El consumo eléctrico municipal de Almendralejo estaba «hinchado entre un 15 y un 30%», para que la empresa adjudicataria del concurso de alumbrado público y eficiencia energética vendiese luego como ahorro lo que no era tal y así lograse unas ganancias ilícitas. El alcalde viajó dos veces a Madrid para reunirse con el director comercial de Cofely, una de las dos empresas aspirantes. El Consistorio no facilitó a la Guardia Civil toda la información que tenía sobre la convocatoria. Los pliegos que debían regirla no los redactaron técnicos municipales sino Cofely. Y en definitiva, si la Guardia Civil no llega a intervenir, el concurso lo habría ganado esa empresa que aparece en la trama desmantelada de la ‘Operación Púnica’ y cuyo director comercial, Pedro García Pérez, está en la cárcel.

operación pública

Todas estas tesis figuran en la denuncia que el PSOE de Almendralejo presentó el pasado 19 de mayo ante la Audiencia Nacional, en la que se plantean deducciones en la misma línea que las que el teniente instructor de la UCO (Unidad Central Operativa) refleja en su informe. En esa denuncia, los concejales socialistas José María Ramírez (exalcalde) y Piedad Álvarez ponen en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número seis y de la Fiscalía una serie de datos que creen «íntimamente relacionados» con la trama de la Púnica. Hay que recordar que el concurso se suspendió. El alcalde anunció que se paralizaba el 28 de octubre  (el día siguiente a la visita de la UCO al Ayuntamiento) y la cancelación formal, aprobada por el pleno municipal, se produjo el 31 de marzo.
En la denuncia socialista se detalla que José García Lobato se reunió en Madrid con García Pérez el 24 de abril y el 27 de junio. La primera vez le acompañó el edil José Antonio Regaña, y la segunda, el teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, que junto al regidor, es quien aparece en varias conversaciones con García Pérez, a quien la UCO mantuvo pinchado el teléfono durante un mes.
«Contactos inusuales»
Los denunciantes reseñan su extrañeza por estos «contactos inusuales en cualquier administración pública y mantenidos al máximo nivel municipal en la sede de la propia empresa y a 400 kilómetros de Almendralejo». En las dos reuniones estuvo el Jefe de Sección de Infraestructuras Eléctricas del Ayuntamiento. Según el PSOE, en esas entrevistas se trató de convencer a este funcionario, ingeniero industrial, de dos cuestiones. La primera: las ventajas que suponía adjudicar un contrato por 15 años, un periodo inusualmente alto. Y la segunda: que los pliegos del concurso debían basarse en los cálculos de consumo presentados por dos empresas auditoras y que justificaban que el presupuesto base de licitación fuera de 20,2 millones de euros. El funcionario se negó a aceptar estos dos extremos, una actitud que en esta denuncia se relaciona con el hecho de que poco después, el Ayuntamiento aprobara una remodelación de la estructura organizativa municipal en la que «se vacía totalmente de contenido ese puesto de trabajo».
Esta cuestión aparece en una de las conversaciones que la UCO incorporó al sumario. En concreto, en la llamada que alguien identificado como Borja realizó a García Pérez el 29 de septiembre, a las 9.56 horas. Así la resume el agente que controló la escucha. «Borja le pregunta por Almendralejo. Pedro le dice que sin novedades, que están valorando las ofertas y que al final lo está haciendo el aparejador municipal y no (aquí figura el apellido del Jefe de Sección de Infraestructuras Eléctricas), que lo han sacado. Pedro dice que lo que desconoce es hasta que punto el aparejador tienen conocimientos».
Según la denuncia del PSOE presentó ante la Audiencia, en las dos reuniones de Madrid «se habla directamente de la contratación del servicio de eficiencia energética y de su base imponible, duración, consumos y pliegos, bajo el patrocinio y a interés de Cofely».
En otro punto del texto se asegura que hay correos electrónicos, avisos, informes y cartas registradas en las que el funcionario muestra sus objeciones a lo que el pleno municipal acabó aprobando. En algunos casos, el trabajador informó por escrito al edil responsable y al alcalde de lo que él entendía era incorrecto. Además, esta información, aseveran los denunciantes, no fue entregada a la UCO cuando visitó el Ayuntamiento. Por último, los concejales que firman el escrito remitido al Juzgado Central llaman la atención sobre el hecho de que el pliego aprobado «carezca de firma, aunque aparezca al pie el nombre del jefe de servicio (es otro funcionario, no el referido antes).
La denuncia concluye afirmando que «solo la intervención de la UCO, al parecer precipitada por la existencia de una filtración a los principales imputados (de la Púnica, que son Francisco Granados y David Marjaliza) podría haber evitado que finalmente el contrato de Almendralejo llegara a adjudicarse a Cofely».

http://www.hoy.es/extremadura/201507...729215953.html