Los hay que funcionan con reuniones clandestinas, otros están prohibidos hasta en Marruecos, alguno puede estar recibiendo financiación directa de países de más que dudosa alianza, como Arabia Saudí o Qatar, y los hay que, de manera absolutamente impune, visten a sus mujeres con un burka negro, cubiertas de la cabeza a los pies, y las pastorean barbados por el Raval de Barcelona como si estuvieran viviendo en otra dimensión paralela a la de un Estado democrático.
Las Fuerzas de Seguridad han contabilizado hasta seis entidades clasificadas como islamistas radicales asentadas en Cataluña, cada una con su modo de organizarse y de sobrevivir en un esquema social y legal prácticamente incompatible con sus comportamientos y convicciones; en definitiva, incompatible con la particular interpretación que realizan de los preceptos del Corán.
Se trata, según los informes elaborados, del partido Islámico de la Liberación o HUT (Hizb Ut Tahir); de los Hermanos Musulmanes; de Justicia y Caridad (Al Adl Wa Ai Insham); del Movimiento Tabligh, de los sufíes de Aldawat Al Islam y del Movimiento Salafiya. Todos ellos asentados en una comunidad autónoma que, con los años, se ha ido configurando, junto con Ceuta y Melilla, y por motivos totalmente diferentes, como un territorio distinto en algunas zonas.
De prevenciones y algunas preocupaciones

«España tiene un nivel alto de amenaza respecto al terrorismo islamista, es más, hay una elevada posibilidad de que pueda producirse un atentado en España o contra los intereses españoles en el extranjero». Las afirmaciones corresponden a un experto policial al cumplirse, hace poco más de un año, el décimo aniversario de las bombas del 11-M y tras analizar las amenazas de Setmarian o Al Zawahiri. Desde ese momento, han sido muchas las ocasiones en las que los más conocedores del fenómeno han expresado su temor a que ocurra lo que ya ha ocurrido en Londres, en Francia o en Túnez. Es poco controlable que un individuo la emprenda por su cuenta. En el Gobierno preocupan las captaciones, más frecuentes en Cataluña, Ceuta y Melilla; los retornados, aquellos que se marcharon a Siria o Irak, desde España o desde cualquier otro lugar, y que regresan a España o a cualquier otro lugar. La mayor parte de los que han vuelto se encuentran en prisión. Y más de 50 hipotéticos terroristas están siendo seguidos en labores de prevención. Día tras día.
De hecho, y a pesar de que barrios como el ceutí de El Príncipe -por su localización junto a Castillejos, uno de los grandes centros de captación del yihadismo en el Magreb, por su descontrol demográfico, por su elevado nivel de violencia latente y explícita, y por su bajo nivel de vida- parecen de facto una olla a punto de estallar, los expertos en radicalismo y los responsables del Ministerio del Interior siguen desde hace años con preocupación la evolución del fenómeno en Cataluña. Ya en 2010, de los 10 imames clasificados como los más radicalizados, seis estaban ejerciendo en mezquitas catalanas.
La situación ha cambiado y, actualmente, los procedimientos de mentalización, proselitismo y captación pasan, indiscutiblemente, por las redes sociales, pero incluso el caso, por ahora excepcional, de la existencia de jóvenes conversos dispuestos, no sólo a unirse al Estado Islámico, sino a realizar un atentado en territorio nacional, se dio en Cataluña el pasado mes de abril.
Los datos indican que, en estos momentos, en la comunidad está asentado el 27% del total de la población musulmana residente en España -el 7% de la ciudadanía catalana- y es en este territorio donde está construido el 20% de los oratorios musulmanes del Estado. Obviamente, los radicales constituyen una minoría y, en realidad, es su forma de utilizar el sistema lo que parece estar provocando preocupantes desajustes.
En su ánimo no ha influido que Cataluña sea la primera comunidad con una Ley Autonómica de Centros de Culto, ni que se destinen varios centenares de euros en subvenciones a 164 de las 268 entidades asentadas en dicho territorio. Ni tampoco los ingentes esfuerzos por incorporar a los musulmanes a la coyuntura política: Houzi, el imam de la mezquita Ibn Hazm de Lérida ya dejó claro que la intención era aprovecharse (en este caso se refería a los independentistas), «pues ellos se apoyan en nosotros para conseguir votos pero lo que no saben es que, cuando nos dejen votar, todos votaremos a partidos islámicos».
Según los datos policiales, Cataluña es el territorio con mayor implantación del movimiento salafista y tabligh. Es el lugar donde se registra el mayor porcentaje de incidentes y de rechazo social a la construcción de mezquitas -con un más que preocupante asentamiento del discurso islamófobo que se deja ver en el número de manifestaciones y enfrentamientos-, y es donde se han detectado mayores problemas dentro de las administraciones locales.
Uno de los elementos que más preocupación despierta, por otra parte, es la financiación del radicalismo. Los expertos policiales afirman que en Cataluña están instaladas las comunidades islámicas que más fondos reciben del exterior y que más dinero envían hacia zonas como el Magreb.
No ha habido modo de conseguir cifras ni concretas ni estimativas que sustenten esta afirmación pero los investigadores consultados por éste periódico sostienen que «esas cantidades, que procederían de diversos países de Oriente Medio, no están revirtiendo precisamente en mejorar las condiciones de vida de la población musulmana, ni en Cataluña ni en el Magreb» y se atreven a deducir que «el otro sitio» al que finalmente van, tiene que ver con las «zonas en conflicto».
Resulta paradójico en este punto que el Ministerio de Justicia abriese una oficina para recibir y gestionar las donaciones exteriores a las diferentes organizaciones o entidades musulmanas y la iniciativa esté todavía por estrenar.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/...72b8b458e.html