontos? Siempre las víctimas tienen que hacer los esfuerzos, y los gobiernos como éste que tenemos y los terroristas, ¡al cachondeo! ¿Para que no haya más víctimas? Eso sólo se arregla con buena presión policial, como les estaban haciendo (...) Van a venir todos [los presos] porque va a haber una negociación y todos a la calle en cuatro días. Y si no, les darán algún régimen especial y a vivir. Otra vez se van a reír de nosotros. Nadie nos apoya. El anterior Gobierno empezó a apoyarnos y comenzábamos a sentirnos respetados; pero ha vuelto esta gente y sientes de nuevo la bofetada con la negociación y el acercamiento de presos a sus familias. Y si no, a las familias de los presos les pagan viajes para que vayan a verlos, mientras yo llevo esperando 14 años a que el Gobierno vasco me pague un billete para ir a ver la tumba de mi hijo (ABC, 15/09/2005).

Los funerales por Fabio Moreno se celebraron en la parroquia de San Agustín de Erandio, y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio vizcaíno de Derio.

Fabio Moreno Asla, de 2 años, había nacido en Bilbao. Su madre, Arantxa Asla, y toda su familia materna, era vasca. Su padre, Antonio Moreno Chica, de 32 años, era natural de Granada y estaba destinado en el servicio de Intervención de Armas de La Salve (Bilbao) desde 1979. Además de su padre, el abuelo paterno del niño también fue guardia civil y había estado destinado en Vizcaya. El matrimonio era muy conocido en Erandio, donde los padres de Arantxa regentaron durante años un bar. Además de los gemelos Fabio y Alexander tenían otro hijo, Marco, que tenía 10 años cuando asesinaron a su hermano. Antonio tuvo que dejar la Guardia Civil por las secuelas que le quedaron tras el atentado. Si ningún padre puede superar y olvidar la muerte de un hijo, en el caso de Fabio ha sido imposible, porque su gemelo Alex les recuerda siempre al niño asesinado:

Veo a Alex, un tiarrón de 1,80 metros con 16 años, un deportista fenómeno, un chaval estupendo... y siempre pienso en el hermano... Le veo y la congoja se engancha a la garganta y ya no te la quita nadie. Imaginas... Y eso te destroza (ABC, 15/09/2005).

Alex perdió el habla tras el asesinato de su gemelo, y tardó cuatro meses en recuperarla. Su hermano Marco recordaba en 2010 durante un homenaje a Fabio en el Ayuntamiento de Erandio cómo se enteró de todo:

"Me lo dijo mi tío en el ascensor con estas palabras: 'Tu padre y Alex están bien, pero Fabio ha muerto'". Al entrar en casa, la desolación. Su madre, "llorando". Su padre, hundido en el sofá. Mucha gente pululando por la vivienda y su hermano muerto por culpa del "fanatismo". Él ya tenía una edad en 1991 para recordar lo que pasó. "Le querré toda mi vida y con todo mi corazón" (...) A Marco, que ya está casado y tiene un hijo, no le dejó satisfecho el homenaje del Ayuntamiento. Lo que menos le gustó fue la decisión de instalar la placa conmemorativa dentro y no fuera, en un espacio público a la vista de todos. Estaba decepcionado, como su padre (El Diario Montañés, 30/07/2010).

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9a1gQY9OI

https://www.youtube.com/watch?v=ZwyJcvlOCjc

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A las diez de la mañana del 11 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en la carretera que une Beasain con Zumárraga, a la altura de la localidad guipuzcoana de Villarreal de Urrechu, al cabo de la Guardia Civil JOSÉ RODRÍGUEZ DE LAMA y al agente LUCIO REVILLA ALONSO. Los terroristas hicieron explotar una bomba escondida en un terraplén al paso de una patrulla compuesta por dos Land Rover que volvía al cuartel de la Benemérita después de prestar un servicio. Además, resultaron heridos otros dos guardias civiles, uno de ellos de extrema gravedad.

La patrulla pertenecía a la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil con base en Logroño. Miembros del grupo Urola de ETA habían confeccionado un artefacto explosivo del tipo "hornillo" con veinte kilos de Goma 2, más otros cuatro kilos de tuercas y tornillos para que actuaran a modo de metralla. El artefacto tenía un cable de más de cincuenta metros que permitió a los terroristas activarlo a distancia. La intención de los asesinos de la banda era hacerlo estallar para que alcanzase a los dos Land Rover, pero momentos antes el primero de ellos había adelantado a un camión, distanciándose del segundo, por lo que la explosión afectó sólo a éste. El coche, en el que viajaban tres agentes, saltó por los aires y quedó partido por la mitad a varios metros de distancia del lugar de la explosión. José Rodríguez y Lucio Revilla salieron despedidos del Land Rover y sus cuerpos destrozados cayeron a más de quince metros del vehículo. El tercer guardia civil, Francisco Córdoba Ramos, consiguió salir por su propio pie, aunque tras dar unos pasos perdió el conocimiento y se desplomó sobre unas zarzas. Herido de gravedad por la metralla del artefacto explosivo fue trasladado urgentemente al Hospital Militar de Vitoria.

Diez minutos antes de producirse este atentado, otro guardia civil, Juan Malpica Aguilera, había resultado gravemente herido en Rentería al explotar una bomba-lapa que se activó al poner en marcha el vehículo de su propiedad. La parte delantera del vehículo quedó destrozada. El guardia civil, con una pierna machacada, salió despedido del coche y cayó al suelo. En el hospital se le apreció amputación traumática de la pierna izquierda, además de contusiones múltiples en pecho y mentón. Los médicos que le intervinieron en la residencia de Nuestra Señora de Aránzazu tuvieron que amputarle la pierna izquierda a la altura de la ingle para salvarle la vida, ya que la situación del agente era de extrema gravedad. En el momento del atentado, Juan Malpica, de 40 años y natural de Viator (Almería), estaba casado y tenía cuatro hijos de corta edad.

Pocas horas después de ambos atentados se organizaron manifestaciones espontáneas en Rentería y Zumárraga para protestar contra ETA. El comité local del Partido Comunista de Rentería repartió miles de octavillas en las que se podía leer: "En cuarenta años los terroristas en el poder no han podido con Euskadi. Hoy Euskadi no quiere terroristas para conseguir la libertad".

Al día siguiente, sábado 12 de noviembre, en un clima de enorme dolor y tensión, se celebraron los funerales de cuerpo presente por los dos guardias civiles asesinados. El primer incidente se registró nada más llegar las autoridades, encabezadas por los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa. Una voz se alzó por tres veces gritando "¡Fuera de ahí!", ante la presencia del diputado y presidente de la Comisión de Defensa de las Cortes, Enrique Múgica, siendo acallada por los propios militares asistentes. Finalizado el funeral, los guardias civiles asistentes entonaron el Himno de la Guardia Civil, y se dieron gritos de "¡Viva España!, ¡Viva el Rey! y ¡Viva la Guardia Civil!". Una vez terminado el acto, varias personas volvieron a increpar e insultar a Enrique Múgica, al que llegaron a llamar asesino.

En 1987 la Audiencia Nacional condenó a Mercedes Galdós Arsuaga, alias Bitxori, a 27 años de reclusión mayor por cada uno de los dos asesinatos, y a otras cuatro penas de 17 años de prisión menor por los asesinatos frustrados. Salió de prisión en septiembre de 2005, tras cumplir sólo 19 años de cárcel del total de 700 años a los que fue condenada por su participación probada en diecisiete asesinatos.

En 1995, tras ser extraditado por Francia, la Audiencia Nacional condenó a Félix Ramón Gil Ostoaga, alias Zaldi, a una pena de 29 y a otra de 27 años de reclusión mayor como autor del asesinato de los dos guardias civiles. El etarra, que acumulaba condenas que sumaban casi 300 años por otros asesinatos, fue puesto en libertad el 9 de octubre de 2002, tras cumplir sólo 13 años de condena. La magistrada Ruth Alonso, jueza de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco, decidió la puesta en libertad de Ostoaga en una decisión muy polémica y a pesar de los informes reiterados de la prisión de Nanclares de la Oca, donde el etarra cumplía condena, en los que se retrataba al terrorista como un hombre que se relacionaba "exclusivamente con sus compañeros de ETA, frío, distante y calculador". Pocas semanas después, el 23 de noviembre, Gil Ostoaga se suicidó en un descampado de Legazpia (Guipúzcoa) disparándose con una escopeta de caza, propiedad de su hermano, en el pecho. El informe forense así lo determinó, y la familia no solicitó una segunda autopsia, aunque sí culparon al, según ellos, "linchamiento público" al que fue sometido tras ser excarcelado. Sin embargo, ya en prisión había intentado suicidarse dos veces debido a problemas personales, uno de los motivos esgrimidos precisamente por la juez Ruth Alonso para concederle la libertad provisional.

También participó en el atentado José María Zaldúa Corta, alias Aitona, que falleció de un infarto en septiembre de 2010 mientras paseaba en bicicleta en la localidad francesa de Aix-en-Provence. Todos los asesinatos en los que participó Zaldúa Corta como miembro de los grupos Urola y Nafarroa de ETA quedaron impunes.

Un cuarto autor material del asesinato de Lucio y José fue Juan Manuel Bereciartúa Echaniz, alias Pakea. El etarra huyó a Venezuela en 1984, donde se convirtió en empresario y cocinero, se casó con Isabel Larrañaga y consiguió, en 2003, la nacionalidad venezolana gracias al Gobierno chavista. Allí regenta el restaurante Pakea de comida vasca, sin haber sido juzgado por ninguno de los atentados en los que participó.

El último integrante del grupo Urola de ETA era Ramón Oñaederra, alias Katu, que murió en atentado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) en 1983.

Lucio Revilla Alonso, guardia civil de 25 años, era natural de Benavente (Zamora). Estaba soltero.

José Rodríguez de Lama, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de León. Estaba casado con María del Carmen Villar, y tenían dos hijos. Carmen estaba embarazada de ocho meses de su tercer hijo. La viuda se enteró por la radio de que había habido un atentado donde estaba destinado su marido. Hizo varias llamadas a compañeros, pero nadie le confirmó que su marido era uno de los muertos, de lo que se enteró finalmente por la radio. Carmen pidió que no le pusiesen ninguna medalla: "Recuerdo que siempre me decía que si alguna vez le ocurriera algo de eso, decía, lo único que te pido es que no dejes que me pongan ninguna medalla en el féretro". A Carmen tuvieron que adelantarle el parto:

Di a luz... y no lo quería. El niño lloraba mucho y no quería ni verle (...). Tuve unos días tan difíciles y tan mal, tan mal estaba que la verdad es que me tenían sedada todo el día. Realmente tengo ahí una laguna, pues como de un año, o más (Trece entre mil, documental de Iñaki Arteta).

Ese hijo, José, que nació un mes después de que su padre fuese asesinado, también dio su testimonio a Iñaki Arteta y Alfonso Galletero en el libro Olvidados:Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que mi padre no estaba. Para mí, mi padre fue siempre mi abuelo. Él era el que estaba siempre pendiente de mí. Y aunque siempre me dejó claro que era mi abuelo y que yo había tenido un padre, para mí era todo muy confuso porque la única figura paterna que yo encontraba era la suya. Supongo que a esta confusión contribuyó el hecho de que en casa el tema de la muerte de mi padre fuera tabú, no se tocaba nunca. Tardé años en enterarme de cómo había muerto (...). Un día, creo que debía de tener siete u ocho años, mi abuelo se sentó conmigo y me lo explicó (...) Mi madre, de mi padre nos contaba pocas cosas, la verdad. Incluso tengo que reconocer que en esta conversación [el testimonio prestado a Arteta y Galletero] me he enterado de cosas que no sabía, que no había oído nunca. Mi madre se ha guardado el recuerdo de mi padre muy para ella, porque yo creo que, en el fondo, siempre le ha dolido mucho hablar de él".

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Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.

Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.

Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad. Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.

Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.

El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.

Juan García León, de 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.

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Minutos antes de las nueve de la noche del 19 de noviembre de 1991, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinaba de dos tiros por la espalda al sargento de la Guardia Civil PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, mientras paseaba con su novia, Gracia Oliva, por Galdácano (Vizcaya). El sargento cayó al suelo herido y Gadafi lo remató con un tiro en la cabeza. A continuación se montó en un taxi robado, donde le esperaba Javier Martínez Izaguirre, y emprendieron la huida.

Trasladado urgentemente al Hospital de Galdácano por la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y tres heridas por arma de fuego: una con orifico de entrada en la nuca y salida en la frente y dos impactos más en los costados, a la altura de la axila. Los médicos certificaron su fallecimiento una hora después de su ingreso en el hospital.

Los asesinos abandonaron el taxi a dos kilómetros del lugar de los hechos, en la calle Larrazabal de Basauri. Hasta ahí se trasladaron artificieros del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaron cuidadosamente el vehículo, sin resultados, en previsión de que pudiera albergar explosivos. El coche había sido robado a punta de pistola sobre las 20:30 horas en la parada de taxis del propio Galdácano.

En la madrugada del día siguiente, 20 de noviembre, se instaló en el Gobierno Civil la capilla ardiente. El funeral tuvo lugar a la una y media del mediodía en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

Como pudo confirmarse posteriormente, gracias a la investigación policial y judicial que llevó a la detención y puesta a disposición judicial de los autores materiales y su cómplice, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, los terroristas seguían los pasos del sargento y conocían muy bien su costumbre de dar una vuelta por la localidad antes de regresar a la casa cuartel. En 1996 la Audiencia Nacional condenó a Javier Martínez Izaguirre, como autor responsable del asesinato del sargento Carbonero, a la pena de de 30 años de reclusión mayor. La misma sentencia condenó a Juan Manuel Tobalina Rodríguez en concepto de encubridor a 10 años de prisión mayor. Once años después, en enero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, a 30 años de prisión mayor como autor material del asesinato.

Según el relato de los hechos recogido en las dos sentencias, Martínez Izaguirre e Iglesias Chouzas planificaron, con la ayuda de Tobalina Rodríguez, asesinar al sargento Carbonero en noviembre de 1991. Tras someterlo a vigilancia previa para confirmar sus itinerarios y rutinas, intentaron cometer el atentado el día anterior, 18 de noviembre. Ese día, por la tarde, fueron trasladados por Juan Manuel Tobalina en un vehículo hasta Galdácano, donde Gadafi y Martínez Izaguirre tomaron un taxi. Instantes después de iniciado el trayecto se identificaron al conductor como miembros de ETA y le obligaron a que los llevara hasta el barrio de Elejalde, "donde le hacen descender, continuando aquellos con el vehículo". Sin embargo no localizan al sargento y regresan al lugar donde habían dejado al taxista, "obligándole a llevarles hasta Basauri, donde Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre se apean, entregan al conductor 3.000 pesetas (unos 18 euros) y le advierten que no denuncie lo sucedido".

Al día siguiente, 19 de noviembre, ambos volvieron a trasladarse hasta Galdácano. Sobre las 20:40 horas tomaron un taxi y, tras amenazar al conductor mostrándole una pistola, le dijeron "somos miembros de ETA" y le obligaron a que se bajara del coche en las proximidades del Ayuntamiento. A continuación los dos se dirigieron hacia la calle Juan Bautista Uriarte y, a la altura del número 53, localizaron a Carbonero, que regresaba hacia el cuartel de la Guardia Civil en compañía de su pareja. Gadafi se bajó del taxi y, situándose detrás del sargento de la Guardia Civil, le disparó dos tiros que le alcanzaron en la zona izquierda del tórax. Una vez en el suelo, el asesino lo remató con otro disparo a bocajarro en la región occipital. A continuación, huyeron del lugar y se refugiaron en el domicilio de Juan Manuel Tobalina.

En enero de 2008 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nombre de la novia y los cuatro hijos del sargento asesinado. La sentencia de 2007 establecía una indemnización de 180.000 euros para la pareja de Pedro Carbonero y una cantidad igual para los cuatro hijos, a la que tendrían que hacer frente solidariamente Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre. La familia del sargento asesinado interpuso el recurso por considerar que existía un agravio comparativo en relación a otras indemnizaciones establecidas a otras víctimas del terrorismo.

Pedro Carbonero Fernández, sargento de la Guardia Civil de 54 años, estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 27 y los 22 años. Natural de la localidad cacereña de Peraleda de San Román, donde fueron inhumados sus restos mortales, llevaba diecisiete años destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado desempeñaba el cargo de jefe del puesto de la Guardia Civil de Galdácano.

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En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero Eduardo Izquierdo Marfil.

Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda, estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las cercanías de la ermita en un automóvil.

Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos oficiales, conducido por José Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y, mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo remataban a su compañeroen el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.

José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba contra el vehículo oficial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia de un golpe sufrido durante la persecución.

El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de tráfico. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.

El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia, Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares. También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del Cuerpo. El sacerdote que ofició el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los atentados.El guardia Eduardo Izquierdo Marfil fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Eduardo Izquierdo Marfil, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Marfil había sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.

El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe,Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio, Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.

Aurelio Prieto Prieto, de 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.

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A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.

Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.

La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.

En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.

José Herrero Quiles, de 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.

Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).