El Ministerio del Interior no abonará el viaje a La Meca que solicitó un guardia civil musulmán destinado en Melilla el pasado 10 de julio. La Dirección General de la Guardia Civil ha respondido al funcionario que su petición no puede ser atendida porque el Plan de Acción Social de 2015 del instituto armado, a cargo del cual preveía el agente que podía tramitarse, “no contempla ayudas para la realización de viajes”.
El guardia civil había reclamado al Ministerio del Interior que le subvencionara el coste de la travesía porque, según argumentó, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ya ha concedido ayudas a otros funcionarios para hacer peregrinaciones religiosas a Lourdes, Santiago de Compostela o Zaragoza. El agente preveía realizar el viaje en septiembre, una vez concluido el mes del Ramadán, y no descartaba que otros funcionarios interesados se sumaran a la iniciativa.
A pesar de rechazar la solicitud del guardia civil musulmán, Interior sí admite que “la posibilidad de crear un nuevo tipo de ayuda” destinada a sufragar estos periplos, como reclamaba el agente, “podría ser analizada, en su caso, en el proceso de elaboración del futuro Plan de Acción Social” que será revisado por el consejo de la Guardia Civil.
La negativa no ha gustado al demandante, que no está dispuesto a que acabe aquí la historia y ha presentado un recurso ante la Jefatura de Asistencia de Personal del cuerpo en el que acusa al ministerio de incurrir en un “agravio comparativo” respecto a “la religión mayoritaria y dominante” al conceder ayudas, según alega, a los seguidores de la Iglesia católica y no a los musulmanes. Existe, según arguye, una “desigualdad injustificada con otra confesión legalmente admitida por el Estado”.
El funcionario entiende que sus argumentos no han sido rebatidos por el ministerio en su escrito de respuesta, motivo por el que apela a la Jefatura de Asistencia para que este órgano “promueva todas las medidas” necesarias para “equiparar dentro de un marco riguroso de igualdad a todas las confesiones religiosas reconocidas por el Estado”. El recurrente califica la contestación de Interior como “un manifiesto de buena voluntad sin ninguna vinculación ni fuerza legal”, ya que entiende que formalmente el escrito “ni estima ni desestima” su instancia, que a su juicio queda rechazada únicamente “de facto”.
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