Lo que hasta ahora había sido poco más que una idea peregrina lanzada al aire, se convierte en promesa electoral para el próximo 24-M. El PP incluye en su programa la implantación de sanciones por imprudencia en materia de emergencias. Es decir, comenzar a cobrar por los rescates de senderistas y excursionistas que solicitan ayuda pese a haber salido sin el equipamiento adecuado o con el aviso de una situación meteorológica complicada.
La propuesta, sobre la que no se han querido pronunciar desde la Delegación de Gobiernos ni la dirección general de Emergencias, supone la posibilidad "de que aquellas personas que por negligencia precisen de los servicios de emergencia sean sancionados". Una multa, con su correspondiente expediente, cuya cuantía dependería de los servicios movilizados y del grado de imprudencia cometido por el asistido.
Esta promesa electoral ha causado tanto revuelo como sorpresa, ya que durante toda la legislatura el Govern ha insistido en que no barajaba hacer que los excursionistas pagaran por los rescates por el efecto que esto podría tener sobre el turismo. Ahora, desde el PP aseguran que no era un "objetivo prioritario" en estos cuatro años y que no se habían podido constituir los grupos de trabajo necesarios para desarrollar esta nueva normativa.



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