“Pare, por favor”, indica un policía en Lillestrøm, un pequeño pueblo noruego. “¿Cuántos kilómetros ha recorrido en bici?”, pregunta el agente. No está dando el alto al pedaleante para amonestarle, sino para darle dinero por ir en bici; un “impuesto de retorno”, como se ha descrito la medida, que se concreta en unos dos euros por kilómetro recorrido. Esa es la cantidad que la Agencia Nacional de Salud de Noruega calculó que el transporte activo ahorraba al Gobierno. En el caso de los peatones, la valoración subía hasta los cinco euros por kilómetro caminado. “Cuando los ciudadanos caminan o van en bici benefician a la sociedad, ya que mejora la salud de las personas, se producen menos impactos en el medio ambiente, se descongestiona el sistema de transporte y mejora la economía urbana”, defiende Ole Jacob Flaetene, alcalde de la ciudad nórdica.
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